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EL PAÍS

ALMUDENA BARRAGÁN

México – 05 MAY 2023. “Toda la vida de doña Tere era buscar a su hijo José Luis”, dice una persona que la conoció. Teresa Magueyal tenía 65 años y vivía en San Miguel Octopan, un pueblo de Celaya, en el Estado de Guanajuato. La mañana de este martes doña Tere, como todos la conocían en el pueblo, salió en bicicleta a la calle y no volvió más. Dos sujetos en una motocicleta le dispararon a quemarropa y se dieron a la fuga. Teresa Magueyal quedó muerta en el suelo, a pocas cuadras de su casa. Su asesinato muestra el horror de la violencia que sacude México, el fracaso de unas autoridades que están desbordadas y el peligro que corren los familiares de los desaparecidos por querer encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres.

Solo en Guanajuato, desde 2020, cinco buscadores ―cuatro mujeres y un hombre― han sido asesinados por esta causa. Teresa Magueyal es la sexta. Sin embargo, son muchas más en todo el país. Cientos de madres arriesgan cada día la vida con el único propósito de encontrar a sus muertos para poder enterrarlos. Doña Tere buscaba desde 2020 a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, de 34 años, desaparecido en el mismo pueblo donde el martes la han asesinado.

La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y las condolencias institucionales han llegado en cascada. Sin embargo, las organizaciones se quejan de que tanto las autoridades estatales como las federales les han abandonado a su suerte desde hace tiempo y no les ofrecen protección. “No sé cuántas muertes más quieren que haya para que eso pase”, señala una mujer del colectivo que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. También han llegado las muestras de cariño a la sede del colectivo Una Promesa por Cumplir, la organización de la que Teresa formaba parte. “Ha sido muy fuerte para nosotras porque la señora Tere era una persona que queríamos mucho en el colectivo y nos duele muchísimo que haya sido de esta manera”, dice una integrante de este colectivo, formado por 70 familias. Las personas que la conocieron recuerdan a Magueyal siempre con una sonrisa en la boca y muy activa en las búsquedas “Cuando alguien estaba con las pilas bajas, llegaba y nos animaba a todas”, dice una de sus compañeras.

Desde 2019, la escalada de violencia en Guanajuato, territorio en disputa de varios carteles, ha desencadenado una crisis de desaparecidos que ronda las 3.000 personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil dicen que esta cifra se acerca más a los 3.700, explican desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. A eso hay que agregarle la crisis forense que vive actualmente el Estado, con cientos de cadáveres que se acumulan en las morgues sin ser identificados. “Guanajuato es la entidad más mortífera del país y seguramente del continente para las buscadoras”, dice Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia. “El asesinato de una buscadora manda un mensaje al resto para que dejen su labor”, agrega.

Ese temor es compartido por todas las madres buscadoras en México. Muchas de ellas están amenazadas de muerte y se han visto obligadas al desplazamiento forzado. “Tenemos miedo de convertirnos en una estadística más”, dice Ceci Flores, quien busca a dos de sus hijos desparecidos en Sinaloa y Sonora. “Tenemos que hacer nosotras el trabajo porque nos topamos con la apatía, la insensibilidad y la burocracia de unas autoridades que no hacen su trabajo”, dice la activista, cara visible del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. “Sabemos que estamos arriesgando nuestra vida, pero en el momento en el que los perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestra vida y solo nos queda el cuerpo para seguirlos buscando”, apunta.

Hasta el momento se desconoce quienes son los responsables del asesinato de Teresa Magueyal, pero las organizaciones no descartan que pudiera haber sido perpetrado bajo el consentimiento de fuerzas policiales lo que complica las investigaciones. “Policía local y estatal en varios municipios colaboran con el crimen organizado e incluso llegan a impedir las búsquedas”, explica Raymundo Sandoval. El Colectivo de Teresa condena el ataque y exige que se haga justicia. “Que esto no quede impune y que no vuelva a ocurrirle a nadie, de por sí las familias vivimos un proceso muy duro que es la desaparición y ahora tener miedo a ser asesinadas, es aún peor”, dice una integrante de Una Promesa Por Cumplir. El asesinato también ha sido condenado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que calificó como urgente frenar este tipo de asesinatos y recordó que las autoridades están obligadas a “dar protección y seguridad a las víctimas”.

Desde el colectivo se quejan de que las madres buscadoras están completamente abandonadas por las autoridades federales y estatales. “Nos hemos cansado de pedir ayuda, de hacer marchas exigiendo al Gobierno que proteja a las buscadoras, pero no lo ha hecho”, dice una compañera de Teresa Magueyal. Ese sentimiento de desesperación también lo comparten desde la Plataforma por la Paz y la Justicia. “Desde 2021 pedimos al Mecanismo federal un plan de protección para las buscadoras y fuimos ignorados. Pedimos reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y hemos sido ignorados. El gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue, también ha sido omiso para entregar protección”, remarca Sandoval.

Durante 2022 otras madres buscadoras fueron asesinadas en México. En Morelos, Ana Luisa Garduño fue asesinada cuando buscaba a su hija. Aranza Ramos, de Sonora, buscaba a su marido cuando la mataron a balazos. En Sinaloa, la señora Rosario Rodríguez Barraza fue secuestrada y asesinada después de una misa en homenaje a su hijo desaparecido. Blanca Esmeralda Gallardo, trataba de encontrar a su hija Betzabé, secuestrada por una red de trata en Tlaxcala y murió en el mismo lugar donde desapareció su hija, en el Estado de Puebla. Por último, María Carmela Vázquez buscaba a su hijo y fue asesinada a unos pasos de su casa. “Creo que en algún momento los asesinos de nuestros hijos tienen miedo a ser descubiertos y por eso nos matan”, agrega Ceci Flores, también amenazada de muerte desde hace dos años.

