El primer minuto de hoy, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer Presidenta de México.
Llega al cargo respaldada por 36 millones de votos de ciudadanos que decidieron apoyar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, movimiento iniciado por el ahora exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Con más de 40 años de activismo en la izquierda mexicana, Sheinbaum es la primera jefa del Ejecutivo que surge de la vida académica científica y especializada en temas energéticos.
Con su llegada a la silla presidencial culmina una trayectoria política que inició en el año 2000, cuando López Obrador la invitó a colaborar como secretaria de Medio Ambiente en su gabinete en la Ciudad de México.
A las 11:00 horas está previsto que rinda protesta al cargo ante el Congreso de la Unión, donde, en otro hecho histórico, otra mujer, Ifigenia Martínez, será la encargada de presidir la sesión solemne y de entregarle la banda presidencial.
Tras el acto protocolario, Sheinbaum se trasladará a Palacio Nacional, donde tomará protesta a su gabinete y ofrecerá un almuerzo a sus invitados especiales, entre los que se encuentran los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Jill Biden, esposa del presidente de EU.
Posteriormente, a las 18:00 horas, en el Zócalo capitalino, recibirá el bastón de mando de parte de pueblos originarios y presentará los 100 puntos de su programa de gobierno.
GOBIERNO FEDERAL INICIA CON FORTALEZA
Además de convertirse en la primera mujer en ser la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum también es la primera, en 36 años, en tener un gobierno que no necesita a la oposición para construir las reformas para cambiar el andamiaje jurídico del país, pues tiene la mayoría calificada que le permite decidir sin contrapeso alguno en el Congreso de la Unión y en 24 congresos estatales.
El PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en 1988, en la integración de la LIV Legislatura, que fue la primera que acompañó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el Senado, en 1997, con la integración de la LVII Legislatura, que acompañó el segundo trienio del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Ahora, 36 años después de que los partidos de oposición rompieron la hegemonía calificada del PRI en el Congreso de la Unión, Morena y sus aliados incondicionales del Verde y el Partido del Trabajo tienen la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, con lo cual permiten que el gobierno de Claudia Sheinbaum modifique la Constitución, realice nombramientos de consejeros electorales, magistrados agrarios, integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, o incluso entregue premios y distinciones, sin incluir a la oposición.
En 2024, a 27 años de ser la punta de lanza de la pluralidad política mexicana, el Poder Legislativo perdió la batalla de mantenerse como un poder autónomo del Ejecutivo federal, que constituyó un órgano de control para cuatro presidentes de la República, desde 1997 hasta 2018, pero aun con una oposición que tuvo los escasos votos para detener las reformas constitucionales.
Ahora, la decisión de los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, así como del panista Miguel Ángel Yunes de sumarse al oficialismo permite que el Poder Legislativo deje de ser un contrapeso del Ejecutivo.
Protagonista indiscutible de la vida política nacional, reflejo de la pluralidad ideológica de los mexicanos y sus afanes de alternancia en el poder político, el Congreso de la Unión cierra su etapa de 27 años como la casa de la diversidad partidista para regresar a su antiguo rostro de mayorías absolutas para una sola fuerza político, frente a una oposición tan minimizada, que en algunos casos es testimonial.
En la década de los 90 fue la última vez que se vio un partido hegemónico en el Congreso. Fotos: Archivo/Excélsior
El Poder Legislativo federal inauguró para el país la pluralidad política en 1988, cuando el efecto de unas elecciones presidenciales competitivas, protagonizadas por Carlos Salinas de Gortari, por el PRI; Manuel J. Clouthier, por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional, que después dio origen al PRD, el PRI perdió por primera vez la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
A partir de ese momento, el presidente Carlos Salinas debió impulsar el diálogo con las fuerzas políticas opositoras. Las reformas constitucionales que impulsó contaron a veces con los votos del PAN; otras con las de partidos extintos como el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); el Popular Socialista (PPS) y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).
Y otras, como las referentes a los cambios constitucionales para fomentar la pluralidad y la democracia en el país, contaron con el voto del PAN y el PRD, de acuerdo con el historial de votaciones de San Lázaro.
Pero fue en 1997 cuando el PRI perdió el control absoluto del Congreso de la Unión, pues en la Cámara de Diputados perdió la mayoría absoluta, que se forma con la mitad más uno de los 500 diputados y en el Senado perdió por primera vez la mayoría calificada.
Y así se mantuvo 21 años, hasta 2018, en los que procesó mil 650 reformas para que México transitara del país de la revolución institucional y el nacionalismo como principio de gobierno, dominado por un presidencialismo metaconstitucional, a un país abierto al mundo, con contrapesos entre los tres Poderes de la Unión, la creación de organismos autónomos y de órganos reguladores que se convirtieron en acicate del Ejecutivo federal.
La alternancia en el Poder Legislativo federal permitió al país contar con al menos 60 instrumentos legislativos que acotan el poder metaconstitucional del cual gozó la Presidencia de la República en los tiempos del priismo, que salió de Los Pinos hace 18 años.
