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A la izquierda, la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa contrastada con una página de libro ‘Los derechos fundamentales en México’, del jurista Miguel Carbonell.

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIELBEATRIZ GUILLÉN

México – 24 FEB 2023 – La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, una escuela privada de México. EL PAÍS ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores han confirmado el plagio a este periódico. Dos académicos mexicanos, que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra, también han considerado que se trata de un plagio. Otra tesis anterior de Esquivel, la de licenciatura del año 1987, está siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen acreditó que se trataba de una “copia sustancial” del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes. Tras ser consultada insistentemente por este medio, la ministra no respondió a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje. El director del trabajo, José Antonio Núñez, ha declinado hacer comentarios.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”, afirma a EL PAÍS por teléfono José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España de 2020 a 2021 y hoy embajador ante la UNESCO, de quien Esquivel tomó, sin citar, su texto “Rousseau y los derechos humanos”, publicado en Historia de los derechos fundamentales (Dykinson, 1998), una monumental obra de siete tomos escrita en conjunto con otros autores que también fueron plagiados.

El jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México (UNAM, 2004), para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó tres. “Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, ha afirmado.

Tanto Rodríguez Uribes como Carbonell ignoraban que la tesis era de Esquivel al momento de revisar los apartados donde sus textos fueron transcritos, para que sus opiniones fuesen imparciales. Se les reveló que la ministra era la autora después de emitir sus valoraciones. Descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio equivale al 46,5% de las páginas escritas en la tesis.

Un académico e investigador de la UNAM que ha dirigido 44 tesis de doctorado y maestría, y que prefiere de momento no ser citado, sostiene que para la fecha en que Esquivel presentó su tesis doctoral, en 2008, en la academia ya había una conciencia de la gravedad del plagio académico. “Una tesis de doctorado no puede tener estas fallas: no puedes tener casi un 50% de la totalidad que pertenece a otra autoría. Yo pensaría que esto es un plagio. Son demasiados problemas de citación. Demasiados elementos que te permiten mirar la falta de técnica y la mala fe, de que te quieres apropiar de otro trabajo”, considera.

Otro académico especializado en Derecho y que ha asesorado 30 tesis, que también ha pedido omitir su nombre, afirma que tras la revisión de la tesis identificó “patrones” de plagio. “Se toman como suyos párrafos completos y consecutivos de los diferentes autores, sin hacer referencia, sin que haya comillas, e incluso, las notas a pie de página son las notas del texto original. E incluso el formato de las notas al pie de página cambia de acuerdo con el libro [que se utilice]. Cuando el autor hace análisis, no solamente se retoman: son textualmente los análisis del autor original”, describe. “No se puede considerar un error de citación porque es un patrón de utilización de ideas y párrafos completos de otros libros. Yo lo consideraría un texto de plagio, no es un texto de autoría propia, no debería poder ser evaluado”.

Estos dos académicos pidieron omitir sus nombres por temor a represalias tras enterarse que la tesis de doctorado que analizaron a ciegas había sido sustentada por la ministra. Uno de ellos pidió que tampoco fuera identificada la universidad a la que está adscrito.

Esquivel era magistrada en el Tribunal Superior Agrario en el momento en que entregó su tesis de doctorado, en 2008. Entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de siete sinodales —todos ellos académicos de la Universidad Anáhuac— que, según se observa en los argumentos de su voto, reconocieron la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho. Ni los sinodales ni el asesor de la tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa, se percataron del plagio o no lo hicieron notar. Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora.

Los autores plagiados

Mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y un cotejamiento directo en acervos bibliográficos, este periódico ha logrado establecer que la jueza tomó extractos de la obra Derechos y garantías: la ley del más débil (Trotta, 1999), de Luigi Ferrajoli, un prolífico jurista italiano de 82 años que ha escrito una docena de libros; también de Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones (Trotta, 1996), de Maurizio Fiarovanti (1952-2022), un investigador y académico también italiano; lo mismo del libro Los derechos del hombre (Reus, 1969), del jurista español José Castán Tobeñas (1889-1969), que fue presidente del Tribunal Supremo de su país; así como de los ensayos “El concepto de derechos humanos” (IIDH, 1994) del académico venezolano Pedro Nikken (1945-2019), expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y “Naturaleza legal de los derechos fundamentales” del jurista alemán Rainer Arnold, incluido en el libro Los derechos en Europa, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 1997.

Otros autores cuya obra fue copiada son los juristas españoles Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012) —expresidente del Congreso y considerado uno de los padres de la Constitución tras el franquismo—, Eusebio Fernández García (1952) y Antonio Enrique Pérez Luño (1944), con quienes Rodríguez Uribes (1968) publicó Historia de los derechos fundamentales. El exministro de Cultura de España ha constatado que Esquivel también plagió el capítulo publicado en ese libro por su colega Pérez Luño, titulado “El papel de Kant en la formación histórica de los derechos humanos”.

De Pérez Luño Esquivel también copió el ensayo “Los fundamentos de los derechos humanos”, publicado en 1983 en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), que edita desde 1941 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. “Cuando una persona, a lo largo de muchas páginas, reproduce textualmente contenidos publicados previamente por otras personas y no los entrecomilla, atribuyéndoselos textualmente, como no cita a esos autores originales, está plagiando”, afirma Rodríguez Uribes.