En total, en México, hay más de 110.000 personas desaparecidas. Ante una crisis de este tamaño, las autoridades se encuentran desbordadas y el único recurso que les queda a las familias es salir a buscar a sus hijos e hijas con sus propios medios, arriesgando la vida, sin parar hasta encontrar una pista, un pedacito de hueso, un esqueleto vacío que les devuelva la esperanza de reencontrarse con ellos. “Vamos a seguir trabajando”, dicen desde Una Promesa Por Cumplir. “Ahora tenemos una misión que es encontrar al hijo de la señora Tere y exigir justicia para que su asesinato no quede impune”

EL PAÍS

CARLOS S. MALDONADO

México – 04 MAY 2023. Verónica López tenía 15 años cuando conoció el terror de las celdas de tortura. Corría el Gobierno mexicano de José López Portillo (1976–1982) y ella era una joven trans que debido a la pobreza y el hambre trabajaba en la prostitución. Una tarde, un grupo de agentes de la policía de Ciudad de México la capturó y subió a golpes a una patrulla, conocida entonces como Julia, y la trasladaron a una prisión. “Ahí comenzó mi horror”, afirma. Los agentes la ficharon por “faltas a la moral” y aunque la liberaron, los arrestos se convirtieron en algo sistemático: “Nos desnudaban, nos echaban agua fría, muchas compañeras murieron de neumonía, a otras que sacaban enfermas, nunca las volvimos a ver, escuchábamos las torturas a gente que era inocente; fue un pánico horrible lo que vivimos”, relata López. Su testimonio forma parte de una iniciativa que intenta recuperar la memoria del horror que sufrieron los llamados colectivos disidentes, personas que eran perseguidas por el régimen durante la llamada Guerra Sucia por pertenecer a grupos guerrilleros, organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones estudiantiles o minorías, como las personas LGBT. “Los agentes mataban a nuestras compañeras cuando no querían subirse a la Julia y quienes lo veíamos no podíamos decir nada”, recuerda López.

Ella ha narrado su historia junto a otras tres compañeras trans durante un emotivo encuentro organizado este miércoles por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), como parte de sus esfuerzos para rescatar la memoria del horror en México entre 1965 y 1990, décadas llenas de infamia en las que desde el Gobierno se desarrolló una cacería silenciosa y sistemática contra todo aquel movimiento que considerara una amenaza. No solo se exterminaron agrupaciones guerrilleras en Guerrero, se eliminó de forma científica a quienes eran tachados de subversivos (lanzados en sacos al mar desde helicópteros, quemados vivos en basureros), se masacraron estudiantes en Tlatelolco o se cometieron matanzas como el llamado halconazo, sino que se persiguió a gays y lesbianas y se descargó el horror con saña contra las personas trans, porque estas representaban un desafío para los estándares morales de la época. Todo con cautela y en la impunidad, porque México se vendía al mundo como una democracia, alejada de las dictaduras militares que desangraban el continente. “Lo ocurrido entre 1965 y 1990 son graves violaciones que no admiten excusas y menos perdón y olvido”, ha advertido Alan García Campos, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La cita se ha desarrollado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, construido precisamente para guardar la memoria de los estudiantes asesinados y desaparecidos en la Plaza de las Tres Culturas en 1968.

La de Verónica López es una historia de sufrimientos. Dejó su casa en Tapilula, un pequeño poblado de Chiapas, a los 13 años por el desprecio de su familia, muy conservadora. Se había mudado con una tía a Ciudad de México, pero pronto debió escaparse porque sus primos la violaron. En la calle, sin dinero, tuvo que lanzarse a la prostitución. “Era un mundo desconocido para mí, pero tenía hambre y tenía que comer”, recuerda. Los agentes de la policía hacían rondas y redadas en las zonas donde las personas trans esperaban a sus clientes. La violencia siempre imperaba. En una de esas redadas, a Verónica López la trasladaron a las temibles celdas de Tlaxcoaque, prisión de tortura localizada en el centro de la capital. Estuvo en la celda cinco del pasillo tres. “Perdí los dientes a golpes, me rompieron los tímpanos, fue algo muy doloroso, que quedó marcado en mi vida”, cuenta. “Los agentes mataban y dejaban los cuerpos tirados, te dejaban encuerada [desnuda] y ensangrentada. Te humillaban, te encueraban y te exhibían en la fuente de la Diana cazadora. Soy una sobreviviente de ese terror”, afirma López.

Ese escarnio de las autoridades también lo sufrió Denisse Valverde. Ella afirma que las mujeres trans “eran el objeto de humillación y de placer” de los agentes de inteligencia y la policía capitalina. “Nuestras historias nunca las contamos porque teníamos miedo de hablar”, dice. “La de las poblaciones trans es una violencia ignorada, del maltrato que éramos objeto no se hablaba, pero hacían con nosotras lo que querían”, explica. Valverde tenía 16 años cuando comenzó a ser víctima de la violencia de las autoridades. Por ejercer la prostitución “éramos robadas (ahora sé que eso era una desaparición forzada), golpeadas, violadas. Era un tiempo de total impunidad, un holocausto contra las personas LGBT y peor para las mujeres trans”, afirma. Valverde sufrió en muchas ocasiones los llamados “carreterazos”, que eran las redadas de los agentes, quienes las subían con violencia a sus patrullas, las violaban y las dejaban desnudas en las carreteras. Si durante el tiempo que las tenían retenidas, capturaban a un hombre acusado de algún delito, las obligaban a tener sexo con ellos. Las rapaban y les gritaban que nunca serían una mujer “de verdad”. “Hubo muchas compañeras desaparecidas”, alerta. “Si veíamos una patrulla no sabíamos qué hacer y si denunciábamos, el personal de la delegación avisaba a los patrulleros y era peor”, explica.

