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REFORMA

Nallely Hernández

Cd. de México (01 febrero 2023).- En la tradicional tamaliza del Día de la Candelaria, los bolsillos de los mexicanos también sufrirán el impacto de la elevada inflación, pues, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), este 2 de febrero los tamales costarán hasta 33 por ciento más.

En la venta tradicional, es decir, puestos o pequeños establecimientos, el precio de los clásicos tamales de hoja de maíz pasaron de 14 a 17 pesos por unidad.

En franquicias y tiendas de autoservicio el aumento fue de entre 4 y 6 pesos, para vender cada tamal hasta en 24 pesos la pieza.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, señaló que estos aumentos anuales son un reflejo del encarecimiento de los alimentos en el último año.

“Registran un incremento promedio de precios de 2022 a 2023 entre 22 por ciento y 33 por ciento, dependiendo el canal donde se compre, ya sea en el tradicional o artesanal, franquicia o supermercado”, dijo el representante de los pequeños comercios.

Kantar México indicó que el tamal verde se mantiene como el sabor preferido, pero el consumo del de dulce y otros como el de chipilín y sabores atípicos van en aumento.

En un reporte a propósto del Día de la Candelaria, Kantar expuso que entre el desayuno y la cena concentran más del 85 por ciento de las ocasiones de consumo dentro de los hogares mexicanos.

“Consumidores más jóvenes y más seniors son los que consumen sólo tamales sin atole en más ocasiones; adolescentes y jóvenes-adultos tienen más momentos de consumo de atole, mientras que los de mediana edad (33 a 50 años) son los más afines a consumir los dos al mismo tiempo”, explicó Adrián Ávalos, out of home & usage food manager de la división Worldpanel de Kantar México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (Sader), cada mexicano consume por año 335 kilos de maíz, en platillos típicos como los tamales.

Se estima que en el País hay hasta 500 recetas base diferentes para la elaboración de entre 3 mil y 4 mil variaciones de tamales, según la dependencia.

Bajo este contexto de alto consumo de maíz, la Anpec recordó que enero cerró con una inflación al alza de 8 por ciento, mientras que en el caso de los alimentos finalizó el primer mes del año con un aumento por encima de 10 por ciento.

“Cada vez son más los factores de incertidumbre que nos acechan, por lo que se avecina un 2023 tan encarecido o más que el 2022”, apuntó Rivera.

REFORMA

Natalia Vitela

Cd. de México. La presencia del ex funcionario chavista venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona en el diseño de contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), causó inconformidad entre especialistas educativos.

Loaiza, que hasta el 2018 estuvo en el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, labora desde el año pasado como subdirector de Materiales Educativos de la SEP, área encabezada por Marx Arriaga.

Como subdirector, Loaiza está encargado del “análisis y rediseño pedagógico de materiales” de la dependencia. Conforme contratos disponibles en 2022, Loaiza Escalona recibió pagos de honorarios de la SEP para reformular contenidos de telesecundaria además de que participa con Arriaga en la elaboración de libros de texto de educación básica.

El 12 de diciembre pasado, Arriaga se “despidió” de su cuenta de Twitter y dijo que regresará hasta el 7 de abril pues “todas mis fuerzas estarán en la innovación de los Libros de Texto Gratuitos de la educación básica”.

Su segundo de a bordo en esa tarea es Loaiza, quien fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018.

También fue funcionario de la empresa estatal venezolana CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, S.A.; gerente de la Oficina de Fomento del Desarrollo Pesquero y Actividades Conexas del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Además fue director General de Proyectos Especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, según su currículum.

De 42 años de edad, Loaiza Escalona se autodefine como un “apasionado por la comunicación, los libros, la cocina y la cultura” además de un “profesor las 24 horas del día” y cuenta con más de 15 años de experiencia en capacitación y gestión de talento humano.

Expertos consultados consideraron que el Gobierno federal echa por la borda una tradición histórica de elaboración de libros de texto y contenidos educativos que no debería darse a ideólogos de cualquier tendencia, sino expertos en pedagogía.

“Tenemos gente que ha trabajado en los libros públicos, en los libros privados; tenemos toda clase de profesionistas. Los libros deben ser tratados con la elaboración más cuidadosa posible”, dijo Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.

Para el académico Eduardo Andere, analista de la política educativa, no se deberían tener a pensadores ni de izquierda ni de derecha ni neomarxistas ni neoliberales redactando libros de texto, sino a psicólogos del aprendizaje y expertos en pedagogía.

“A quién contratas para que te apoye para mandar ese mensaje, para adoctrinar a los maestros y maestras de México, para que ellos y ellas a su vez adoctrinen a los pequeños con una sola forma de pensar, ahí está el grave error”, alertó Andere.

En tanto, para Carolina Crowley, especialista en pedagogía, llama la atención que un funcionario sin antecedentes de trabajo educativo en el País, llegue a México con un puesto directivo en la SEP.

“Los maestros hoy, en realidad, no están viendo ni sintiendo que esto es la gran novedad. Para ellos el elaborar proyectos con sus alumnos es algo que han hecho desde hace mucho; tener autonomía para adecuar lo que están enseñando, las realidades de sus estudiantes tampoco es una novedad”, afirmó.

