EL PAÍS
BEATRIZ GUILLÉNZEDRYK RAZIEL
México
Tres días después de la revelación del plagio en la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, la comunidad académica abre las primeras grietas en su defensa. Una carta firmada por más de 180 intelectuales, mexicanos y extranjeros, rechaza los argumentos del representante legal de la jueza, Alejandro Romano, en los que asegura que lo ocurrido con el trabajo de Esquivel fue un problema de citación: “Ofende y es un insulto al rigor, a la honestidad y a un trabajo intelectual que se ha venido construyendo a lo largo de siglos desde la academia”, se lee en la misiva. Al mismo tiempo, Santiago Botero, excoordinador de Derecho de la Universidad Anáhuac —donde la ministra presentó su trabajo doctoral—, se ha distanciado de la posición de la casa de estudios y ha exigido consecuencias académicas “para evitar la impunidad”.
Han pasado 72 horas y nada parece haber cambiado en la rutina de Yasmín Esquivel Mossa después de que EL PAÍS revelara que casi la mitad de su tesis de doctorado había sido copiada de otros autores. La única intervención de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocurrió el viernes por medio de su abogado. Romano, que envió una réplica a este periódico, mantiene que “la posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado, —el de deficiencias o descuidos—, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro”.
Este argumento es el que ahora es refutado por la comunidad académica: “Pretende menospreciar e ignorar los estándares sobre los que se desarrolla un verdadero trabajo académico”. “Alegar que Esquivel no plagió su obra ya que se limitó a ‘invocar puntos de vista’ de renombrados juristas es inadmisible, pues el estándar mínimo para estos casos exige que cualquier idea ajena tenga que ser reconocida para no ser presentada como propia”, apuntan más de un centenar de intelectuales, entre los que están la prestigiosa lingüista Concepción Company, el expresidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg, el historiador francés Jean Meyer y el estadounidense John Womack Jr., los antropólogos Marta Lamas y Roger Bartra, los biólogos Antonio Lazcano y Julia Carabias, el abogado argentino Roberto Gargarella, el exdirector del Instituto Nacional de Migración Tonatiuh Guillén o los profesores de derecho italianos Michelangelo Bovero y Pierluigi Chiassoni.
“La honestidad intelectual y la obligación de citar las fuentes que se utilizan para la construcción del conocimiento resulta un imperativo, porque la ciencia trabaja así, a través de intercambios colectivos de ideas, en donde el reconocimiento de las autorías se torna fundamental para comprobar o desechar hipótesis”, apuntan los académicos en la carta, que termina con la petición de la dimisión de la jueza, una de las más importantes del país. “Se considera necesario que la involucrada ofrezca una disculpa a la comunidad académica, y dado que ha dejado de tener una condición constitucional necesaria para realizar la importante labor que desempeña, lo mínimo que se esperaría es que renuncie a su cargo por la gravedad de sus actuaciones”.
Rechazo a la posición de la Universidad Anáhuac
La Universidad Anáhuac zanjó rápido la revelación sobre la tesis de la ministra Esquivel. El viernes por la tarde, la casa de estudios emitió un comunicado, en el que sin nombrar en ningún momento la palabra plagio, señaló que tres años después de presentar el examen doctoral ya no se puede sancionar ninguna falta. Con eso se deslindaba de tomar cualquier acción. Además, en su posicionamiento, la universidad defendió los votos aprobatorios de los siete sinodales de Esquivel, que en 2009 consideraron la validez del trabajo, y de su asesor de tesis, José Antonio Núñez. Todos académicos de la Anáhuac. “Los sinodales y el revisor de la tesis, de acuerdo a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente, como acredita el acta del examen”, mantuvo la universidad después de conocer las revelaciones del plagio.
Esta respuesta dejó insatisfechos a parte de la comunidad de estudiantes de la Anáhuac, que emitió a su vez también un comunicado: “Queremos expresar nuestros profundo disgusto y enojo ante la muy lamentable postura que ha tomado la Facultad de Derecho”. “El plagio comprobado de la ministra constituye una falta grave a los principios de nuestra querida universidad”, se lee en el posicionamiento de estudiantes y titulados de Derechos, que terminan asegurando que “una sanción a nivel administrativo no sería suficiente para penar tales hechos, sino que lo realmente trascendente sería que no ostente uno de los mayores cargos de nuestro máximo tribunal que es la suprema corte de justicia de la nación”.
En ese mismo sentido se ha posicionado el excoordinador de Derecho, Santiago Botero, en una serie de publicaciones en Twitter, donde asegura que los resultados de la investigación de EL PAÍS son “contundentes”. “Cuando la verdad aparece así, inobjetable, no hay espacio a interpretaciones ni lecturas amañadas. No todo es relativo. Plagiar es robar, es apropiarse de ideas ajenas ante la incapacidad de pensar por cuenta propia y con el afán de obtener un beneficio personal”, escribe el profesor, que fue coordinador también del doctorado en Derecho.
“En un caso como este, que además es de singular trascendencia para la vida pública del país, es necesaria una manifestación contundente de repudio frente a la deshonestidad que ha quedado plenamente acreditada”, señala el docente de ‘Deontología de los servidores públicos y Ética en las ciencias sociales’, “es una oportunidad única para dar una lección invaluable a nuestros estudiantes y a las generaciones futuras. Si estamos comprometidos con la formación de ciudadanos responsables y éticos, el ejemplo no puede ser la elusión de la responsabilidad, sino la coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. De nada sirven las proclamas axiológicas y los códigos de buen comportamiento si al momento de aplicarlos se disuelven y se hacen escurridizos, favoreciendo así la deshonestidad, la indecencia y el cinismo”. El excoordinador termina su posicionamiento pidiendo a la Anáhuac que “reectifique”: “Sería moralmente inaceptable que una conducta tan vergonzosa como la de la señora Esquivel no tenga consecuencia alguna”.