NSS Oaxaca

REFORMA 

Cd. de México (07 marzo 2023).- El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que dos de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en la entidad fueron hallados muertos, uno con vida y otro herido.

Asimismo, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodriguez, informó que hay un detenido y se trabaja en colaboración con el FBI.

“De los cuatro, hay dos fallecidos, una de ellas con vida y la otra persona herida”, dijo durante una llamada telefónica con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera.

López Obrador comentó que no desea distanciamiento con Estados Unidos ante estos hechos e insistió en que se trabaja por la paz y la seguridad en el País.

“Nosotros no deseamos eso (distanciamiento), estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la seguridad y estamos trabajando, lamentamos mucho que esto suceda en nuestro País y enviamos a los familia de víctimas, amigos, al pueblo de EU, al Gobierno de EU, nuestras condolencias para garantizar la paz, la seguridad”, dijo.

“Vamos trabajando bien, desde luego hay gentes que opinan distinto, y además hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita, utiliza estos hechos con fines políticos, trafican con el dolor humano, pero sus propósitos son otros”.

El Presidente criticó el manejo del caso en medios de comunicación en EU, aquienes acusó de amarillistas.

“Llama la atención que suceden estos hechos lamentables y todos los medios de EU manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en EU, callan como momias, claro que lamentamos, y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero atendimos un asunto de dos jornaleros mexicanos asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada en la prensa estadounidense”, expuso.

“Cerca de San Francisco, indígenas mixtecos, fueron asesinados por un granjero y otro herido, esto hace poco, hace un mes, se rasgan las vestiduras de manera hipócrita. Ayer todas las cadenas de radio y televisión, y aquí lo mismo, aprovechando el dolor de la gente, como zopilotes, y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún pais extranjero de asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en EU que distribuyen el fentanilo”.

EL PAÍS

BEATRIZ GUILLÉN

México – 05 MAR 2023. La historia no es nueva, pero sigue ocurriendo. Mujeres migrantes que salen de sus países de origen con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En la ruta: miedo, hambre, violencia. Vienen desde Honduras, El Salvador, Guatemala, y deben atravesar los 5.000 kilómetros de México para llegar a la frontera norte. Ser violadas es para algunas el precio del pasaje. A la agresión se suma que, por su carácter de migrantes irregulares, no son atendidas en los hospitales públicos y dependen de las organizaciones para conseguir un anticonceptivo o algo tan básico como apoyo psicólogico. La ONG Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual en las rutas migratorias como uno de los grandes retos pendientes de la región. El año pasado atendieron 61 casos directos por agresión sexual y más de 3.200 por consultas sobre salud sexual y reproductiva.

El primer obstáculo empieza en la puerta, explica Elena Vargas, médica nicaragüense, establecida en México: “Ya desde ahí, abrís la boca, el guardia de seguridad del centro médico escucha que sos extranjero y chao. Rechazo completo”. Las que consiguen avanzar se encuentran con los encargados de los archivos, que deben abrir el expediente y dar turno, “muy pocos están sensibilizados y formados lo suficiente para saber que las migrantes también tienen derecho a los servicios médicos”. El último paso es el personal médico, donde suelen recibir una atención “deficiente, por decir lo mínimo”.

Vargas, que se exilió de Nicaragua tras las protestas de 2018, explica que la violencia sexual se ha convertido en uno de los problemas más palpables que afectan a las mujeres migrantes. “Es fundamental la atención precoz. Lo ideal es que los casos se atiendan en las primeras 72 horas, cuando podemos prevenir el embarazo —obviamente el que sea no deseado—, y cuando podemos también dar alguna profilaxis, algún preventivo, en el caso de que el atacante fuera VIH positivo”, explica. Sin embargo, no siempre consiguen llegar a ellas antes de los tres días. En 2022, se logró en apenas cinco casos. Esto se debe en parte a que las mujeres no saben dónde acudir cuando sufren una agresión sexual. “¿A dónde van las mujeres migrantes cuando tienen algo como una gripe? Lo saben. Pero, ¿cuándo es un tema tan sensible y tan estigmatizante como la violencia sexual?”, pregunta.