Estas mujeres trans denuncian directamente a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, personaje tristemente célebre, oscuro y temido jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal durante el sexenio de López Portillo. Era un hombre violento y corrupto, que se tomó muy a pecho la cacería contra disidentes. A él se le achacan graves violaciones a los derechos humanos, masacres y una política de mano dura atroz, cuyos crímenes se cometían en la temida División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), conocida popularmente como Tlaxcoaque, porque la sede de la división estaba en esa plaza citadina. “Toda mi adolescencia pasé en esas celdas”, afirma Gabriela Elliot, de 66 años. Ella había dejado su casa a los 11 años, también porque su familia no la aceptaba. “Mi mamá era una mujer muy dura”, recuerda. Una noche, unas amigas la invitaron a un centro nocturno, donde estuvieron compartiendo con clientes que las invitaban a copas y pasaban el tiempo con ellas. Se quedaron a dormir en el lugar y a la mañana siguiente los agentes de la DIPD las despertaron a golpes. Un cliente del local fue asesinado y los oficiales culparon a Elliot y dos de sus amigas. A pesar de su inocencia, las condenaron a 25 años de cárcel por homicidio. Ella cumplió solo cinco años, pero el trauma aún la acompaña.

“Nos tocó vivir un sistema que nos reprimió”, dice Emma Yessica Duvali. Su vida cambió a los 13 años, cuando llegó al colegio con las cejas depiladas. El director la echó y afirmó que no habría lugar para ella en el sistema educativo. “Fui raptada a los 17 años, me raparon, me golpearon y me violaron por el delito de estar vestida como mujer”, recuerda. “A nosotras nos cortaron todas las posibilidades de un crecimiento humano por salirnos de la norma y de un sistema patriarcal y machista”, afirma Duvali. Ella, como superviviente de aquella Guerra Sucia, recuerda a otras compañeras que no vivieron para contar sus historias. “Sulma, empaquetada en una maleta; China, ahorcada en un hotel”.

Duvali escucha detenidamente a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien en el encuentro afirma que el Estado pretende “construir una verdad colectiva para rescatar las historias de personas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos por un régimen espantoso”. El funcionario reconoce ante el auditorio las responsabilidades del Estado durante esa siniestra época, que califica de intolerante y autoritaria. Las palabras de Encinas resuenan en Duvali, quien critica a las distintas administraciones por callar los horrores que sufrieron miles de mexicanos. “Es una vergüenza para un Gobierno que habla de apertura”, afirma. Y entonces desata su furia: “No quiero que un alto funcionario me pida perdón”, su voz resuena en los pasillos del centro cultural, sale por las ventanas y llega hasta la Plaza de las Tres Culturas. “Acá deberían estar todos los culpables, López Portillo, Durazo Moreno, sus oficiales, el oficial que me detuvo, todos esos ojetes. No quiero disculpas, quiero reparación total del daño. Estas historias no pueden repetirse en este país, sea el Gobierno que sea o del partido que sea”, dice la mujer, y su indignación estalla junto a las placas y esculturas que recuerdan a los asesinados de Tlatelolco, uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana, que también han sido víctimas de la impunidad. Parece que esta mañana Duvali también quiere vengarlos, gritar que no están solos. “¡A mí no me sirve una disculpa pública!”.

EL PAÍS

ANDREA J. ARRATIBEL

México – 27 ABR 2023 – 04:15 CST

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Cuando el resultado de la prueba dio positivo, Carmen pensó que era su sentencia de muerte. “Lo primero que le pregunté a la enfermera fue cuánto me quedaba de vida. Mi mayor miedo era que se lo hubiera transmitido a mis niñas”, recuerda esta mexicana de 23 años del día que supo que tenía VIH. “Jamás me imaginé que me podía pasar a mí. Pensaba que eso era más cosa de algunos señores”.

En el mundo hay más mujeres con VIH que hombres, como recoge el último informe de ONUSIDA. Pero esa realidad se concentra en los países de África subsahariana, donde las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años tienen tres veces más probabilidades de adquirir el VIH que los varones homólogos.

“A excepción de la región caribeña, en América Latina, la prevalencia de la infección es mucho mayor en los colectivos focos: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables y mujeres transgénero”, señala Brenda Crabtree, infectóloga e investigadora de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de Ciudad de México. “Sin embargo, las mujeres conforman el grupo que más se ha visto afectado por el incremento de infecciones”, añade.

América Latina es una de las regiones que en la últimas décadas ha experimentado un aumento. De las 340.000 personas que se estima vivían con la patología en México en 2019, casi el 20% del total de casos reportados correspondían a mujeres y niñas, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida).

Gran parte de la población femenina que vive con el virus no lo sabe “porque las mujeres no forman parte de las políticas públicas de detección y control”, asegura Crabtree. Esta realidad ha sido documentada por la psicóloga especialista en Género, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Ana Amuchastegui.

Según la experta, “las mujeres no son parte de los sectores clave en las campañas de prevención y tratamiento, pero cuando se analiza a las que viven con VIH resaltan elementos como la violencia de género y la escasa información sobre salud sexual y reproductiva que hay disponible”.

Como Carmen, que nunca pensó que el VIH le podía pasar a ella. “Un día empecé con síntomas de gripe muy fuertes. Acudí con mi pareja al hospital, entonces supimos que teníamos VIH, él me lo había transmitido y los dos estábamos ya en fase sida”. El estadio final y más grave de la infección. Cuando el virus ha destruido el sistema inmunitario y el cuerpo ya no puede luchar contra las infecciones oportunistas.