Marco Fernández, especialista del Tec de Monterrey y de México Evalúa, coincidió en que los nuevos libros no responden a las necesidades educativas que se deben resolver, sino a una retórica que apela al sentimiento de clase y de los oprimidos.

Aseguró que no responden a una pedagogía que se pueda traducir en un mejor aprendizaje para la resolución de problemas, para el desarrollo del pensamiento crítico, la resiliencia, la comprensión de la lectura, la capacidad de expresarse de manera verbal y escrita de manera correcta y el uso adecuado de las matemáticas.

“Estará muy bonito para la retórica de Marx Arriaga (director de Materiales Educativos de la SEP) y su corriente ideologizada, no así para la necesidad urgente en materia educativa que tienen los niños y jóvenes para aprender lo que les permita convertirse en mejores ciudadanos y alcanzar tanto conocimientos como competencias para integrarse de manera exitosa al mundo laboral”, alertó.

AFP

Ernesto Sarabia

Cd. de México (01 febrero 2023).- Las remesas hacia el País se incrementaron 13.40 por ciento anual en 2022, con lo que se colocaron en un monto máximo histórico de 58 mil 497 millones de dólares, indican cifras del Banco de México (Banxico).

Esto fue posible pese a una moderación en su tasa anual de expansión desde 27.04 por ciento en 2021 con cifras originales, gracias una cantidad de transacciones y un valor del envío de remesas sin precedentes.

El número de operaciones con remesas aumentó a 149.97 millones en todo el año pasado, un 9.80 por ciento más que en 2021.

El valor de los envíos de dinero de los mexicanos que laboran en el exterior, principalmente en Estados Unidos, fue de 390 dólares en promedio, algo nunca antes visto en un año comparable, luego de un alza de 3.41 por ciento anual.

Con datos ajustados por estacionalidad, el envió de remesas creció 13.70 por ciento anual en 2022, al imponer una marca de 58 mil 503 millones de dólares.

Si solo se considera el último mes del año pasado, con cifras originales, las remesas se acrecentaron 12.76 por ciento respecto a diciembre de 2021, a 5 mil 359 millones de dólares, apoyadas por el desempeño positivo tanto del número de operaciones como por el monto de los envíos de dinero.

Cabe mencionar que el consenso de Bloomberg había estimado que en diciembre pasado, las remesas se ubicarían en 5 mil millones de dólares.

Con ajuste estacional, la captación de remesas por parte del País anotó un récord mensual por 5 mil 279 millones de dólares, luego de un aumento de 5.57 por ciento en diciembre pasado.

Mejoran expectativa de PIB

Especialistas en economía del sector privado consultados por Banxico mejoraron su expectativa de PIB para este año de 0.90 a 0.98 por ciento anual, estimación que aún se encuentra alejada del 1.7 por ciento que prevé el Fondo Monetario Internacional.

Revisaron al alza sus expectativas para la inflación general de 5.10 a 5.18 por ciento para cierre de año, y en la subyacente se elevó de 5.07 a 5.20 por ciento. En tanto, esperan que la tasa de referencia de Banxico se ubique en 10.50 por ciento.

De acuerdo con los analistas, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de México en los próximos seis meses son la gobernanza, las condiciones económicas internas y la inflación.

EL PAÍS

RODRIGO SORIANO

México – 31 ENE 2023. El Nissan Versa fue el coche más robado en México durante el 2022, según indica la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis). De los 60.523 vehículos con seguro sustraídos —contando también las motocicletas, los camiones y los remolques— durante el ejercicio completo, 3.099 fueron de este modelo, lo que representa el 5,12% del total. Al turismo japonés le siguieron el Nissan NP300, con 2.511 unidades robadas, y el Honda CRV, con 1.966. Los altos datos de robo de coches de Nissan coinciden con las altas cifras de ventas con las que cuenta la compañía en México: en el último año se vendieron más de un millón de coches en el país, de los que 168.940 (el 15.5%) fueron del fabricante japonés. No fue el mismo caso que con Honda, que en 2022 vendió 39.095 coches en el país, un dato que le dejó fuera de la lista de las 10 marcas más vendidas en el país, según indica la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA).

La Asociación Mexicana de instituciones de Seguros (AMIS), realiza un paréntesis para diferenciar a aquellos vehículos que cuentan con un mayor porcentaje de robos con el uso de la violencia: el semirremolque (el 80,5% de este tipo de acople fue sustraído a la fuerza), el Toyota Hilux (80%), los camiones de Freightliner (72,6%), el Kia Río (71,6%) y el Volswagen Vento (69,6%). En este uso de la fuerza, algunos Estados destacaron más que otros. Sinaloa fue la demarcación en la que mayor porcentaje de violencia se utilizó para sustraer los vehículos con un 75,36%, seguida muy de cerca de otros territorios como Zacatecas (74,13%) y Guerrero (73,49%).