Además, Esquivel extrajo capítulos de obras escritas por otros autores mexicanos, como Las garantías individuales (Porrúa, 1944) y El juicio de amparo (Porrúa, 1943), del abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005), y de La Constitución de Querétaro, tesis de licenciatura presentada en la UNAM en 1968 por Jorge Carpizo MacGregor (1944-2012), un reconocido jurista y político que fue rector de la misma universidad, fiscal general de México, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y secretario de Gobernación.

Algunos capítulos y subcapítulos de la tesis de Esquivel tienen el mismo nombre que eligieron los autores originales. La copia incluyó las citas al pie que los autores refirieron en sus obras. En algunos casos esas citas fueron tomadas por la ministra y llevadas al apartado de Bibliografía de su tesis como si ella misma las hubiera consultado de primera mano. Por ejemplo, un libro de Kant aparece en alemán y un libro de Bobbio está en italiano, porque así los consultó Pérez Luño en su capítulo publicado en Historia de los derechos fundamentales.

La transcripción de las citas al pie es tan fiel que en una de ellas la ministra escribió: “El concepto de ‘gobernado’ lo tratamos en nuestra obra Las garantías individuales, capítulo segundo”, una anotación que hizo Burgoa Orihuela en El juicio de amparo. En otra parte incluyó la acotación “N. del T.” (nota del traductor) proveniente del libro de Fioravanti. En otra página transcribió: “Véase nuestro artículo ‘Derechos subjetivos’ en la Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, t. VII”, una anotación que en realidad hizo Castán Tobeñas en referencia a una obra publicada entre 1950 y 1965 (Esquivel nació en 1963).

La ministra reprodujo en su tesis literalmente 37 páginas de Las garantías Individuales del prestigioso constitucionalista Ignacio Burgoa. De este libro, cuya versión actualizada de 2001 es la que toma Esquivel, copia cuatro apartados —sin una sola cita al autor— para su capítulo “Las garantías individuales y los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano”. Unas páginas más adelante, en ese mismo tramo de la tesis, Esquivel sí nombra a Burgoa, abre comillas y señala que ha utilizado la página 191 y 192 de ese mismo libro. En realidad, había trasladado íntegramente de la 155 a la 195.

Algo similar hizo la jueza en su apartado sobre el “Concepto formal de los derechos fundamentales”. Comienza citando a Luigi Ferrajoli, cierra las comillas al final del párrafo y prosigue con el mismo texto que publicó el autor italiano años antes. Aunque de vez en cuando incorpora nociones de otros juristas —lo que rompe el esquema exacto original—, plagia al italiano durante 33 páginas, en una de las copias más extensas de la tesis. Ferrajoli, que revisó el trabajo en español, considera que no hubo plagio, “sino la cita y discusión de una de mis ideas”. El autor italiano no hace mención a que Esquivel transcribe las notas al pie y citas textuales que él mismo puso, ni de las varias páginas que ella copia sin citar su libro.

El libro de Carbonell sí fue incluido por Esquivel en el apartado general de la Bibliografía de su tesis, aunque nunca al pie de las 14 páginas en las que la ministra transcribió el texto del abogado mexicano. Entrevistado por este periódico, Carbonell refiere que para escribir Los derechos fundamentales en México —que califica como su obra “cumbre”— él utilizó algunos libros y revistas que solo estaban disponibles en acervos de España, donde él redactó.

Una de esas obras, el ensayo “Una clasificación de los derechos humanos”, de Manuel Atienza, compilado en el Anuario de Derechos Humanos y publicado en Madrid en 1986, figura en las páginas copiadas por Esquivel y también en su bibliografía. “Esa revista es imposible de conseguir. Si tú me dices: ‘consíguela aquí y ahora’, no se consigue. Yo conseguí el texto en España. Yo lo tengo fotocopiado. Es un autor español que yo traje a una publicación mexicana. O se refiere mi libro o yo veo difícil que alguien haya tenido acceso a este autor”, resume Carbonell. El jurista mexicano incluso hace notar cómo, en una de las páginas copiadas de su obra, Esquivel transcribió este apunte suyo: “Otra cuestión de orden conceptual tiene que ver con la denominación misma de ‘derechos fundamentales’ que se ha elegido para el título de este libro”, cuando lo que ella estaba presentando no era un libro sino una tesis.

La “mala fe”

En otros capítulos, sin embargo, no hay ni una sola cita de las obras copiadas. Es el caso del ensayo “Naturaleza legal de los derechos fundamentales” que la ministra toma del jurista alemán Rainer Arnold. Ahí, según una revisión externa de una académica relacionada con la publicación que prefiere no ser citada, “se repiten hasta las comas”: “Son evidentemente iguales. Es presentar un trabajo a base de cortar y pegar”, ha afirmado.