Las víctimas de violencia machista tienen hasta 1,5 veces más probabilidades de adquirir VIH

La falta de acceso a la educación, la inequidad de género y la violencia sexual son tres condicionantes que han hecho aumentar el número de mujeres con VIH en América Latina. “Que las niñas no vayan a la secundaria o que sufran maltrato en el hogar son factores de riesgo determinantes para contraer la infección”, afirma Crabtree.

De acuerdo con Censida, en México, las víctimas de violencia machista tienen hasta 1,5 veces más probabilidades de adquirir VIH. El mayor número de casos de la infección en el país se concentra en aquellas entidades con los índices más altos de violencia ligada a la pobreza, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. “En este Estado, la incidencia por poblaciones del VIH se parece a la de países africanos”, matiza la investigadora.

La situación epidemiológica en Chiapas refleja la relación entre las condiciones sociales de las mujeres y la vulnerabilidad a contraer el virus, como señaló una investigación realizada a finales de 2020 con el objetivo de describir la dinámica de las desigualdades de las mujeres afectadas. De las más de 200 chiapanecas de entre 18 y 44 años con VIH encuestadas, 4 de cada 10 habían sufrido algún tipo de violencia, también la asociada al diagnóstico de VIH en algunos servicios y en las comunidades.

“Las mujeres no suelen ser diagnosticadas cuando acuden a atención médica por síntomas que sugieren una infección de este tipo”, expone Amuchástegui, autora de diversos estudios que así lo señalan. “El propio sistema de salud las excluye: si a un consultorio llega una mujer indígena con los mismos síntomas que un hombre gay, sólo al segundo le harán la prueba del VIH”, matiza Crabtree.

“Más de la mitad de las mexicanas se dan cuenta de que son positivas una vez embarazadas”, explica Angélica Pedraza, pediatra e infectóloga en el Instituto Nacional de Perinatología, especializada en VIH. La norma oficial para la prevención y el control de la infección por virus establece hacer la prueba de forma obligatoria durante el embarazo. “Pero en nuestro país no hay una buena cobertura del escrutinio prenatal”, apunta la especialista, acostumbrada a recibir en consulta a futuras madres víctimas de violencia sexual que salen positivas a la prueba vírica. “Entre ellas, muchas adolescentes que sufren agresiones dentro de la familia cercana, del padre, de un tío”, explica. “También llegan otras derivadas de centros donde les hicieron la prueba rápida cuando estaban a punto de dar a luz y salieron positivas a la infección”.

Pero, según advierte Crabtree, las que más se escapan a los controles son aquellas que ya no están en edad fértil. Por eso, dice que “falta mucha sensibilización”.

La importancia de la paridad de género en los equipos que investigan el VIH

La invisibilización que sufren las mujeres en torno al VIH se extrapola al ámbito científico. “Aunque a nivel mundial la mayoría de la población que vive con la infección la constituyen las mujeres, su inclusión en los ensayos clínicos es todavía minoritaria”, denuncia la infectóloga. “Para ello es muy importante la propia equidad de género en los equipos científicos: la integración de mujeres a la hora de diseñar los ensayos impactan en que se estudien más y mejor los problemas de salud que afectan a las mujeres”, sostiene.

Como exponen las estadísticas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los ámbitos relacionados con la investigación y la innovación, representando a nivel mundial menos del 30% de las autorías.

“En América Latina, este porcentaje es muy desproporcionado, a pesar de que se ha demostrado que incluir investigadoras en los ensayos clínicos mejora los estudios”, destaca la infectóloga. Diversos estudios han evidenciado cómo una composición proporcionada entre ellos y ellas en los equipos de investigación da mejores resultados, no sólo aumentando el impacto y las citas del trabajo, sino teniendo en cuenta los factores diferenciales, como el sexo, en los ensayos. “Por eso necesitamos más iniciativas afirmativas con perspectiva de género. La realidad es que los temas que afectan a las mujeres sólo nos preocupan a nosotras, como expone a la perfección la lucha contra el VIH”, concluye.

EL PAIS

ELÍAS CAMHAJI

México – 22 ABR 2023 – Ocho altos mandos de Estados Unidos tomaron el escenario de forma repentina. Estaban la directora de la Agencia del Control de Drogas (DEA), jefes del FBI, autoridades migratorias y el fiscal general de la Administración de Joe Biden, entre otros. En cuestión de minutos, se iba a anunciar la mayor ofensiva judicial contra el cartel de Sinaloa de los últimos años. Tras la condena a cadena perpetua contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, las autoridades tenían en la mira a los herederos de su imperio criminal. Cuatro hijos del capo —Alfredo, Iván Archivaldo, Joaquín y Ovidio Guzmán— y 24 colaboradores fueron acusados de una extensa batería de cargos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación ilegal de armas y lavado de dinero. En el camino se les señalaba como parte de una red de asesinatos, torturas y crimen trasnacional que daba la vuelta al mundo.

Los tres casos que se diseñaron para asestar un golpe devastador a Los Chapitos se dieron a conocer apenas la semana pasada, pero documentos judiciales conseguidos por EL PAÍS apuntan a que la cacería se remonta a 2008 y que se fraguó tras la sombra de familiares, antiguos socios y viejos delatores. Las investigaciones que hundieron a El Chapo están más vivas que nunca y son ahora el arma principal de los fiscales contra sus sucesores.

“Las acusaciones ofrecen la revisión más completa que se ha hecho sobre las operaciones del cartel de Sinaloa en los últimos 15 años”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia. La cruzada de Estados Unidos contra Los Chapitos está apuntalada sobre al menos cinco casos criminales ante las cortes del Distrito Norte de Illinois (en la zona metropolitana de Chicago), el Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y el Distrito de Columbia (Washington D.C.).