Médicos Sin Fronteras se encarga de ayudar con la parte médica, desde el acceso a las pastillas necesarias y a las consultas psicológicas, hasta referirlas a centros donde puedan tener acceso a los servicios. De estos, hay muy pocos. Vargas nombra que en Ciudad de México solo cuentan con una clínica pública de referencia, en la colonia Condesa, “donde tienen las puertas abiertas para los migrantes, pero es algo muy excepcional”. Además, suelen acompañar a las migrantes a navegar en el sistema de salud. En otros casos recurren a trabajadores sociales e intérpretes —para mujeres que hablan francés, portugués o criollo haitiano— para acompañar a las migrantes en el sistema de salud. “¿Pero cuántas personas pueden tener acceso a ese acompañamiento? Son muchísimos migrantes. Tenemos recursos limitados, necesitamos una respuesta del Estado, no que esto quede en manos de las ONG, y de la sociedad civil”, señala.

El marco varía según el país. En Honduras, por ejemplo, la organización consiguió en diciembre después de muchos años de esfuerzo que la Secretaría de Salud permitiera ofrecer la pastilla anticonceptiva de emergencia para las víctimas de violencia sexual, era el único país del continente que no la tenía aprobada. En El Salvador, se enfrentan a un sistema que criminaliza las interrupciones del embarazado, incluso aquellas involuntarias. En Nicaragua, Médicos Sin Fronteras, igual que la mayoría de las ONG, como la Cruz Roja Internacional, fueron expulsadas del país por el régimen de Daniel Ortega, lo que ha dejado un vacío de atención médica que no puede llenar el sistema público del salud. “En Nicaragua, el aborto está prohibido en todos los casos, independiente de si es producto de violencia sexual o de si el feto viene con malformaciones. Además, hay un rampante abuso sexual en niñas, que se están viendo obligadas a parir con 11 años o 12 años”, explica la médica nicaragüense.

La violencia sexual es solo la punta del iceberg. Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie uno de cada 10 casos, asegura esta investigación de 2021. En total, Médicos Sin Fronteras atendió a 24.600 migrantes entre Honduras, Guatemala y México.

EL UNIVERSAL

Washington.- La Casa Blanca calificó este lunes de “inaceptable” el secuestro de cuatro estadounidenses el pasado viernes en la ciudad mexicana de Matamoros y aseguró que está trabajando con las autoridades mexicanas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

“Estamos pendientes del ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Este tipo de ataques son inaceptables”, manifestó en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Preguntada por EFE, la portavoz explicó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha sido informado del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas, uno de los más violentos de México.

Según la portavoz, las fuerzas de seguridad estadounidenses están en contacto con las mexicanas y, además, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se está coordinando con el Gobierno mexicano para hacer que los responsables del secuestro rindan cuentas ante la justicia. Indicó, además, que los pensamientos del gobierno de Joe Biden están “con las familias” de las personas secuestradas.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este lunes en el Palacio Nacional con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La portavoz rechazó ofrecer detalles sobre ese encuentro, pero destacó que Estados Unidos ve a México como “un aliado cercano” con el que mantiene una “importante” relación que quiere potenciar.

FBI ofrece recompensa por 50 mil dólares

Jean-Pierre recordó que Biden se reunió en México en enero con López Obrador y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la conocida como cumbre de “los tres amigos”.

El FBI está investigando la desaparición de los cuatro estadounidenses y ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que lleve a su liberación y al arresto de los involucrados.

Según la información facilitada por el FBI, las cuatro personas secuestradas cruzaron el pasado viernes a Matamoros en un vehículo con matrícula de Carolina del Norte y, poco después, unos hombres armados los asaltaron y los montaron a la fuerza en una camioneta tipo pick-up.

Según un funcionario cercano a la investigación citado por CNN, las autoridades creen que el grupo de estadounidenses agredido y secuestrado fue atacado por error y no estaba en México con fines criminales.

En el incidente también murió un ciudadanos mexicano, explicó en un comunicado la embajada de Estados Unidos en México.

Tamaulipas es uno de los estados más castigados por la presencia de los cárteles de la droga. 

