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EL PAÍS

MIGUEL JIMÉNEZ

Washington – 14 ABR 2023 -El Departamento de Justicia ha anunciado este viernes la presentación de cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los tres hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. Las acusaciones anunciadas el viernes imputan a los tres hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cartel: los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, para los que la fiscalía pide cadena perpetua no revisable.

Junto con sus cómplices, los Chapitos están acusados de montar operaciones para inundar Estados Unidos con fentanilo con el fin de abastecer a las “calles llenas de drogadictos”, en expresión de Iván Archivaldo Guzmán Salazar recogida por el Departamento de Justicia. En los cargos presentados este viernes se acusa de diferentes delitos de tráfico de fentanilo y de armas y de blanqueo de dinero, entre otros, a los Chapitos, a los principales lugartenientes y dirigentes del cartel de Sinaloa; a los presuntos fabricantes y distribuidores del fentanilo; a los directores de su violento aparato de seguridad armada; a los sofisticados blanqueadores de dinero que repatrían a México las ganancias del cártel de Sinaloa procedentes de la droga; y a múltiples proveedores de precursores químicos en China para fabricar el fentanilo, según la enumeración de los fiscales estadounidenses.

“Los Chapitos y el cartel de Sinaloa supuestamente cosecharon cientos de millones de dólares en ganancias inundando los Estados Unidos con fentanilo”, dice el Departamento de Justicia. Casi 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2021. “Mata a más estadounidenses de 18 a 45 años que los accidentes de coches, que el cáncer, que la covid. Y el número de niños de menos de 14 años que mueren ha aumentado a un ritmo alarmante”, ha dicho la jefa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, que ha anunciado los cargos en rueda de prensa este viernes junto al fiscal general, Merrick Garland, y otros fiscales federales.

Milgram ha tenido una intervención muy dura y ha explicado el proceso que ha llevado al paso dado este viernes: “En la DEA decidimos actuar de forma proactiva contra la red delictiva más responsable del fentanilo que inunda nuestras comunidades. Analizamos nuestros datos y la respuesta estaba clara. La mayor parte del fentanilo que circula en Estados Unidos procede del cartel de Sinaloa. La DEA y nuestros socios en la aplicación de la ley acabaron con el anterior líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, que ahora cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por sus crímenes”, ha dicho.

“Pero los hijos de El Chapo, Ovidio, Iván y Alfredo, conocidos como Los Chapitos, se convirtieron en los nuevos líderes del cartel de Sinaloa. Heredaron un imperio mundial del narcotráfico, y lo hicieron más despiadado, más violento, más mortífero, y lo utilizaron para propagar un nuevo veneno, el fentanilo (…) la droga más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país. Son responsables de la entrada masiva de fentanilo en Estados Unidos. Como resultado directo de sus acciones, hemos perdido cientos de miles de vidas estadounidenses”, ha añadido.

Siete acusados se encuentran detenidos a la espera del procedimiento de extradición: Ovidio Guzmán López fue detenido en México; Carlos Omar Féliz Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”, fueron detenidos en Colombia; Sergio Duarte Frías, Ana Gabriela Rubio Zea y Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”, fueron detenidos en Guatemala; y Anastacio Soto Vega, alias “Tachin”, fue detenido en Grecia. Además, Julio Marín González fue detenido anteriormente en Estados Unidos.

Para todos los acusados, el Departamento de Justicia pide penas de cadena perpetua. Sin embargo, para los seis líderes del cartel más destacado reclama que sean no revisables. Se trata de los tres Chapitos más los que considera tres máximos dirigentes de los sicarios del cártel: Óscar Noé Medina González, alias “Panu”, Héctor Isidro Pérez Salas, alias “Nini”, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “27″, que dan las órdenes, según el Departamento de Justicia, para “secuestrar, torturar y matar a cualquiera que se oponga a los Chapitos”. Para otros 16 acusados, el Departamento de Justicia reclama un cumplimiento mínimo de 40 años de condena y para los restantes seis, de al menos 10 años.

Los diferentes pliegos de cargos presentados, sobre todo el más extenso, de 65 páginas, muestran fotografías de paquetes de droga incautados, de fajos de billetes de alta denominación y de auténticos arsenales de armas. Los documentos explican el modo de operar de los acusados. La fiscalía sostiene que el cartel emplea a químicos cualificados (“cocineros”) que tienen experiencia en la síntesis de fentanilo a partir de precursores químicos procedentes de China. En un solo día, un cocinero del cártel puede fabricar más de 100.000 pastillas utilizando prensas, según se recoge.

En algunos casos, los narcotraficantes han comprobado la pureza de su fentanilo probándolo en otras personas. Por ejemplo, en torno a 2022, Pérez Salas y Figueroa Benítez experimentaron con una mujer a la que inicialmente pensaban disparar inyectándole repetidamente dosis de fentanilo hasta que murió, explica uno de los documentos. Otra prueba mostró que el producto era letal y aun así el cartel lo envió a Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, el fentanilo del cartel entra en Estados Unidos oculto en compartimentos secretos de los coches, camuflado entre las mercancías de los remolques, escondido en el equipaje de los aviones, oculto a través de documentación falsa en los contenedores de transporte o escondido en los cuerpos de mulas de la droga.

Una vez que llega a Estados Unidos, los traficantes tienen almacenes y una red de distribución estadounidense al por mayor para su al por venta posterior en pequeñas cantidades a los consumidores. Solo en 2022, la DEA incautó más de 57 millones de pastillas con fentanilo y unos 6.000 kilos de fentanilo en polvo, el equivalente a aproximadamente 410 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo.