Esta es la lista de los 5 modelos de coche más robados en 2022:

– Versa de Nissan

– NP300 de Nissan

– CRV de Honda

– Kenworth

– Aveo de General Motors

Aunque la cifra de vehículos robados es elevada, ha ido disminuyendo desde el 2018, cuando el número fue de 94.159 en total, 30.000 unidades más que en el 2022. Entre otros datos, la asociación de seguros también destaca la cifra de los que fueron recuperados durante el 2022. El 43% de los coches robados pudieron ser recuperados por sus dueños, lo que supone un 43% de los 60.523 contabilizados.

Sobre el mapa del territorio mexicano, el Estado de México acumula el mayor número sustracciones de vehículos: de enero a diciembre, 16.973 (el 28% del total del país) fueron robados en la entidad. El segundo recogido por la asociación fue el Estado fue el de Jalisco que, con 9.797 vehículos. Otras demarcaciones del país en las que el número de robos fue menor también han destacado por el aumento del delito. Un ejemplo de ello es Baja California donde, a pesar de contar 107 robos, el delito ha aumentado un 62.12% respecto al 2021.

México es el tercer país de los tres norteamericanos en adquirir coches. En 2022, se vendieron en torno a un millón de autos, una cifra que quedó cerca de los 1,4 millones comprados en Canadá, pero muy lejos de los 13,7 millones con los que se hicieron los estadounidenses.

EL PAÍS

ALMUDENA BARRAGÁN

México – 31 ENE 2023 – Los últimos hechos relacionados con el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la prisión preventiva de los presuntos responsables de un feminicidio y la tipificación del delito de intento de feminicidio por ataques con ácido. Ríos, agredida hace cuatro años, denunciaba la semana pasada que un juez de Oaxaca había ordenado la prisión domiciliaria para el principal acusado del caso, el exdiputado del PRI Juan Vera Carrizal. Tras una dura batalla legal y la intermediación del gobernador del Estado, una jueza frenó temporalmente la medida y devolvió a la esfera pública lo difícil que es el acceso a la justicia para las víctimas y las sobrevivientes de violencia machista. Al menos el 63% de las mujeres mayores de 15 años en México señala que ha sido víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según el Inegi.

Lejos de Oaxaca y, ante el revuelo nacional e internacional que causó el caso de la saxofonista, la diputada del partido Morena Marcela Fuente presentará este martes en el Congreso local una iniciativa de ley que plantea modificar el Código Penal y la Ley de Víctimas para que los ataques con ácido sean tipificados. La medida ha sido bautizada como ‘Ley Malena’ en homenaje a la lucha de María Elena Ríos que también es la lucha de cientos de mujeres en el país. Hasta ahora este tipo de violencia solo era considerado como agravante dentro de un delito de lesiones. La medida, sin embargo, contempla que estos ataques puedan alcanzar el grado de tentativa de feminicidio ―intento de feminicidio― si representan un daño severo para la víctima, lo que podría ser castigado con hasta 30 años de prisión.

El proyecto se refiere no solo al ácido, también a otras sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas. “Álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas”, y señala como ejemplos el caso de la saxofonista y el de Carmen Sánchez, ambas supervivientes de estas agresiones.

La violencia ácida es un tipo de violencia premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza. A través de estos ataques, los agresores pretenden desfigurar o lesionar a la víctima provocando un daño irreversible o alguna discapacidad. Este tipo de violencia machista, en la mayoría de casos, afecta a la salud física y mental de la víctima y tiene consecuencias sociales como la pérdida de empleo y el rechazo de su entorno familiar. De los 1.500 casos de ataques con ácido en todo el mundo que registró la organización Acid Survivors Trust International (ASTI) en su último informe, el 80% de las víctimas eran mujeres. En México organizaciones como la Fundación Carmen Sánchez ha registrado en las últimas dos décadas el caso de víctimas de violencia ácida. En el 85% de ellos, fueron perpetrados por un hombre, en su mayoría parejas o exparejas de las mujeres atacadas. De acuerdo a la Secretaría de Salud federal solo hasta agosto del año pasado, se registraron en el país 47 ataques de esta clase.

“Aunque el Código Penal del Distrito Federal recoge las lesiones con ácido, existe la necesidad de ampliar el marco normativo creando un tipo penal autónomo que tenga como objetivo sancionar los actos cometidos contra las mujeres”, expone la diputada en la iniciativa a la que ha podido tener acceso EL PAÍS. “No solo se deben de penalizar las conductas que culminan con su muerte, como es el feminicidio, sino también aquellas que provocan alteraciones en su salud y daños permanentes a su integridad”, ahonda Marcela Fuente.

La reforma, por un lado, busca añadir el concepto de “violencia ácida” a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital y, por el otro, la tipificación de estos ataques dentro del Código Penal con una pena de entre ocho y 12 años de cárcel que puede llegar hasta los 30 años de tratarse de un intento de feminicidio. El Artículo 135 tercero recoge que será un agravante que el ataque cause deformidad, dañe algún órgano o provoque la pérdida de la vista u otro sentido. También será agravante que el agresor tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de parentesco con la víctima y que existan antecedentes de violencia, amenazas o acoso previos.

