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EL PAÍS

DAVID MARCIAL PÉREZ

México – 24 OCT 2022. La reforma para mantener a los militares en las calles de México haciendo de policías provocó a principios de este mes una fuerte marejada en el parlamento, airados debates en los medios sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública y la fractura de la alianza entre los partidos de oposición. Sin embargo, si se aterriza el debate de las pasillos políticos a la opinión de los ciudadanos no hay apenas discusión. Tres de cada cuatro mexicanos apoya que los militares sigan en la calle según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio realizada apenas dos semanas después de que saliera adelante la reforma. La aprobación ciudadana se extiende también a las numerosas concesiones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho a las Fuerzas Armadas −gestión de aduanas, aeropuertos y grandes infraestructuras−, así como su manejo de la crisis por la filtración masiva de correos del alto mando militar, prolongando un respaldo masivo al Ejército que va más allá de este sexenio.

La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón inaugurando la llamada guerra contra el narco. Durante sus largos años de oposición, López Obrador fue uno de los mayores críticos de aquella estrategia que se ha cobrado desde entonces más 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Sin embargo, la actitud del mandatario de Morena cambió tras su llegada al poder. Sus eslóganes han ido virando del “abrazos, no balazos” al “El Ejército es bueno, porque es pueblo uniformado”, aludiendo a los orígenes populares de unas Fuerzas Armadas que se remontan a la Revolución mexicana de principios de siglo XX.

López Obrador ha sido, de hecho, el primer mandatario que blindó en una ley lo que había sido una realidad de facto durante más de una década. En 2019 aprobó una reforma constitucional que consolidaba la presencia de los militares patrullando las calles hasta 2024, el final de su mandato. La extensión del plazo otros cuatro años vino este mes además precedida por otra decisión que agrandaba el poder del Ejército. La Guardia Nacional, el cuerpo policial creado por el gobierno de Morena con espíritu castrense pero mando civil en un inicio, pasaba definitivamente a convertirse en un apéndice más de las Fuerzas Armadas. Con todo ese contexto, el 73% de los consultados en la encuesta respondieron afirmativamente la pregunta de si están de acuerdo con que el Ejército continúe en las calles apoyando en las tareas de seguridad hasta el 2028. De hecho, el 19% dijeron estar “muy de acuerdo”, por tan solo un 8% de respuestas en el polo opuesto: “nada de acuerdo”.

La política de mano tendida del Gobierno de Morena hacia los militares ha incluido, por ejemplo, la realización de los grandes proyectos de infraestructura, una de las banderas del Gobierno, como el Tren Maya, la gestión de las aduanas, puertos y hasta 10 aeropuertos, entre ellos, el Felipe Ángeles en el Estado de México. El apoyo ciudadano a todos estas decisiones es similar al de la prolongación de su presencia en las calles. El 72% de los encuestados respaldan las concesiones logísticas y mientras que baja ligeramente, hasta un 62%, en el caso de la construcción mediante empresas públicas dirigidas por militares del aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. La justificación del presidente ante esta híperpresencia en la vida civil es que las Fuerzas Armadas es que son el mejor cortafuegos ante la corrupción. La opinión de los encuestados al respecto es también favorable al presidente en un 59%, aunque dentro de las diferente intensidad de la adhesión, la mayoría, un 47%, dice estar solo “de acuerdo”.

La justificación de la que los militares son el mejor antídoto posible a la corrupción también ha sido la razón defendida por el presidente para acabar con la policía federal y crear en su lugar la Guardia Nacional. La confianza de la ciudadanía en la Guardia Nacional es también mayoritaria (58%). Un umbral superado desde luego por el Ejército (67%) y la Marina (70%). En el polo opuesto se sitúa la Policía Estatal, que registra una grado de confianza de tan solo el 33%, mientras que el 66% restante dice confiar poco a nada en el estamento policial.

Las Fuerzas Armadas también han estado en la centro de las conversación durante el último mes por la masiva filtración de correos de la Sedena a principios de octubre realizada por un grupo de piratas informáticos. Mientras en otros países donde ha sucedido un ataque informático parecido, como Chile, la respuesta del Gobierno ha sido dejar caer a altos mandos militares, en México el hackeo no impidió que pocos días después se consolidara el blindaje de los soldados en las calles. Y la posición oficial del presidente fue cerrar filas con el secretaria de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que no se ha visto obligado siquiera a responder en el parlamento sobre el escándalo. La posición de la ciudadanía respecto a la gestión del Gobierno es en todo caso también positiva. Un 41% está favor, por un 34% en contra y un 25% que no tiene opinión al respecto.

Los únicos dos apartados donde suspende la labor del Ejército son, precisamente, ante la pregunta de si deberían asumir alguna responsabilidad por la filtración de documentos. La respuesta que arroja la encuesta en que el 75% opina que sí. El segundo aspecto negativo del sondeo es el relacionado con su supuesta implicación con el caso Ayotzinapa. Tanto la comisión presidencial encargada de investigar la desaparición de los 43 estudiantes, como el procedimiento abierto por la Fiscalía apuntan a la intervención del Ejército en el suceso. De hecho hay cuatro militares en prisión, incluido el general del cuartel de Iguala, lugar donde sucedieron los hechos. Ante la pregunta de si los miembros del Ejército mexicano son o no responsables, un 53% de los encuestados dijo que sí, por un 33% del no y un 14% sin opinión.

