EL PAÍS
PABLO FERRI
México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, en 2014, en Guerrero, fue un “crimen de Estado”. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, puesta en marcha hace tres años y medio, por mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La comisión ha presentado este miércoles su informe, por medio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “No hay indicios” de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo, ha dicho el subsecretario.
Era la primera vez que un alto funcionario del Estado verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en la intimidad estos años. La posibilidad de que alguno de los 43 apareciera con vida era remota. El mes que viene se cumplen ocho años del ataque y en este tiempo se han encontrado restos óseos de tres de los 43. Pero ni una pista del posible paradero en vida de ninguno. Este mismo jueves, las familias han informado de que se tomarán un tiempo para procesar el contenido del informe, 103 páginas además de los anexos, antes de contestar.
Guardan silencio también, de momento, la unidad especial de la Fiscalía para el caso y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el ataque. A falta de sus interpretaciones, el informe de la comisión funciona, de momento, como un epitafio en la lápida de la vieja verdad que trató de vender el Gobierno anterior, aquella historia del asesinato de todos los estudiantes en un basurero, su quema posterior y el despojo final de restos en un río cercano. Eso, según el informe, no pasó. Pero de momento sigue sin saberse que sí ocurrió, dónde están los restos de los 40 muchachos faltantes, qué fue de ellos.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, ha dicho Encinas, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, ha añadido.
Encinas se refería principalmente a las policía de Iguala y del pueblo vecino de Cocula, cómplices de Guerreros Unidos en el ataque contra los estudiantes. Aunque también a policías de otros municipios cercanos que participaron del ataque, caso de Huitzuco o Tepecoacuilco, además de otros “agentes estatales”. Todos juntos atacaron aquella noche a los estudiantes, que habían acudido a Iguala a tomar autobuses para, días más tarde, viajar a Ciudad de México, a conmemorar la matanza del 2 de octubre de 1968.
El subsecretario ha señalado además “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las ha acusado de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”. Se refería Encinas, entre otras cosas, al montaje del Río San Juan, una de las teorías de la actual administración de la Fiscalía, que plantea que marinos y agentes de la vieja Fiscalía colocaron huesos de uno de los 43 en el río, Alexander Mora, apuntalando la versión del basurero.
Al respecto de la versión del basurero, Encinas ha insistido en que los 43 nunca estuvieron juntos desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala, descartando la reunión de los muchachos en el basurero. El subsecretario ha añadido que los jóvenes nunca se comunicaron con integrantes de Guerreros Unidos, negando cualquier intento pasado de criminalización de los muchachos.
“Las acciones, omisiones y participación de autoridades federales y estales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, ha añadido el funcionario. Encinas se refería aquí al Ejército, entre otros actores, que en la época mantenía una importante presencia en Iguala. En la noche del ataque y la madrugada posterior, soldados y oficiales se movieron por Iguala y alrededores. Además, la Secretaría de la Defensa monitoreó en tiempo real las comunicaciones de varios de los integrantes de la red criminal de la zona. Pese a ello, su intervención en apoyo de los normalistas fue nula. Actualmente, un capitán del Ejército, presente en la noche de los hechos, está preso por colaborar presuntamente con Guerreros Unidos.
