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Grupo REFORMA

Cd. de México (30 septiembre 2022).- Un grupo internacional autodenominado “Guacamaya” hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para revelar miles de documentos confidenciales.

El hackeo fue revelado por el periodista Carlos Loret en su emisión de Latinus y fueron exhibidos oficios relacionados con la salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el minuto a minuto del Culiacanazo, la falta de personal en la aduana de Cancún y una carta del Secretario de Marina, Rafael Ojeda, dirigida al Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Por ejemplo, en una misiva del pasado 22 de junio, Ojeda le pide a Sandoval coordinación en el AICM, respetar áreas de competencia y evitar protagonismos.

La vulneración de los sistemas de la Sedena, que habría permitido el acceso a 6 terabytes de información, se registra justo en medio de la polémica sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la creciente participación del Ejército en múltiples tareas y en la decisión de que la Sedena asuma el control total de la Guardia Nacional.

Según Loret, la información contiene informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, transcripciones de intervenciones telefónicas, capturas de pantalla de chats de WhatsApp y Signal.

También se incluyen reportes de seguimientos a personajes de alto nivel, como el Embajador de EU, Ken Salazar.

En las últimas semanas se ha reportado que el grupo “Guacamaya” intervino información de Fuerzas Armadas de varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala y ahora México.

La información hackeada contiene miles de correos electrónicos, tarjetas informativas, cartas y videos desde el año 2016 hasta este septiembre de 2022.

Por ejemplo, hay reportes detallados de la presencia y horarios de agentes de aduanas en el aeropuerto de Cancún, que exhiben el déficit de vigilancia.

REFORMA

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Cd. de México (30 septiembre 2022).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó hackeo a Sedena y dijo que son ciertos los informes de salud que se revelaron, pues está enfermo de varios padecimientos y en enero tuvo riesgo de otro infarto, pues ya había padecido uno en 2013.

Durante la mañanera, el Mandatario federal indicó que el ataque cibernético debió ser de un grupo del extranjero que ya ha hecho lo mismo en otros países.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética”, aceptó.

“Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”.

“Que no es nacional y que utilizan a Loret, para eso. Pero que quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero”.

-¿Pero los datos sobre su salud son ciertos?, se le preguntó.

“Sí, son ciertos, yo estoy enfermo. Tengo varios padecimientos, solo hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, pero lo demás sí y otros males, todos los que se mencionan ahí”, respondió.

“Pero es de dominio público, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado”.

“Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto. Y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí cuando uno va a ver a los médicos le hacen análisis de todo y, pues, pastillas, para tiroides, para la hipertensión”.

López Obrador dijo que toma un “coctel” de medicinas por la noche para varias enfermedades.

“Pero terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades pero estoy muy bien”.

-¿Está bien de salud?, se le insistió.

“Bien, muy bien, estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se siente”, afirmó el Presidente.

“Lo más delicado es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, el ejercicio y cuidar también los riñones, porque, haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan, o sea, si es un cardiólogo, no quieren que uno se muera del corazón”.

“Pero a veces lo que uno tiene que tomar para que no se muera del corazón o no le dé un infarto puede afectar otros órganos. Y así actúan los especialistas y así actúan todos”.

El 3 diciembre de 2013, López Obrador tuvo un infarto agudo al miocardio, por lo que fue ingresado a la sala de cateterismo del hospital Médica Sur, en la Ciudad de México.

REFORMA

Claudia Salazar y Martha Martínez

Cd. de México (29 septiembre 2022).- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución para prohibir la discriminación en el mercado laboral de personas mayores por medio de límites de edad en la contratación de hombres y mujeres.

Por unanimidad, con 461 votos, se avalaron reformas al artículo 123 de la Constitución.

El pleno aprobó una reforma a la fracción III del Apartado A, referente a los contratos de trabajo para obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general a todo tipo de empleados.

“Tampoco podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo”, se agregó.

En tanto, en la fracción VII del Apartado B, referente al sector público, se indica que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores “en ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro del sector público”.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales indica que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad.

Sin embargo, se señala, este sector enfrenta exclusión laboral, no solo en el sector privado, sino que en el sector público hay también limitaciones para el acceso a los cargos de más alto nivel jerárquico.

La diputada Karla María Rabelo Estrada expuso en tribuna que las personas adultas mayores enfrentan discriminación laboral, por lo que era necesario salvaguardar sus derechos y libertades fundamentales, bajo una perspectiva de progresividad.

“Se proponen dos modificaciones para garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado.

“Esa disposición permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva del País”, afirmó.

El dictamen fue enviado al Senado para su revisión y posible aprobación.

El pleno también aprobó una reforma al artículo cuarto de la Constitución, sobre el derecho a la vivienda.

Con 456 votos a favor, también por unanimidad, se estableció que “toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”.

El mismo artículo indica que en la legislación secundaria se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

REFORMA

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Cd. de México (29 septiembre 2022).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que detrás de las acusaciones en contra de militares en el marco del caso Ayotzinapa, hay intereses de quienes buscaban una rebelión en el Ejército.

“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino. Son soldados pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás. No, cero corrupción, cero impunidad”, declaró.

