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EL PAÍS

ARNOLDO KRAUS

24 SEPT 2023 – Science es una de las grandes revistas dedicada a ciencia y a otros temas. Por su prestigio mundial, publicar en ella es meta de la inmensa mayoría de los científicos. Science es la revista de la American Association for the Advancement of Science. Fundada en 1880 ve la luz cada semana. Debido a la sapiencia de su grupo editorial es muy improbable, sino es que imposible, ser recipiendaria de noticias falsas -fake news-, la nueva pandemia cuya vigencia in crescendo y capacidad de desinformar crece sin coto.

Su factor de impacto, i.e., instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar su importancia y repercusión dentro de la comunidad científica es enorme. Science es una de las revistas más respetadas en el mundo. En la sección Latest News (Últimas noticias) se abordan diversos temas, inter alia, Amazonas, el mundo de los vaqueros, datos sobre medusas, difteria, la cantidad de cosas (stuff) acumuladas para vivir, etcétera. El 21 de septiembre publicaron un texto acerca de los cárteles del narcotráfico en México y sus vínculos con la violencia.

De acuerdo con la investigación y la interpretación de Sara Reardon, autora del texto -Cutting cartel recruitment could be the only way to reduce Mexico´s violence- el narco es el quinto empleador de México. Aunque es imposible hablar de “números duros”, en sus filas “laboran” aproximadamente 175.000 personas y, cada semana se suman 350. Tal y como me lo han explicado dos profesores universitarios, uno afincado en Chilpancingo, otro en Chihuahua, la realidad económica aplasta: cuando terminan sus estudios los jóvenes universitarios o no encuentran empleo, o el salario magro e insuficiente los orilla a buscar otra fuente de ingresos. Supervivencia es la realidad. Emplearse es la necesidad. Binomio incontestable: sobrevivir y mantener a la familia es vital.

La realidad de los cárteles no sólo es realidad: es supervivencia y es un retrato preclaro de la política mexicana de las últimas décadas. Ninguno de nuestros putrefactos partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena y anexas ha cumplido: ni han generado empleos suficientes, ni han protegido la salud de 50 millones de connacionales, ni han respaldado a los familiares de los desaparecidos, ni han dejado de expulsar a nuestros héroes trabajadores, los indocumentados, que arriesgan sus vidas en busca de soluciones al cruzar la frontera norte; las remesas de ese grupo, a pesar de la apreciación del peso frente al dólar, siguen siendo indispensables para evitar que nuestro país siga hundiéndose.

Rafael Prieto Curiel, expolicía de Ciudad de México, encargado del estudio puntualizó: “Ni a través de los tribunales ni a través de las cárceles. La única forma de reducir la violencia en México es cortar el reclutamiento de los cárteles”, aseveración veraz a la cual debe agregarse una cuestión insoslayable, ¿cuántos políticos mexicanos han tenido o tienen vínculos con el narcotráfico? Brete complejo, de nuevo real.

Comparto algunos datos del artículo. La organización criminal pierde 200 miembros cada semana; se calcula que 37% de los activos de los grupos de narcos en la década pasada fueron asesinados o encarcelados. En ese mismo período se agregaron 7000 nuevos activos: la cifra de reclutas en acción aumentó de 115.000 a 175.000. En nuestro país hay 150 cárteles; su capacidad empleadora es similar a la de Oxxo, una de las empresas que genera más trabajos. Por último, para incrementar nuestro desasosiego, se calcula que, en 2027 los cárteles crecerán 26% más y habrá 40% más víctimas.

La política, “abrazos, no balazos”, así como nuestra capacidad para exportar presidentes, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari -¿será el “gen azteca” el responsable?- mina esperanzas. ¿Saldrá México del barranco? No lo creo. Hay dos grandes soluciones. Ninguna se cumplirá: contar con políticos cuyo oficio sea ético y aumentar oportunidades de trabajo bien remuneradas.

México como México. La realidad aplasta: convivimos con 150 cárteles, la mayoría made in Mexico.

