EL PAÍS
DANIEL ALONSO VIÑA
México – Desde Estados Unidos hasta México. Desde la policía de Zapopan, un municipio al este de Guadalajara, hasta el Departamento del Tesoro de una de las economías más grandes del globo. El caso de los siete jóvenes desaparecidos en Jalisco ha puesto en el punto de mira una estafa internacional que involucra, al menos presuntamente, al cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la poderosa organización criminal que tiene como actividad principal el envío y venta de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. El entramado de empresas expuesto por las autoridades estadounidenses revela la capacidad del crimen organizado para aumentar sus fuentes de ingresos gracias a las empresas ilegales más diversas, advierten los expertos.
Todo empezó el 27 de abril, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso una red de empresas conectadas con el CJNG, pero que se dedicaban a un negocio más prosaico que el del narcotráfico. Una célula del grupo criminal radicada en Puerto Vallarta se había especializado un tipo de fraude telefónico con el que se roban los ahorros de estadounidenses retirados haciéndoles creer que estaban adquiriendo o alquilando una residencia vacacional en las codiciadas playas de México. Las autoridades no han asegurado que los jóvenes desaparecidos fueran partícipes de esta actividad, pero han ido dejando pequeñas pistas por el camino. Los familiares de las víctimas han denunciado la “criminalización” de sus desaparecidos.
A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra siete individuos y 19 empresas conectadas con el cartel mexicano. Brian Nelson, el subsecretario de Inteligencia Financiera en el Departamento del Tesoro, ha destacado la importancia de esta actividad para la financiación del cartel en Puerto Vallarta: “El fraude del aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico en la zona de Puerto Vallarta y en otros lugares, es una importante fuente de ingresos que sustenta la actividad delictiva general del grupo”.
Eduardo Pardo Espino, mexicano de 45 años, está identificado como el jefe de esta trama, y ha sido sancionado junto con los otros seis individuos que presuntamente estaban bajo su mando. El objetivo de estas sanciones es bloquear los bienes y participaciones que tengan las personas designadas en Estados Unidos. Las empresas cuyas actividades tienen conexiones o han realizado pagos a miembros del CJNG están radicadas en Cancún, Guadalajara, Nayarit y Puerto Vallarta, y estaban a nombre de los distintos implicados. Tenían nombres como Besthings, Servicios Administrativos DantWoo, o Promotora Vallarta One, y servían de tapadera y de conexión con otros líderes del grupo criminal.
Las víctimas predilectas de este esquema: los “ciudadanos estadounidenses de edad avanzada”, como dice el informe del Departamento del Tesoro. “Antes de iniciar una compra de bienes inmuebles o realizar una inversión de tiempo compartido [cuando compras una propiedad a la que solo tienes acceso cierta parte del año] los ciudadanos de Estados Unidos deben tener cuidado”, advierte un aviso de la embajada de ese país de principios de mayo. El procedimiento siempre se parece: primero los intermediarios afirman tener compradores listos. Después, los estafadores piden adelantar algo de dinero que se necesita para pagar supuestas tasas o impuestos. Cuando tienen el dinero en sus cuentas, los estafadores desaparecen.
Los métodos y técnicas que utilizan para dar realidad a su discurso llegan muy lejos. Algunos, cuenta el aviso de la embajada, diseñan sitios web impolutos que imitan empresas estadounidenses reales, pero que están llenas de información falsa, como el lugar de localización de la empresa o el nombre de los propietarios. En otros casos, los estafadores presentan documentos falsos a las autoridades y hasta se registran en la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales, con nombres falsos también. Y la historia no termina cuando les descubren. Las autoridades han llegado a detectar que, cuando el estafado deja de confiar en el estafador, este se hace pasar por representante del gobierno mexicano o de una institución financiera. Entonces piden una tasa para ayudar a la víctima a recuperar el dinero perdido, y desaparecen cuando se lo dan.
Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y especialista en crimen organizado, tomó la noticia y el informe del Tesoro de Estados Unidos con una buena dosis de sorpresa. “No tenía identificado que el cartel se dedicara a este tipo de negocio, porque los beneficios que se puede obtener no son comparables con otros como el narcotráfico o el huachicoleo”, asegura Flores. El tráfico de drogas y el robo de combustible, negocios más propios de una organización criminal del tamaño del CJNG, revierten muchos más beneficios que las estafas telefónicas. “De ser cierta la información, significaría que el cartel está diversificando sus actividades”.
El centro de esta operación está en Puerto Vallarta, el enclave turístico más relevante de la costa jalisciense. La organización Insight Crime dice que esta es solo “la punta del iceberg” de la participación del CJNG en el sector turístico de la ciudad, “que ha sido una mina de oro para el grupo durante años”. El grupo criminal se aprovecha del desarrollo inmobiliario y el consumo que genera el turismo para blanquear dinero, creando un entramado de empresas de construcción y restaurantes a través del que canalizan el dinero conseguido ilegalmente. También se quejan de que “la eficacia de las sanciones internacionales, como la incautación de propiedades por parte de las autoridades locales, es cuestionable”. “Las sanciones estadounidenses tendrán escaso impacto en la operación delictiva, pero dificultarán en gran medida el acceso de las empresas al sistema bancario estadounidense”.
Ryan Donner, agente inmobiliario y abogado de Puerto Vallarta, contaba a un canal de televisión de Estados Unidos que habían tenido dos casos de este tipo en los últimos tiempos. “No es muy frecuente, pero sí nos han llegado”, dijo. En su caso, consiguieron frenar la estafa antes de que la persona hubiera transferido dinero al cartel, pero no siempre sucede así. Donner contaba que los estafadores mandaron falsos contratos y documentos con aspecto oficial de la administración mexicana en los que se reclamaban impuestos. “Tiene documentos que parecen ser documentos oficiales, sería muy fácil caer en la trampa de pagarles”.