El mayoritario respaldo del Ejército en los puntos más calientes de su labor es un ejemplo a su vez del activo papel que juegan en la vida política y civil del país. Unas recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo volvieron a demostrar: “Un militar puede participar en tareas políticas, puede tener aspiraciones políticas e incluso ser presidente de la República”. La opinión de los encuestados al respecto oscila entre el 37% que apunta a que las Fuerzas Armadas tienen mucha influencia política o el 28% a algo de influencia. Hasta el 31% que estima que tiene poca o nada de influencia.

EL PAÍS

ELÍAS CAMHAJI

México – Lorena Ramírez se quedó sin palabras. Siempre que pensaba en ella, veía a sus hijas y se convencía de que debían parecerse. Cada año, cada mes, mientras las niñas crecían, le daba vueltas a la cabeza y se imaginaba cómo se vería, dónde estaría, cuándo volvería a ver a Juana, la hija que le arrebataron un domingo por la tarde hace 27 años. Hasta que un día de agosto, Juana entró por la puerta.

“Nunca perdí la esperanza, nunca dejé de buscar”, cuenta ahora Ramírez, con orgullo maternal y voz serena. Hace apenas una semana, la Fiscalía de Ciudad de México dio a conocer la noticia. Después de vivir separadas durante décadas, la madre y su hija desaparecida volvieron a verse. Una prueba genética comprobó con “un 99,99%” de seguridad que eran familia, se abrazaron entre lágrimas y esa fotografía dijo todo lo que no se podía decir con palabras. Detrás de esa imagen, sin embargo, hay una historia y ahora son ellas quienes quieren contarla.

Juana Bernal fue robada en 1995. “El 1 de octubre de 1995″, corrige su madre, como si llevara la fecha tatuada. No se le ha olvidado nada. Ramírez y su marido tenían en ese tiempo tres hijos y ese domingo la familia salió de paseo al gigantesco Bosque de Chapultepec, el parque más famoso de la capital mexicana. Fueron al zoológico y los niños jugaron en los jardines. Iba también la hermana de su esposo con su pareja. “Todo era normal”, recuerda. A las cuatro de la tarde, más o menos, todos se pararon al lado del lago del parque para despedirse. Juanita, que entonces tenía tres años, estaba en medio de todos los adultos y sus padres la soltaron por un momento. Cuando terminaron los abrazos, ya no la vieron.

“Lo primero que hice fue correr a la puerta más cercana, la que daba a Paseo de la Reforma”. Ramírez dijo a un policía que le acababan de robar a su hija y le pidió que cerrara el acceso principal de Chapultepec para encontrarla. El guardia se negó y le comentó que estaba saliendo mucha gente y que no podía dejar a tantas personas dentro del parque. “Esperamos hasta que saliera la última persona para ver si alguien nos estaba esperando para entregar a la niña”, afirma, “pero eso no pasó”.

La familia fue a reportar inmediatamente la desaparición al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea). “Me dijeron que tenía que esperar 72 horas, que a lo mejor se había ido por ahí y que luego regresaba”, cuenta la madre frustrada. Hoy esa espera es conocida como el “mito de las 72 horas”, pero en los noventa era el pan de todos los días. A mucha gente todavía se le pide esperar antes de levantar la denuncia o se les dice que su hija “a lo mejor se fue con el novio” o que su hijo “de seguro no avisó y no tarda en regresar”. Los padres de Juana esperaron resignados el plazo y fue hasta una semana después que inició la búsqueda. La Fiscalía reconoció la semana pasada que las autoridades de entonces no le dieron suficiente difusión. El expediente, a final de cuentas, no avanzó. México es un país con más de 106.000 personas desaparecidas, con casos que se remontan a 1964, según los registros oficiales.

Juana Bernal era muy pequeña, no se acuerda de nada de lo que pasó esa tarde. Pero un día despertó y tenía dos “nuevos papás”, “nuevos hermanos” y un nuevo nombre: Rocío Martínez. “Siempre supe que con la familia que estaba no era mi familia”, asegura Rocío, como pide que la llamen antes de comenzar la entrevista.

Rocío Martínez es hoy una mujer de 30 años, casada y con dos hijos. Creció en Toluca, una ciudad a unos 50 kilómetros de donde vive su madre biológica o “verdadera”, como ella la llama. La familia que se la llevó le dio techo, ropa y comida. Tiene la tez morena, el cabello castaño medio ondulado y la cara y el mentón redondos, como se describe en la ficha de desaparición de Juana. Estudió hasta la secundaria. Nació un 16 de junio, pero hasta hace unos meses pensaba que su cumpleaños era el 1 de octubre, eso era lo que le decían las personas con las que se crió.

Cuando era niña, los vecinos le decían que la señora con la que estaba no era su mamá. A los 12 o 13 años, Rocío tuvo una pelea con esa mujer y entonces le preguntó. “Me dijo que me había encontrado en Chapultepec”, recuerda.