Grupo REFORMA

Tapachula, México (23 septiembre 2023) . Entre gritos de ¡Puro Sinaloa! aplausos y chiflidos, pobladores que mantenían un bloqueo se replegaron a orilla de la carretera para ver desfilar a integrantes del Cártel de Sinaloa, a bordo de camionetas en la vía que va de la localidad San Gregorio Chamic a Frontera Comalapa, Chiapas, frente a Guatemala.

Los delincuentes iban encapuchados, portaban armas de alto poder y chalecos antibalas.

Un habitante contó que es la primera vez que sucede eso en la región y a plena luz del día.

También narró que las vías carreteras siguen bloqueadas y que el camino que va de La Trinitaria a Lagos de Montebello, es el único que hoy fue liberado.

De acuerdo con denuncias ciudadanas este viernes 22 de septiembre se quedaron sin luz en Frontera Comalapa, lo que causó preocupación de personas que tienen familiares en esa localidad.

Asimismo, señalaron que no cuentan con los servicios básicos ante las pugnas entre grupos del crimen organizado.

“Mi mamá y mis hermanas están allá, ya no hay comida, no hay gas, transporte, nada estamos preocupadísimos por la situación”, externó Damaris Ramos.

En tanto, cuatro personas fueron ejecutadas por presuntos integrantes del Cártel Jalisco en San Gregorio Chamic, justo donde hoy sucedió el desfile de integrantes del Cártel de Sinaloa.

EL PAÍS

JORGE VAQUERO SIMANCAS

México – 23 SEPT 2023. Tras llegar a México desde Ecuador, Pedro le da vueltas a cómo llegar a la frontera con Estados Unidos. Mira la cazuela de arroz que una compañera hace sobre unas brasas a las afueras de la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México, poblada este viernes de decenas de tiendas de campaña instaladas por migrantes junto al asfalto que rodea el edificio. De repente, vuelve y responde: “Eso es lo que estamos aquí craneando (pensando). Si nos vamos en el bus tenemos que pagar las alcabalas (pagos a policías) y unos amigos que se fueron en bus dicen que a uno le quitan entre 500 y 400 pesos varias veces”. La otra opción le parece más dura: “Si nos vamos en el tren, sé que no vamos a pagar nada, pero corremos el riesgo de que nos pase algo”.

La situación de Pedro, de 31 años, es la de muchos migrantes que se han instalado cerca de la estación de autobuses. Se han trasladado aquí después de que Ferromex, la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, detuviera el pasado martes numerosas rutas de tren por la presencia de hasta 4.000 migrantes en sus vagones que querían llegar al la frontera norte del país. A esto se le suma que Maru Campos, la gobernadora del Estado de Chihuahua —una de las puertas de entrada a Estados Unidos— ha llegado este viernes a un acuerdo con la empresa ferroviaria y el Instituto Nacional de Migración para disuadir a los migrantes de trasladarse en tren por su región.

Las cifras de migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos no para de subir y ha dejado números superiores a los de antes de la pandemia. Más de 91.000 personas miembros de una familia (al menos dos personas con parentesco directo que migran) fueron detenidas en agosto cuando instaban cruzar de forma ilegal, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Entre dudas sobre si tomar el tren o el autobús, Pedro sabe que el camino que lo ha llevado hasta Ciudad de México es el preludio de lo que le espera hacia la frontera. “En México el problema es la extorsión. Si viajas sin documentación, los policías te quitan el dinero; si no tienes dinero, te quitan el teléfono; y si no tienes nada, te devuelven para atrás, a la frontera con Guatemala”, explica. Denuncia que las autoridades saben que autobuses transportan a migrantes y los paran en varios puntos del trayecto. “Yo prefiero mil veces cruzar el Darién que cruzar México”, recalca.

