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México / Nueva York – 23 FEB 2023 – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acostumbra a parafrasear la famosa cita —”Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”— acuñada por el general Porfirio Díaz para sintetizar la espinosa relación con el vecino del norte, invasión incluida, durante el siglo XIX. López Obrador la utiliza ahora con un ligero cambio —“Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”— y una intención muy distinta, demostrar sintonía y lanzar puentes con la Administración de Joe Biden. Aunque en los últimos años a la cita reformulada por el presidente mexicano se le puede encontrar incluso un significado y recorrido mayor. Al menos si se atiende al papel decisivo de la Justicia estadounidense en el combate contra el crimen organizado.

La condena de este martes contra Genaro García Luna, declarado culpable de hasta cinco cargos en una corte de Nueva York, incluidos narcotráfico y delincuencia organizada, es el último episodio —y el de más envergadura al tratarse de un exsecretario de Seguridad Pública— dentro de una larga serie de actuaciones judiciales al norte del río Bravo. Unos golpes que empezaron, precisamente, con la llamada guerra contra el narco que inició en 2006 el propio Gobierno de Felipe Calderón, del que García Luna llegó a ser uno de sus hombres más poderosos.

Durante las últimas casi dos décadas, se han sucedido las detenciones en suelo estadounidense. Mientras que los Gobiernos mexicanos de todos los colores han emprendido una decidida política de extradiciones de grandes capos. Solo durante el mandato de Calderón se extraditaron a 498 personas, duplicando las cifras de su antecesor, Vicente Fox. La figura de El Chapo Guzmán, juzgado y condenado a cadena perpetua también en Nueva York tras fugarse hasta en dos ocasiones de una cárcel de máxima seguridad en México, es el mayor símbolo de este particular trasvase de competencias entre vecinos. Igual que EE UU deslocaliza sus fábricas para buscar producir más barato en el sur, pareciera que la Justicia sigue la misma lógica, aunque en la dirección contraria: México externaliza sus tribunales al norte de la frontera en busca de unas garantías que no encuentra en casa.

Un juicio mexicano con reglas estadounidenses

Las asimetrías fueron evidentes desde el inicio del juicio a García Luna. Mientras la tormenta política se desataba en México, el interés por el caso en Estados Unidos era mínimo. Las crónicas periodísticas que hablaban del Mexico’s Top Cop, el superpolicía mexicano que se jugaba su destino en una corte de Nueva York, se difuminaron al cabo de unos días en el ciclo informativo del país más poderoso del mundo. Mientras que los medios en español recogían cada detalle de los testimonios que salpicaban y removían las más altas esferas políticas al sur de la frontera. Fue un juicio “mexicano”: por la nacionalidad del acusado y de los testigos clave, porque los delitos se cometieron primordialmente en México y porque tuvo sus pasajes más interesantes en español. Pero siempre estuvo claro que las reglas del juego eran de Estados Unidos y de su sistema de justicia.

El juicio más importante contra un exfuncionario mexicano se celebró en Estados Unidos y eso tuvo implicaciones profundas. Los debates interminables por la preponderancia de testimonios sobre las evidencias físicas y la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por capitalizar el resultado se quedaron a las puertas de la corte, así como muchos de los episodios más controvertidos en la carrera de García Luna. En cambio, el destino del exsecretario se puso en manos de un grupo de 12 ciudadanos con poco conocimiento de la guerra contra las drogas en el país latinoamericano y mucho menos de quién era el acusado. Los miembros del jurado no supieron de los escándalos por montajes, de la fortuna que todavía persigue el Gobierno mexicano o el inmenso poder que amasó el exfuncionario. Aun así, eso fue suficiente para comprobar los cinco delitos que pesaban contra él más allá de una duda razonable.

La defensa presentó cinco fotografías del acusado con figuras como el expresidente Barack Obama y los excandidatos presidenciales John McCain y Hillary Clinton. Los jurados, sin embargo, tampoco tuvieron conocimiento de la estrecha colaboración entre México y la Casa Blanca durante el Gobierno de Felipe Calderón. Mientras los testimonios provocaban oleadas de acusaciones contra autoridades y actores públicos de todos los niveles en México —expresidentes, gobernadores, miembros del Gabinete, jueces, policías, militares y periodistas—, no se mencionó nada sobre sus contrapartes estadounidenses. Tampoco se exigieron muchas explicaciones desde la prensa ni la sociedad civil de EE UU. El juicio logró escapar del huracán político en México, pero se pagaron costos muy altos para ello.