La iniciativa desarrolla que en caso de que el ataque provoque “la resercción total o parcial en las mamas, alteración en el aparato genital, afecte en las funciones de la reproducción sexual, atente contra la autonomía de la mujer, provoque daños en extremidades o afecte al habla u otros sentidos” se impondrá pena de prisión de 12 a 30 años. También señala que las autoridades “deberán decretar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima” y garantiza el acceso directo de las víctimas a una atención médica y psicológica integral.

Las cifras que acompañan a los delitos con ácido en México no son nada esperanzadoras. El 94% de los ataques quedan impunes y la legislación de la mayoría de los Estados no los contempla específicamente como violencia de género hacia las mujeres, de acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez. La mayoría de estas mujeres se encuentra en una total desprotección. Tienen miedo de que sus agresores terminen lo que empezaron y las maten, como aseguraba María Elena Ríos en entrevista con este diario. Ella es una de las principales impulsoras de la medida que espera que se replique en otras entidades del país después de que sea discutida, votada y aprobada en el Congreso de la capital.

Mayolo López y Claudia Guerrero

Cd. de México (31 enero 2023). Un grupo de 50 senadores de Morena firmó un documento con el que exigió a las cuatro “corcholatas” de Morena reconocer al que sea electo por las encuestas anunciadas.

“Más allá de nuestras simpatías que podemos tener en lo individual, los senadores que firmamos este documento nos comprometemos a apoyar a quien resulte favorecida o favorecido por el proceso de encuestas que lleve a cabo Morena. Asimismo, esperamos que el resultado de nuestro proceso interno sea respetado por cada uno de ustedes”, plantearon en el documento.

Al calor de la plenaria que celebró este martes la bancada, el senador César Cravioto –portavoz del grupo y, en los hechos, líder del ala dura– entregó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; al Canciller Marcelo Ebrard; y al jefe de la bancada, Ricardo Monreal, el documento.

“Confiamos en que seremos capaces de trabajar juntos para construir una propuesta sólida y coherente que permita dar continuidad y profundidad al titánico esfuerzo que ha hecho nuestro Presidente y líder Andrés Manuel López Obrador”, se lee.

El documento no fue suscrito por Monreal ni por el senador Rafael Espino. La jefa de la bancada del PES, Sasil de León, sí lo firmó.

Los senadores señalaron que Morena “fue creado con el objetivo de liderar un cambio real y duradero que busca transformar radicalmente la vida de los mexicanos y construir un país más justo, igualitario y con un verdadero Estadio de Bienestar (sic)”.

“Esta transformación es necesaria para superar los problemas estructurales que el neoliberalismo provocó, como la corrupción, de igualdad, falta de acceso a servicios básicos y falta de oportunidades para todos los ciudadanos”.

Con Información: REFORMA

REFORMA

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Cd. de México (31 enero 2023).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser su adversario político al asumir postura a favor del denominado “Colectivo por México”.

“Vamos bien porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios, que enfrentar a simuladores”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera.

-¿Considera a Cárdenas su adversario?, se le preguntó al Presidente.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo consideró precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”, respondió.

“Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no son más que conservadores más despiertos, qué bien que se están dando estas cosas”.

El “Colectivo por México”, en el que participan políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y hasta deportistas, fue presentado este lunes en un intento por cambiar el rumbo del País en el 2024.

Los organizadores afirmaron que, aunque Cárdenas no asistió al evento de presentación, el ex candidato presidencial colaboró, desde hace un año, en la elaboración del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”, con el que el Colectivo recorrerá el País los próximos meses.

“Son momentos estelares en la historia de nuestro País. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja en el árbol de la política, ahora no nos aburrimos, están sucediendo cosas, es una transformación y vamos hacia adelante y afortunadamente la gente está apoyando”.

-¿Qué opina que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo?, se le cuestionó.

“Es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto transformación”, respondió.

-¿Por qué considera a Cuauhtémoc Cárdenas como rival político?, se le insistió.

“No voy a engancharme en eso”, dijo el Mandatario.

‘Es ala moderada de conservadores’

El movimiento “Colectivo por México” es un ala moderada de los conservadores que no están de acuerdo con la llamada Cuarta Transformación, sostuvo el Presidente López Obrador.

“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues en contra de nosotros, de la transformación del País, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse”

“Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir, eso es lo que puedo comentar, y la gente, los ciudadanos, son los que al final deciden, siempre es así en la democracia. Están más cerca del bloque conservador”.

Sin mencionar directamente a Morena o al Presidente, hicieron un balance negativo de las condiciones en el País y anunciaron que harán recorridos por los estados para tener un documento más preciso sobre las principales preocupaciones y las propuestas para enfrentarlos.

“Es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste que las cosas en apariencia cambian, para seguir igual, porque así era”, abundó López Obrador.

“Acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos como las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes, ahora pues se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta, por eso hablo de conservadurismo”.

El titular del Ejecutivo federal sostuvo que los que se sentían “dueños del País” se encuentran muy molestos y ahora realizan “golpes de Estado mediáticos” para tratar de desprestigiar a su Gobierno.