Pedro, tras salir de Santo Domingo de los Colorados, ciudad ecuatoriana en la que vivía, cruzó toda Centroamérica y llegó a México por Tapachula, ciudad del Estado de Chiapas que hace frontera con Guatemala. Allí, el pasado lunes, un grupo de migrantes intentó entrar por la fuerza en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a causa de las aglomeraciones de hasta 6.000 personas en su exterior.

El siguiente paso de este migrante es llegar a Estados Unidos. Pero el CBP One, una aplicación para pedir asilo en territorio estadounidense, “tarda mucho”. Pedro quiere llegar a Sonora, una región fronteriza que él considera más factible para entrar. “Nosotros estamos pensando mejor arriesgarnos a entregarnos a los policías estadounidenses en la frontera”, explica. Este método, que forma largas colas de migrantes que esperan a ser detenidos, consiste en que una vez capturados en territorio estadounidense, los migrantes pueden comprarse un transporte hasta casa de familiares o conocidos mientras esperan a ser procesados.

La embajada de Estados Unidos en México ya ha avisado a los migrantes que quieren usar esta vía de que pueden devolverlos a territorio mexicano tras ser detenidos. Las autoridades migratorias se amparan en el Título 8, que el presidente estadounidense, Joe Biden, endureció tras el fin del Título 42 que había decretado su predecesor, Donald Trump, para devolver a migrantes de forma rápida. Es lo que sucedió en Ciudad Juárez, localidad del Estado de Chihuahua que hace frontera con El Paso, en Estados Unidos. Allí, la Guardia Nacional desalojó a 300 migrantes que esperaban a cruzar la frontera en un campamento en el lecho del río Bravo.

La crisis migrante que afecta a todo el país en Estados como Chiapas, Chihuahua o Oaxaca, donde los albergues están colapsados, la conoce el migrante venezolano de 39 años Ricardo Álvarez. Duerme por fuera de la estación de autobuses en una tienda de campaña junto a su mujer, Lili Noguera (38 años), y su hijo Isaias. El niño de 7 años es la razón de que no quieran realizar el viaje en el tren conocido como La Bestia, que ha dejado numerosas muertes y mutilaciones a migrantes que han tratado de llegar a la frontera de Estados Unidos subidos en él. “A veces pensamos en irnos en el tren porque no tenemos recursos económicos, pero también es peligroso por el niño”, explica Álvarez.

Están ahorrando para pagar los 1.500 pesos que, según ellos, cuesta el autobús hasta la frontera. Pero también han conocido la cara amarga de la extorsión. “En varias ocasiones los policías nos han bajado y nos han hecho pagar más por los pasajes”, denuncia Álvarez. Sin embargo, para ellos lo más duro no ha sido atravesar México. Desde que salieron por razones económicas de Barquisimeto, en Venezuela, su mayor dificultad fue atravesar la trampa mortal del Darién.

Ahora, mientras esperan a conseguir cita en el CBP One intentan ahorrar todo lo posible para pagar los billetes de autobús. “Estamos vendiendo chupetas y muchas personas por ahí nos colaboran con monedas y billetes”, dice Álvarez. Cada día comen en los puestos que hay en frente de la Estación de Autobuses del Norte, donde “ha llegado mucha gente después del paro de Ferromex”. Ahora, como la familia Álvarez-Noguera y el migrante ecuatoriano Pedro, muchas personas esperan su viaje la frontera de Estados Unidos, ya sea en el peligro que supone montarse en La Bestia o el riesgo de ser extorsionados tras horas de carretera en un autobús.

REFORMA

Antonio Baranda

Cd. de México (23 septiembre 2023) . El despliegue de elementos militares para contener la ola migrante rompió récord, pero no se traduce en resultados.

Anunciado como el antídoto al flujo de migrantes desde el sur hasta el norte del País, el despliegue castrense supera los 34 mil efectivos conforme el “Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur”, de acuerdo con cifras oficiales del Gabinete de Seguridad.

Este nivel se mantiene desde el mes pasado, a raíz del aumento de los flujos migratorios, y representa un récord en lo que va del sexenio, ya que el máximo alcanzado era de 32 mil elementos en octubre de 2022.