A partir de ahí, Rocío Martínez sintió durante toda la adolescencia que algo le faltaba, pero no sabía a quién acudir ni a quién buscar. La relación con la familia que decía haberla salvado de ser “abandonada” no era buena. “Me trataban mal”, se limita a decir. No quiere hablar mucho de esa etapa de su vida. Esa parte es privada. Sí cuenta que a los 17 años se salió de esa casa. Se enamoró, se casó y se fue a construir su propia familia.

Impulsada por su esposo, Martínez empezó a buscar información sobre niños perdidos y robados por internet. De pronto, apareció una foto de una niña que le llamó la atención. Cuando la vio, uno de sus hijos todavía era bebé y comparó cómo se veía él con esa imagen una y otra vez. Estaba convencida de que se parecían. “Era tanto el parecido físico que dije: ‘Yo soy esa persona”. Sin saberlo, estaba haciendo lo mismo que su madre biológica: veía las fotografías y se imaginaba muchas cosas.

A pesar de todo, no tenía mucho más que ese presentimiento. “Cuando encontré esa foto, no había un número de teléfono o alguna dirección donde yo pudiera ir a buscar”, cuenta Martínez. Y dejó pasar el tiempo. “Tardé ocho años en decidirme a buscar a mi familia”, asegura.

El pasado 1 de agosto, finalmente dio el paso y publicó en internet un mensaje en el que decía que estaba buscando a sus padres biológicos y que creía que podía ser la niña de esa foto: “A ver qué pasaba”. “Recibí respuesta de forma inmediata”, recuerda. María José, una de las hijas de Lorena Ramírez, le escribió que ella era la hermana de Juana Bernal. Empezaron a platicar y a intercambiar fotos. A los pocos días acordaron que Rocío Martínez fuera a visitarlas.

“No lo podía creer, pero cuando la vi lo supe, ella era mi hija”, sostiene Ramírez. De todos modos, querían salir de dudas y con ayuda de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, que apoyó la búsqueda desde 2015, llegaron a la Fiscalía de Ciudad de México. Primero, para declarar y después, para someterse a una prueba de ADN la semana pasada.

“Con todo el profesionalismo que el caso ameritó, y antes del primer acercamiento entre madre e hija, por separado, a cada una de ellas, les explicamos cuál sería el procedimiento de toma de muestras y se les informó del resultado de las pruebas a fin de prepararlas para el momento”, dijo la fiscal Ernestina Godoy en su mensaje a medios de la semana pasada. Ramírez y su hija cuentan que, en realidad, acudieron juntas al laboratorio y que ya habían tenido contacto, justo después de intercambiar mensajes por redes sociales. “Ya nos habíamos visto”, cuenta la madre. “Nos llevamos bien desde el principio y desde el primer momento la vi como mi hija”, agrega.

“Es muy bonito saber que tienes familia, que tienes quién se preocupe por ti. Algo que nunca tuve, ahora lo tengo”, afirma su hija, que ya conoció a sus cuatro hermanos. Martínez ha roto relación con la familia con la que creció. “No les guardo ningún rencor”, asegura, aunque dice también que necesita tiempo para asimilar todo lo que pasó y que todavía no decide si tomará acciones legales contra ellos.

Después del comunicado de la Fiscalía, la noticia se hizo viral. “La verdad no me imaginé que esto alcanzara tal magnitud”, admite Ramírez. Su teléfono no para de sonar, todos sus conocidos la han felicitado y los medios de comunicación la buscan para que dé su testimonio, incluido el programa de televisión en el que denunció la desaparición de Juana hace 27 años. Cuando escucha que su historia llegó hasta España, Argentina o Colombia, no puede ocultar su asombro.

Obviamente, eso no siempre fue así. “Hace 27 años hubiera querido toda esta difusión, que todos me vieran, que todos me prestaran atención, todo esto. Desgraciadamente, eso no pasó”, se sincera Ramírez. “Cuando te roban a un hijo es bien difícil que te den un espacio. Lloras y te arrastras por este dolor, que ha estado latente todos estos años, pero casi nadie te abre la puerta”, comenta.

Mientras Juana estaba desaparecida, Ramírez tenía dos trabajos de tiempo completo: vendía quesadillas y buscaba a su hija. “Somos una familia humilde, trabajamos y vivimos al día”, cuenta. “Cuando no se tienen los recursos económicos todo es mucho más difícil”, afirma. En medio de esa búsqueda, su esposo murió hace tres años, contaba hace unos días.

“El tiempo pasado ya se acabó, ya pasó. Hoy es un nuevo día”. Lorena Ramírez explica que, desde su perspectiva, no hay tal cosa como recuperar el tiempo perdido. “Imagínate, sufrí durante 27 años. ¿Por qué seguir atormentándome por el pasado? Prefiero disfrutar de la vida y de lo que venga con mi familia”, dice sonriente, afuera de la terminal de autobuses y a minutos de despedirse de su hija, que saldrá rumbo a Toluca, donde vive todavía.