“Se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector, que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos, si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado, y vaya que le meten mucho dinero, tienen todos los medios de información”, acusó.

“Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de estado mediáticos, técnicos, tienen el control de todos los medios de comunicación, de la mayoría, con honrosas excepciones y entonces van influyendo con la técnica antigua, hitleriana, de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”.

A pregunta expresa, López Obrador consideró que, ni esa “técnica perversa” ni el Colectivo por México, van a afectar “en nada” a su movimiento, pues, reiteró el Jefe del Ejecutivo, la gente lo apoya, está muy politizada y quiere el cambio.

“Qué nos vamos a estar quejando, estamos viviendo tiempos muy interesantes, lo importante es que siga el debate, que siga la confrontación política sin violencia, por parte nuestra siempre vamos a garantizar las libertades. Sobre este grupo, están en su derecho y adelante”, añadió.

Cárdenas, ‘muy preocupado’ por situación del País

En agosto del año pasado, el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se dijo “muy, muy preocupado” por la situación que priva en el País en el terreno económico, educativo y de inseguridad pública.

“Son muchas las cosas que nos preocupan: la desigualdad social, tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Una economía que no crece desde hace décadas”, resumió.

Según sostuvo, la violencia de los grupos criminales ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio.

Cárdenas Solórzano también externó su preocupación por la posibilidad de que la reforma electoral anunciada pueda “desmantelar” a la autoridad electoral del INE.

Asimismo, en marzo pasado, Cárdenas consideró que el País vive en estos momentos situaciones más complejas que otros movimientos transformadores y que, hacia el futuro, no hay que remitirse al pasado, sino abrir el debate a los grandes problemas nacionales y su solución.

“Nada de lo que se dice o de lo que se ha hecho, si queremos ver al futuro, debiéramos pensar que se repitiera mecánicamente.

“Estamos en condiciones totalmente distintas de cualquier momento anterior. Yo diría, en términos generales, mucho más complejas que cualquiera de los grandes movimientos transformadores que ha vivido el País en el pasado”, señaló el tres veces candidato presidencial.

Cárdenas expresó la necesidad de instaurar en el País un Sistema de Planeación Nacional que trascienda sexenios.

EL PAÍS

ELÍAS CAMHAJI

Nueva York – 30 ENE 2023. Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, es el segundo narcotraficante que asegura haber pagado sobornos a Genaro García Luna. Así lo ha declarado este lunes en el juicio en Nueva York contra el secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). “Le entregué dinero en efectivo”, afirmó el capo, antiguo líder del Cartel del Milenio y viejo aliado del Cartel de Sinaloa. “Fueron más de 10 millones de dólares”, agregó. El narcotraficante detalló que Arturo Beltrán Leyva, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada tuvieron una relación directa con el exfuncionario. “Específicamente mencionaron a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño”, dijo sobre las alianzas de sus antiguos colaboradores con el acusados y sus dos principales cómplices, según las autoridades estadounidenses.

El Lobo se refirió a los sobornos como “los arreglos”. Eran pagos a funcionarios públicos “para tener seguridad y protección” y “para poder traficar libremente”. “Sobornamos al Gobierno federal”, dijo directamente Nava Valencia, que también señaló a agentes de la Policía Federal de Caminos ―una corporación extinta― y a políticos, aunque no ha mencionado a ninguno por nombre.

El narcotraficante explicó que a principios de los años 2000 hubo una alianza conocida como la Federación, en la que el Cartel de Sinaloa logró una sociedad con el Cartel de los Beltrán Leyva y antiguos miembros del Cartel de Juárez. Nava Valencia colaboró estrechamente con El Chapo y con Jesús El Rey Zambada, el hermano de El Mayo, con quien coordinó envíos de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia al aeropuerto de Ciudad de México, a veces con una escala en Centroamérica.

Era también particularmente cercano a los allegados de Arturo Beltrán Leyva, como Édgar Valdez Villarreal La Barbie y Sergio Villarreal Barragán El Grande, que fue el primer testigo que declaró contra García Luna. “Con ayuda del Gobierno, el cartel creció en cuanto a territorio, en la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos”, afirmó Villarreal Barragán en la corte de Brooklyn el pasado lunes.

El Lobo ha corroborado las declaraciones de El Grande sobre el pago sistemático de sobornos a García Luna. Siempre según esta versión, la primera vez que Nava Valencia dio dinero al exfuncionario fue en 2006, cuando Arturo Beltrán Leyva convenció a varios de sus socios de dar “una polla” o una colecta. “Nos dijeron que teníamos que hacer ‘una polla’ entre todos”, señaló. Ese pago inicial fue de 2,5 millones de dólares. Se pidió a varios altos mandos de la Federación que participaran como Nacho Coronel y Juan José Esparragoza, alias El Azul.

“Nos dijeron Arturo, La Barbie y todos ellos que con esto podíamos contar con Genaro García Luna”, aseguró el capo. El Lobo, que se ha presentado al estrado con un uniforme de reo de un color amarillo fosforescente, afirmó que a cambio del dinero esperaban “tener más control sobre el territorio”, así como ayuda y filtraciones de información en medio de una guerra con La Familia Michoacana, sus enemigos. Los Beltrán Leyva, dijo Nava Valencia, se referían al exsecretario como Licenciado, Compa o Señor. “También lo llamaban por su nombre, Genaro”.

