Alejandro Encinas, fungiendo de vocero de la Comisión que investigó el caso Ayotzinapa, soltó sin ambigüedades: fue el Estado. La parroquia obradorista aplaudió sin cesar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había logrado lo prometido: demostrar que el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No importa si la investigación tiene muy pocas novedades en comparación con la peñista “verdad histórica”. No importa si el grueso de la investigación está testado y, por lo tanto, es inaccesible para la ciudadanía. Lo verdaderamente relevante es que Encinas dijo lo que tenía que decir. Sucumbió y abrazó la propaganda política. Un crimen de Estado no es la corrupción de policías municipales o incluso la pasividad de las fuerzas castrenses. Cualquier diccionario jurídico o de Ciencia Política define el crimen de Estado como una operación de las esferas más altas del Estado para eliminar a quien pone en riesgo alguna función, actividad, interés o atribución del propio Estado. Es una amenaza frente a los intereses del Estado. La Matanza de Tlatelolco fue un crimen de Estado. La juventud que se manifestaba en la Plaza de las Tres Culturas ponía en riesgo la realización de los Juegos Olímpicos de 1968. El Estado decidió atacar y eliminar una amenaza política. Si no hacemos esa diferenciación, cualquier delito cometido por un servidor público sería un crimen de estado. Es un despropósito.
Así, lo sucedido en la noche del 26 de septiembre sigue siendo una operación del crimen organizado en connivencia con corruptos policías municipales. Sin embargo, no hay ningún indicio que apunte a una operación estatal para desaparecer y asesinar a los normalistas. El Estado no desapareció, aunque todo indica que sí encubrió. La ausencia de resultados concretos en la investigación fue tapada con masivas capturas de presuntos implicados en la matanza.
Lo lamentable es que parece que navegamos del montaje de una parte de la verdad histórica a la fabricación de una verdad política que busca
darle la razón al presidente y a su base de simpatizantes. Más que el compromiso con una versión verosímil de lo ocurrido, lo que tenemos es una serie de hechos que son metidos con calzador para que embonen en la narrativa oficial. Leí todo el documento de la Comisión y sé que es exhaustivo; no obstante, la propaganda de Encinas y el Gobierno de México poco tiene que ver con los hallazgos de la investigación. Encinas claudicó y prefirió la propaganda antes que la verdad. Prefieren la victoria política del presidente antes que la verdad jurídica de lo ocurrido. Lástima, otra oportunidad perdida.
El jueves pasado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se tendría que estudiar un asunto que por su importancia, todos estábamos muy al pendiente de su resolución, me refiero a la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulado 136/2019; Un día antes, la Primera Sala, debía pronunciarse del Amparo en Revisión 355/21. Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el día viernes pasado el “Caso García Rodríguez y otro vs México”. En los tres casos lo que se discute, entre otros, es el uso y abuso, de la prisión preventiva. En cuanto se conoció el proyecto de resolución que presentaría el Ministro ponente Luis María Aguilar Morales en la citada Acción de Inconstitucionalidad se prendieron focos rojos en el Gobierno Federal ya que para ellos es sumamente importante y necesario conservar dicha, inconvencional e inconstitucional figura, máxime que últimamente la vienen utilizando discrecionalmente como arma política contra sus enemigos, solo recordemos la vinculación a proceso donde se dictó prisión preventiva a Rosario Robles o a Murillo Karam y miles más, quienes debían estar enfrentando las acusaciones penales en su contra, en libertad.
Nuestro país incorporó al texto constitucional la Presunción de Inocencia, el cual es un derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena, en su caso, por sentencia firme, por lo que se considerará inocente hasta que su culpabilidad quede acreditada en juicio, por lo que, el inculpado debe permanecer en libertad durante su proceso, y solo se le puede privar de esta, aplicando la prisión preventiva solo en casos excepcionales, tomada en situaciones de medida extrema, principalmente con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos y últimamente el argumento se centra en “evitar la fuga del reo”. Sin duda el encarcelamiento en esta etapa viola flagrantemente los derechos humanos de los detenidos, principalmente los de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones, pero ahora López, Adán Augusto López y la Consejera Jurídica de la Presidencia presionan a los Ministros de la Corte señalando que “es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos” y llaman a que al resolver consideren la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el “enorme esfuerzo que implica la persecución criminal”.
El propio presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien últimamente parece tapete del presidente, también ha declarado que es “inconvencional”. El proyecto de la SCJN señala que se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito, provocando que muchas personas, estén privadas de su libertad durante años sin que exista en su contra una sentencia condenatoria. Cuatro de cada diez encarcelados están ahí bajo esa inconstitucional figura, muchos de ellos, en condiciones de vulnerabilidad y sin acceso a una defensa adecuada. El estudio de los temas en la SCJN se difirieron por tanta presión. De seguro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenará el uso en nuestro país tanto del arraigo como de la prisión preventiva y de no expulsarlos la SCJN del sistema mexicano, se generará un nuevo conflicto por no cumplir, nuestro país, con los Tratados Internacionales suscritos. Mientras continúan perviviendo los abusos del castigo anticipado.
Jugadas de la Vida
Antiguamente, los cuentos eran crudos, violentos y crueles. La razón era simple, la vida de los niños era muy dura.
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