Héctor Torres Maubert
Parte de Novedades…
En 2019, el Congreso aprobó la creación de la Guardia Nacional para atender la complicada situación de seguridad que atraviesa el país. La idea era contar con una corporación de seguridad con entrenamiento y disciplina militar, sujeta a un régimen civil y de protección a los derechos humanos.
La Guardia Nacional encarna una de las grandes polémicas de los últimos 15 años en México. ¿Deben encargarse las Fuerzas Armadas de la seguridad pública? Desde que militares y marinos empezaran a actuar de policías en el país, muchas voces han criticado el modelo, señalando su falta de capacitación y los problemas que ello genera. Desde diciembre de 2006, son miles las denuncias contra militares por violaciones a derechos humanos. Su falta de capacitación y la opacidad de la Secretaría de la Defensa alimentan a los críticos.
Con el último cambio de Gobierno, la aparición de la Guardia y la consagración de su aspecto civil en la Constitución, el debate parecía zanjado. Los militares seguirían en las calles mientras la Guardia nacía y crecía. En 2024, la nueva corporación, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomaría el relevo. Los militares volverían a los cuarteles. Pero todo eso ha cambiado en unas pocas semanas, situación que tiene revuelto el tablero político.
En el anterior sexenio la Sedena había creado Brigadas de Policía Militar para cada una de las 12 regiones militares en el país, sumadas a las tres ya existentes, para apoyar y coadyuvar a los batallones y regimientos y de más unidades del ejército en materia de seguridad pública, en dichas brigadas se habían dotado de personal bien entrenado, armado, equipado y con conocimiento policíaco y de derechos humanos. Con secciones de granaderos, caninas, sanidad y con una fuerza de personal de 1800 a 2500, sus batallones eran los que se encargarían de combatir al crimen organizado y apoyar a las corporaciones de policía estatales, municipales y dar protección a la ciudadanía. Pero esto no paso, las brigadas de la policía militar del ejército y los batallones y compañías de la policía naval de la Marina pasaron por completo a la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional nació en 2019 como sustituta de la Policía Federal, corporación de seguridad que funcionó durante los gobiernos del PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón y el último del PRI, con Enrique Peña Nieto. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, motivó la desaparición de la Policía Federal. El mandatario la consideraba corrupta e insalvable.
El nacimiento de la Guardia Nacional no fue ninguna sorpresa para nadie. Ya en noviembre de 2018, en la presentación de la estrategia de seguridad del Gobierno electo, el mandatario anunció su advenimiento, como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa. El futuro secretario de la dependencia, Luis Crescencio Sandoval, dijo entonces: “Se tratará de una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes y que se integrará a la de Defensa”.
Nomenclatura clásica de la historia militar en México, la Guardia Nacional, que agrupó a las milicias populares durante la guerra contra Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y ayudó a Porfirio Díaz a alcanzar el poder pocos años después, volvía así a la vida, ahora como parte del Ejército regular, profesional, del moderno Estado mexicano. En un principio se nutriría de parte de la planilla de policías federales de la vieja corporación, y de policías militares y navales. Con el tiempo se ha visto que la mayor parte de sus integrantes son elementos del Ejército y la Armada. Para dotarla de personal, armarla y hacerla numerosa a cada unidad del ejército y marina, llámese batallón o regimiento se le quitaron de 150 a 300 elementos militares que pasaron directamente a la nueva institución, dejando a las corporaciones limitadas en su estructura y capacidad de respuesta, (o sea, si una unidad tenía 650 efectivos ahora solo contaran con 350, un número muy pequeño para una corporación militar).
El anuncio de López Obrador de noviembre de 2018 dio pie a una de las grandes discusiones del sexenio, presente ahora igual que entonces. La Guardia Nacional, ¿debía depender del Ejército? La academia y parte de la oposición señaló enseguida los peligros de que el Gobierno adscribiera la nueva corporación a las Fuerzas Armadas. No en vano, el balance del uso de militares en tareas de seguridad pública durante los 12 años anteriores no había sido bueno.
Desde diciembre de 2006, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto habían empleado a militares como policías de forma masiva. Miles de efectivos dejaron de lado sus labores de cuartel y empezaron a participar en patrullajes, persecuciones, tiroteos y aniquilación. La idea era apoyar o sustituir cuerpos de policía corruptos, incapaces o una mezcla de ambas. El problema es que las denuncias contra el Ejército y la Armada por uso excesivo de la fuerza, ejecuciones, tortura y desaparición forzada se contaban por centenares.
