NSS Oaxaca

REFORMA

Pedro Sánchez Briones

Cd. de México (30 marzo 2023). El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), contralmirante Salvador González Guerrero, ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos, acusó un abogado defensor de las víctimas de la tragedia.

Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas de la tragedia en el edificio del INM donde murieron 39 migrantes, inculpó directamente al funcionario.

“(González Guerrero) Lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron, y dijo que ‘no no, no les abran las rejas, déjalos’. Que los dejaran ahí muriéndose”, afirmó en entrevista con Grupo REFORMA.

En una demanda que presentó en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado escribió: “Fui informado por clientes de los cuales me reservo su identidad por seguridad de los mismos, que el titular Salvador González Guerrero fue quien dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abrieran las puertas por ningún motivo”, dice en su escrito.

“Teniendo como consecuencia la muerte de personas que no cometieron delito alguno, pues una falta administrativa como lo es estar de forma ilegal en el País, no es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esa manera”, narró.

También culpó a Daniel Goray Yosioka, titular del centro de detención provisional del INM en Juárez, de armar una red de corrupción en contra de los migrantes, a quienes amenazan con tenerlos detenidos por más de seis meses o dejarlos incomunicados si no pagan una cuota de salida de 500 dólares.

EL PAÍS

PABLO FERRI

La muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen.

El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señalaba que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de detención. Parte de los 68 que estaban en el centro habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Otros volvían deportados de Estados Unidos, según informaron medios locales: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo el mandatario.

Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los vigilantes no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué parece que se van. Además, deja fuera otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… Organizaciones internacionales han levantado la voz estos días, empezando por Naciones Unidas, que ha exigido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de Refugees International. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, ha dicho: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”.

América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, el hambre, la falta de oportunidades, el cambio climático… En los últimos cinco años, cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canadá. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia.

No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consistente en detener a los que llegan antes de que toquen a su puerta. México ha aceptado. En los últimos dos años, el país ha registrado números récord de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022 se registraron 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden conserva.

En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista, transversal, que pronto chocó con las amenazas de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad, por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica convirtió al Inami en barrera, apoyado en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional.

La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que se movía a salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, les acribillaron. Luego prendieron fuego a sus cuerpos. Eran 17.

Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que depende nominalmente de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Está por ver qué actitud adopta el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”, sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de avances en los trabajos de la Fiscalía, que insisten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.

Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, entregó en las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), su más reciente estudio, “Gato X Liebre: Engaño en el Noroeste”. De acuerdo a los resultados de este análisis, la mitad del pescado que se vende en Sonora y Sinaloa se sustituye por una especie de menor valor o alguna especie en riesgo.

Otros estudios de Oceana han revelado 44 % de sustitución de pescados y mariscos en 10 ciudades del país (como Ensenada, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Mérida), más del doble del promedio mundial.

Se analizó el ADN de especies en restaurantes y pescaderías en Mazatlán y Culiacán en Sinaloa, así como en Hermosillo y Ciudad Obregón en Sonora. Los resultados señalan que una de cada dos veces, las personas reciben una especie completamente distinta a la anunciada y en ocasiones pagan un sobreprecio de hasta seis veces el valor real.

El porcentaje de sustitución detectado en estos estados es el más alto encontrado por Oceana. Esto, a pesar de la importancia que guardan Sonora y Sinaloa para el sector pesquero, al tener los primeros dos lugares en cuanto a volumen y valor de la pesca.

“La sustitución de pescados y mariscos sucede por la falta de información y transparencia, esto permite que nos vendan una especie de menor valor como otra más cara. Nos den especies de importación o acuacultura como si fueran capturadas en mares mexicanos o compremos especies en peligro o capturadas de manera ilegal, sin saberlo”, resaltó Mariana Aziz, Directora de Transparencia en Oceana.

El 25 % de la sustitución de especies marinas se dio por productos de acuacultura e importación como basa y tilapia, que provienen en su mayoría de Vietnam y China, lo que desplaza a pescados y mariscos de comunidades pesqueras mexicanas. El producto silvestre siempre será más saludable que el de acuacultura por estar libre de antibióticos.

Además, se encontró la presencia de raya diablo de aleta curva, cuya pesca y venta están prohibidas por las leyes mexicanas, así como tiburón martillo, especie en peligro crítico. Puedes revisar el reporte completo al dar clic aquí.

“La autoridad ha sido negligente y no atiende este problema. Es urgente que Octavio Almada, titular de la CONAPESCA apruebe la Norma Oficial Mexicana de trazabilidad que tiene más de dos años detenida. Así evitaremos que nos den Gato X Liebre y sabremos dónde, cuándo, quién y cómo se pesca en México para proteger a los océanos, a quienes consumen pescados y mariscos y a las comunidades que dependen de la pesca”, destacó Aziz.