Más de 130 páginas de documentos judiciales salieron a la luz y detallaron cómo los miembros del cartel daban de comer a los tigres con sus enemigos, montaron laboratorios clandestinos para traficar con fentanilo, crearon un corredor panamericano de tráfico de drogas desde Perú hasta EE UU y tejieron alianzas en Asia que se pagaban con criptomonedas y sin dejar rastro. Todo, mientras agentes de la DEA se infiltraron durante un año y medio en las tripas del grupo criminal. La inyección de sangre nueva en la organización estaba decidida a revolucionar el negocio. Los fundadores, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, se iniciaron décadas atrás con el negocio de la marihuana y la cocaína. Sus hijos pensaban desde 2014 en el fentanilo, la droga que una década más tarde está en el centro de la guerra contra el narco y de una profunda crisis de salud pública que provoca decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en terreno estadounidense.

. La inmensa mayoría de la información permanece clasificada. Pero hay una excepción. La acusación en Illinois, determinante durante el juicio de El Chapo en Nueva York, data de 2009 y tiene más de 950 documentos en su expediente: entre órdenes de arresto, acuerdos de culpabilidad, negociaciones para facilitar las delaciones y sentencias que sellaron el futuro de otros acusados. Los fiscales apuntaron primero a lo más alto del cartel de Sinaloa y se lanzaron contra Guzmán y El Mayo Zambada, que sigue prófugo y por el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

Delatar al padre

Mucho antes de ir contra los herederos de El Chapo, la justicia estadounidense fue tras Jesús Vicente Zambada Vicentillo, el primogénito de El Mayo. Fue arrestado en Ciudad de México en marzo de 2009 y extraditado casi un año más tarde a Estados Unidos, que lo señalaba como responsable de traficar con 1.000 millones de dólares en marihuana y cocaína. Tras las rejas, las autoridades lo enfrentaron a la decisión más difícil de su vida y le ofrecieron un trato para delatar a su padre y sus antiguos socios a cambio de una pena reducida. Vicentillo aceptó.

“Comencé a darme cuenta de cómo se hacía todo”, dijo el hijo de El Mayo sobre cómo se inició en el negocio con reuniones con otros capos y policías corruptos. “Poco a poco, comencé a involucrarme”, agregó durante el juicio a El Chapo en 2018. Para entonces, estaba por cumplir casi una década colaborando con las autoridades, aunque sus abogados insinuaron que ya trabajaba con la DEA antes pisar la cárcel. Vicentillo contó cómo se ordenaban los asesinatos en el cartel, cómo se repartían las ganancias, cómo se fugó Guzmán de la cárcel y cómo se reunió con políticos mexicanos de primer nivel. El escándalo saltó a los titulares de los medios internacionales. “El hijo de El Mayo Zambada traiciona a su padre y al Cártel de Sinaloa”, reseñó, por ejemplo, The New York Times.

“Al proveer al jurado con una mirada única desde dentro del cartel, no solo expuso el liderazgo de El Chapo Guzmán, sino también el de su propio padre, lo que me parece único”, señaló Amanda Liskam, parte del equipo de la Fiscalía en el juicio. Liskam dijo que la cooperación del capo fue “integral” y agregó que habló también de cómo estuvieron involucrados otros familiares de los líderes, aunque no dio nombres. La declaración es de mayo de 2019, un mes y medio antes de que se dictara la condena contra El Chapo. Vicentillo Zambada recibió 15 años de cárcel, aunque se supo que ya estaba libre en abril de 2021.

“Quiero expresar mi arrepentimiento por las malas decisiones que tomé en el pasado”, declaró Zambada. “Usted es una de las personas de más alto perfil que me ha tocado sentenciar desde que soy juez”, dijo el togado mexicoamericano Rubén Castillo. “Después de 25 años como juez federal, voy a ser el primero en admitir aquí y de manera oficial ante la corte que si existe tal cosa como la guerra contra las drogas, la hemos perdido. La hemos perdido. Es hora de que este país piense en hacer algo diferente”, zanjó Castillo. En tiempos de efervescencia por el Gobierno de Donald Trump, el juez tundió a quienes proponían la construcción de un muro como solución al narcotráfico y criticó a quienes llamaron al hijo de El Mayo “traidor” o “rata”. “Los testigos cooperantes ayudan a nuestro país a ganar la guerra contra el crimen. Quizás hemos perdido la guerra contra las drogas, pero no podemos permitirnos perder la guerra contra la delincuencia”, concluyó. Tras sentarse con las autoridades decenas de veces, la promesa de Zambada fue seguir cooperando con las autoridades, incluso después de ser sentenciado.

Antes de Vicentillo, también pasaron por la corte de Illinois Pedro y Margarito Flores, dos gemelos que tomaron su experiencia de trabajar en un McDonald’s para expandir la presencia del cartel de Sinaloa en Estados Unidos y que comenzaron a delatar a sus socios desde octubre de 2008. Los hermanos Flores grabaron alrededor de 70 conversaciones telefónicas con miembros del cartel, como El Chapo, pero también con su hijo Alfredo Guzmán Alfredillo para coordinar la entrega de un cargamento de 20 kilos de cocaína a Chicago, negociando directamente con el heredero y lugarteniente del capo la logística para que llegara el embarque y el pago de la mercancía.