Pero la expansión de migrantes se da no sólo en la frontera sur sino en estados del centro y norte del País.

Ayer, el Instituto Nacional de Migración junto con ejecutivos de Ferromex y la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, adoptaron medidas ante la emergencia y el desborde migratorio.

Se decidió bajar a migrantes que viajen en trenes y regresarlos en aviones y autobuses hacia el sur de México. Sin embargo, no especificaron cómo harán para tener los vehículos que retornen a migrantes ni dónde serán ubicados.

El Puente Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los más colapsados por la crisis.

El Gobierno federal se comprometió a realizar gestiones con Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales que se han internado en México.

El INM aceptó que hay una presión fuerte en Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; Tijuana, Baja California, y distintas fronteras de Tamaulipas.

El martes, Ferromex detuvo más de 60 trenes por las olas de migrantes y el INM anunció que enviará a agentes en las rutas férreas.

La estrategia de vigilancia militar ha sido desbordada. A principios de año, había 30 mil 817 federales asignados a la contención migratoria y, al 4 septiembre, sumaban ya 34 mil 158 elementos repartidos a lo largo de distintas rutas por el norte, centro y sur del País.

Las acciones de control migratorio se hacen mediante puntos de control y revisión, operativos y hasta redadas interinstitucionales en carreteras, plazas públicas y rutas ferroviarias.

En el sur del País, los puntos de mayor flujo migratorio son Tapachula y Tonalá, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Cárdenas, Tabasco, y Coatzacoalcos, Veracruz.

La Marina participa en el Plan Estratégico, principalmente en puntos establecidos en carreteras, aduanas y garitas, y en unidades operativas en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.

La Guardia Nacional también mantiene presencia operativa en las fronteras norte y sur, así como en aeropuertos y carreteras de jurisdicción federal.

EL PAÍS

JORGE VAQUERO SIMANCAS

México – 22 SEPT 2023 -El narco es el quinto empleador de México, con entre 160.000 y 185.000 personas, y la única manera de acabar con ellos pasa por evitar el reclutamiento de nuevos miembros. Los grupos criminales alistan a 350 personas a sus filas cada semana. Estas son las conclusiones de un estudio del Complexity Science Hub de Viena que ha publicado este jueves la revista Science. Una de las aproximaciones más ambiciosas a la difícil tarea de cuantificar en números el poder que los grupos criminales tienen en México.

El investigador encargado del estudio y expolicía de Ciudad de México, Rafael Prieto Curiel, ha sido claro: “Ni a través de los tribunales ni a través de las cárceles. La única forma de reducir la violencia en México es cortar el reclutamiento de los cárteles”. Los investigadores han combinado los datos de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y abandonos de las organizaciones criminales entre los años 2012 y 2022 para llegar a esta conclusión.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que a pesar de los encarcelamientos de miles de delincuentes, el tamaño de estas organizaciones es mayor que hace 10 años. Las autoridades mexicanas meten en prisión a unos 6.000 miembros de los cárteles cada año. Sin embargo, los grupos criminales de México cuentan en 2022 con 60.000 integrantes más que en 2012. En total serían en torno a 175.000 integrantes, según el estudio, lo que colocaría a los cárteles como el quinto empleador de México, por encima de empresas como Pemex u Oxxo, y solo superado por FEMSA (embotelladora de Coca Cola), Walmart, Manpower y América Móvil.

Los resultados también ofrecen datos sobre cuantos integrantes tiene cada grupo criminal: casi dos de cada 10 personas del narco pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de cada 10, al Cartel de Sinaloa. En estos datos solo se tienen en cuenta a personas vinculadas directamente con la violencia, y no a otras personas relacionadas con el narco, como los gestores financieros encargados de lavar el dinero.