El proceso contra García Luna fue en México una suerte de examen a la polémica política de lucha contra las drogas del Gobierno de Calderón. Pero también el reflejo de las asimetrías que existen en la relación entre ambos países, de la incompatibilidad de sus prioridades y realidades, de lo que supuso un fallo histórico para un país y prácticamente inadvertido para el otro.

EL PAÍS

DAVID MARCIAL PÉREZELÍAS CAMHAJI

EL UNIVERSAL

 Luis Carlos Rodríguez 

El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada clausula de vida eterna de los partidos satélites, que de inmediato se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma fue aprobada por 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, mientras que el PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural con 50 sufragios en contra.

Durante un largo debate donde la oposición reiteró su rechazó a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del Plan B y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre del 2022.

La senadora por Morena, subrayó que la denominada “cláusula de vida eterna de los partidos no forma parte del decreto de reforma en materia electoral”, manifestó.

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El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del Plan B tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.

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“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. (…) Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y “consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política”.

Con información de Víctor Gamboa

México – 22 FEB 2023. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador alista el despegue de la aerolínea del Ejército bajo la marca Mexicana. Aunque la Administración federal aún no abona los 816 millones de pesos que prometió al sindicato para hacerse del nombre de la extinta aerolínea y de los activos que aún resguardan, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, asegura a EL PAÍS que el Estado ya se encuentra en ese proceso. Además de adquirir el nombre Mexicana, el Gobierno adquirirá un conjunto de bienes que eran parte de la compañía: dos simuladores de vuelo, un centro de adiestramiento, un piso en Ciudad de México y un edificio en Guadalajara, en el Estado de Jalisco. La aerolínea tiene previsto alzar vuelo en diciembre de 2023 y tendrá como centro de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también gestionado por las Fuerzas Armadas. El despegue de la nueva Mexicana comenzará con cuatro a cinco aviones rentados por el Gobierno hasta alcanzar una flota de unas 10 aeronaves.

Mexicana de Aviación fue durante años la aerolínea más grande de América Latina, pero tras casi 90 años de operación aterrizó de golpe por el batacazo económico en agosto de 2010 y cayó en quiebra en medio de una crisis financiera, dejando en la calle a más de 7.000 empleados. Los extrabajadores han demorado más de década en conseguir un acuerdo que compense la desaparición de la aerolínea. Tras años de espera, los pilotos y sobrecargos de la aerolínea están a punto de conseguir un acuerdo para resarcir parte del daño económico que les produjo la abrupta bancarrota de la aerolínea.

El tablero aeronáutico en México cambiará en los próximos meses. Mientras jugadores privados se han retirado lastrados por deudas millonarias como Interjet y, recientemente, Aeromar, el Ejército prevé un despegue con su propia aerolínea y la administración de un puñado de aeropuertos a finales de este año. “El Ejército va a entrar a cubrir su parte del mercado aéreo, ahorita está creciendo mucho el mercado en México, pues los mercados que más a nivel mundial va a crecer más y como es del Estado, entonces va a llegar a reforzar las partes de lo que necesitamos. El Ejército tiene que entrar en la actividad porque tenemos que utilizar ese potencial que tiene, que representan más de 300.000 personas”, explica el funcionario federal.

Asignatura pendiente: la categoría 1 de seguridad

La recuperación de la máxima categoría de seguridad aérea para México es una de las prioridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Jiménez Pons, hace un balance a casi dos años de haber reprobado la evaluación en seguridad aérea de Estados Unidos y asegura que el Gobierno Federal está cada vez más cerca de subsanar la treintena de observaciones que en mayo de 2021 hicieron las autoridades aeronáuticas internacionales y que derivó en la degradación al nivel 2 del país. “Hubo un retraso, indudablemente, derivado de unas malas decisiones, eso ahí está a la vista y el cambio que se generó vino a cambiar toda esa situación, a hacer un ritmo de trabajo mucho más intenso, se abrió mucho el equipo, cambió mucha gente, gente con mucho mayor capacidad de interlocución”, detalla.

