Los polémicos adornos de Halloween al estilo ‘narco’ crean polémica en México

EL PAÍS

RODRIGO SORIANO

México – 01 NOV 2022. Las decoraciones por la noche de Halloween han creado polémica en México durante los días previos a la celebración. En algunas localizaciones del país se recrearon los embolsamientos de cuerpos como manera de “adornar”, una práctica realizada por los narcotraficantes con algunas de sus víctimas, lo que causó polémica en las redes sociales. La legislación mexicana choca con este tipo de decorados por tratarse de una posible apología de delitos y violencia.

En el municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz, la regidora Belem Palmeros criticaba el pasado 26 de octubre el cuerpo embolsado que decoraba un parque temático infantil. “Es humillante y ofensivo para miles de víctimas de violencia en el país que lugares como Dorado Park utilicen simbolismos de personas embolsadas para su ‘decoración’ con motivo de Halloween”, escribía Palmeros a través de sus redes con fotografías adjuntadas del “adorno”. México cerró el pasado 2021 con 35.625 homicidios, lo que dejaba una tasa de 28 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas Miguel Ángel Ortiz señala que esta situación se encuentra en una “delgada línea”. El abogado, también activista en materia de los derechos de los niños, cuenta que lo preocupante no se encuentra en la celebración de Halloween, sino que en los 365 días del año en los que la agenda nacional no prevé la protección de derechos humanos de los niños “para vivir en un ambiente sano, libre de violencia y en las mejores condiciones de salud, como establecen la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México”. Ortiz asegura que las expresiones de violencia y apologías del delito en Halloween o cualquier otro día del año “deben evitarse y en su caso, sancionarse”. El abogado se apoya en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para afirmar que el país “ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios contra menores”.

En Ciudad de México también se ha observado este tipo de decoraciones polémicas en varios lugares. Una usuaria de Twitter compartió el pasado 22 de octubre la imagen de un embolsado en el Bosque de Chapultepec: “En un país con decenas de muertos diariamente y violencia galopante, cómo se permite esto en un área donde hay niños”. Un día después, las autoridades mostraron su lamento ante “una broma de mal gusto”. “El Boque de Chapultepec es un espacio libre de violencia y seguro para todas y todos”, señalaba la cuenta oficial del lugar.

El 17 de octubre, una usuaria del cablebús compartió en redes la foto de la parada de Campos Revolución (al norte de la capital, en la Alcaldía Gustavo A. Madero), en la que se observaban dos figuras embolsadas, a las que acompañaba con un texto: “No me parece la idea más brillante”. Desde Cablebús, aseguraron que la decoración “no fue autorizada” y solicitaron el su retiro “de inmediato”.

La problemática con las decoraciones de Halloween no son una novedad. En 2021, en Culiacán, en el Estado de Sinaloa, las autoridades actuaron ante las “alusiones a la violencia” presentadas por algunas personas: detuvieron a varias personas, retiraron armas de juguete a varios jóvenes (”evitemos hacer uso de estos artefactos que pueden generar temor en la población”, señalaban) y pidieron explicaciones a los propietarios de coches decorados con pintura roja que escenificaban el color de la sangre. “No habrá tolerancia para quienes no respeten la ley”, apuntaban las autoridades a través de Twitter. Este año, el secretario de Seguridad de Culiacán, Pedro Cesar Rojas, volvió a anunciar antes de las celebraciones una operación para evitar la apología de los delitos. Rojas pidió a la población que se evitaran disfraces polémicos y la compra de armas de juguete.

En México, el Código Penal Federal prevé sanciones a aquellos que provoque públicamente a cometer un delito, o hagan apología de ello o de algún vicio. Así, el artículo 208 menciona que las penas serán de 10 a 180 jornadas de trabajo comunitario o sanciones correspondientes a la participación en el delito.