Sobre Oceana: La mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación de los océanos. Oceana está reconstruyendo océanos abundantes y biodiversos mediante políticas basadas en la ciencia en países que controlan una cuarta parte de la captura de peces silvestres del mundo. Un océano recuperado significa que 1,000 millones de personas puedan disfrutar de una comida saludable a base de productos del mar todos los días, para siempre. Fb, Twitter e Instagram: OceanaMexico Página web: mx.oceana.org/

EL PAÍS

PABLO FERRI

México – 29 MAR 2023 – Pasan las horas y aumentan las preguntas sobre la tragedia de Ciudad Juárez, en el norte de México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado su conferencia de prensa matutina de este miércoles refiriéndose al caso, la muerte de al menos 38 personas en un incendio, en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno. “De ninguna manera vamos a ocultar nada”, ha dicho el mandatario, que ha iniciado su comparecencia expresando sus condolencias a las familias de los fallecidos, personas de Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras y El Salvador, que trataban de llegar a Estados Unidos.

“Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo, sobre lo que sucedió”, ha dicho López Obrador. La Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de las investigaciones. El mandatario ha informado de que el delegado de la dependencia en Chihuahua dirige las pesquisas, aunque le ha pedido al fiscal general, Alejandro Gertz, que “se apersone” y atienda “de manera directa” este asunto.

López Obrador ha informado de que este miércoles por la tarde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia de prensa, en la que informará de las novedades del caso. Desde que ocurrió el incendio, la información ha sido muy confusa. Diferentes dependencias han divulgado comunicados sobre el caso, principalmente la FGR y el Inami, cambiando las cifras de muertos y heridos, dando listados de los nombres de los muertos junto al de los heridos, sin discriminar unos de otros.

“No vamos nosotros a actuar de manera injusta ante esto, tan doloroso, tan triste. La CNDH también está haciendo su trabajo de manera independiente”, ha dicho el mandatario, en referencia a la oficina del ombudsman. “No hay ningún propósito de ocultar los hechos, de proteger a nadie. No se permite en nuestro Gobierno la violación de derechos humanos ni la impunidad. Vamos a actuar de manera responsable. Y se va a actuar, si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida. Se va a castigar a los responsables”.

Reporteros le han preguntado al mandatario sobre el vídeo que trascendió el martes, en que se ve a funcionarios del Inami y trabajadores de la empresa privada que da seguridad al centro de detención, durante el incendio. Los migrantes están encerrados, las llamas crecen y el humo invade la estancia. Los trabajadores, lejos de abrir la puerta, van de un lado para otro. Las imágenes han generado mucho enfado en México, porque muestran la desidia de las autoridades.

“Sí, hay ese video”, ha dicho López Obrador. “Sobre eso se va a hablar hoy, va a informar la secretaria de seguridad. No vamos a ocultar nada. No somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gentes, algunos inocentes. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México, cuando la mayoría de los medios que ustedes representan guardaban silencio”, ha criticado.

EL PAÍS

ELÍAS CAMHAJI

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dejado caer al primer jefe militar por el hackeo de más de cuatro millones de correos electrónicos a manos de la organización Guacamaya. Jesús “N”, un teniente coronel del área de Informática, ha sido detenido por la filtración masiva de documentos clasificados, de acuerdo con el periódico El Universal, que cita fuentes del Gabinete de Seguridad. La Sedena no se ha pronunciado después de que se diera a conocer el arresto y señaló a través de su sección de prensa que “no contaba con información sobre este asunto en particular”. Los Guacamaya Leaks han sido el mayor ataque cibernético que ha sufrido el Ejército mexicano en su historia.

Jesús “N” se encuentra recluido en una prisión del campo militar 1 en Ciudad de México y es acusado de “infracción a los deberes militares, en la modalidad de pérdida de información militar”, según publicó el diario. Las infracciones a los deberes militares contemplan penas mínimas de un año de cárcel o de cuatro meses cuando la falta se deba a “torpeza o descuido”, de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Los castigos son más severos cuando esas infracciones se traducen en daños al equipo del Ejército o a las tropas o cuando se producen en medio de una campaña y pueden alcanzar una sentencia máxima de 60 años.

La filtración de Guacamaya explotó en octubre del año pasado y destapó información sensible sobre la salud del presidente, las labores de inteligencia y espionaje contra movimientos sociales y políticos, y los operativos contra el crimen organizado, así como datos delicados sobre contrataciones y abusos denunciados dentro del Ejército. Después de cinco meses, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, compareció ante un grupo de diputados sobre el hackeo y aseguró en febrero pasado que “no se vulneró la seguridad nacional” tras el ataque cibernético, declararon los legisladores que acudieron. Sandoval dijo que estaban en marcha investigaciones para aclarar el origen de la fuga de seis terabytes de información, pero minimizó el impacto al asegurar que cada mes la institución era blanco de más de 3.000 ataques.

Andrés Manuel López Obrador descartó el año pasado la posibilidad de imponer multas o sanciones a militares que resultaran implicados y negó también que habría detenciones en el Ejército. El presidente ha insinuado que la información es falsa y que la filtración fue “un rotundo fracaso”, pero la detención manda un mensaje distinto. El mandatario había dado por terminada la polémica desde octubre pasado, pero las consecuencias del hackeo y las publicaciones de los medios de comunicación, en especial el espionaje militar a periodistas y activistas, han sido tema de su conferencia de prensa diaria hasta la semana pasada. López Obrador culpó a sus adversarios de estar detrás del ataque y dijo que la fuga pudo haber sido provocada por “agencias internacionales”.