Con el pasado reciente parte de la ciudadanía, academia y oposición pelearon la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Exigieron que dependiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no de la Secretaría de la Defensa; que hubiera procesos de capacitación para guardias que se alejaran de los códigos formativos de las Fuerzas Armadas. En un primer momento, lo consiguieron. En la reforma a la Constitución que aprobó el Congreso quedó establecido que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
A lo largo de estos años, los mismos que pelearon la naturaleza civil de la Guardia Nacional, muchos adscritos al colectivo Seguridad sin Guerra, criticaron una militarización encubierta de la corporación. Al frente, el Gobierno había colocado a un general de brigada en proceso de retiro (después fue ascendido a divisionario por el senado de la república), Luis Rodríguez Bucio, general que había sido entrenado en los años 80 en “la Escuela de las Américas” primeramente se encontraba en Panamá y posteriormente en territorio estadounidense, en dichas aulas los preparaban para aniquilar y luchar contra la insurgencia. La mayor parte de sus integrantes eran además militares en comisión y sus grados, aunque aparecían con nombres distintos, semejaban los del Ejército. (Actualmente los miembros de la Guardia Nacional sustentan sus grados de la corporación, pero en el pecho llevan sus verdaderos grados como militares. )
Había algo más que preocupaba a la oposición. En sus primeros meses, el Gobierno había conseguido prorrogar el uso de soldados y marinos en tareas de seguridad pública, más allá de la misma Guardia Nacional. Esto es, que elementos de las Fuerzas Armadas, capacitados para ser lo que son, marinos y soldados, seguirían actuando de policías, en tanto la Guardia Nacional se fortalecía.
Pero la alarma sonó cuando, en junio de 2021, López Obrador declaró que su objetivo era devolver la Guardia Nacional a la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa, como había planteado originalmente, antes de llegar al poder, en noviembre de 2018. Entonces dijo que en 2023 impulsaría una nueva reforma a la Constitución para reorganizar la burocracia de las dependencias. Un año más tarde, el mandatario anunció que aceleraría sus planes, con algunos cambios.
Morena, partido de López Obrador, carece de la mayoría necesaria para cerrar una reforma constitucional. Tiene, eso sí, fuerza suficiente para enmendar leyes y reglamentos. Por eso, el plan de López Obrador de cambiar la Constitución quedó aparcado y el Gobierno mandó al Congreso proyectos para reformar cuatro leyes, aprobados sin problema alguno. Se da así la paradoja de que las leyes del ramo de seguridad, incluida la de la Guardia Nacional, responden ya al objetivo del Ejecutivo, señalando su adscripción a la Defensa, pero la Constitución sigue diciendo que la corporación es civil.
La oposición ya ha anunciado que presentará acciones de inconstitucionalidad contra las reformas legislativas, asuntos que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos meses. Entre tanto, el Gobierno ha recuperado un aliado, perdido durante las discusiones por la reforma energética. Se trata del PRI, que no solo apoya al Gobierno, sino que defiende una nueva prórroga del uso de militares en tareas policiales hasta 2028.
Más allá de la pertinencia de usar solados en tareas policiales, o de militarizar el principal cuerpo de seguridad del país, una de las principales preocupaciones de la oposición, limitada ahora mismo a la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y organizaciones civiles, es el poder creciente del Ejército, simbólico, pero sobre todo económico.
Con el cambio en las leyes, la Secretaría de la Defensa manejará el presupuesto de la Guardia Nacional, que ascenderá el año que viene, a falta de que el Congreso lo apruebe, a 146.000 millones de pesos, unos 7.500 millones de dólares. Será una cantidad récord para el Ejército, que nunca manejó tal cantidad de dinero.
Su fortalecimiento presupuestario en cuestiones de seguridad pública alimenta su conexión con la Administración de López Obrador, que ha confiado a las Fuerzas Armadas amplias parcelas de gobierno estos años. Desde diciembre de 2018, el Ejército y la Armada se ocupan de una cantidad creciente de tareas, lejos de su campo habitual, de combate, consagrado en el plan DN-III, el auxilio a la población en situaciones de desastre.
Las Fuerzas Armadas se encargan actualmente de las aduanas, marítimas y terrestres, de la construcción de obras emblemáticas de la actual Administración, caso de tramos del Tren Maya o el recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, cerca de la capital, o del manejo y mantenimiento de infraestructuras, caso del mismo Tren Maya.
Mientras la Guardia Nacional hará la función de policía y combatirá a las organizaciones criminales con el uniforme blanco y negro y no con el olivo, pero sabemos que son militares y que desde un principio nació militar y seguirá siendo militar.