Los cárteles también están perdiendo muchos miembros por la violencia. Los datos obtenidos por los investigadores reflejan que en un periodo de 10 años el 17% de las personas reclutadas mueren. Prieto afirma que a este ritmo de pérdida de integrantes, entre detenciones y asesinatos, los cárteles necesitan captar a 350 personas cada semana para evitar su colapso. Pero muchos de los que se unen al narco no lo hacen voluntariamente. El reclutamiento forzoso es el sistema más usado por los cárteles, y uno de los más dolorosos para las familias de los desaparecidos.

Si los reclutamientos de los cárteles se redujeran a la mitad, en 2027 su tamaño sería un 11% menor. “Matemáticamente, por tanto, una estrategia preventiva tiene mucho más éxito que una estrategia reactiva tradicional”, ha explicado Prieto. Esta visión positiva se contrarresta con otra mucho peor. Si los carteles siguen al mismo ritmo de reclutamiento y violencia, en 2027 podría haber un 40% más de muertes y las organizaciones crecerían un 26%.

El estudio se define como el primero en estimar en cifras “la caja negra” que supone el narcotráfico, ya que es muy difícil cuantificar su poder y conocer sus mecanismos por su importancia económica, social y política y su opacidad en todo el territorio mexicano. El director de la empresa de investigación de la delincuencia SciVortex, Eduardo Salcedo Albarán, explica que el modelo matemático obtenido por este estudio es “asombroso”, y que es un buen punto de partida para conseguir mejores sistemas para investigar a los cárteles en el futuro. Además, anima a los gobiernos de todos los niveles en México a probar estrategias diferentes para combatir el narcotráfico. “La parte más difícil es llevar estas ideas al mundo real”, ha sentenciado.

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – 22 sept 2023 – Andrés Manuel López Obrador ha indicado que sus familiares no deben obtener puestos públicos mientras él esté en la presidencia de México. La directriz del mandatario se ha dado plena efervescencia de chapulines, como se conoce en el país a los políticos que dejan a medias un cargo de responsabilidad pública para candidatearse a un puesto diferente. López Obrador ha revelado que intervino para frenar a una de sus primas, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Manuelita, que es diputada federal y recientemente había anunciado sus intenciones de contender por la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas. “Yo no quiero que se restablezca la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia, no”, ha dicho el presidente en su conferencia mañanera de este viernes.

López Obrador ha detallado que le hizo llegar el mensaje a su prima a través de un intermediario, el director del IMSS, Zoé Robledo, que también aspiraba a la candidatura de Chiapas y finalmente reculó para terminar su encargo en el seguro social. “Con Zoé hablé y respetuosamente le mandé a decir que eso no, y ella después aclaró. Sin embargo, no quiero que quede la ambigüedad, la duda, ya ven cuántos malquerientes tenemos, cada vez se tiene que ser más claro, más tajante, porque si matizo, si hablo entre líneas, no se entiende”, ha agregado. El presidente ha indicado que, si Manuelita Obrador quiere repetir como legisladora, él no tendría inconveniente, pero no a la gubernatura, que es un puesto de elección directa.

El mandatario ha aprovechado el ejemplo de su prima para contar que tiene un acuerdo con sus hijos y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, en el mismo sentido de no forjar una carrera en la política a su sombra. “No debe inmiscuirse la familia. También tengo que agradecer mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos, y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante, y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando”, ha dicho.

López Obrador ha añadido que, aunque sus familiares han estado alejados de la función pública, su vida ha estado bajo escrutinio. “Hasta tengo que agradecerles [a mis hijos], porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden”, ha indicado. Algunos escándalos han envuelto a la familia presidencial. La Fiscalía abrió una investigación por la denuncia periodística de un posible conflicto de interés relacionado con el hijo mayor del mandatario, José Ramón López, y la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. El presidente ha referido que, en el caso de su esposa —que no aceptó ostentarse como primera dama—, su trabajo como docente e investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también ha estado bajo la lupa. “Yo tengo que agradecerle a mi esposa y compañera Beatriz, que decidió no ser primera dama, y lo ha cumplido, y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree o dejar de ayudarme”, ha contado.