Tampoco hay rastro ni al pie ni en bibliografía de las 22 páginas reproducidas casi textualmente de la obra de Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones de Fiovaranti, ni de las cinco de Los derechos del hombre de José Castán Tobeñas, ni de las 10 del texto de Rodríguez Uribes. Este autor, que también es miembro de la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señala que Esquivel incluso copió, sin citarle, el término “rusoniano”, que él eligió en lugar del habitual “rousseauniano” en un ejercicio de originalidad autoral. Aunque se trata de un “detalle”, para el jurista español demuestra la magnitud de la copia. “En mi tesis doctoral dudé, pero al final opté por esa palabra: yo digo ‘rusoniano’. Y lo hago siguiendo a un profesor, José Rubio Carracedo, que ya lo había hecho, y pensando en simplificar el lenguaje. Nunca he tenido claro si yo hice bien eligiendo esa palabra o no, pero ella la utiliza sin citarme a mí”, señala.

El académico de la UNAM consultado afirma que en la tesis de Esquivel hay elementos “probatorios de mala fe”, como haber copiado los pies de página a otro autor en 18 subcapítulos o no haber citado los libros utilizados siquiera en la bibliografía general: “Como sucede con la tesis La Constitución de Querétaro de Jorge Carpizo. Aquí hubo tan mala intención que ni siquiera la puso”. El otro investigador señala que en trabajo de Esquivel advierte algunos párrafos sueltos que sí son originales, pero que funcionan como conectores para unir las partes plagiadas. “Una tesis de doctorado es una investigación: debe contar con un problema, establecer hipótesis, una metodología de análisis y luego un desarrollo. El texto [de Esquivel] parece una obra monográfica que compila, no hay estructura narrativa, no hay una pregunta de investigación que se trate de responder”, dice.

Estas fallas no fueron apreciadas por los sinodales que compusieron el jurado de Yasmín Esquivel. David Jiménez González, exsenador, exmagistrado y hoy embajador en Honduras apuntó: “Esta magnífica obra considera una minuciosa, profunda y responsable investigación que le da un valor singular de carácter intelectual, lo que siempre, por cierto, ha demostrado la maestra Esquivel Mossa”.

La catedrática Sara Pérez Kasparian consideró que “el trabajo goza de la calidad requerida, es novedoso, innovador y va a resultar útil como acervo bibliográfico”. Víctor Manzanilla Schaffer, exgobernador priista de Yucatán, lo definió como “un libro de consulta” y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como “un análisis profundo sobre los derechos fundamentales”. Además, componían el tribunal Eduardo Enrique Gómez García, un militar que fue encargado del órgano que administra las prisiones federales, y los catedráticos Carlos Cabrera Beck y Héctor Moreno Núñez.

El 21 de diciembre de 2022, tras los primeros señalamientos de plagio en su tesis de licenciatura en la UNAM, la ministra acudió en su defensa a su asesor de tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa. Este le firmó una carta —que ella hizo pública en su cuenta de Twitter— en la que el profesor destacó que su trabajo de titulación de posgrado era “sobresaliente en la investigación, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor académico” exigido por la Universidad Anáhuac.

En las únicas declaraciones que la ministra ha hecho tras el estallido del primer escándalo aseguró que no iba a renunciar. “Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme”, señaló. Obtener el grado de doctora apuntaló la carrera judicial de Esquivel. Tras recibir en 2009 el título y su cédula profesional expedida por la SEP —documento oficial que la habilita como profesionista—, logró ingresar al Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, donde comenzó una larga trayectoria, primero como magistrada de Sala Superior y luego como presidenta, cargo que ejerció desde 2012 hasta 2019, cuando fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia para un periodo de 15 años. Esquivel podrá estar en el Supremo mexicano hasta 2034.

EL PAÍS

JOSÉ CARLOS OLIVA LÓPEZ

México – 24 FEB 2023 -Soldados del Ejército mexicano recogen el lábaro patrio en el Zócalo de Ciudad de México, el pasado 20 de febrero.

México celebra a sus símbolos. La bandera, uno de los más importantes, tiene un día oficial del calendario para su reconocimiento. Son las escuelas del Estado las que mantienen la tradición de hacer honores al lábaro patrio y de reafirmar el juramento a la bandera. Este culto nacional surgió, precisamente, en tiempos en que el país trataba de forjar una sola identidad luego de que, a propósito de la Revolución mexicana, se estirara el discurso filial en función del interés político de los diferentes grupos que intentaban hacerse del poder. Fue el 24 de febrero de 1934, mismo año en que Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia, cuando se estableció la conmemoración, aunque no fue oficial sino hasta 1940, cuando el propio Cárdenas decretó la fecha.

Nacimiento de una bandera, de una nación

Consumada la Independencia de México en 1821, Agustín de Iturbide modeló el estandarte del ejército Trigarante en la celebración del Plan de Iguala. Dispuestos en diagonales, aquella insignia contenía desde entonces los colores vigentes de la bandera actual. El significado de los colores era distinto al que se conoce hoy en día: el blanco reconocía al catolicismo como religión nacional, el verde enmarcaba la Independencia de México ante España y el rojo simbolizaba la unidad de la sociedad naciente de la que eran parte mexicanos, españoles y castas.