“La información de espionaje militar y miles de documentos más es cierta. Y tan cierta que la ⁦Sedena busca a quien responsabilizar”, comentó el diputado Emilio Álvarez Icaza. Guacamaya también se ha atribuido filtraciones cibernéticas en Colombia, Chile y otros países de América Latina.

REFORMA

Saraí Cervantes

Cd. de México (28 marzo 2023).- Los horarios comerciales que manejan las aerolíneas en el País son “irreales” e “ilegales”, señaló Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con Grupo REFORMA, advirtió que dicha práctica ya se les acabó a las aerolíneas, las cuales han incumplido por mucho tiempo con los horarios establecidos por el Aeropuerto.

Luego de que el AICM determinara que a partir del pasado 26 de marzo mostraría en sus pantallas solamente los horarios oficiales asignados a cada línea aérea, y no los tiempos comerciales establecidos por éstas, su decisión, subrayó Velázquez Tiscareño, es contundente: no habrá prórrogas.

El directivo destacó que, por la ley, la única autoridad que puede y debe integrar los vuelos, ordenarlos y establecer los slots, es decir, los horarios de despegue y aterrizaje, es la dirección a su cargo.

En ese sentido, Velázquez Tiscareño comentó que desde diciembre de 2022 se les solicitó a las aerolíneas ceñirse a los horarios oficiales que les otorga el aeropuerto capitalino, para dejar atrás los horarios comerciales.

Refirió que las aerolíneas estaban enteradas y se les pidió ir ajustándose e informar a los viajeros, dado que el cambio se daría a partir de la temporada de verano de 2023, la cual ya comenzó.

“En diciembre les mandamos un oficio en donde se les comunicó que en la temporada de verano no se iban a considerar los horarios comerciales irreales e ilegales que manejan, sino que iban a ser los del Aeropuerto”, sostuvo.

El director del AICM indicó que en febrero y marzo del presente año se les envió un recordatorio de dicha medida a los operadores aéreos y se les pidió informar de nueva cuenta a sus usuarios para evitar confusiones.

“Pero no lo hacen porque van aceptar que los boletos son ilegales. Esto nosotros no lo hicimos de forma improvisada ni irresponsable; lo hicimos planeadamente para meter a todos en norma”, mencionó.

Al cuestionarlo si habría alguna prórroga para que las aerolíneas ajusten sus slots, señaló que sería imposible; no obstante, confío en que la transición pase rápido y que sea en cuestión de una semana que todo se normalice.

“No podremos dar marcha atrás; ya empezó la temporada de verano y sería imposible modificarla por los tratados internacionales que tenemos. Ya dimos este paso y no hay vuelta atrás”, puntualizó.

De acuerdo con el directivo, de los 455 mil 520 slots que se asignan al año en el AICM, aproximadamente 20 por ciento incumplen con los horarios establecidos por el Aeropuerto, y es Volaris la aerolínea que más los quebranta, pues sólo tiene un 65 por ciento de cumplimiento.

En tanto, Viva Aerobus tiene un nivel de cumplimiento de 85 por ciento y Aeroméxico de 95 por ciento, según Velázquez Tiscareño.

“Desde siempre hacían caso omiso y planeaban su propio horario comercial de acuerdo al horario que fuera más interesante para ellos o el que les dejara mayores beneficios, el cual no tenía nada que ver con el Aeropuerto”, señaló.

“Parecía que ellas (las aerolíneas) mandaban y las autoridades estaban en contubernio; era irresponsabilidad o simplemente no querían meterse en problemas con las líneas aéreas. Eso fue siempre y por eso había tantas demoras”, afirmó.

Velázquez Tiscareño enfatizó que cuando se planea la entrega de slots y se asignan los horarios, hay cierta flexibilidad; sin embargo, denunció que algunas aerolíneas abusaron de eso.

“De esa forma, las aerolíneas que no tienen horarios que les sean atractivos, muchas veces prefieren que se les multe y violan el horario, y cuando las autoridades les dicen que se harán acreedores a una sanción, dicen: ‘múltame, pero tengo un vuelo lleno, la ganancia es mucho mayor que la multa'”, aseguró.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la entidad que tiene el control de los montos de las multas a las que se han hecho acreedores los operadores aéreos, no sólo por no respetar los slots, sino por otros eventos que tengan que ver con su operación y estén fuera de la ley, expuso.

Al referirse a las aerolíneas internacionales, comentó que éstas sí cumplen con todo, dado que las autoridades de sus países los supervisan, además de que no se pueden dar el lujo de que las sancione el AICM.

“Ningún aeropuerto en el mundo de este calibre, considerando que el AICM es el más importante de Latinoamérica en cuanto a operaciones aéreas, se permite que las aerolíneas se manejen solas y hagan lo que quieran; no puede ser. Se tienen que meter en regla y cumplir con los estándares internacionales”, apuntó.