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – 06 MAR 2023 – El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de intervencionista y propagandista una iniciativa impulsada por dos congresistas republicanos para facultar al Gobierno de Estados Unidos a usar a las Fuerzas Armadas en el combate del tráfico de fentanilo desde México, especialmente por parte de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La iniciativa, presentada al Congreso estadounidense el 12 de enero, también apunta a organizaciones criminales con actividades que causan “desestabilización regional en el hemisferio occidental”. López Obrador ha criticado la “manía” y “mala costumbre” de EE UU de “considerarse el gobierno del mundo” e interferir en asuntos que conciernen internamente a los países. “Pero todavía es peor que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego, es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano”, ha dicho el mandatario en su conferencia de prensa este lunes.

La propuesta que desató la molestia de López Obrador, bautizada como Resolución 18, fue promovida por los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, dos antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de EE UU y ambos senadores del conservador Partido Republicano. El documento argumenta que el fentanilo mata en promedio a 80.000 ciudadanos estadounidenses al año y que es la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años. Precisa que los cárteles mexicanos son responsables del tráfico de la droga hacia EE UU, así como de precursores y sustancias relacionadas. La Resolución 18 expone además un listado de eventos de violencia en los que han estado implicados los cárteles y que, según la iniciativa, provocan inestabilidad en la frontera con México. “Los cárteles regularmente intimidan, asaltan, secuestran, torturan y asesinan a elementos de las fuerzas de seguridad mexicanos”, dice. El documento menciona explícitamente a los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Los Zetas, del Noroeste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva y de Los Caballeros Templarios (o La Familia Michoacana).

En la lista de hechos de violencia se menciona el Culiacanazo de 2019, cuando el Cártel de Sinaloa “obligó a las fuerzas del Gobierno mexicano a liberar a Ovidio Guzmán”, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. También se refiere el derribo de un helicóptero militar en 2015 por parte del Cártel de Sinaloa; el ataque, en 2022, al consulado de EE UU en Nuevo Laredo con una granada, y los “repetidos” ataques armados de los cárteles hacia elementos de la Guardia Nacional estadounidense y otros elementos de seguridad apostados en la línea fronteriza. La Resolución 18 autoriza al presidente de EE UU a usar la “fuerza necesaria y apropiada” contra naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones que hayan traficado fentanilo o llevado a cabo otras acciones para atentar contra el Gobierno estadounidense.

López Obrador proyectó en su conferencia mañanera un reporte de la Cancillería en el que se leía que, si bien se trata de un “posicionamiento político sin posibilidades de ser aprobado en esta legislatura”, es un pronunciamiento preocupante. El presidente mexicano ha dicho que, si EE UU quiere combatir el problema del fentanilo, debe cambiar el enfoque y atender las raíces sociales de las adicciones. “Si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas en México y en Estados Unidos, porque puede haber droga, ¿pero por qué hay consumo, ¿qué está pasando?, ¿por qué la adicción?, ¿por qué la opción por las drogas?, ¿qué está sucediendo en la sociedad y qué se está haciendo para dar opción a los jóvenes? Porque ¿va a ser nada más detener la entrada del fentanilo y otras drogas?, ¿eso es lo único? Tienen que hacer algo por atender a los jóvenes, por resolver la crisis social de soledad, de abandono, la infelicidad, todo lo que lleva a que se opte por las drogas. Pero no hay ningún plan en ese sentido”, ha dicho.

López Obrador —que se ha opuesto firmemente a que el Gobierno de EE UU califique a los cárteles como grupos terroristas por temor a que ello provoque un mayor intervencionismo en México— ha reiterado este lunes su visión de que la violencia no se resuelve “con más violencia” del Estado, sin con programas sociales para dar una alternativa a los jóvenes y a los pobres que “han optado por el camino de las conductas antisociales”. “Es mucha hipocresía estar permitiendo la corrupción, el robo, el saqueo, abandonando al pueblo, a los jóvenes, y luego querer resolver el problema aniquilando, rafagueando, asesinando en masacres a jóvenes que no tuvieron oportunidad ni de estudio ni de trabajo y nunca se hizo nada”, ha sostenido.