Principales cambios en la bandera de México en la historia

En 1823, pasado el corto Imperio que estableció Iturbide, el Congreso Constituyente decidió mantener los colores en la Bandera Nacional, primer lábaro patrio oficial. El cambio más significativo recayó en el escudo, ya que sustituía la corona imperial por un águila con los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino. Al llegar Benito Juárez a la presidencia, a mediados del siglo XIX, arropado por un discurso propio y alejado de la Iglesia, los valores simbólicos del blasón cambiaron: el color verde fue utilizado para representar la esperanza, el blanco para la unidad y el rojo para recordar la sangre de los héroes de la patria. Y con los nuevos significados, un Estado laico.

A finales de 1880, el presidente Porfirio Díaz realizó una modificación significativa a la bandera: entonces el águila del escudo se mostró de frente, alas desplegadas, por la tradición militar francesa; el dictador mexicano tuvo una conocida fijación cultural por el país europeo. Más tarde, durante la Revolución mexicana, el presidente Venustiano Carranza, en la misma lógica nacionalista, decretó el 20 de septiembre de 1916 que el águila cambiara de posición nuevamente, esta vez postrada sobre un nopal asentado sobre una roca rodeada de agua y resguardado por un semicírculo de encino y laurel. El águila, además, se mostraría de perfil izquierdo, como si en aquella forma quedara impresa la postura ideológica del régimen carrancista.

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Escrito por: Daniela Pamatz

Mezcal y amor o desamor ¿Cuál es la mejor combinación? Si aún no tienes planes para este último fin de semana del mes del Amor y la Amistad, aquí en adn40 te compartimos que hacer solo, con pareja o amigos.

Si eres fan de este destilado no debes dejar pasar la oportunidad para asistir al evento gratuito que contará con más de 40 expositores de mezcal, procedentes de distintas regiones del país, como Durango, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca.

El evento lleva por nombre Festival Amor y Mezcal y además de la bebida y degustación gastronómica de antojitos mexicanos, podrás disfrutar de actividades culturales y musicales; así como un pequeño bazar y hasta un altar de bodas.

¿Dónde se realiza el Festival Amor y Mezcal?

Este evento se realizará el sábado 25 y domingo 26 de febrero entre las 11:00 y 19:00 horas. La cita es el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa #234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Una buena referencia para llegar en medio de transporte es el metro Centro Médico y/o el Metrobús Dr. Márquez o Campeche.

Toma en cuenta que al Festival Amor y Mezcal también podrás acudir con tu amigo de cuatro patas, ya que el lugar es petfriendly. También habrá shots de cortesía al llegar al evento, así que intenta llegar temprano, porque seguro se agotarán rápidamente.

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¿Qué hacer en el Festival Amor y Mezcal?

El evento es organizado por Bazar Afán Creativo y en redes sociales se pueden consultar más detalles, como por ejemplo que la oferta gastronómica incluirá café, cacao, miel, tlayudas, cecina, queso, conservas, repostería, productos veganos, entre otros. En cuanto a la bebida no solo habrá mezcal, sino cerveza, coctelería y más.

En la zona de bazar podrás adquirir accesorios, calzado, ropa, decoración, artículos para mascotas y cosméticos naturales; aunque también habrá diversas variedades de mezcal , incluso en cremas como chocolate, coco o menta ¡Recuerda que en el lugar podrás pagar en efectivo o con tarjetas de crédito y débito!

México / Nueva York – 23 FEB 2023 – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acostumbra a parafrasear la famosa cita —”Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”— acuñada por el general Porfirio Díaz para sintetizar la espinosa relación con el vecino del norte, invasión incluida, durante el siglo XIX. López Obrador la utiliza ahora con un ligero cambio —“Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”— y una intención muy distinta, demostrar sintonía y lanzar puentes con la Administración de Joe Biden. Aunque en los últimos años a la cita reformulada por el presidente mexicano se le puede encontrar incluso un significado y recorrido mayor. Al menos si se atiende al papel decisivo de la Justicia estadounidense en el combate contra el crimen organizado.

La condena de este martes contra Genaro García Luna, declarado culpable de hasta cinco cargos en una corte de Nueva York, incluidos narcotráfico y delincuencia organizada, es el último episodio —y el de más envergadura al tratarse de un exsecretario de Seguridad Pública— dentro de una larga serie de actuaciones judiciales al norte del río Bravo. Unos golpes que empezaron, precisamente, con la llamada guerra contra el narco que inició en 2006 el propio Gobierno de Felipe Calderón, del que García Luna llegó a ser uno de sus hombres más poderosos.

Durante las últimas casi dos décadas, se han sucedido las detenciones en suelo estadounidense. Mientras que los Gobiernos mexicanos de todos los colores han emprendido una decidida política de extradiciones de grandes capos. Solo durante el mandato de Calderón se extraditaron a 498 personas, duplicando las cifras de su antecesor, Vicente Fox. La figura de El Chapo Guzmán, juzgado y condenado a cadena perpetua también en Nueva York tras fugarse hasta en dos ocasiones de una cárcel de máxima seguridad en México, es el mayor símbolo de este particular trasvase de competencias entre vecinos. Igual que EE UU deslocaliza sus fábricas para buscar producir más barato en el sur, pareciera que la Justicia sigue la misma lógica, aunque en la dirección contraria: México externaliza sus tribunales al norte de la frontera en busca de unas garantías que no encuentra en casa.