Hay casi una decena de grabaciones de Alfredillo Guzmán y los Flores que datan desde finales de 2008, muchas veces conseguidas tras colocarse un micrófono en la cintura del pantalón. “Los de ayer salieron muy bien”, dice Pedro Flores al hijo del capo, sobre un cargamento de 20 kilos de cocaína, en una de las llamadas. “Le estaba diciendo a tu viejo [El Chapo] ahorita para ver si había oportunidad de que nos manden otras cinco. No sé si las tengas. Porque voy a depositar el cheque por esas [los 20 kilos] mañana. Ve si tienes otras cinco y avísame”, se escucha decir al gemelo. Las descripciones de las llamadas van directas al grano. “Alfredillo pregunta por qué no se ha recogido la heroína”. “Pedro pide a Alfredillo un número de teléfono limpio para contactar a El Chapo”. “Pedro dice a Alfredillo que acaba de hablar con El Chapo y ya arregló el pago”.

Los cooperantes se infiltraron en reuniones con El Mayo, Vicentillo y Arturo Beltrán Leyva, viejo socio y primo de El Chapo para el tráfico de 15 kilos de heroína. También negociaron una operación encubierta contra otro primo del capo, Juan Guzmán Rocha, para traficar más de media tonelada de cocaína. Juancho Guzmán Rocha fue asesinado en 2015 y Beltrán Leyva, en 2009. La cooperación de los Flores se tradujo en casi una veintena de incautaciones de droga, decenas de arrestos en México y Estados Unidos, y la extradición de varios jefes narcos, incluido Vicentillo Zambada. Los hermanos fueron sentenciados a 14 años en 2015 por el juez Castillo. Los mellizos regresarían más tarde para declarar contra El Chapo en Brooklyn.

Electrocutado y torturado

En 2014, Jesús Raúl Beltrán, cuñado de Alfredillo Guzmán y también acusado en el caso de Illinois, fue capturado mientras dormía en su casa de Culiacán, la capital de Sinaloa. En 2017, sus abogados presentaron una moción en la que denunciaron que su cliente fue víctima de tortura a manos de la Marina y con el consentimiento de agentes estadounidenses. La unidad de marinos entró blandiendo armas pesadas, lo aislaron de su esposa y su hija, lo esposaron, lo empezaron a golpear y lo asfixiaron con una bolsa de plástico en su cocina, según el testimonio de Beltrán.

“A ver, hijo de perra, ¿vas a cooperar o crees que tu hija puede aguantar que le pongamos una bolsa de plástico?”, se lee en la declaración judicial. Beltrán aseguró que los marinos amenazaron con violar en grupo a su esposa y matar a su familia: “Vamos a matar a tu madre con un tiro en la cabeza o a lo mejor la vamos a colgar de un puente”. “Sus captores le ordenaron que dijera dónde vivían Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, y que los llevara ahí, o masacrarían a toda su familia”, afirmaron sus abogados. Beltrán, sin embargo, sostuvo que no sabía dónde estaban los hijos de El Chapo.

Beltrán aseguró, incluso, que después de ser trasladado y humillado en un campo militar, unos sujetos le ofrecieron asilo político a cambio de revelar el paradero de los hermanos Guzmán. Les dijo primero que eran amigos de la primaria y que desde entonces no sabía nada de ellos. Después comentó que sus reuniones eran en restaurantes y discos, y que por eso, no sabía donde vivían. Más tarde, le preguntaron en qué coches se movían y en qué sitios comían.

El cuñado de Alfredillo reclamó que, además de asfixiado, fue electrocutado, torturado con música heavy metal y agua helada, y obligado a grabar una confesión falsa frente a agentes de la DEA. “Recitó una supuesta confesión de que él, Iván Archivaldo Guzmán y Alfredo Guzmán volaron de Culiacán a Chiapas para comprar cocaína. Admitió que cada hombre tenía un trabajo asignado: el cuñado cargaba la cocaína en el avión, Alfredo la apilaba dentro de la aeronave e Iván era el piloto”, dijeron sus abogados. Las denuncias de Beltrán fueron desechadas. En septiembre de 2019 fue sentenciado a 28 años de cárcel por tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína, tras negarse a cooperar con las autoridades y mantener que fue torturado durante su detención.

Las ruedas de la corte de Chicago no se detuvieron tras la caída de El Chapo y el retiro del juez Castillo ese mismo año. En diciembre de 2021 fue sentenciada a 10 años Guadalupe Fernández Valencia, La Patrona, calificada tras su arresto cinco años antes como la mujer más poderosa del cartel de Sinaloa. Fue una pena reducida, la mujer de 60 años firmó un acuerdo de colaboración. Y, apenas en enero de este año, Felipe Cabrera Sarabia, alias El Inge o El Rey de la Heroína, se declaró culpable por narcotráfico y se enfrenta a una pena de 10 años a cadena perpetua en prisión.

La acusación de Illinois, la misma en la que fueron imputadas 22 personas, desde El Chapo hasta El Rey de la Heroína, incluye ocho cargos criminales contra Joaquín, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, y menciona a Ovidio Guzmán, capturado en Culiacán en enero pasado y en proceso de extradición, que es acusado por separado. Son cuatro delitos por narcotráfico, dos por delincuencia organizada, uno por lavado de dinero y otro por portación de armas. Las penas van de 10 años de cárcel a cadena perpetua; las multas, de 500.000 hasta 10 millones de dólares.

“Asumieron el antiguo papel de su cartel como líderes del cartel de Sinaloa”, se lee en el documento, en donde se acusa a los hermanos e hijos de El Chapo de coordinar las operaciones del grupo criminal, amasar las ganancias y blanquearlas. También de traficar drogas y precursores para fabricar fentanilo por medio de aviones, submarinos, botes, contenedores marítimos, tractores, autobuses, coches, trenes y túneles para cruzar la frontera. El tráfico involucra 10 países en América: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. “De acuerdo con documentos judiciales, los cargos surgen de un esfuerzo colaborativo y transversal que ha durado décadas”, resumen las autoridades estadounidenses. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y de cinco millones por Joaquín Guzmán López.