También dijo que la relación con el exfuncionario se remonta a cuando fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). “Cuando estaba mandando gente para Laredo, mandó a un comandante [de la AFI] para ayudarnos en la guerra que tenían por allá”, declaró sobre un supuesto trato preferencial que recibía el Cartel de Sinaloa sobre sus rivales, El Cartel del Golfo y Los Zetas.

El Lobo aseguró que tuvo al menos otras dos reuniones en la que entregó dinero a García Luna. La primera fue en octubre de 2007 en Cuernavaca, después de que el Cartel de los Beltrán Leyva (todavía aliados de El Chapo en ese tiempo) sufrió un decomiso de más de 20 toneladas a manos de la Marina. Fue una de las mayores incautaciones en la historia de México hasta ese momento. Diez toneladas eran de Nava Valencia y la otra mitad era de Arturo Beltrán. Los socios colombianos le reclamaban a los narcos mexicanos por las pérdidas y, angustiados, los capos buscaron al entonces secretario de Seguridad.

“Me sorprendió verlo ahí”, contó el testigo, que dice haberse sentado justo frente al funcionario. García Luna les dijo que el cargamento venía vigilado desde Sudamérica y les compartió documentos que probaban el seguimiento de la DEA. La filtración valía oro e hizo que los socios de Colombia se tranquilizaran: ”Nos ahorró 50 millones de dólares”. Beltrán pagó cinco millones por esa información y Nava Valencia dio otros cinco más.

La segunda reunión fue en 2008, durante la ruptura de la Federación comandada por el Cartel de Sinaloa. Arturo Beltrán mandó a secuestrar un par de meses antes a El Lobo para ver de qué lado estaba, si con él o con El Chapo y El Mayo. Su gente tuvo que pagar un rescate millonario y él logró convencerlos de que iba a ser fiel, pero acabó traicionándolos poco después y se alió con El Chapo. “No cabían los cinco millones, entonces solo metieron cuatro en la unidad [el coche] que mandaron”, recordó.

En medio del pleito, Nava Valencia pidió una reunión con el secretario de Seguridad. La condición para que se llevara a cabo el encuentro era pagar medio millón de dólares por adelantado. “Duró unos 15 minutos, en lo que nos presentamos y hablamos sobre Arturo [Beltrán]”, dijo sobre la conversación, que tuvo lugar en un autolavado de Guadalajara, según su testimonio. Dijo que Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha del jefe policial, estaba ahí también, en un “lavadero de carros” que servía de fachada a uno de sus socios más cercanos. “Iban vestidos de traje los dos”, recordó, “cuando empezamos a platicar, sabían todo lo que había pasado con lo del secuestro”. García Luna ofreció protegerlo y dijo “que iban a tener intermediarios para hablar con nosotros en el futuro”. Además de los 500.000 dólares, el secretario le pidió otros 2,5 millones para cerrar el trato. En total, eran otros tres millones de dólares para el funcionario, dijo El Lobo.

Tras romper con el Cartel de Sinaloa, el clan de los Valencia formó el Cartel del Milenio, su propia organización. El grupo tenía presencia en Michoacán, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente los principales rivales de Sinaloa, son una escisión de esta antigua organización. Nemesio Oseguera El Mencho también fue miembro, así como varios integrantes de Los Cuinis, uno de los brazos armados del CJNG. Nava Valencia fue su líder desde 2004 hasta octubre de 2009, cuando fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El Lobo dijo que purga una condena de cárcel en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico hasta abril de 2025.

Nava Valencia es el noveno testigo llamado a declarar contra García Luna, pero es apenas el segundo que lo conoció y tuvo contacto directo con él. “¿Qué sabía usted de las relaciones que tenía El Chapo con funcionarios del Gobierno?”, le preguntó la fiscal adjunta Marietou Diouf. “También mencionó a Genaro García Luna”, respondió el convicto. “¿Y El Mayo Zambada mencionó algo sobre sus relaciones con funcionarios?”, siguió el interrogatorio. “A Genaro. García. Luna”, dijo El Lobo, enfatizando las pausas. Mientras contaba el dinero que aseguró haber entregado a García Luna, el capo aseguró que pagaba unos 2 millones de dólares al mes en sobornos a autoridades en distintos niveles de Gobierno.

El testimonio salpica al secretario de Defensa de Calderón

Florian Miedel, el número dos de la defensa de García Luna, contraatacó en el interrogatorio. Recordó a El Lobo que participó en torturas, asesinatos y secuestros de cientos de personas. Pero también sembró una duda importante en el jurado. Entre 2011 y 2020, en 10 años de colaboración con las autoridades estadounidenses, Nava Valencia jamás señaló a García Luna durante entrevistas que se extendieron por horas. “Hubo un nombre que nunca mencionó: Genaro García Luna”, dijo Miedel. “Hubo temas que no se tocaron”, contestó el testigo. “Uno tenía temor también”, agregó.