Un juicio mexicano con reglas estadounidenses

Las asimetrías fueron evidentes desde el inicio del juicio a García Luna. Mientras la tormenta política se desataba en México, el interés por el caso en Estados Unidos era mínimo. Las crónicas periodísticas que hablaban del Mexico’s Top Cop, el superpolicía mexicano que se jugaba su destino en una corte de Nueva York, se difuminaron al cabo de unos días en el ciclo informativo del país más poderoso del mundo. Mientras que los medios en español recogían cada detalle de los testimonios que salpicaban y removían las más altas esferas políticas al sur de la frontera. Fue un juicio “mexicano”: por la nacionalidad del acusado y de los testigos clave, porque los delitos se cometieron primordialmente en México y porque tuvo sus pasajes más interesantes en español. Pero siempre estuvo claro que las reglas del juego eran de Estados Unidos y de su sistema de justicia.

El juicio más importante contra un exfuncionario mexicano se celebró en Estados Unidos y eso tuvo implicaciones profundas. Los debates interminables por la preponderancia de testimonios sobre las evidencias físicas y la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por capitalizar el resultado se quedaron a las puertas de la corte, así como muchos de los episodios más controvertidos en la carrera de García Luna. En cambio, el destino del exsecretario se puso en manos de un grupo de 12 ciudadanos con poco conocimiento de la guerra contra las drogas en el país latinoamericano y mucho menos de quién era el acusado. Los miembros del jurado no supieron de los escándalos por montajes, de la fortuna que todavía persigue el Gobierno mexicano o el inmenso poder que amasó el exfuncionario. Aun así, eso fue suficiente para comprobar los cinco delitos que pesaban contra él más allá de una duda razonable.

La defensa presentó cinco fotografías del acusado con figuras como el expresidente Barack Obama y los excandidatos presidenciales John McCain y Hillary Clinton. Los jurados, sin embargo, tampoco tuvieron conocimiento de la estrecha colaboración entre México y la Casa Blanca durante el Gobierno de Felipe Calderón. Mientras los testimonios provocaban oleadas de acusaciones contra autoridades y actores públicos de todos los niveles en México —expresidentes, gobernadores, miembros del Gabinete, jueces, policías, militares y periodistas—, no se mencionó nada sobre sus contrapartes estadounidenses. Tampoco se exigieron muchas explicaciones desde la prensa ni la sociedad civil de EE UU. El juicio logró escapar del huracán político en México, pero se pagaron costos muy altos para ello.

El proceso contra García Luna fue en México una suerte de examen a la polémica política de lucha contra las drogas del Gobierno de Calderón. Pero también el reflejo de las asimetrías que existen en la relación entre ambos países, de la incompatibilidad de sus prioridades y realidades, de lo que supuso un fallo histórico para un país y prácticamente inadvertido para el otro.

EL PAÍS

DAVID MARCIAL PÉREZELÍAS CAMHAJI

EL UNIVERSAL

 Luis Carlos Rodríguez 

El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada clausula de vida eterna de los partidos satélites, que de inmediato se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma fue aprobada por 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, mientras que el PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural con 50 sufragios en contra.

Durante un largo debate donde la oposición reiteró su rechazó a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del Plan B y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre del 2022.

La senadora por Morena, subrayó que la denominada “cláusula de vida eterna de los partidos no forma parte del decreto de reforma en materia electoral”, manifestó.

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El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del Plan B tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.

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“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. (…) Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y “consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política”.

Con información de Víctor Gamboa

México – 22 FEB 2023. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador alista el despegue de la aerolínea del Ejército bajo la marca Mexicana. Aunque la Administración federal aún no abona los 816 millones de pesos que prometió al sindicato para hacerse del nombre de la extinta aerolínea y de los activos que aún resguardan, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, asegura a EL PAÍS que el Estado ya se encuentra en ese proceso. Además de adquirir el nombre Mexicana, el Gobierno adquirirá un conjunto de bienes que eran parte de la compañía: dos simuladores de vuelo, un centro de adiestramiento, un piso en Ciudad de México y un edificio en Guadalajara, en el Estado de Jalisco. La aerolínea tiene previsto alzar vuelo en diciembre de 2023 y tendrá como centro de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también gestionado por las Fuerzas Armadas. El despegue de la nueva Mexicana comenzará con cuatro a cinco aviones rentados por el Gobierno hasta alcanzar una flota de unas 10 aeronaves.

Mexicana de Aviación fue durante años la aerolínea más grande de América Latina, pero tras casi 90 años de operación aterrizó de golpe por el batacazo económico en agosto de 2010 y cayó en quiebra en medio de una crisis financiera, dejando en la calle a más de 7.000 empleados. Los extrabajadores han demorado más de década en conseguir un acuerdo que compense la desaparición de la aerolínea. Tras años de espera, los pilotos y sobrecargos de la aerolínea están a punto de conseguir un acuerdo para resarcir parte del daño económico que les produjo la abrupta bancarrota de la aerolínea.