EL UNIVERSAL

 Guadalupe Galván 

Una iniciativa remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense autorizaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actuar contra “los responsables de traficar fentanilo” o cualquier sustancia relacionada con esa droga a suelo estadounidense.

La Resolución 18 fue presentada por el representante Dan Crenshaw, en nombre también de Mike Waltz, ambos republicanos, el pasado 12 de enero, pero cobró atención este domingo, en medio del debate sobre la posibilidad de designar terroristas a los cárteles.

Denominada “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia”, o Resolución AUMF (por las siglas en inglés), autorizaría al gobierno de Estados Unidos a recurrir a las fuerzas armadas a actuar “contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo a Estados Unidos” y también contra quienes lleven “a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.

La iniciativa nombra específicamente a varios cárteles contra los que apuntaría por estar relacionados con el tráfico de fentanilo:

-Cártel de Sinaloa

-El Cártel Jalisco Nueva Generación

-El Cártel del Golfo

-Cártel de Los Zetas

-Cártel del Noreste

-Cártel de Juárez

-Cártel de Tijuana

-Cártel de los Beltrán-Levya

-La Familia Michoacana, también conocida como el Cártel de los Caballeros Templarios.

La iniciativa subraya que el fentanilo “y las sustancias relacionadas con el fentanilo matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año” y que el consumo de fentanilo “es la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años”.

Señala además que el Cártel de Sinaloa, así como Los Zetas, “participan constantemente en actos de violencia entre ellos y contra otros cárteles, creando inestabilidad a escasos kilómetros de la frontera de Estados Unidos”.

Recuerda que, en 2015, “el Cártel de Sinaloa derribó un helicóptero militar mexicano con un arma de alto poder”, así como el fallido operativo para detener en 2019 a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que terminó en la liberación de Ovidio ante los ataques que lanzó el Cártel de Sinaloa en Culiacán y sus alrededores.

También citó otros casos, como cuando “en 2022, una batalla entre cárteles a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos provocó el cierre de dos puertos de entrada” y cuando, el mismo año, “un ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, México, obligó a los empleados a refugiarse en el lugar”.

¿En qué casos EU utilizaría a las fuerzas armadas contra cárteles mexicanos?

Por lo anterior, la iniciativa autorizaría al presidente de Estados Unidos a “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el Presidente determine” que violaron la sección 401 de la Ley de Sustancias Controladas, o han intentado o conspirado para violar dicha sección, “con respecto al tráfico a Estados Unidos de fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo”.

También puede utilizarse en los casos en que dichas organizaciones extranjeras “hayan traficado con fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo fuera de Estados Unidos con la intención de que dicho fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea traficada a Estados Unidos”.

Un tercer caso en que se autorizaría la acción es cuando los cárteles “hayan producido o traficado con una sustancia que sea un precursor del fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo con la intención de que dicho precursor, fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea objeto de tráfico en Estados Unidos”, o bien cuando “hayan participado en acciones cinéticas contra personal de las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales, tribales o territoriales de Estados Unidos que operen en el territorio de Estados Unidos o en el extranjero”, o que “hayan participado en acciones cinéticas contra personal policial, militar u otro personal gubernamental de un país que tenga frontera común con Estados Unidos o con cualquier otro país del hemisferio occidental” o “hayan hecho uso de la violencia y la intimidación con el fin de establecer y controlar un territorio para utilizarlo con fines ilícitos”.

Los cárteles mencionados son los que serán considerados como “organizaciones extranjeras” que cumplen los criterios para autorizar el uso de la acción de las fuerzas militares estadounidenses.

Aprobación de la iniciativa quedaría en manos de Joe Biden

Cabe señalar que esta iniciativa no ha sido sometida a debate en el Comité de Asuntos Exteriores. En caso de ser votada y aprobada, la decisión quedaría en manos del presidente Joe Biden, quien puede firmarla o vetarla.

Apenas la semana pasada, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que “no me opondría” a declarar terroristas a los cárteles de la droga, algo en lo que insisten cada vez más los republicanos, pero subrayó la preocupación por las consecuencias diplomáticas que tendría con el gobierno mexicano, y dijo que lo mejor sería contar con el apoyo de éste para tal designación.