Miedel logró que el testigo admitiera también que tampoco mencionó a Cárdenas Palomino. Incluso, en esos años, las autoridades de EE UU le mostraron una foto y no pudo identificarlo. “Me enseñaron muchas fotos, hay fotos que se me traspapelan en la cabeza”, justificó El Lobo. “Se tocaron temas superficiales sobre corrupción en el Gobierno, hasta que llegó el momento”, se aferró el narco. El abogado de García Luna le preguntó entonces por qué sí había incriminado a Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa durante el Gobierno de Calderón, por recibir sobornos antes de 2020 y no a su cliente. El capo se vio acorralado.

El abogado de García Luna también logró que el testigo admitiera que en diciembre pasado cambió su versión. Un mes antes de que iniciara el juicio, El Lobo dijo a los fiscales que había “mentido” y que “nunca había visto a García Luna”. El narcotraficante dijo que tenía miedo porque había recibido amenazas y porque su familia sufrió atentados, aunque no fue específico. Después, decidió quedarse con su declaración original. Con todo, Nava Valencia reafirmó que la corrupción llegó a las esferas más altas del Gobierno. “¿Usted está diciendo que se sobornó a personas que estaban justo por debajo del presidente Calderón?”, cuestionó Miedel. “Sí, se llegó a ese punto”, zanjó el convicto.

En un momento del interrogatorio, García Luna se giró con Shannon McManus, el integrante más joven de su equipo de abogados, y le guiñó un ojo. Se sentía confiado otra vez, pese a estar tenso durante toda la jornada. Es el exfuncionario mexicano de más alto rango que se ha sentado en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Se enfrenta a tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. De ser hallado culpable, se enfrenta a una pena mínima de 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua

Grupo REFORMA

Cd. de México (30 enero 2023).- En el discurso, el Gobierno federal defiende la estrategia de “Abrazos no balazos”, pero en las licitaciones militares gastan millones de pesos en armas de alto poder.

Sólo durante el cierre del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destinó 761 millones de pesos para comprar fusiles de asalto e insumos para el control de disturbios para la Guardia Nacional (GN).

Estas licitaciones, que anteriormente no se daban a conocer, detallan que el Ejército compró 3 mil 546 armas largas, entre ellas 604 ametralladoras calibre 7.62 Negev NG-7 de fabricación israelí y 319 fusiles Barrett calibre 50 para uso de la Guardia.

Fuentes militares informaron que las ametralladoras calibre 7.62 son las que utilizan en el combate a la delincuencia organizada.

“En cada enfrentamiento hay armas de ese calibre, incluso en el combate aéreo, como en el último caso de la captura de Ovidio Guzmán”, confirmó un mando consultado.

Los Barrett, a su vez, son para el adiestramiento de francotiradores en una guerra convencional y hasta ahora se concentran principalmente en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua, y no en tareas contra la delincuencia.

“Excepto cuando hay una amenaza inminente”, según el mando consultado.

Conforme las licitaciones también fueron adquiridas 2 mil 533 carabinas Colt M4 calibre 5.56, pero no para la GN, sino para la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Estas, según las fuentes militares, se usan para adiestramiento de las fuerzas especiales y también en operativos de alto impacto.

El contrato de 6.2 millones de dólares para las ametralladoras Negev fue ganado por Israel Weapon Industries (IWI), empresa actualmente privada pero que originalmente fue establecida por el Gobierno de ese país y que fue la inventora de las subametralladoras Uzi.

IWI también proveerá a la Sedena 24 mil 160 cartuchos calibre 7.62 y 2 mil 58 juegos de mil eslabones desintegrables M13, que son las tiras o cintas en las que se colocan los cartuchos para alimentar la ametralladora.

Las carabinas Colt y los fusiles Barrett, en tanto, serán vendidos por las dos empresas estadounidenses que los fabrican, Colt Manufacturing Company y Barrett Firearms Manufacturing, las cuales ganaron contratos por 7.3 y 4.4 millones de dólares, respectivamente.

Estas empresas estuvieron entre las ocho a las que el Gobierno de México demandó ante una corte federal en Boston, para buscar hacerlas responsables por el tráfico de armas a nuestro país, litigio que un juez federal desechó el pasado 30 de septiembre.

La GN también recibirá 3 mil 948 lanzadores de 40 milímetros para granadas no letales, 3 millones 549 mil proyectiles de gas lacrimógeno, gas pimienta, pintura verde y amarilla para marcar a objetivos, 88 mil 339 granadas de humo blanco y 40 mil 418 rociadores portátiles de gas.Hora de publicación: 05:00 hrs.

EL PAÍS

ELÍAS CAMHAJIZEDRYK RAZIEL

Nueva York | México – 29 ENE 2023. El Gobierno de México envió el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Preso por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro García Luna recibía el aviso oficial de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra. “Deliberada e ilegalmente, usted obtuvo o usó un total de al menos 250 millones de dólares que legítimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento. La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el exsecretario de Seguridad Pública aprovechó sus contactos después de dejar su puesto y encabezó un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un “imperio” inmobiliario en Florida. La bomba se filtró esta semana a los medios prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el que es señalado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de 20 años. Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narco y las autoridades mexicanas van tras él por fraude y malversación, con daños que ascienden hasta los 750 millones de dólares.