El tablero aeronáutico en México cambiará en los próximos meses. Mientras jugadores privados se han retirado lastrados por deudas millonarias como Interjet y, recientemente, Aeromar, el Ejército prevé un despegue con su propia aerolínea y la administración de un puñado de aeropuertos a finales de este año. “El Ejército va a entrar a cubrir su parte del mercado aéreo, ahorita está creciendo mucho el mercado en México, pues los mercados que más a nivel mundial va a crecer más y como es del Estado, entonces va a llegar a reforzar las partes de lo que necesitamos. El Ejército tiene que entrar en la actividad porque tenemos que utilizar ese potencial que tiene, que representan más de 300.000 personas”, explica el funcionario federal.

Asignatura pendiente: la categoría 1 de seguridad

La recuperación de la máxima categoría de seguridad aérea para México es una de las prioridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Jiménez Pons, hace un balance a casi dos años de haber reprobado la evaluación en seguridad aérea de Estados Unidos y asegura que el Gobierno Federal está cada vez más cerca de subsanar la treintena de observaciones que en mayo de 2021 hicieron las autoridades aeronáuticas internacionales y que derivó en la degradación al nivel 2 del país. “Hubo un retraso, indudablemente, derivado de unas malas decisiones, eso ahí está a la vista y el cambio que se generó vino a cambiar toda esa situación, a hacer un ritmo de trabajo mucho más intenso, se abrió mucho el equipo, cambió mucha gente, gente con mucho mayor capacidad de interlocución”, detalla.

“Los problemas son los mismos. El primer problema es legal, hasta que no se tenga la ley y los reglamentos, prácticamente ya están, pero necesitamos que pasen en comisiones (legislativas), ya está todo listo para que pase esa ley. Todos estamos de acuerdo con que tenemos que recuperar la categoría 1″, confía. Entre los cambios normativos figuran asuntos en medicina de transporte, sanciones de accidentes y manuales. El subsecretario califica como crucial los recientes viajes entre México y Estados Unidos para tratar directamente el tema de la calificación, sin intermediarios.

“Ahora se tiene que hacer toda una revisión, viene la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), si ya se resolvió todo esto se pide la auditoría. En teoría, la auditoría se solicita la primera quincena de marzo y contamos cuarenta y tantos días a partir de eso y te dan la resolución, por eso digo para abril o para mayo, por eso sí, se van a cumplir los dos años”, explica Jiménez Pons sobre el proceso.

El funcionario federal confía en conseguir el visto bueno de las autoridades aeronáuticas y con ello, finalmente, las aerolíneas mexicanas ya podrán expandir sus vuelos hacia el mercado estadounidense, una posibilidad que desde mayo de 2021 está cerrada debido a la degradación. En este momento, reconoce, hay una petición de abrir de cinco a seis rutas nuevas hacia EEUU en espera de que recuperar la categoría 1 para que puedan arrancar. “México sí tiene una posición privilegiada con el resto del mundo y nos iría mejor al subir de categoría”, añade. Jiménez Pons, no obstante, tampoco descarta que en esta ruta existan turbulencias e incluso, que el país repruebe la próxima auditoría: “Sí nos pueden reprobar y en ese caso serían otros tres meses”, admite.

La calificación 2 en la que se encuentra atrapada México, desde hace meses, significa que las leyes o reglamentos del país carecen de los requisitos para supervisar las normas mínimas de seguridad internacional de las compañías aéreas mexicanas o que la autoridad de aviación civil, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) carece de experiencia técnica, personal capacitado y procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad. La última vez que México perdió la categoría 1, en 2010. En ese entonces, el Gobierno tardó cuatro meses en volver al máximo nivel de seguridad aérea.

Implementar el cabotaje en México, pero con candados

En tercera línea de discusión, se encuentra la polémica iniciativa que en diciembre pasado envió el presidente López Obrador para abrir las rutas nacionales a aerolíneas extranjeras, una práctica conocida como cabotaje. Con la medida, el mandatario busca bajar los precios de los boletos, pero sobre todo reflotar el AIFA. Las aerolíneas mexicanas han denunciado que abrir las puertas a la competencia extranjera amenazaría su existencia.

Jiménez Pons indica que el debate con ambas partes está en curso y que se buscará implementar el cabotaje en México, pero con candados. “Va a ser específicamente para estimular ciertos destinos y en ciertas condiciones. El primer candado es que tienes al consejo de seguridad diciendo sí entra o no entra y tienes que justificar que se está desarrollando y que los destinos a los que se está entrando tengan una justificación socioeconómica, política y social”, explica.

El funcionario especifica que las aerolíneas extranjeras tendrán que presentar además un plan de negocios factible ante la AFAC, que tendrá la última palabra. “Necesitamos incentivar competencia y necesitamos incentivar ciertos destinos que no hay quien entré, por ejemplo, en Colima”, concluye.

CON INFORMACION: EL PAÍS

KARINA SUÁREZ

México – 22 feb 2023. El “culpable” leído este martes por un juez de Nueva York contra Genaro García Luna va mucho más allá de la primera condena en EE UU contra un alto exfuncionario mexicano por corrupción y vínculos con el narcotráfico. La caída del máximo jefe de la policía y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) impacta de lleno a la política mexicana y abre la puerta a un terremoto que amenaza con sacudidas en todos los frentes.