“Los problemas son los mismos. El primer problema es legal, hasta que no se tenga la ley y los reglamentos, prácticamente ya están, pero necesitamos que pasen en comisiones (legislativas), ya está todo listo para que pase esa ley. Todos estamos de acuerdo con que tenemos que recuperar la categoría 1″, confía. Entre los cambios normativos figuran asuntos en medicina de transporte, sanciones de accidentes y manuales. El subsecretario califica como crucial los recientes viajes entre México y Estados Unidos para tratar directamente el tema de la calificación, sin intermediarios.

“Ahora se tiene que hacer toda una revisión, viene la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), si ya se resolvió todo esto se pide la auditoría. En teoría, la auditoría se solicita la primera quincena de marzo y contamos cuarenta y tantos días a partir de eso y te dan la resolución, por eso digo para abril o para mayo, por eso sí, se van a cumplir los dos años”, explica Jiménez Pons sobre el proceso.

El funcionario federal confía en conseguir el visto bueno de las autoridades aeronáuticas y con ello, finalmente, las aerolíneas mexicanas ya podrán expandir sus vuelos hacia el mercado estadounidense, una posibilidad que desde mayo de 2021 está cerrada debido a la degradación. En este momento, reconoce, hay una petición de abrir de cinco a seis rutas nuevas hacia EEUU en espera de que recuperar la categoría 1 para que puedan arrancar. “México sí tiene una posición privilegiada con el resto del mundo y nos iría mejor al subir de categoría”, añade. Jiménez Pons, no obstante, tampoco descarta que en esta ruta existan turbulencias e incluso, que el país repruebe la próxima auditoría: “Sí nos pueden reprobar y en ese caso serían otros tres meses”, admite.

La calificación 2 en la que se encuentra atrapada México, desde hace meses, significa que las leyes o reglamentos del país carecen de los requisitos para supervisar las normas mínimas de seguridad internacional de las compañías aéreas mexicanas o que la autoridad de aviación civil, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) carece de experiencia técnica, personal capacitado y procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad. La última vez que México perdió la categoría 1, en 2010. En ese entonces, el Gobierno tardó cuatro meses en volver al máximo nivel de seguridad aérea.

Implementar el cabotaje en México, pero con candados

En tercera línea de discusión, se encuentra la polémica iniciativa que en diciembre pasado envió el presidente López Obrador para abrir las rutas nacionales a aerolíneas extranjeras, una práctica conocida como cabotaje. Con la medida, el mandatario busca bajar los precios de los boletos, pero sobre todo reflotar el AIFA. Las aerolíneas mexicanas han denunciado que abrir las puertas a la competencia extranjera amenazaría su existencia.

Jiménez Pons indica que el debate con ambas partes está en curso y que se buscará implementar el cabotaje en México, pero con candados. “Va a ser específicamente para estimular ciertos destinos y en ciertas condiciones. El primer candado es que tienes al consejo de seguridad diciendo sí entra o no entra y tienes que justificar que se está desarrollando y que los destinos a los que se está entrando tengan una justificación socioeconómica, política y social”, explica.

El funcionario especifica que las aerolíneas extranjeras tendrán que presentar además un plan de negocios factible ante la AFAC, que tendrá la última palabra. “Necesitamos incentivar competencia y necesitamos incentivar ciertos destinos que no hay quien entré, por ejemplo, en Colima”, concluye.

CON INFORMACION: EL PAÍS

KARINA SUÁREZ

México – 22 feb 2023. El “culpable” leído este martes por un juez de Nueva York contra Genaro García Luna va mucho más allá de la primera condena en EE UU contra un alto exfuncionario mexicano por corrupción y vínculos con el narcotráfico. La caída del máximo jefe de la policía y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) impacta de lleno a la política mexicana y abre la puerta a un terremoto que amenaza con sacudidas en todos los frentes.

