EL PAÍS
ALMUDENA BARRAGÁN
México – 24 ENE 2023. María Elena Ríos vive dentro de una pesadilla desde hacer tres años y cinco meses. Los mismos que han pasado desde que dos hombres irrumpieran en su vida y le quemaran el 90% del cuerpo con ácido. Aquellas personas, sin embargo, solo eran los mensajeros. En su denuncia la saxofonista oaxaqueña señaló directamente al exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, un poderoso empresario gasolinero, como el autor intelectual del ataque y la persona que pagó para ver cumplidas sus amenazas. Vera Carrizal y ella habían sido pareja años atrás y fue la ruptura de la relación lo que desencadenó la ira del político.
Por un lado, el caso de Ríos ilustra a la perfección el abandono del Estado que sufren las víctimas de intento de feminicidio en un proceso cuajado de errores y corruptelas; por el otro, su lucha inspira a miles de mujeres a no rendirse y seguir peleando por sus derechos en su sed de justicia. “Hay días que quisiera dormirme y no despertar. Que todo haya sido un sueño feo, pero pues no”, dice en entrevista con EL PAIS.
Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 como presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa y un juez ordenó prisión preventiva en su contra. La pandemia y las estrategias de la defensa han alargado el proceso hasta el punto de que todavía no se ha celebrado ningún juicio. Sin embargo, la semana pasada, Oaxaca amanecía con la noticia de que el juez de control Teodulo Pacheco Pacheco decidió concederle la prisión domiciliaria al acusado por motivos de salud. Dicha sentencia permite que Vera Carrizal se mude a casa de su hija y siga desde ahí el proceso en su contra. El juez también llegó al acuerdo de que sea la familia del empresario y no la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública la que costee la instalación de un brazalete electrónico de una empresa privada para controlar los movimientos del preso. “La decisión me hace sentir amenazada, me pone en riesgo a mí y a mi familia”, repite Ríos.
La abogada de la saxofonista, Cristal González, denuncia que la defensa del político llevaba urdiendo un plan desde el mes de diciembre para presentar pruebas en el juicio que nunca fueron del conocimiento de la víctima o de la propia Fiscalía hasta el día de la vista, cosa que viola el Código de Procedimientos Penales. Ese golpe de efecto supuso una gran desventaja y desarmó la defensa del caso. El juez aceptó las pruebas como válidas y concedió solo una hora y media para que Ríos y su abogada revisaran cientos de hojas. Una tarea imposible.
La saxofonista y su abogada denuncian toda clase de corrupción y arbitrariedades en el proceso, incluida la violación de sus derechos más básicos como hacer uso de la palabra en la sesión, amenazarlas con retirarle a la víctima a su asesora jurídica o no permitirle ir al baño. La audiencia virtual se alargó durante más de 60 horas durante seis días. Seis días en los que María Elena ha estado obligada a verle la cara a su agresor, conectado al otro lado de la pantalla. “Desde el principio el juez no paró de decirme que me calle, me amenazó con sacarme, me silenciaba y me impedía hacer uso de la palabra”, denuncia Ríos. “El tribunal de Oaxaca se atrevió a proporcionar datos confidenciales de mi representada, de su familia y míos propios a la defensa del acusado, violando la ley”, añade la abogada González. “Nunca había visto algo así en este país en mis años como representante legal”, puntualiza.
González señala que otro de los argumentos utilizados en su contra fue que Ríos actualmente se encuentra en el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos. Pacheco consideró que al formar parte de esta figura de protección, la víctima no corre peligro si su agresor sale de prisión. “Resolvió diciendo que como tengo medios de protección no me va a pasar nada. Siento mucha impotencia, porque esta situación me pone en desventaja”, dice Ríos.
En México el delito de feminicidio forma parte del catálogo de delitos graves para los que se requiere prisión preventiva justificada. Es de alto riesgo para las víctimas y sus familias que los agresores estén en la calle. “Tengo miedo de que mi agresor termine lo que empezó y me mate”, dice la saxofonista. Su abogada denuncia que no solo no se tuvo en cuenta el gran poder que tiene el acusado y su familia ―investigados también por otros delitos― sino que se desoyó por completo el historial de amenazas y violencia que ha ejercido la familia del agresor contra la víctima, tratando de desprestigiarla. “Son una familia de empresarios, ex políticos. Tienen una red muy importante de influencias”, señala González.
María Elena Ríos todavía se estremece cuando recuerda las palabras que utilizó Vera Carrizal en el juicio: “Le dio su palabra al juez de que no se iba a acercar a mí, que iba a limpiar su nombre y que no se iba a ensuciar las manos”.
– ¿Y usted cómo interpreta esas palabras?
– Claro que él no se ensució directamente las manos, porque pagó para que me echaran el ácido. Pero él dio la orden.
– ¿Sintió esas palabras como una amenaza?
– Como una sentencia.
La polémica decisión ha causado indignación entre los colectivos feministas de Oaxaca que se manifestaron ayer frente al Tribunal Superior de Justicia. Las manifestantes arrojaron una cabeza de cerdo a una hoguera y exigieron la destitución del juez. “Es una burla para todas las víctimas de este país”, podía leerse en redes sociales. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha asegurado que por el momento el acusado no saldrá de prisión y declaró que aunque respeta las decisiones del poder judicial, no está de acuerdo con la sentencia. El mandatario ha pedido a la Secretaría de Seguridad Pública que haga un análisis del caso que pueda servir para refutar la prisión domiciliaria.
De acuerdo a información de esta dependencia, la casa de la hija de Vera Carrizal no reúne las condiciones de seguridad necesarias para evitar que el preso se fugue, asimismo, ha señalado que el Estado no cuenta con suficientes elementos de policía para que puedan custodiar la casa. “[La decisión del juez] manda un mensaje peligroso en un Estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida”, ha señalado Jara en un mensaje subido a sus redes sociales. En México más de 10 mujeres son asesinada cada día y 2022 cerró con más de 3.000 asesinadas. “La retórica no sirve de nada, las sobrevivientes queremos acciones que nos saquen de esta maldita impunidad”, responde tajante Ríos.
Pese a la importancia que puedan tener las palabras del gobernador, la decisión dependerá al final del Poder Judicial.
María Elena Ríos dice que impugnará la decisión del juez Pacheco y pedirá su recusación, es decir, que sea apartado del caso y se designe a otro juez. Desde la audiencia, la víctima pidió dicha recusación, sin embargo, Pacheco continuó con la audiencia, incluso por encima de una orden Federal en la que le fue notificado que la audiencia no podía continuar por falta de condiciones. La pelota está ahora en la cancha del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que determinará si escucha al gobernador y deja sin validez la sentencia de Pacheco, o incluso, si lo destituye de su puesto. Por lo pronto, el magistrado presidente, Eduardo Pinacho, se ha limitado a defender la decisión del juez y a recalcar que la sentencia a favor de Juan Vera Carrizal “no es absolutoria”.
Mientras parece que la esperanza de alcanzar justicia se diluye para María Elena Ríos, la sobreviviente de violencia no deja de exigir justicia. Su cuerpo cansado, lleno de cicatrices lleva a cuestas más de cinco dolorosas operaciones e innumerables tratamientos que la recuerdan cada día el daño que lleva por dentro y por fuera. Por si eso fuera poco, enfrente tiene a todo un sistema que se empeña en maltratarla y ningunearla como víctima. “Las víctimas que quiere el Estado son las que se rinden. Quieren cansarme pero yo no me voy a cansar”, asegura. “Se vienen tiempos negros para Oaxaca, especialmente para las mujeres”.