El histórico veredicto, que certifica que García Luna trabajó a sueldo para el cártel de Sinaloa durante más de 20 años, aumenta sobre todo la presión en torno al expresidente Calderón, cada vez más acorralado y con más dificultades para seguir sosteniendo que nunca supo nada de los negocios oscuros de su hombre de confianza. El desgaste del último expresidente panista arrastra también a su partido y, de rebote, al resto de la alianza opositora -PRI y PRD- que han optado por mantener hasta ahora un elocuente silencio.

Desde la otra orilla, en Morena no han tardado sin embargo en sacar la artillería colocando en la diana no solo a Calderón, sino también al anterior presidente panista, Vicente Fox, para quien también trabajó García Luna mientras con la otra mano ya había puesto en marcha sus tratos sucios con la mafia de Sinaloa. El fallo concede más gasolina todavía al discurso polarizador de López Obrador que reduce toda la oposición a un grupo indistinguible de corruptos. Una de las palancas que, en gran medida, le aupó al poder y que le sigue garantizando unos altos niveles de popularidad.

Más allá de la batalla por el relato, otra de las consecuencias es el evidente daño a la imagen de las instituciones mexicanas. Una mancha incrementada por el hecho de que otra vez han tenido que ser los tribunales estadounidenses los que han impartido justicia en caso de crimen organizado. Como máximo jefe de la seguridad mexicana, García Luna mantuvo además línea directa con EE UU como confidente y socio prioritario. Otro golpe al siempre delicado equilibro de poder y confianza sobre el que se sostiene la relación bilateral.

Desde la detención del exfuncionario hace más tres años en Texas, López Obrador ha buscado capitalizar el castigo estadounidense a la corrupción como una victoria propia. Una estrategia que contrasta con su defensa cerrada del general Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el último gobierno priista, y arrestado también al otro lado de la frontera por narcotráfico y lavado de dinero. Al Gabinete morenista no le importó entonces entrar al choque con la Casa Blanca y movilizó toda su maquinaria diplomática para lograr el traslado del exsecretario de Defensa a México, donde finalmente fue exonerado.

Genaro García Luna, culpable: los nervios, la tensión y las lágrimas detrás de un fallo histórico

En esta ocasión, López Obrador dejó claro muy pronto que no pensaba desaprovechar la oportunidad de cargar contra Calderón, probablemente su mayor némesis política. Desde la derrota por un dedo ante el panista en las polémicas elecciones de 2006, el actual presidente ha mantenido que aquello fue un robo. Además de culpabilizarle de la espiral de violencia que azota el país desde su decisión, al poco de llegar al poder, de sacar a los militares de los cuarteles para combatir en las calles al crimen organizado.

El juicio a García Luna ha sido un desfile de dedos apuntando a diferentes cuadros de la política mexicana, ilustrando con cientos de ejemplos las relaciones entre autoridades y criminales donde el dinero corrupto garantizaba una gigantesca impunidad. Desde exgobernadores hasta el propio expresidente Calderón, los señalados han salido a la palestra a negarlo todo. En el caso del exmandatario, fue el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que cumple condena en EE UU por narcotráfico, el que aseguró que las órdenes de proteger a la gente del Chapo venían directamente de la silla presidencial.

Calderón reaccionó al instante en sus redes sociales: “Nunca negocié ni pacté con criminales”. El mismo mensaje con el que ha insistido tras el fallo del jurado de este martes, además de subrayar que el caso se está utilizando para atacarle políticamente. A finales del año pasado, EL PAÍS informó que el exmandatario había conseguido un permiso de residencia en España gracias a un contrato como profesor en la fundación del expresidente conservador José María Aznar.

Una de sus últimas declaraciones públicas ha sido un texto publicado el fin de semana pasado en la prensa mexicana llamando a la unidad de las fuerzas opositoras contra López Obrador. El movimiento del expresidente no fue bien recibido por todos los sectores de la oposición, que atraviesa un momento crucial de cara los comicios estatales -en Estado de México y Coahuila- de este mismo año, la antesala de la carrera presidencial de 2024. Cada vez son más las voces que consideran que, hoy más que nunca, Calderón no es precisamente el compañero ideal para disputar a López Obrador uno de sus mayores activos y banderas electorales: la lucha contra la corrupción.

CON INFORMACIÓN: EL PAÍS

DAVID MARCIAL PÉREZ

Nueva York – 21 FEB 2023 – Genaro García Luna ha sido declarado culpable de todos los cargos este martes en Nueva York. Después de tres días de deliberaciones y cuatro semanas de declaraciones, el veredicto del jurado marca el final del juicio por narcotráfico y delincuencia organizada contra el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Ha sido el proceso judicial de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano que ha habido en Estados Unidos. La sentencia está prevista para el próximo 27 de junio. El antiguo jefe de la Policía Federal y zar antidrogas se enfrenta a una condena de 20 años de prisión a cadena perpetua.