El histórico veredicto, que certifica que García Luna trabajó a sueldo para el cártel de Sinaloa durante más de 20 años, aumenta sobre todo la presión en torno al expresidente Calderón, cada vez más acorralado y con más dificultades para seguir sosteniendo que nunca supo nada de los negocios oscuros de su hombre de confianza. El desgaste del último expresidente panista arrastra también a su partido y, de rebote, al resto de la alianza opositora -PRI y PRD- que han optado por mantener hasta ahora un elocuente silencio.

Desde la otra orilla, en Morena no han tardado sin embargo en sacar la artillería colocando en la diana no solo a Calderón, sino también al anterior presidente panista, Vicente Fox, para quien también trabajó García Luna mientras con la otra mano ya había puesto en marcha sus tratos sucios con la mafia de Sinaloa. El fallo concede más gasolina todavía al discurso polarizador de López Obrador que reduce toda la oposición a un grupo indistinguible de corruptos. Una de las palancas que, en gran medida, le aupó al poder y que le sigue garantizando unos altos niveles de popularidad.

Más allá de la batalla por el relato, otra de las consecuencias es el evidente daño a la imagen de las instituciones mexicanas. Una mancha incrementada por el hecho de que otra vez han tenido que ser los tribunales estadounidenses los que han impartido justicia en caso de crimen organizado. Como máximo jefe de la seguridad mexicana, García Luna mantuvo además línea directa con EE UU como confidente y socio prioritario. Otro golpe al siempre delicado equilibro de poder y confianza sobre el que se sostiene la relación bilateral.

Desde la detención del exfuncionario hace más tres años en Texas, López Obrador ha buscado capitalizar el castigo estadounidense a la corrupción como una victoria propia. Una estrategia que contrasta con su defensa cerrada del general Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el último gobierno priista, y arrestado también al otro lado de la frontera por narcotráfico y lavado de dinero. Al Gabinete morenista no le importó entonces entrar al choque con la Casa Blanca y movilizó toda su maquinaria diplomática para lograr el traslado del exsecretario de Defensa a México, donde finalmente fue exonerado.

Genaro García Luna, culpable: los nervios, la tensión y las lágrimas detrás de un fallo histórico

En esta ocasión, López Obrador dejó claro muy pronto que no pensaba desaprovechar la oportunidad de cargar contra Calderón, probablemente su mayor némesis política. Desde la derrota por un dedo ante el panista en las polémicas elecciones de 2006, el actual presidente ha mantenido que aquello fue un robo. Además de culpabilizarle de la espiral de violencia que azota el país desde su decisión, al poco de llegar al poder, de sacar a los militares de los cuarteles para combatir en las calles al crimen organizado.

El juicio a García Luna ha sido un desfile de dedos apuntando a diferentes cuadros de la política mexicana, ilustrando con cientos de ejemplos las relaciones entre autoridades y criminales donde el dinero corrupto garantizaba una gigantesca impunidad. Desde exgobernadores hasta el propio expresidente Calderón, los señalados han salido a la palestra a negarlo todo. En el caso del exmandatario, fue el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que cumple condena en EE UU por narcotráfico, el que aseguró que las órdenes de proteger a la gente del Chapo venían directamente de la silla presidencial.

Calderón reaccionó al instante en sus redes sociales: “Nunca negocié ni pacté con criminales”. El mismo mensaje con el que ha insistido tras el fallo del jurado de este martes, además de subrayar que el caso se está utilizando para atacarle políticamente. A finales del año pasado, EL PAÍS informó que el exmandatario había conseguido un permiso de residencia en España gracias a un contrato como profesor en la fundación del expresidente conservador José María Aznar.

Una de sus últimas declaraciones públicas ha sido un texto publicado el fin de semana pasado en la prensa mexicana llamando a la unidad de las fuerzas opositoras contra López Obrador. El movimiento del expresidente no fue bien recibido por todos los sectores de la oposición, que atraviesa un momento crucial de cara los comicios estatales -en Estado de México y Coahuila- de este mismo año, la antesala de la carrera presidencial de 2024. Cada vez son más las voces que consideran que, hoy más que nunca, Calderón no es precisamente el compañero ideal para disputar a López Obrador uno de sus mayores activos y banderas electorales: la lucha contra la corrupción.

CON INFORMACIÓN: EL PAÍS

DAVID MARCIAL PÉREZ