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Cd. de México (27 agosto 2022).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana.
El señalamiento de la Corte se dio al presentar sus conclusiones en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva en México.
La legislación mexicana, indicó la comisionada Esmeralda Arosemena en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada ayer en Brasilia, habilita a la autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva de los imputados sólo en razón de la gravedad del delito, sin considerar su carácter excepcional.
“Una figura de este tipo, que faculta la detención basada en la gravedad del delito y presunta responsabilidad de la persona es inconvencional, pues implica una detención arbitraria, contraria a la presunción de inocencia”, dijo.
Llamó a la Corte a que, en su sentencia sobre el caso de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, haga explícito que las restricciones constitucionales, como las que sustentan el arraigo y la prisión preventiva, no pueden prevalecer sobre la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al participar como perito en la audiencia, José Ramón Cossío indicó que la prisión preventiva puede ser una medida razonable, pero no si se aplica de forma automática a partir de criterios ambiguos.
El ex Ministro de la Suprema Corte señaló que México vive una situación grave de violencia y afectación de los derechos humanos, pero eso no justifica el que se aplique prisión preventiva oficiosa a partir de criterios vagos.
Simón Hernández y David Peña, representantes de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, solicitaron, durante la audiencia, a la Corte Interamericana que incluya en su sentencia la anulación del proceso judicial contra ambos, la sanción a los funcionarios señalados como responsables de detención arbitraria y tortura, y la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa que los mantuvo encarcelados del año 2002 a 2019.
Acusan chantaje por prisión oficiosa
Especialistas en derechos humanos advierten que la prisión preventiva oficiosa ha dificultado que las fiscalías del País desarrollen capacidades de investigación y califican como un chantaje que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diga que acotarla terminaría con la estrategia de seguridad.
En entrevista, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que la actual estrategia de seguridad ha fracasado independientemente de la existencia o no de la prisión preventiva.
Señaló que, de acuerdo con información de la Guardia Nacional, el año pasado detuvieron a sólo 14 personas como resultado del trabajo de investigación, mientras que 50 fueron presentadas ante agencias del Ministerio Público federal en materia de delincuencia organizada.
“Ese es el fracaso, no la prisión preventiva en automático. Están buscando a quién culpar por su fracaso, es un chantaje gravísimo”, afirmó.
El jueves pasado, durante el arranque de la plenaria de diputados de Morena, el titular de la Segob advirtió que acotar la prisión preventiva terminaría con la estrategia de seguridad del País, al referirse al proyecto que revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El especialista en derechos humanos lamentó que las gestiones del funcionario federal, quien ayer acudió a la SCJN a entregar un documento con la postura del Gobierno federal sobre el tema, le hayan quitado al Estado mexicano la posibilidad de decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que ya había tomado medidas en torno a la prisión preventiva oficiosa.
“¿Por qué era importante la resolución de la Suprema Corte esta semana? Porque el Estado mexicano podía haber puesto ya dentro de sus alegatos que la Suprema Corte dejaba sin efecto, en términos de su no aplicabilidad, la prisión preventiva. Eso no pasó por la intervención de Adán, por instrucción de López Obrador”, aseguró.
Actualmente, la CoIDH analiza el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años. Ayer celebraron una audiencia pública en Brasilia.
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que lo que se espera es que la Corte declare la inconvencionalidad de esta medida, lo que obligaría al Estado mexicano a modificar la Constitución para acotar la prisión preventiva oficiosa y determinar que ésta no puede ser automática sino que debe estar bajo la determinación de un juez.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de armonizar la Constitución con la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por México.
“Lo que estarían diciendo es: debe privar el control jurisdiccional y no la obligatoriedad automática”, explicó.
El abogado Simón Hernández León, coincidió en que acotar la prisión preventiva no significa la desaparición de la medida, sino que ésta ya no será automática sino justificada.
Sostuvo que detener en automático a las personas no está disminuyendo la violencia en el País. Por el contrario, agregó, ha ocasionado que las cárceles se llenen de personas de escasos recursos y vulnerables.
El especialista indicó que la prisión preventiva oficiosa ha ocasionado que las fiscalías del País dejen de desarrollar capacidad de investigación, lo que lleva a la detención de personas que tarde o temprano serán liberadas ante la falta de pruebas.
“Supongamos que una persona es acusada de feminicidio, puede estar en prisión y lo importante es cuando se acusa y se le lleva a juicio, porque si ahí no se logra probar, porque no se investigó, porque no se desarrollaron pruebas, no importa que lo hayan tenido seis meses en prisión, va a quedar en impunidad”, sostuvo.
Hernández León dijo que es necesario que la prisión preventiva deje de asociarse con el éxito de una investigación, porque aun cuando ésta se ha aplicado desde hace varios años, la violencia en el País sigue en aumento.
Con información de Martha Martínez