“(…) Cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensar: si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército”, dijo más tarde.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura.

“Cuando esto llegue a la Fiscalía, cuando este informe llegue a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, ese es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al Procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del Fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta, él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos”.

Apenas este 27 de septiembre, REFORMA informó que Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que la Fiscalía Especializada en Control Regional, un área ajena a su unidad, se desistió -sin su autorización- de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Iguala.

López Obrador aseveró que Omar Gómez no estaba de acuerdo con lo presentado en el informe.

“No les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe”, dijo.

– ¿A quién?, se le cuestionó.

“Al Fiscal que estaba. Por eso planteo lo de su renuncia”, respondió.

El tabasqueño dijo que las órdenes de aprehensión se giraron conforme al informe de la Comisión de la Verdad, pero aseveró que en dicho documento no estaban implicados los militares.

“Estoy seguro que alguno de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción”, dijo.

– ¿Cuando dice ‘costó’ se refiere a las 20 órdenes de aprehensión contra militares?, se le cuestionó.

– “Sí, sí, sí y no estaban, no están en el informe, las 20”

– Si están.

-“No están, no, no, no, no, no, no, no, yo les puedo mostrar el informe, a ver, está testado (…) son cinco militares y ahí están incluidos”.

– Pero el subsecretario Alejandro Encinas dijo 20 militares.

-“No, cinco y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe”.

– No, sabe usted que no.

– “Por eso, no tiene la información entonces, pero qué bien que lo estamos aclarando, entonces, en el informe son cinco militares, pero para más detalles yo di la instrucción al Secretario de la Defensa por escrito”.

– ¿La instrucción de qué?

-“De que se cumpliera con lo que se estableció en el informe de la Comisión (…) Le dije al Secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”.

“Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos y si tú dices que Jorge Fernández entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra entrevista, eso, les diría, es secundario, aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa”.

‘¿Quieren a EPN? Que hable Karam’

López Obrador dijo que si quieren implicar al ex Presidente Enrique Peña Nieto en el caso Iguala, que hablen con el ex Procurador Jesús Murillo Karam.

“Los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar todos, porque también están diciendo: bueno y por qué no, hasta mi amigo Epigmenio, y por qué no Peña, que acompañe a Murillo Karam, pues que Murillo hable.

“Que diga que le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo”.

– Lo que decía el informe del grupo de expertos con respecto a la actual del General Cienfuegos era que eso que impidió la Sedena cuando estaba Cienfuegos de que accedieron al cuartel General del 27 batallón de infantería fue clave en el ocultamiento y ahí quién mandaba era el General Cienfuegos y a ese pareciera que no se pudiera hablar de él, se le dijo al Mandatario.

“Sí pero, si a esas vamos, pues es lo mismo de ahora, yo di la orden, porque yo soy el responsable, o sea, no es un asunto del General Cienfuegos, es un asunto de una autoridad civil, ¿quién es el comandante de las Fuerzas Armadas.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseveró que el ex Procurador Jesús Murillo Karam tiene derecho a defenderse, pero es responsable de la fabricación de la llamada “verdad histórica” del caso Iguala.

“La Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, ex Procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, cómo distorsionaron o cambiaron, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, para sacar declaraciones torturaron a perdonas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en el basurero, algo que está demostrado fue falso, además él se asume como responsable”, dijo.

“El señor (Zerón) está en Israel y otros más. Tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía va fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas y aclarar que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam y que no es un asunto del Presidente”, agregó.

El Mandatario federal refrendó su compromiso de actuar en este caso.

“Emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa y se detuviera a los responsables y en eso estamos. Cuando me presentaron el informe di la instrucción de que de procediera”.

“No se está excluyendo a nadie, como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser requeridos por la Fiscalía, si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas porque se va actuar a partir del informe que presentó la comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables”.

Respalda a Encinas

López Obrador refrendó su apoyo al subsecretario Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad.

“El Presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la Comisión, por eso hay un decreto y repito, dos días después de que tomé posesión, si no me equivoco, a ver si lo buscan”

“Decreto del 4 de diciembre de 2018, 3 o 4 días después, porque es un compromiso, entonces, qué es lo que sucede, yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio, bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe, muchísimo y hubieron hasta asesinatos, que pueden estar o no vinculados al asunto”.

“Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica, entonces, viene en el informe una lista de responsables, acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente, entonces cuando se tiene el informe se le plantea al Fiscal”.

El Mandatario insistió en que hay mucha manipulación y dijo que si existe campaña en contra de Encinas, también es en su contra.

“Tiene todo nuestro apoyo y si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía y todo lo que resiste apoya”.

EL PAÍS

GEORGINA ZEREGA

México – 28 SEPT 2022. En gran parte de México, defender el medio ambiente y hacerlo con nombre y apellido es una combinación que puede resultar fatal. Las últimas cifras globales han llevado al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar en los últimos tres años. El nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes, señala que 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en México solo en 2021, un repunte sustantivo en comparación con los 30 registrados el año anterior. De acuerdo al documento, casi la mitad de los que perdieron la vida el año pasado eran indígenas y más de un tercio están considerados como casos de desapariciones forzosas.

