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EL PAÍS

Benito Jiménez y Claudia Guerrero

Cd. de México (30 marzo 2023).- La Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que abrieron proceso sancionador y multarán a la empresa de seguridad que operaba en la sede del INM en Ciudad Juárez, en donde murieron 39 migrantes.

En conferencia, agregó que se hallaron diversas irregularidades en la compañía y su servicio al INM.

“Informar también que tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV, cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaria es del 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”, indicó la funcionaria.

“Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”.

La Secretaria detalló las irregularidades que han encontrado en la empresa de seguridad privada.

“De la revisión del expediente derivo una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, expresó.

“La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y los informes mensuales que está obligada a rendir, no reportó altas o bajas del personal”.

“Por lo tanto, y paralelamente a lo que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probarle responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio del proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica, incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.

La representante de la Fiscalía General de la República indicó que ya se ejecutaron cinco de las seis órdenes de aprehensión autorizadas por el incendio.

“El día de hoy en la madrugada, se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del instituto (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio, órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio, doloso y el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros”, manifestó.

“Respecto de las órdenes de aprensión, ya se ejecutaron cinco de ellas, sólo queda una persona y en el transcurso del día es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya están, ya fueron puestos a disposición del juez”.

EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará mañana viernes a Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza en donde la noche del pasado lunes 27 de marzo, 39 migrantes murieron en un incendio dentro de una estación del Instituto Nacional de Migración (INM).

El jefe del Ejecutivo federal viajará a Ciudad Juárez después de su conferencia de prensa matutina para reunirse con servidores públicos de programas sociales en esa entidad.

Se prevé que tras esta visita a Ciudad Juárez, el Mandatario federal viaje a Tijuana, Baja California, y de esa ciudad a La Paz, Baja California Sur.

Mientras que sábado y domingo, continuando con su gira de fin de semana, el presidente López Obrador visitará Culiacán, Sinaloa y Tepic, Nayarit.

Justicia, castigo e indemnización exige Catarina Tambriz Coj, indígena quiché madre de Manuel Alexander Chox Tambriz, de 20 años, uno de los 39 hombres que murieron la noche del lunes en el incendio dentro de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La mujer condena que hayan dejado encerrado a su hijo junto a más de 60 migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) durante un incendio que al final le costó la vida.

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“Me siento desconsolada, hace ocho días lo vi irse, el domingo tuve comunicación con él y ahora ya no podré verlo”, dice la mujer entre el llanto.

“Pido justicia, castigo e indemnización por la muerte de mi hijo, lo dejaron que se muriera encerrado con los otros migrantes”.

REFORMA

Pedro Sánchez Briones

Cd. de México (30 marzo 2023). El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), contralmirante Salvador González Guerrero, ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos, acusó un abogado defensor de las víctimas de la tragedia.

Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas de la tragedia en el edificio del INM donde murieron 39 migrantes, inculpó directamente al funcionario.

“(González Guerrero) Lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron, y dijo que ‘no no, no les abran las rejas, déjalos’. Que los dejaran ahí muriéndose”, afirmó en entrevista con Grupo REFORMA.

En una demanda que presentó en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado escribió: “Fui informado por clientes de los cuales me reservo su identidad por seguridad de los mismos, que el titular Salvador González Guerrero fue quien dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abrieran las puertas por ningún motivo”, dice en su escrito.

“Teniendo como consecuencia la muerte de personas que no cometieron delito alguno, pues una falta administrativa como lo es estar de forma ilegal en el País, no es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esa manera”, narró.

También culpó a Daniel Goray Yosioka, titular del centro de detención provisional del INM en Juárez, de armar una red de corrupción en contra de los migrantes, a quienes amenazan con tenerlos detenidos por más de seis meses o dejarlos incomunicados si no pagan una cuota de salida de 500 dólares.

EL PAÍS

PABLO FERRI

La muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen.