REFORMA

Azucena Vásquez

Cd. de México (22 abril 2023).- En México, prácticamente 9 de cada 10 habitantes del medio rural viven en pobreza, mientras que la mayor parte de los que no lo son viven en zonas urbanas, lo que evidencia una profunda desigualdad, advierte un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

México es un País predominantemente urbano con el 77 por ciento de su población concentrada en este medio, pero una mayor proporción de la población rural enfrenta pobreza, señala en el documento titulado “Brechas de pobreza rural en México: magnitud, evolución reciente y distribución territorial”.

Mientras que el 68 por ciento de la población urbana era pobre y el 37 por ciento vivía en pobreza extrema, cerca de 9 de cada 10 de zonas rurales eran pobres y el 62 por ciento, casi dos terceras partes estaban en situación de pobreza extrema, describe.

“México es un País de pobres tanto en el medio rural como en el urbano y sólo es un País de pobreza extrema en el medio rural”, lamenta.

Apunta que la distribución urbano-rural de los no pobres es la que hace más evidente la desigualdad campo-ciudad, ya que 9 de cada 10 no pobres habitan en el medio urbano.

Asimismo, detalla que en cinco entidades -Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México- habita el 39.1 por ciento de los pobres del País; en siete de ellas, las cinco mencionadas junto con Chiapas y Guanajuato, vive la mitad de los pobres totales.

En tanto que en 12 entidades federativas (sumando Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Guerrero y Tamaulipas) se localiza poco más de las dos terceras partes.

De acuerdo con el estudio de la Cepal, frente a este panorama, la política de la lucha contra la pobreza no puede estar localizada cuando dos terceras parte de la población vive en esta condición, sino que debe ser universal.

Si bien esta lucha debe realizarse tanto en el medio urbano como en el rural, en el corto plazo debe enfocarse en reducir la desigualdad de las condiciones de vida que hay entre ambos medios, añade en su estudio.

“Esta investigación muestra la descomunal gravedad de la pobreza rural, pero también que la urbana es la predominante, lo que también es grave. (Esto) Obliga a repensar completamente la manera de enfrentar la pobreza en el País”, señala.

Como parte de sus conclusiones, el estudio advierte que en la segunda década de este siglo, México sigue siendo un País en el que la incidencia de la pobreza comprende casi tres cuartas partes de la población, con una mayor magnitud en las zonas rurales.

EL PAÍS

ALEJANDRO SANTOS CID

México – 17 ABR 2023 – Este es un relato de globalización, capitalismo y drogas, pero también de manos corroídas por el trabajo en el campo, cosechas perdidas y comunidades que agonizan: una historia que puede rastrearse desde los campesinos que cultivan la amapola en las aisladas montañas de Guerrero, México, hasta los adictos al fentanilo que pueblan las esquinas de Los Ángeles, Estados Unidos. En un mundo interconectado hasta la saciedad, esa vieja idea de la teoría del caos que dice que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede traducirse en un huracán en Nueva York alcanza los rincones más insospechados de la realidad. Las drogas duras no son una excepción.

Hace 15 años, el fotógrafo César Rodríguez (Tepic, Nayarit, 39 años) conoció la montaña de Guerrero mientras trabajaba evaluando albergues indígenas. Ya nunca dejó de regresar. “Me marcó mucho. Iba, tomaba fotos, hablaba con la gente, me perdía un rato”, narra por teléfono. El carrete de su cámara se inundó de instantáneas de aquellos parajes en los que el cultivo de amapola era el centro de la vida económica, pero también social y cultural. De la flor se extrae una especie de resina de color marrón, llamada goma, que, después de secarse, se convierte en heroína, una potente, adictiva y letal droga que Estados Unidos y Canadá consumían masivamente —el 90% del producto, procedente de México—. El tráfico hacia el otro lado de la frontera supuso, durante décadas, el principal ingreso de estos pueblos. Hasta que llegó un nuevo narcótico que empezó a desplazar al opiáceo en el mercado: el fentanilo, una sustancia que arrasa en las calles estadounidenses y ha provocado una grave crisis de salud pública, además de tensiones diplomáticas entre México, la Casa Blanca y China. Con el declive del consumo de heroína llegó la decadencia. Las comunidades se rompieron, el dinero se esfumó, los hombres volvieron a emigrar. Y allí estaba Rodríguez, para documentarlo todo en Montaña roja, considerado uno de los mejores fotolibros de 2022 por el prestigioso MoMa (Museo de Arte Moderno) de Nueva York.

—Cosechan y cultivan para sobrevivir. Yo quería centrarme en la gente: las tradiciones, el estilo de vida por allá, sus rituales… Y vi que todo gira alrededor de la amapola: hay rituales para una mejor lluvia; si hay mejor lluvia, mejor cosecha; les piden a los curas que vayan a bendecir sus campos; o piden que no vaya el Ejército a quemarles y cortarles sus campos; las fiestas se pagan con dinero de la amapola; algunas personas mandan a sus hijos a estudiar fuera por el dinero de la amapola… La amapola es una economía para ellos.