Desde ese Poder Legislativo plural, México contó con nuevas leyes que no existían cuando el PRI dejó la Presidencia en 2000, y que permitieron el fortalecimiento de instituciones como necesarias para la defensa de los derechos ciudadanos.
Así, se afianzaron instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Congreso de la Unión, para evitar que sean apéndices del Presidente en turno.
La creación de otras instituciones que buscan fortalecer el poder ciudadano y controlar las decisiones del gobierno federal, con base en una obligación constante de transparencia de sus gastos y decisiones, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se acompañan de nuevas disposiciones de poder ciudadano, como las Acciones Colectivas o la Comisión Nacional Anticorrupción.
Y la creación de leyes que obligan a la rendición de cuentas constantes ante el Congreso de la Unión no sólo a todas la secretarías de Estado, sino a organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la protección a la burocracia federal para que deje de ser carne de cañón de los intereses partidistas de un gobierno federal, a partir de la carrera profesional como servidor público, o la creación de sanciones para evitar corruptelas entre ellos son algunos de los instrumentos jurídicos que existen en México a partir del 2001, primer año del gobierno de la alternancia.
PRIMERO CON CONGRESO OPOSITOR
A pesar de su éxito legislativo, Enrique Peña Nieto no fue el Presidente de la República que registró los mayores éxitos legislativos, sino el también priista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue el primero en tener un Congreso de la Unión con una mayoría formada por sus opositores y su partido, PRI, lejos del dominio legislativo que tuvo durante décadas.
Zedillo presentó al Congreso de la Unión en su último trienio, ya con un Congreso opositor, un total de 56 propuestas y le aprobaron 49; es decir, el 87.5%, en un Poder Legislativo federal que procesó en esos tres años 104 reformas y nuevas leyes; de ellas 13 fueron constitucionales.
Zedillo debió renunciar a su propuesta de reforma a la industria eléctrica, porque la oposición en el Congreso le advirtió que no estaba en favor; sin embargo, la relación no fue de tanta tensión, como ocurrió con su sucesor, Vicente Fox.
Miguel González Avelar y Alejandro Encinas, en 1994.
FOX: EL EJECUTIVO PROPONE Y EL LEGISLATIVO DISPONE
Y el Presidente de la República que está en la zaga del éxito legislativo fue Vicente Fox, el primer Presidente de la República no priista y quien debió trabajar con una Cámara de Diputados con el PAN como primera fuerza, pero sin la mayoría absoluta y un Senado con mayoría priista.
Fox presentó al Poder Legislativo 162 propuestas, pero le aprobaron 121; es decir, sólo el 74.6%, aunque en ese sexenio los legisladores federales procesaron un total de 426 productos legislativos, de los cuales 17 fueron reformas constitucionales y 409 reformas legales y nuevas leyes.
El mayor número de confrontaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se registró en el gobierno de Vicente Fox, quien con frecuencia hablaba decía que “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone” para ilustrar la forma en que el Congreso de la Unión le frenó varias de sus propuestas, principalmente de tipo hacendario, como la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, que no pudo lograr, a pesar de hacer una alianza con la entonces líder de los diputados federales priistas, Elba Esther Gordillo.
Vicente Fox y la Cámara de Diputados protagonizaron en 2004-2005 una controversia constitucional por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, ya que los diputados federales le cambiaron sustancialmente y el Presidente de la República no lo aceptó; al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la aplicación del esquema presupuestal del año inmediato anterior.
La pugna con el Poder Legislativo se agudizó cuando Felipe Calderón le ganó la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador en el año 2006; los legisladores del PRD impidieron a Vicente Fox ingresar al salón de plenos de San Lázaro para entregar y leer su último Informe de Gobierno; se quedó en el lobby y desde ese momento ningún mandatario federal pudo llegar a la tribuna para leer su Informe anual, con lo que se puso fin al llamado Día del Presidente.
En la era del Congreso de la Unión adverso a un Presidente de la República, el mayor saldo negativo es para el sexenio de Vicente Fox.
CALDERÓN
Profuso en el número de propuestas que entregó al Congreso de la Unión, Felipe Calderón usó prácticamente todos los mecanismos legales con el Poder Legislativo en la ríspida historia que tuvieron.
De acuerdo con los registros oficiales del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación, de las 126 iniciativas de reforma y decretos de ley que presentó en su sexenio ante un Poder Legislativo dominado por el PRI, logró el respaldo de 102; es decir, su nivel de éxito fue del 80.9 por ciento.
Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República con su entonces partido, el PAN, como primera fuerza política en el Senado y en la Cámara de Diputados. El PRD, su entonces principal adversario, se colocó en la segunda fuerza y el PRI cayó por primera vez hasta la tercera fuerza política en el Congreso.
Y llegó en medio de la tensión política, porque los legisladores del PRD no aceptaron la derrota presidencial y le cerraron incluso con candados los accesos al salón de plenos de San Lázaro para impedir que rindiera protesta como Presidente de la República; gracias al apoyo del PRI, ingresó por la zona tras banderas y en medio del caos rindió su protesta de Ley.