“Culpable”. Esa ha sido la palabra que el juez Brian Cogan ha leído en cinco ocasiones después de que el jurado anunciara que había llegado a una decisión unánime. Los 12 ciudadanos estadounidenses elegidos para definir el destino de García Luna también afirmaron que la Fiscalía logró demostrar más allá de una duda razonable que el acusado colaboró durante más de 20 años con el Cartel de Sinaloa, desde que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hasta la fecha. El exfuncionario, antiguo arquitecto de la guerra contra el narcotráfico y hombre de confianza de Calderón, recibió el veredicto visiblemente nervioso. Al final, antes de retirarse de la sala, miró a su esposa y a sus dos hijos, y asintió con la cabeza. No estuvo más de 20 minutos frente al juez. Nunca se le vio más angustiado durante el proceso judicial.

Detenido en Texas en diciembre de 2019, apenas cinco meses después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera sentenciado a cadena perpetua, García Luna se enfrentó a tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas en la corte de Brooklyn. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la misma que precipitó la caída del capo mexicano más famoso de los últimos tiempos, lo acusó de colaborar durante años con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

La llegada del veredicto no estuvo exenta de suspenso en la recta final. Un par de minutos después de que se anunciara que el jurado había alcanzado un acuerdo, los integrantes tuvieron que salir una vez más de la sala porque olvidaron marcar la casilla de “culpable” en el cargo de delincuencia organizada. En esos minutos, se podía escuchar el ruido de un alfiler. La familia esperaba preocupada, los abogados no podían esconder la incertidumbre y algunos jurados estaban conmovidos casi al punto de las lágrimas.

No se hizo ninguna concesión a la defensa, los ciudadanos dieron la razón en todos los puntos en liza a la Fiscalía. “Han hecho un trabajo sobresaliente”, ha felicitado Cogan al jurado, que ha deliberado durante más de 15 horas en tres jornadas distintas. “Pocos países hacen esto, pero nosotros sí lo hacemos. Lo hacemos porque confiamos en ustedes, confiamos en su sentido común”, dijo el juez sobre la decisión de dejar la decisión a 12 ciudadanos.

“Con ayuda del Gobierno, el cartel creció en cuanto a territorio, en la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos”, afirmó Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, el primer testigo llamado a declarar en el juicio. La misma tesis se repitió en las conclusiones de los fiscales. “Es imposible que el cartel se hubiera expandido como lo hizo sin el apoyo del Gobierno mexicano”, aseguró la fiscal adjunta Saritha Komatireddy el pasado miércoles.

Los testimonios del juicio también salpicaron a la Administración de Calderón. Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit y convicto por nexos con el narcotráfico, dijo que se dio la instrucción de proteger a El Chapo Guzmán sobre el resto de narcotraficantes. “La línea era El Chapo”, sostuvo Veytia. El expresidente negó que tales ordenes existieran durante su mandato. “Nunca negocié ni pacté con criminales”, respondió el exmandatario.

El juicio contra el antiguo miembro del Gabinete sentó en el banquillo de los acusados a la guerra contra el narcotráfico que se lanzó durante el Gobierno de Calderón y que marcó el ascenso meteórico para García Luna, hasta entonces un funcionario de segunda línea. Temido, ambicioso y poderoso, el hombre que puso rostro a la lucha contra las drogas se convirtió en una de las figuras más polémicas de la política mexicana.

Por órdenes del juez y por cómo se construyó el caso en Estados Unidos, muchas de las dudas que planearon sobre el legado del antiguo secretario de Seguridad se quedaron afuera de la corte. El proceso acabó al menos dos semanas antes de lo que se había previsto en un primer momento y fue criticado del otro lado de la frontera por la ausencia de pruebas físicas. “¿Dónde están las evidencias?”, cuestionó César de Castro, que encabeza la defensa de García Luna, en varios tramos del proceso. Los abogados del exfuncionario tienen 45 días para apelar el fallo.

En el juicio declararon algunos de los narcotraficantes más temidos de las últimas décadas como Óscar Nava Valencia El Lobo, líder del extinto Cartel del Milenio, o Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa. También hablaron expolicías, exfuncionarios mexicanos, agentes del orden estadounidenses y Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México. El proceso judicial desató una tormenta política en México, incluso con amagos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de demandar a De Castro por insinuar que El Rey también le había dado sobornos. En medio del huracán al otro lado de la frontera, Genaro García Luna se jugó su futuro en una corte de Estados Unidos.

INFORMACION: EL PAÍS

ELÍAS CAMHAJI

El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, fue detenido el fin de semana pasado en posesión de armas de fuego mientras viajaba en una camioneta en la colonia Nuevo San José, en Córdoba.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que el alcalde de Morena fue asegurado en posesión de un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación.

La SSP lo catalogó como “generador de violencia” en el municipio de Córdoba y lo puso a disposición de la Fiscalía General de Estado.

Ricardo Pérez García se convierte en el segundo alcalde morenista en ser detenido en menos de una semana. El pasado miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al alcalde de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, por presuntos vínculos con grupos delictivos en Michoacán.

Este caso vuelve a poner en entredicho el compromiso de Morena con la seguridad y el combate a la violencia en el estado.

Además, surge la pregunta de si esta detención es un ejemplo más de la falta de filtros para evitar que personas con antecedentes o presuntos vínculos con el crimen lleguen a cargos públicos. Por otro lado, también se cuestiona si esta situación afectará la imagen y popularidad del partido de cara a las próximas elecciones.

Fuente: InfoSurMx