EL PAÍS
ALMUDENA BARRAGÁN
México. Roxana Ruiz, la mujer acusada de matar a su violador, ha sido condenada por homicidio a una pena de seis años y dos meses de prisión. La jueza Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México determinó que la mujer de 23 años es culpable de hacer un “uso excesivo de la legítima defensa”, aún cuando el tribunal reconoció que Ruiz había sido víctima de violación. La jueza le ha dicho a la mujer que con “un golpe en la cabeza” era suficiente para defenderse.
La magistrada impuso también una multa de reparación del daño material de 196.267 pesos y una reparación del daño moral de 89.620 pesos que deberán ser entregados a la familia del agresor. “Me siento triste, decepcionada de la justicia”, ha dicho Ruiz al salir de la audiencia. “Si yo no me hubiera defendido estaría muerta”, ha afirmado ante los medios y las personas que han ido a acompañarla a las afueras del tribunal en el municipio de Nezahualcóyotl, uno de los más peligrosos para ser mujer de México. Desde 2015 en ese municipio existe una alerta por feminicidios y otra por desapariciones desde 2018.
El abogado de Roxana, Ángel Carrera, ha señalado que impugnarán la pena. La defensa tiene 10 días para presentar el recurso. Por el momento la mujer no entrará en prisión hasta que no se resuelva ese amparo. La defensa propia es un atenuante del delito de homicidio. En el Estado de México, las sanciones por este motivo van desde la detención por seis meses a los siete años de prisión.
Ruiz ya estuvo encerrada nueve meses a la espera de que se celebrara el juicio en su contra. Un tribunal permitió que continuara su proceso en libertad a condición de no salir del Estado, ir a firmar cada dos semanas a un juzgado y justificar a la policía cada movimiento que hiciera. Sin embargo, la familia del hombre que la violentó interpuso un amparo para oponerse a la medida. En una entrevista con EL PAÍS, Ruiz aseguraba que vivía con temor e incertidumbre sobre su futuro y el de su hijo, un niño de cinco años. “Siento tensión en el pecho porque no quiero regresar a la cárcel”, decía en agosto del año pasado.
Varios grupos feministas que han acompañado el proceso de Roxana estos últimos años han denunciado la falta de perspectiva de género del tribunal. “Ninguna mujer debe ser encarcelada por defender y salvaguardar la vida que el Estado no garantiza”, han señalado desde la colectiva ‘Nos Queremos Vivas Neza’.
La mujer llevaba viviendo siete años en el municipio de Nezahualcóyotl, a donde había migrado desde Oaxaca en busca de trabajo. Roxana consiguió trabajo en un puesto de papas fritas frente a una tienda de conveniencia. En mayo de 2021 fue detenida por asesinar con una playera a un hombre que la agredió sexualmente en su casa. Aunque le contó a la policía lo que había sucedido y que actuó en defensa propia, la mujer siempre ha relatado que las autoridades del Estado de México no tomaron en cuenta su testimonio sobre los abusos. “Les dije que sí lo había asesinado”, escribió en 2021 en una carta que escribió desde el centro penitenciario Bordo de Xochiaca. “Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas (…), no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración”, insistía en el escrito.
El caso de Ruiz recuerda al de Yakiri Rubio, una joven que en 2013 estuvo en la cárcel por matar a uno de sus violadores y fue liberada tras ser absuelta por un tribunal de Ciudad de México, en un caso paradigmático que sentó precedentes a la hora de juzgar un homicidio por exceso de legítima defensa y con perspectiva de género.
Con más de 3.500 asesinadas, 2022 cerró como uno de los años más violentos para las mujeres desde que se tiene registro. El Estado de México, donde vive Ruiz, fue la entidad donde más feminicidios se registraron. Roxana pudo haber formado parte de esa estadística. Hoy sobrevive para contar lo que le sucedió a las puertas de entrar en prisión.
