GABRIEL YORIO
México está realizando uno de los despliegues de política económica de desarrollo regional más ambiciosos de las últimas décadas. Recientemente, Hacienda anunció un paquete de incentivos fiscales destinados a diez parques industriales distribuidos a lo largo del Istmo de Tehuantepec. Este esfuerzo se une a otras políticas y grandes proyectos de infraestructura focalizados en la misma región, con el objetivo principal de integrar el sureste mexicano a la economía global.
El Istmo de Tehuantepec, a pesar de ser una región rica en recursos naturales, se encuentra entre las regiones más rezagadas en términos de crecimiento y desarrollo en comparación con el resto del país. De los 2.3 millones de habitantes que tiene, un 62% vive en condiciones de pobreza. Ante esta realidad tan contrastante, esta administración decidió invertir en importantes obras de infraestructura que faciliten el comercio, la movilidad de carga masiva, y potencien los recursos humanos y culturales de la región sureste.
A diferencia de los enfoques previos para desarrollar regiones rezagadas, la estrategia actual es más ambiciosa y cuenta con un diseño de política mejor estructurado en torno a múltiples factores. Este enfoque integral, ordenado y sistemático está basado en la creación de la Autoridad del Corredor del Istmo de Tehuantepec (CIIT), quien se encargará de administrar los activos y la logística comercial entre los distintos parques industriales.
El Gobierno de México está trabajando para crear las condiciones necesarias en la región del Istmo que favorezcan el surgimiento de un ecosistema que aumente la capacidad productiva del país y los canales de comercialización de tal forma que las oportunidades de negocios se traduzcan en mayor actividad económica y desarrollo. Históricamente, el corredor del Istmo ha tenido una vocación comercial, ya que conecta dos puertos clave: Coatzacoalcos, ubicado en el Golfo de México, y Salina Cruz, situado en el Océano Pacífico.
¿Por qué es diferente esta vez?
En la estrategia de desarrollo del gobierno anterior, se había establecido un programa de zonas económicas especiales, cuyo pilar central eran los incentivos fiscales que operarían dentro de los parques. Sin embargo, este programa no fue exitoso. Los incentivos fiscales, por sí solos, no son el único criterio que una empresa considera para decidir dónde establecerse. Esta vez, el gobierno ha decidido adoptar un enfoque más completo, cancelando el programa anterior y sustituyéndolo con uno que aborde los desafíos desde múltiples ángulos.
La nueva estrategia, a diferencia de la anterior que no logró adquirir los terrenos necesarios para las zonas económicas especiales, es más integral e incluye la gestión de la tierra donde se establecerán los polos de desarrollo. Los diez parques industriales, que abarcan alrededor de 3,000 hectáreas, están distribuidos a lo largo del corredor interoceánico, conectados por vías ferroviarias, puertos y carreteras, y cercanos a fuentes de energía renovables y agua.
Con esta disposición, los polos de desarrollo se utilizan para sembrar la semilla de la actividad económica a lo largo del corredor, a diferencia de la estrategia “escopeta” de la administración anterior que dispersaba zonas económicas especiales sin un anclaje en infraestructura. En lugar de esperar a que el mercado determine la vocación industrial, el corredor del Istmo se posiciona para capturar parte del flujo comercial existente entre Asia y la costa este de Estados Unidos y Europa, generando un crecimiento económico orgánico en la región sureste de México.
Aunado a los múltiples beneficios y oportunidad de negocio, los incentivos fiscales están diseñados para aumentar la tasa de retorno de las empresas que decidan establecerse en el corredor, y acelerar así las inversiones. El paquete contiene varias medidas destinadas a atraer inversiones y facilitar la integración de las cadenas productivas, al mismo tiempo que se reducen los costos iniciales de inversión, haciendo de México un destino más atractivo para las empresas. Entre estas medidas se incluyen: una exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros 3 años de operación, un descuento del 50% en el ISR durante los siguientes tres años, que podría incrementarse hasta un 90% si se superan los niveles mínimos de empleo requeridos, depreciación acelerada de inversiones en los primeros 6 años de operación, exención de IVA en operaciones internas y entre polos industriales, y facilidades administrativas que reducen costos en el ámbito del comercio exterior.
¿Qué se espera?
Según estimaciones de Hacienda, estos polos de desarrollo podrían generar una inversión de hasta 2.7 veces superior a la actual en la región del Istmo. Además, se espera que estas inversiones dupliquen la creación de empleo en la región.
En un futuro cercano, el Istmo tiene el potencial de convertirse en un corredor económico basado en la economía generada por los servicios de logística comercial. La tendencia del nearshoring, podría motivar a las empresas a diversificar su cadena de producción global para mantener acceso a distintos mercados. En este sentido, el Istmo tiene la capacidad de convertirse en un corredor logístico estratégico que, en pocos años, pueda servir como plataforma para facilitar que las empresas que operan en el mercado local con Estados Unidos también puedan beneficiarse de incrementar su comercio con América Latina y Europa.
Los incentivos fiscales recientemente anunciados forman parte de un conjunto de políticas que se complementan con un diseño de gobernanza, centrado en una autoridad administrativa y logística. En el Istmo se integran diversas políticas sociales de la administración actual, así como esfuerzos para recuperar activos culturales. Diversas autoridades y empresas de logística, incluyendo empresas de medio oriente, han mostrado interés en participar en el comercio del Istmo, especialmente en el nicho de los barcos “post-Panamá” que deben navegar alrededor del continente.
Con el anuncio de los incentivos fiscales, comienza la fase de implementación para atraer empresas a este proyecto. El plan tiene objetivos claros y de largo plazo, buscando promover la vinculación con la economía regional y generar economías de aglomeración.
Gabriel Yorio es subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México.
EL PAÍS