El presidente ha señalado que antes de su Gobierno había una cultura de nepotismo que permitía que las parejas de políticos alternaran en cargos de alcaldes, gobernadores e incluso en la presidencia de la República, esto último en alusión al panista Vicente Fox (2000-2006), que en algún momento barajó la posibilidad de que su esposa, Martha Sahagún, le sucediera en el cargo. “Pero sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, no se extralimiten. Además, la política es un oficio, no es: ‘porque soy pariente de un político o soy amigo de un político, ya con eso voy a aspirar a ocupar un cargo’, ese es un desprecio a la política, que es un oficio, y un desprecio, una falta de respeto al pueblo”, ha referido López Obrador. Según sus palabras, el veto del mandatario a que sus parientes accedan a cargos públicos concluye en septiembre de 2024, cuando él abandone la presidencia, se retire a su casa de descanso y desaparezca de la vida pública.

EL PAÍS

ISABELLA COTA

México – 21 SEPT 2023. Hace mucho que en México se cambió la palabra narcotráfico por el más amplio concepto de “crimen organizado”. La razón es que este ha tomado por la fuerza negocios de todo tipo, incluyendo el tráfico de personas, pero también fungiendo como una especie de lavadora en reversa: penetrando en negocios legales para operarlos de manera ilegal. El narco está detrás de redes de taxis y de autobuses, así como de la distribución del limón y la producción de tortilla de maíz, centro sagrado de la gastronomía del país.

En 2022, el 27,4% de los hogares en México reportaron al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) que por lo menos uno de sus integrantes fue víctima de un crimen, según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Pero considerando que el narco está hasta en la comida, los mexicanos han padecido de pagar más por un aguacate de lo que valdría en un mercado libre de crimen organizado, y lo han hecho, muy probablemente, sin saberlo.

En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) participará en un encuentro organizado por la Compañía de Jesús este jueves y viernes para discutir soluciones al problema de la violencia. “Este país ya no puede más”, dijo la Confederación en un comunicado reciente, “no puede seguir bajo la misma ruta de violencia desbordada”. Está claro que los empresarios temen ver más negocios tomados por la fuerza, temen entregar la economía a los criminales. Las reuniones, que se llevarán a cabo en Puebla, llevan de nombre de Diálogo Nacional por la Paz.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), centro de investigación y análisis sin fines de lucro a nivel mundial, estimó que el impacto económico de la violencia en México fue de 4,6 billones de pesos (230.000 millones de dólares al tipo de cambio correspondiente) en 2022. Esto equivale al 18,3% del Producto Interno Bruto. En el mismo año, el Gobierno Federal gastó el 0,6% del PIB en seguridad, dijo el IEP.

Cuando se mira el impacto per cápita, la cifra es más frustrante. Cada mexicano experimentó una pérdida económica de 35.705 pesos — más del doble del salario promedio mensual en ese año —. Además, la criminalidad en las cadenas productivas de alimentos le agrega dos puntos porcentuales a la inflación del país, según un estimado del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Autónoma de México. El “crimen organizado se ha convertido en un cartel económico dominante”, dice un boletín de Lacen. Un repaso de los titulares en el último año lo demuestra.

Pollo

Las imágenes de un mercado vacío en Chilpancingo, la capital de Guerrero, inundaron las redes sociales el año pasado. Según distintos reportes en medios, ocho personas relacionadas con la venta y distribución de pollo para consumo humano fueron asesinadas en una semana. Se reportó también un incidente en que un grupo de hombres armados asesinó en plena de vista de compradores y comensales a un empresario distribuidor de pollos. En las semanas después del incidente, el pollo escaseó en la localidad. Los mercados y pollerías cerraron, llevándose de paso también a las fondas y restaurantes de comidas corridas.

También en el Estado de México y en Michoacán se han registrado desabastos e incrementos en el precio del pollo a causa de las extorsiones del crimen organizado, ya que los vendedores no tienen de otra que pasarle la factura a los consumidores para preservar su negocio.