El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señalaba que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de detención. Parte de los 68 que estaban en el centro habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Otros volvían deportados de Estados Unidos, según informaron medios locales: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo el mandatario.

Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los vigilantes no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué parece que se van. Además, deja fuera otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… Organizaciones internacionales han levantado la voz estos días, empezando por Naciones Unidas, que ha exigido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de Refugees International. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, ha dicho: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”.

América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, el hambre, la falta de oportunidades, el cambio climático… En los últimos cinco años, cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canadá. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia.

No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consistente en detener a los que llegan antes de que toquen a su puerta. México ha aceptado. En los últimos dos años, el país ha registrado números récord de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022 se registraron 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden conserva.

En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista, transversal, que pronto chocó con las amenazas de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad, por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica convirtió al Inami en barrera, apoyado en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional.

La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que se movía a salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, les acribillaron. Luego prendieron fuego a sus cuerpos. Eran 17.

Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que depende nominalmente de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Está por ver qué actitud adopta el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”, sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de avances en los trabajos de la Fiscalía, que insisten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.

Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, entregó en las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), su más reciente estudio, “Gato X Liebre: Engaño en el Noroeste”. De acuerdo a los resultados de este análisis, la mitad del pescado que se vende en Sonora y Sinaloa se sustituye por una especie de menor valor o alguna especie en riesgo.

Otros estudios de Oceana han revelado 44 % de sustitución de pescados y mariscos en 10 ciudades del país (como Ensenada, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Mérida), más del doble del promedio mundial.

Se analizó el ADN de especies en restaurantes y pescaderías en Mazatlán y Culiacán en Sinaloa, así como en Hermosillo y Ciudad Obregón en Sonora. Los resultados señalan que una de cada dos veces, las personas reciben una especie completamente distinta a la anunciada y en ocasiones pagan un sobreprecio de hasta seis veces el valor real.

El porcentaje de sustitución detectado en estos estados es el más alto encontrado por Oceana. Esto, a pesar de la importancia que guardan Sonora y Sinaloa para el sector pesquero, al tener los primeros dos lugares en cuanto a volumen y valor de la pesca.

“La sustitución de pescados y mariscos sucede por la falta de información y transparencia, esto permite que nos vendan una especie de menor valor como otra más cara. Nos den especies de importación o acuacultura como si fueran capturadas en mares mexicanos o compremos especies en peligro o capturadas de manera ilegal, sin saberlo”, resaltó Mariana Aziz, Directora de Transparencia en Oceana.

El 25 % de la sustitución de especies marinas se dio por productos de acuacultura e importación como basa y tilapia, que provienen en su mayoría de Vietnam y China, lo que desplaza a pescados y mariscos de comunidades pesqueras mexicanas. El producto silvestre siempre será más saludable que el de acuacultura por estar libre de antibióticos.

Además, se encontró la presencia de raya diablo de aleta curva, cuya pesca y venta están prohibidas por las leyes mexicanas, así como tiburón martillo, especie en peligro crítico. Puedes revisar el reporte completo al dar clic aquí.

“La autoridad ha sido negligente y no atiende este problema. Es urgente que Octavio Almada, titular de la CONAPESCA apruebe la Norma Oficial Mexicana de trazabilidad que tiene más de dos años detenida. Así evitaremos que nos den Gato X Liebre y sabremos dónde, cuándo, quién y cómo se pesca en México para proteger a los océanos, a quienes consumen pescados y mariscos y a las comunidades que dependen de la pesca”, destacó Aziz.

Sobre Oceana: La mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación de los océanos. Oceana está reconstruyendo océanos abundantes y biodiversos mediante políticas basadas en la ciencia en países que controlan una cuarta parte de la captura de peces silvestres del mundo. Un océano recuperado significa que 1,000 millones de personas puedan disfrutar de una comida saludable a base de productos del mar todos los días, para siempre. Fb, Twitter e Instagram: OceanaMexico Página web: mx.oceana.org/