Montaña roja forma parte de un proyecto más grande, un intento de juntar fuerzas entre la academia y el periodismo para relatar problemáticas tan complejas como la de la amapola y el fentanilo. “Desde el inicio de nuestras temporadas en la sierra, la gente empezaba a decir: ‘Los chinos exportan una nueva droga y los gringos no quieren más heroína’. Todo el mundo te contaba la historia. La gente no vio esa crisis de la amapola durante muchísimo tiempo en México, pero los campesinos lo tuvieron muy claro, como una especie de intuición macroeconómica. Es muy interesante cómo circula la información en un mercado ilícito, cómo la información de la calle en Estados Unidos termina en los campesinos de la sierra de Guerrero”, reflexiona Romain Le Cour, cofundador de Noria, uno de los centros implicados en la investigación.

“Lo que intentó hacer César en el libro es mostrar que una economía ilícita está completamente incrustada en la vida cotidiana”, continúa Le Cour, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona. Las fotografías de Rodríguez retratan Guerrero con la poesía pausada del blanco y negro: caminos de tierra que se pierden entre la niebla de las montañas; cabañas humildes, chabolas de plástico y aluminio; perros callejeros; mujeres de pelo muy blanco y caras surcadas de arrugas en iglesias que se caen a pedazos; campesinos de hombros caídos y mirada cansada, cortados por el mismo patrón de vaqueros, huaraches y sombreros; manos viejas y callosas, curtidas por el polvo, la siembra y la cosecha, con las cicatrices universales que dejan las eternas jornadas de trabajo en el campo; sembrados de amapola en la soledad de las laderas, con esas flores de tallos finos coronadas por una bola que recuerdan a la morfología de un cetro.

“La amapola era casi un subsidio”

Hace años, durante el boom de la heroína, en Estados Unidos se pagaba a 30.000 pesos el kilogramo de goma de amapola. Con el auge del fentanilo, el precio descendió a 3.000 pesos por kilo, una cifra que está lejos de ser rentable para los agricultores. “La gente nos decía: ‘Tengo campos de amapola, pero nadie me compra la goma’. Hay una visión de que la droga es el producto más rentable del mundo, no puede entrar en crisis, pero lo que se documenta en este proyecto es la crisis económica bastante inédita de una droga: es un producto que ya no vende por una transformación macro del mercado, de la demanda… Fue una desgracia para los campesinos de Guerrero, Sinaloa, Nayarit o Durango que se dedicaban al cultivo de amapolas durante décadas. Era la fuente de ingreso”, explica Le Cour.

La amapola, razona el académico, era “casi un subsidio”. “Surgió, se instaló, creció, se expandió y en la sierra y montaña la gente la empezó a cultivar hasta en el patio de su casa, sinceramente muy poco escondida, aunque reprimida de forma bastante discrecional por el Ejército. Una generación le pasó la actividad a la siguiente y permitió limitar durante un ratito cierta emigración a Estados Unidos. Permitió a la gente regresar a las comunidades, invertir en ellas, mandar a sus hijos a la universidad. Fue un subsidio muy fuerte a zonas muy pobres y muy abandonadas por el Estado”. Pero todo llega a su fin.

—La fuerza del mercado logró lo que ninguna política pública en 60 años: que la gente dejara de sembrar.

Sin la amapola, la fuente de ingresos se secó. Los habitantes de la montaña volvieron a emigrar hacia el norte, a Estados Unidos o las ciudades mexicanas, para enviar remesas a casa. Muchos otros tuvieron que trabajar otra vez como jornaleros, vendiendo sus días a cambio de sueldos míseros. “Hay una pauperización muy fuerte de comunidades que ya eran muy pobres. Por el momento no somos capaces de evaluar el impacto, pero hay una oportunidad increíble de volver a integrar a esta gente a economías lícitas por un regalo que le hizo la economía al Gobierno mexicano al sacar la amapola”, argumenta Le Cour.

Una mano, dos balas

Desde que Rodríguez empezó a ir a la montaña, el paisaje ha sufrido algunos cambios. Ahora, muchos campesinos dejan que las flores se pudran en los campos ante la falta de compradores. Otros se aferran a un pequeño repunte en las tarifas. Algunos, los menos, ya han empezado la transición a cosechas de aguacate o limones. El fotógrafo narra la historia de un hombre que, gracias a la amapola, pudo mandar a sus dos hijos mayores a la universidad. El tercero no corrió la misma suerte: quería estudiar informática, pero cuando tuvo la edad suficiente, los ahorros se habían esfumado y tuvo que quedarse en el pueblo y ayudar a su padre con la cosecha.

La violencia es, también, un fantasma que acecha las comunidades. Los grupos criminales que quieren hacerse con el control del negocio amenazan la paz de la montaña. En los pueblos se han formado grupos de autodefensa integrados por los propios campesinos. “Cuando fuimos la zona era muy libre de carteles, solo iban a comprar el producto, pero las últimas veces que fuimos el cartel ya empezaba a entrar. Nos comentaron que un pueblo está rodeado de pueblos dominados por el cartel: están encerrados, los niños no van a la secundaria porque está en otros pueblos rivales. Ahí estás en una paz aparente, se escucha por acá un balazo, por acá otro, ráfagas”, relata Rodríguez.

En el libro, hay una fotografía que ilustra el problema. Es una mano vieja, cubierta de polvo, con tierra entre las uñas. En la palma, muestra dos balas. Pertenecía al líder de un grupo de autodefensa. “Un año después de tomar la foto, lo asesinaron. Fue muy duro”, dice Rodríguez. No todo fueron malos recuerdos, sin embargo. “Con algunos sigo en contacto: alguno de los jóvenes de las fotos migraron a California, tengo pendiente ir a visitarlos con sus copias de los libros. Están trabajando de mojados y nos mandan memes y videos trabajando en la fresa”.

Campesinos que migran para seguir siendo campesinos. Comunidades que agonizan ante los cambios en las dinámicas del mercado. Drogas que pasan de moda y crisis de salud pública que se suceden. Fotografías para retratar abandonos.