REFORMA
Jorge Ricardo, Claudia Guerrero y Antonio Baranda
Cd. de México (18 agosto 2022).- Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, reveló que la Sedena infiltró a un soldado en la Normal de Ayotzinapa para informar sobre las acciones de los estudiantes en septiembre de 2014 y señaló la inacción del Ejército para buscar a su elemento y a los 43 tras su desaparición.
En la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas narró que Julio César López fue infiltrado por el Ejército con el fin de informar sobre los actos preparativos de los normalistas de cara a la marcha del 2 de octubre de aquel año.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macias Barbosa del 27 Batallón”, explicó.
El subsecretario de Derechos Humanos dijo que los reportes del soldado cesaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares; por lo tanto, de haberse hecho, hubiera habido una acción inmediata en la búsqueda también de los 43 normalistas.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día.
“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, aseveró.
Encinas mencionó que gracias a las labores del elemento infiltrado todas las autoridades estatales y municipales estaban al tanto del movimiento de los normalistas y pudieron haber impedido su desaparición.
“Por eso todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto.
“Lo cual las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, afirmó.
Caso Ayotzinapa, un crimen de Estado
Alejandro Encinas llegó a la conclusión de que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que la verdad histórica presentada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó la verdad de los hechos.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos para la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas.
Triste realidad: no hay indicios de que 43 estén vivos
El subsecretario de Derechos Humanos reconoció que actualmente no hay indicios de que los 43 normalistas se encuentren con vida, pues las evidencias indican que fueron ejecutados.
“Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay ningún indicio de vida y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, esa es una triste realidad. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueran arteramente ultimados y desaparecidos.
“Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición, y nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”, agregó.
Momentos antes, el Subsecretario de Derechos Humanos se había reunido con los familiares de los 43 desaparecidos, quienes llegaron y se fueron de Palacio Nacional sin dar declaraciones.
Señala Gobierno a jueces por Caso Iguala
La Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa ve en los jueces un obstáculo en las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.
El informe de la Comisión presentado en Palacio Nacional, acusa falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados.
Desde el inicio de las investigaciones, señala, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.
“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostiene.
“Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.
A la fecha hay más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala.
Los expedientes están radicados en Tamaulipas (10), Estado de México (5), Guerrero (5), Ciudad de México (4), Colima (1), Morelos (1) y Querétaro (1).
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia”, recalca.
“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”.
El Informe apunta a la actuación de algunos jueces.
Por ejemplo, señala que el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades.
“Sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, advierte el documento.
“Por otro lado, ha restado valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional, como las escuchas que realizó la DEA en Chicago, y el 22 de febrero de 2022 determinó otorgar la libertad a Xóchitl ‘N’, quien fungía como radio operadora en el C4 en Iguala la noche de los hechos, argumentando que no había prueba de cargo para vincularla a proceso”.
La Comisión también hace notar que el Juez Enrique Beltrán Santes, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha mostrado desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad.
“Negándose a aceptar que, por seguridad, en las diligencias se distorsionan voz e imagen, señalando que no escucha con claridad”.
En el caso del Juez José Álvaro Ornelas, del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión advierte que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial.
El Juez César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
“El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos no acepta las reglas de competencia por sistema, al realizar una interpretación equívoca de los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió.