La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos carriles separados. El juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Policía Federal, pero también tiene una derivada económica, ya que se le acusa de recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde 2001, a los pocos meses de que asumió como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon especialmente cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios años después, incluso tras su detención en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de cárcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.

No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en otros países. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la agenda los reclamos de México en la corte de Miami. El mandatario ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se había quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que políticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.

La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se presentó ante la Corte del 11º Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF. El brazo de la Secretaría de Hacienda contra el lavado de dinero contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometió a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de dólares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.

La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que mantuvo una pugna política contra Nieto cuando este fue parte del Gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso ilícito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con una representación jurídica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y señaló que el contrato era equiparable al que suscribió la Secretaría de Relaciones Exteriores para contar con una representación legal en la demanda de México contra empresas armamentistas. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y ponían en riesgo la recuperación del dinero público robado por García Luna.

La demanda pareció tambalearse cuando Nieto dejó la UIF y fue sustituido por Pablo Gómez, un político y economista de izquierda de todas las confianzas de López Obrador. Pero Gómez ratificó en la corte de Florida el litigio iniciado por Nieto y el 31 de octubre de 2022 presentó una ampliación de la demanda en la que elevó a 745,4 millones de dólares la fortuna ilícita de García Luna, de la que busca recuperar cuando menos 600 millones de dólares. La UIF ha sido enfática en afirmar que el exfuncionario construyó su riqueza con dinero “robado” a México mediante actos de corrupción.

La demanda enlista 30 contratos entregados por instituciones públicas a empresas de García Luna o de sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario era transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE UU y luego era invertido en empresas y bienes en Florida. “Bajo la dirección de García Luna, los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compañías, al menos 30 bienes raíces, múltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias y bienes localizados en Florida”, señala la demanda.

El Gobierno mexicano atribuye a García Luna un complejo entramado que incluye empresas fachada en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Delaware. Se asegura que el exsecretario también echó mano de fideicomisos para administrar los bienes, una de las estructuras financieras más opacas y alejadas del brazo de las autoridades. El esquema utiliza empresas para la adquisición de propiedades, pero también apela a otras compañías para hipotecar los activos, lo que permitía a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les permitían tener un estilo de vida lleno de lujos, se reclama en la demanda.

La UIF acusa también a Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del “imperio de lavado de dinero” que encabezó su marido, así como a otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). A cambio, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les ayudaron a hacerse de múltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios, según los actos reclamados por el Gobierno mexicano.

En las últimas dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que ha habido del juicio en Nueva York. Sentada en una banca de la corte de Brooklyn reservada para la familia del acusado, la mujer de García Luna ha saludado y mandado besos a la distancia a su esposo, y ha evitado tener contacto con los casi 20 reporteros que entran a la sala en cada sesión para cubrir el juicio, que se sientan a sus espaldas. Las reglas prohíben que los periodistas aborden a otros asistentes para entrevistarlos dentro del tribunal. Pereyra suele entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y no ha dado declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.

La posibilidad de que los caminos del juicio penal de Estados Unidos y de la demanda civil de México se cruzaran era latente hasta hace unos días. El proceso judicial contra García Luna ha provocado una tormenta política en México ante el hecho de que las acusaciones puedan salpicar a por lo menos tres expresidentes: Fox, Calderón y Peña Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enfáticos en su momento en señalar el estilo de vida lujoso del acusado tras mudarse a Florida y establecieron por escrito que vivió en mansiones y navegó en yates, facilitados por sus socios.

El juez Brian Cogan, sin embargo, cerró la puerta a que se hablara de la fortuna de García Luna después de dejar el Gobierno de Calderón. “Este tribunal no va a permitir que el jurado especule sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado al abandonar su cargo se financió con dinero del cartel, cuando no hay evidencia de que ese sea el caso”, señaló en una orden emitida el pasado 19 de enero sobre los testimonios que se iban a admitir en la corte y las preguntas que se iba permitir hacer a ambas partes.

En un revés para la Fiscalía, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que existiera un vínculo entre el caso por narcotráfico y la supuesta corrupción que cometió durante el Gobierno de Peña Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden presentar más adelante evidencia sobre el trabajo del exfuncionario como consultor, pero señaló que a menos de que pueda sustentar que estaba “ofreciendo servicios de consultoría para los miembros del cartel, esta evidencia es claramente irrelevante”.

Estados Unidos persigue la sombra de la complicidad entre el narco y las autoridades. México va tras el rastro de un sistema multimillonario de corrupción gubernamental. En esa encrucijada, difícil de disociar en el juicio mediático, los reflectores están sobre García Luna, que sostiene su inocencia en medio de un huracán político y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un exfuncionario mexicano. A la espera de que avance la demanda en Florida, el juicio en Nueva York se reanuda el próximo lunes con la próxima ronda de declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para declarar en su contra.