REFORMA
Abel Barajas
Cd. de México (24 agosto 2022).- Aunque reconoció que no hay pruebas directas que lo incriminen, un juez vinculó ayer a proceso a Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia por el caso Iguala.
La Fiscalía imputa a Murillo Karam ser el autor intelectual de la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, porque presuntamente ordenó la alteración y manipulación de evidencias, contribuyendo a ocultar el paradero de los estudiantes normalistas.
Marco Antonio Fuerte, Juez Federal del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció datos de prueba razonables y suficientes para suponer que el ex Procurador está relacionado con los ilícitos que se le imputan.
Adicionalmente, tras un nuevo debate, el juez ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que Murillo Karam continuará internado en el Reclusorio Norte por un plazo que no puede ser mayor a los dos años, a menos que su defensa amplíe el proceso.
Fuerte Tapia también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, término que la FGR empleará para realizar al menos 7 diligencias, entre ellas interrogar a testigos que estuvieron en el basurero de Cocula en octubre de 2014, solicitar los videos que grabaron unos drones en ese sitio y pedir unos documentos del archivo de la Secretaría de Marina.
“Aún y cuando no hay una prueba directa que pide la defensa, hay múltiples aspectos que pudieran reprocharse.
“Hasta este momento, resulta inverosímil que no tuviera conocimiento de lo que realizaba su directo subordinado (Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal)”, argumentó Fuerte al procesar a Murillo Karam, al final de una audiencia de 12 horas.
La medida cautelar volvió a ser debatida por pedido de la FGR y porque el juez estimó que habían cambiado las condiciones legales en las que el pasado sábado le dictó la prisión preventiva justificada al ex funcionario.
Uno de los aspectos que consideró que había cambiado es que la FGR imputó el delito conforme a la norma vigente desde 2017 y la vinculación a proceso se dictó conforme al Código Penal Federal que estaba vigente cuando desaparecieron los normalistas, el 26 de septiembre de 2014.
El especialista
La otra cuestión que consideró el juez fue que Murillo presentó a un especialista en medidas cautelares en la audiencia, para que expusiera los factores de estabilidad que justificaban su arraigo y justificara la solicitud de libertad provisional.
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien fuera el primer titular de la Unidas de Medidas Cautelares, expuso que los factores que operaban a favor de Murillo eran su edad de 74 años, tener una relación de 26 años con su pareja, vivir en el mismo domicilio en los último 19 años, no haber salido del País en los últimos 3 años, tener que defender un prestigio de 40 años en el servicio público y ser el brazo fuerte de una familia de 7 hermanos, 4 hijos, 10 nietos y 4 bisnietos.
Sin embargo, el juez desestimó los argumentos del especialista y ratificó la prisión preventiva justificada.
Debido a que la Fiscalía insistió en que Murillo Karam tiene responsabilidad en los hechos por ser superior jerárquico de quienes materialmente cometieron los ilícitos, el abogado Javier López respondió que ese criterio también sirve para deslindarlo porque, por ejemplo, en el caso de las torturas, la FGR ha señalado como victimarios a militares y marinos.
“La Fiscalía dice que la tortura se da por elementos de la Marina y del Ejército cuando el justiciable no era el superior jerárquico de la Marina y del Ejército, los cuales no pertenecían a la Fiscalía General de la República. A pesar de lo difícil que pueda ser para el Ministerio Público, el Fiscal General no puede estar presente en todas las diligencias y en un asunto de alto perfil como éste también puede ir a una diligencia”, dijo López.
“No hay un dato de prueba de que tuviera conocimiento de las torturas, eso no existe y no tiene lógica, no se puede vincular a una persona con una teoría conspirativa”.
Daniela Aguirre, representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y quien también defiende a cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos torturados, intervino para señalar que sí existe un testimonio con imputación directa contra Murillo Karam. Se trata de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, quien recientemente obtuvo libertad provisional.
Sin embargo, ante la objeción de la defensa, el juez Fuerte Tapia no permitió que se diera a conocer ese testimonio porque no fue parte de los datos de prueba que presentó la FGR contra Murillo Karam en la audiencia inicial del pasado sábado.
‘Queremos saber dónde están nuestros hijos’
Al final de la audiencia en la que fue vinculado a proceso, la madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos exigió a Jesús Murillo Karam decir en dónde se encuentran los normalistas.
“Necesito exigir a Murillo Karam que se haga justicia. Lo que más queremos es saber dónde están nuestros hijos y dónde los dejó”, dijo la señora, resguardada en la sala de testigos protegidos y con la voz distorsionada por un filtro de audio.
La víctima indirecta habló casi al final de las 12 horas que duró la audiencia, luego de que al ex Procurador General de la República le ratificaran la prisión preventiva justificada.
Murillo ya estaba cansado y fastidiado cuando intervino la madre del desaparecido. El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia preguntó al ex funcionario y sus abogados si querían agregar algo más. Ninguno quiso volver a tomar la palabra.
En ese momento, el ex Procurador se quitó su cubrebocas negro y lo guardó en la bolsa de su chamarra. Unos momentos después, a las 21:13 horas, concluyó la audiencia.