Pescado

En marzo del año pasado, el Congreso reunió a un panel de especialistas para analizar las causas más importantes por las que la pesca ilegal se ha expandido con fuerza. La principal causa es la falta de inspección y la segunda, es la presencia del crimen organizado. Es posible que una incluya en la otra. “La mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (por ejemplo, el camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) rebasa totalmente la capacidad y facultades de las instituciones civiles del Gobierno en el sector”, dice el reporte producto de la reunión.

La toma de la pesca, tanto legal como ilegal, se centra en el Golfo de California y en los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, según apunta una investigación del medio Contralínea. Pero en realidad ocupa todos los litorales, desde Tamaulipas en el norte hasta Yucatán.

Transporte

La Asociación de Transportistas Nacionales (ANTAC) informó en julio que el robo de carga acumula 2.300 millones de pesos (unos 137 millones de dólares) en pérdidas cada año. Los empresarios, sin embargo, aseguran que el monto es mucho más alto. De acuerdo con AI27, una empresa de custodia electrónica, el robo anual se acerca a los 300 millones de dólares. Las autoridades contabilizaron 13.199 delitos cometidos contra transportistas el año pasado, un incremento del 6,7% en comparación con 2021.

El transporte público también es presa. Entre julio y la primera semana de agosto, mataron a 14 choferes de autobuses solo en el municipio de Chilpancingo, en Guerrero. En Michoacán, el crimen organizado recaba 21 millones de pesos en extorsiones a pasajeros del transporte público, según información del diario Excélsior. Y el huachicol, como se le conoce al robo de gasolina, es un problema tan extenso que ha sido foco de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En enero, los taxistas de la turística Cancún reaccionaron con carreteras cortadas, violencia contra conductores de las plataformas, pasajeros e incluso autoridades al permiso que la aplicación Uber recibió en Quintana Roo para operar legalmente. Semanas después, reportes sin confirmar en medios tanto locales como nacionales proponían que esto se debía a que el gremio estaba cooptado por el crimen organizado. Esto coincide con un reporte de la firma de inteligencia en seguridad internacional Insight Crime, la cual, desde 2013, advirtió que los taxistas eran blanco de las organizaciones criminales. El objetivo es obligarlos a mover y vender drogas, informó la firma.

Frutas y verduras

El año pasado, Lacen identificó las frutas y verduras que más alta inflación padecieron, consecuencia del crimen. Solo en una quincena, el jitomate subió un 16,7%; el chile serrano, un 15% y el aguacate, el 4,73%. Este año, el Estado de Nuevo León vio un salto en el precio del limón del 50% entre agosto y septiembre, según datos de la Secretaría de Economía.

Esto tiene su raíz en Michoacán, Estado que exporta y abastece a gran parte del país de productos de agricultura. El 11 de septiembre, tres cortadores de limón murieron en un ataque armado que las autoridades aseguraron perpetrado por el crimen organizado en el municipio de Tepalcatepec. Zamora, otro municipio limonero, se ha convertido en el epicentro de las disputas en el Estado de Michoacán entre cárteles rivales de la droga, según el IEP. Lo mismo aplica para los demás cultivos que crecen en Michoacán.

En 2014, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, propuso que la Gendarmería desplegara unos 5.000 elementos en territorios agrícolas de todo el país para proteger los ciclos productivos del tomate que crece en Sinaloa y la caña de azúcar que se cultiva en Tamaulipas.

La (sagrada) tortilla

El centro de la gastronomía mexicana, la tortilla de maíz, también padece de las amenazas y extorsiones del crimen organizado. A finales de 2021, ocurrió en Guerrero un incidente a todas luces extraño. A través de cartulinas o carteles en los establecimientos, un grupo criminal ordenaba a los dueños de las tortillerías bajar sus precios. Esto mientras cobraba “piso” a los negocios por permitirles operar. El año pasado, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, le explicó a este diario: “[Los criminales] creen que uno sube el precio porque se nos ocurre, sobre todo en la zona de Guerrero, donde por inseguridad los costos del transporte son más altos”.