El continente ha sido durante años la región más peligrosa para el activismo medioambiental: la organización documentó el asesinato de 1.733 activistas durante la última década y el 68% tuvieron lugar en América Latina. México se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos, pero hasta ahora siempre había estado por debajo de países como Brasil o Colombia. Sin embargo, la violencia ejercida contra los activistas el año pasado llevó al país al peor lugar. “Se ha convertido rápidamente en los últimos diez años en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período”, dice el informe. La mayoría, unos 131 homicidios, ocurrieron entre 2017 y 2021.

“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales”, acusa el reporte, que señala que algunos Estados se han convertido en una tumba para los activistas. Sonora es uno de esos sitios, principalmente para miembros de la comunidad yaqui, un pueblo conocido por su larga lucha para defender la tierra y el agua del lugar. En junio de 2021 el líder yaqui Tomás Rojo, que llevaba desaparecido poco menos de un mes, fue hallado sin vida en una fosa. Por aquellas semanas además mataron a tiros al activista Luis Urbano cuando salía de un cajero y a Agustín El Roque Valdez, jefe de la guardia de la comunidad, también de un balazo. En septiembre de ese mismo año las autoridades encontraron en una fosa al menos cinco cuerpos de yaquis que habían desaparecido.

El Estado de Oaxaca es otro foco rojo. En enero de 2021, el defensor de territorios indígenas Fidel Heras Cruz fue hallado muerto en una comunidad conocida como La Esperanza. Otros tres defensores del medio ambiente fueron asesinados entre el 14 y el 15 de marzo. En abril, ocurrió el homicidio del ambientalista Jaime Jiménez Ruiz, conocido por defender el Río Verde y oponerse a la construcción de una presa en ese sitio. Para noviembre, mientras los líderes del mundo estaban reunidos en la cumbre del clima de Glasgow, otra defensora del medio ambiente, Irma Galindo Barrios, desaparecía en ese Estado tras denunciar la tala ilegal en su comunidad mixteca. Su nombre, junto al de otros cuatro compañeros de activismo que desaparecieron con ella, están ahora en la lista de Global Witness. “Desde 2018, Irma había enfrentado intimidación por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques”, señala el informe.

Para la organización internacional, “los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras y respaldados por el Gobierno mexicano”. Un problema que enfrentan estos crímenes en el país, agrega el documento, es la impunidad: más del 94 % de los delitos no son denunciados y solo el 0,9 % son resueltos.

Uno de los casos estudiados por la organización fue el brutal asesinato de José Santos Isaac Chávez en abril de 2021. Isaac Chávez era un líder indígena, abogado y candidato a presidente del comisariado del ejido de Ayotitlán, en Jalisco, muy cerca de la frontera con el Estado de Colima. El hombre se oponía fervientemente a las operaciones mineras de la compañía Peña Colorada, conformada por las multinacionales ArcelorMittal y Ternium, que opera en una sierra de Manantlán, una reserva supuestamente protegida por su diversidad ecológica. “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, los cambios climáticos y la contaminación tóxica. Sin embargo, ha sido imposible cuantificar la verdadera escala de los daños, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la sierra de Manantlán”, reporta Global Witness.

El cuerpo sin vida de Isaac Chávez fue hallado con signos de tortura dentro de su coche, arrojado en un precipicio. Ese homicidio no es el primero relacionado a esa mina en Jalisco. “Reporteros y activistas locales denuncian desapariciones y asesinatos relacionados con la oposición a Peña Colorado por los que nadie ha comparecido ante la justicia. Las operaciones comenzaron en la década de 1970 y representan décadas de violencia grave y abusos de los derechos humanos relacionados con la mina”, dice el informe. La coordinadora de la organización Tskini, Adriana Cadenas, vinculó otros crímenes a esa mina, como la desaparición del activista Zeledonio Monroy, secuestrado en octubre de 2012 por ocho personas armadas, y el asesinato en octubre de 2020 de Rogelio Rosales, hijo de uno de los principales activistas indígenas que se oponía al proyecto.

La organización admite que a la difícil situación que viven los activistas en esa zona, como en otras tantas de México, se le suma la actividad del crimen organizado, principalmente de los cárteles de la droga. En la sierra de Manantlán, explica, el Cartel Jalisco Nueva Generación se ha metido en el lugar para sacar rédito. “[La compañía minera] se ha coludido, ha llamado a los servicios de la delincuencia organizada como brazo armado para poder amedrentar, amenazar a la población que está en contra de estas operaciones de la mina, para amenazarlos e intimidarlos y que desistan de esta defensa”, ha explicado Cadenas durante la presentación del informe.

El reporte de Global Witness, avalado por un grupo de organizaciones activistas mexicanas, concluye con una recomendación de acción al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prevenir y evitar la violencia contra los ambientalistas. “Debe cumplir con sus obligaciones de investigar, impartir justicia y reparar las violaciones de derechos humanos contra defensores de la tierra y el medio ambiente en México”, aconseja la organización. Además, le solicita que establezca un mapa para aplicar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para proteger a los activistas del medio ambiente que México ratificó en abril de 2021, pero aún no ha puesto en marcha de manera efectiva.