En las elecciones intermedias, del 2009, el PAN perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI se colocó en primer lugar y desplazó al PRD hasta el tercer sitio. Durante el gobierno de Calderón, el Poder Legislativo aprobó 508 leyes y reformas, de las cuales 37 fueron reformas constitucionales y 471 a nivel de leyes.
Calderón Hinojosa tuvo una relación ríspida con el Poder Legislativo. Vetó cuatro leyes y reformas, incluso la Ley General de Víctimas generó una confrontación inédita entre ambos poderes y el Legislativo tuvo que obligarlo a publicar la reforma constitucional que le quitó el poder del llamado veto de bolsillo, consistente en el olvido del Ejecutivo a promulgar y publicar una ley o reforma de ley.
Con motivo del creciente ambiente de inseguridad en el país, Felipe Calderón se confrontó en varias ocasiones con los legisladores priistas; su partido, el PAN, acusó en varias ocasiones a los priistas de ser mezquinos y de frenar propuestas, pero el priismo no las frenó formalmente, sino que las transformó, porque ninguna de las propuestas de Calderón salió sin cambios del Congreso de la Unión.
PACTO POR MÉXICO
Sin duda alguna, Enrique Peña Nieto, priista que regresó el poder presidencial a su partido, luego de 12 años de panismo, pasará a la historia como el único Presidente de la República que logró los cambios estructurales que durante décadas se buscaron para que el país dejara atrás un modelo nacionalista y diera paso a un modelo de apertura económica y competencia regulada.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un Congreso de la Unión dominado por el PRI como primera fuerza política, se aprobaron 29 reformas constitucionales y 583 legales, para hacer un total de 612 productos legislativos; entre ellos se aprobaron 105 de las 139 iniciativas presidenciales, lo que significa que Peña Nieto logró el aval al 75.5% de sus propuestas legislativas.
El éxito legislativo de Enrique Peña Nieto registrado principalmente en sus primeros tres años se debió al Pacto por México, un instrumento político de creación de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los legisladores y líderes de los tres principales partidos políticos, que permitieron los cambios en educación, telecomunicaciones, explotación petrolera, competencia económica, competencia financiera, controles anticorrupción, nuevas reglas electorales y transparencia y rendición de cuentas.
A pesar de que el propio Pacto por México generó divisiones en el PAN y el PRD, porque un grupo crítico de sus dirigencias consideró un error estratégico esa alianza para ayudar al gobierno priista a construir las reformas que estuvieron pendientes durante décadas, Peña Nieto tuvo una relación cordial con el Poder Legislativo, incluso en 2015 tuvo como líderes del Congreso a legisladores de izquierda, como fueron Luis Miguel Barbosa, en el Senado y Silvano Aureoles en la Cámara de Diputados.
Peña Nieto jamás vetó ninguna reforma o nueva ley del Congreso de la Unión, ni siquiera la recién nacida Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que no vetó, pero se negó a promulgar y publicar, por lo que por primera vez el Senado usó su facultad de promulgación de una Ley.
El priista no tuvo problemas para tomar posesión de su cargo, ni para asistir cada año al Senado para atestiguar la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, aunque sí en febrero del 2013 la oposición del PAN y del PRD le impidieron hacer uso de la tribuna del Senado, como parte de los festejos por el centenario de las Fuerzas Armadas.
DIVISIÓN DE PODERES
Aunque jamás contó con la mayoría calificada en el Senado, Andrés Manuel López Obrador logró aprobar reformas constitucionales, porque su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, dialogó con todas las fuerzas políticas, mientras que su primer coordinador en Cámara de Diputados, Mario Delgado, logró acuerdos para que perredistas se cambiaran de bancada y votaran con el oficialismo, o para que algunos opositores de ausentaran para lograr triunfos.
Sin embargo, la derrota electoral del 2021, que colocó a la oposición con un mayor número de diputados federales, provocó que el Presidente de la República renunciara a la construcción de acuerdos, luego que el PRI le negó el voto para aprobar reformas constitucionales en materia energética y electoral.
La decisión del gobierno fue no ir por más reformas constitucionales que requirieran consenso con otras fuerzas políticas y frenar nombramientos que implicaran hacer acuerdos con las minorías opositoras en el Senado.
A diferencia de lo que ocurrió entre 1988 y 2018, que era mesurados en sus expresiones de apoyo a los presidentes de la República en turno, los legisladores federales de Morena gustaron de lanzar la consigna de “Es un honor estar con Obrador”, como la firma constante de sus logros legislativos, en probación de leyes, no de cambios constitucionales y usaron la tribuna de ambas Cámaras del Congreso de la Unión para dejar en claro que ellos responden a los objetivos del Presidente.
Sí, claro que nos gustaría poner un letrero aquí que diga que somos una Oficialía de Partes, porque somos la Oficialía de Partes de un Movimiento Nacional de Regeneración que impulsa una Cuarta Transformación. Que pongan Oficialía de Partes del pueblo de México, pero, sobre todo, de quienes menos tienen”, dijo, por ejemplo, la senadora morenista Ana Lilia Rivera.
Fuente: Excélsior
