Ciudad de México. El Senado de la República aprobó esta noche la reforma al artículo 19 Constitucional, por la que se añade al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, además del contrabando y “cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos”.
La reforma se aprobó con los 87 votos de Morena y sus aliados y siete del PAN, entre ellos la coordinadora blanquiazul Guadalupe Murguía, los ex gobernadores Miguel Márquez y Mauricio Vila, además de Juan Antonio Martín del Campo, Agustin Dorantes, Mario Vázquez y María de Jesús Díaz Marmolejo, ésta última conocida por haber dicho al inicio de la legislatura que se linchara a quienes se sumaran a los guindas en la modificación en materia judicial.
De esa forma, la reforma fue aprobada con 94 votos a favor, 34 en contra y luego de rechazarse todas las reservas, se turnó a los gobiernos de los estados.
Provocó sorpresa los votos azules, ya senadores del PAN habían argumentado por horas contra esa modificación. Al final, sólo Martín del Campo adelantó que iba a favor.
Son delitos “que han sembrado el miedo la pobreza y la desconfianza en nuestra sociedad” y la reforma “es una declaración inequívoca de que debemos unificar esfuerzos para no claudicar ante los embates del crimen y la descomposición social”, recalcó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, al presentar el dictamen.
Legisladores de la oposición repitieron una y otra vez, incluso con las mismas frases, que se violenta el derecho a la presunción de inocencia, y se pasa por encima de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
“No hay nada más contrario a los derechos humanos, que permitir que los victimarios sigan operando sin restricciones, poniendo el riesgo la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad misma”, recalcó el senador Cantón Zetina.
Explicó que se aplicará la prisión preventiva a quienes cometan la extorsión, un delito que asfixia a todo mundo: a comerciantes, agricultores, empresarios, que destruye economías locales y familiares y alimenta el crimen organizado”.
Su impacto, recalcó, “va más allá de lo económico, genera terror, paraliza comunidades enteras y perpetúa la pobreza, incluirla en este catálogo es un acto de justicia para quienes sufren diariamente el peso de esas amenazas”.
Por su parte,el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, resaltó que la inclusión de delitos relacionados con la producción y distribución ilícita de drogas sintéticas como el fentanilo, es una medida urgente, que se tiene que adoptar en el contexto actual de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, “dada la crisis de salud pública que representa allá el consumo de estas sustancias”.
Por otro lado, “también es una necesidad del Estado mexicano fortalecer las acciones para mitigar este tráfico, incluso aquí en nuestro país, y debilitar las estructuras criminales detrás de este fenómeno”.
Recalcó que si bien se dan mayores herramientas para combatir ese delito, “debe de aplicarse de manera cuidadosa, incluso conservadora”. Es fundamental, agregó, “ que la tipificación y las medidas adoptadas estén alineadas, también hay decirlo, con el debido proceso y con los derechos humanos, y minimizar que se cometan abusos y arbitrariedades”.
La discusión se prolongó porque se presentaron 22 votos particulares, la mayoría de opositores. El panista Ricardo Anaya sostuvo que “no quieren extorsionadores o traficantes en las calles, pero “el debate es que no se aplique de manera automática la prisión preventiva automática, porque viola la presunción de inocencia y porque atropella y destruye la vida de decenas de miles de personas inocentes”.
“No es posible este tipo de consideraciones, cuando la mayoría de los ciudadanos prefiere que los delincuentes lleven su juicio en prisión”, terció el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.
El ex dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, dijo que es un nuevo instrumento para perseguir a opositores y sostuvo que el 70 por ciento de quienes sufrieron prisión preventiva, eran inocentes. Insistió en que en lugar de ese recurso, que ha fallado mejor se tipifique el delito de narcoterrorismo y el gobierno acuda a la cooperación internacional para combatir la inseguridad y la violencia.
“No estamos aquí esperando a que vengan los extranjeros, las Cortes Interamericanas, que venga la ONU, que venga este señor Trump, su ídolo”, les respondió el Morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Fuente: La Jornada