El cartel usa métodos cada vez más sofisticados y atrevidos para blanquear los beneficios del fentanilo y trasladarlos de Estados Unidos a México. En el transcurso de unos dos años, un solo traficante ayudó en el lavado de más de 24 millones de dólares en ganancias, proporcionando a los blanqueadores de dinero del cartel en Estados Unidos aproximadamente 15 millones de dólares y enviando a México unos nueve millones de dólares en efectivo escondidos en compartimentos secretos en automóviles. Otros presuntos blanqueadores de dinero del cártel, incluidos Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”, y Sergio Duarte Frías, han utilizado carteras de criptomonedas para lavar cientos de miles de dólares en ganancias de fentanilo para el cartel.

El Chapo fue condenado en 2019 por dirigir una operación de contrabando a escala industrial. En el juicio de Guzmán, los fiscales dijeron que las pruebas recopiladas desde finales de la década de 1980 mostraron que él y su cártel asesino ganaron miles de millones de dólares con el tráfico toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

REFORMA

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Cd. de México (14 abril 2023).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cancelación de Financiera Rural es para evitar la corrupción, la intermediación y el influyentismo.

Asimismo, insistió en que ahora se está apoyando de manera directa a los productores.

“Lo de Financiera Rural se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, la Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos”, indicó en conferencia mañanera.

“Por eso tomamos la decisión de cerrar la Financiera Rural, porque no queremos intermediación, y no influyentismo, corrupción, ni carteras vencidas. Todo lo que tiene que ver con créditos lo va manejar la Financiera para el Bienestar”.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario acusó que el organismo sólo servía para ayudar a “machuchones”.

“La Financiera Rural era para ayudar a los machuchones, no sólo las organizaciones campesinas y líderes sacaban provecho, también los productores”, señaló.

Agregó que ya se establecieron precios de garantía en beneficio de los productores.

“Se establecieron precios de garantía porque para el productor, si su producto tiene precio, con eso se le ayuda porque así va a venderse a buen precio el maíz que siembra”, apuntó.

“Lo principal es garantizar precio y eso ya lo tenemos resuelto con precios de garantía para los básicos y de esa manera se está ayudando”.

El Presidente envió en días pasados a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para desaparecer el organismo, con el argumento de que la cartera vencida de más de 8 mil millones de pesos es inmanejable y compromete el funcionamiento de la institución.

Lo calificó de “organismo atrofiado incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural”.

La Financiera “otorgó créditos sin garantías hipotecarias o de cualquier otro tipo que dieran certeza al cumplimiento de las obligaciones de pago, y provocó que la cartera vencida de la institución sume 8 mil 454 millones de pesos”, dice la iniciativa.

EL PAÍS

PABLO FERRIANTONIO PITA

México / Jerusalén – 13 ABR 2023. Tomás Zerón ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. El exjefe de los investigadores de la Fiscalía mexicana, buscado desde hace años por delitos de tortura y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa, además de otros financieros, ha concedido una entrevista al diario israelí Yediot Aharonot, el de mayor tirada del país. En el texto, Zerón, que se dice feliz y en buen estado de forma, asegura que es víctima de una “persecución política” en México y niega todas las acusaciones en su contra. EL PAÍS cuenta con una traducción completa del artículo al inglés, cortesía del National Security Archive, un centro de estudios e investigación con sede en Washington.

La del Yediot Aharonot es la primera entrevista larga que concede Zerón, que ya había hablado con The New York Times hace unos meses, sobre su vida en Israel y su huida de México, a mediados de 2019. El exfuncionario, cuya entrega México ha pedido a Israel reiteradamente, cuenta que vive en Tel Aviv y dedica su tiempo a “reflexionar sobre el sentido de la vida”, a hacer ejercicio, además de gestionar su restaurante de comida mexicana en la ciudad -”nuestras tortillas son muy buenas”, dice. En un momento de la entrevista, los periodistas le preguntan, “¿Le da miedo sonreír?”. Zerón contesta: “En Israel me siento seguro, en México no tanto”.

El intercambio anterior refleja el tono de la entrevista, amistoso, a veces incluso elogioso, ajeno al contexto que envuelve a la figura de Zerón en México. Ajeno a veces, también, a México por completo. En sus más de ocho páginas, Zerón apenas necesita esforzarse en desviar preguntas incómodas, ni sobre el caso Ayotzinapa, ni sobre sus presuntos desfalcos cuando estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo investigador de la Fiscalía. Tampoco requiere detallar su relación con los proveedores de equipo de seguridad israelíes que trató en sus años en el Gobierno, y que podrían estar ayudándole desde que llegó a Israel: no le preguntan.

Zerón comparte páginas con su abogada allá, Liora Turlevsky. Entre los dos insisten en que cuentan con pruebas suficientes, algunas, dice, inéditas, para probar su inocencia y la versión de los hechos que siempre ha defendido en el caso Ayotzinapa: el asesinato de los 43, la quema de los cuerpos en un basurero y la desaparición de los restos en un río. Los autores de la nota incluyen alguna de esas presuntas pruebas, por ejemplo, la declaración de uno de los primeros detenidos por el caso, cuyo nombre o alias omiten, y que supuestamente participó en los asesinatos, la quema y el episodio del río. Zerón niega que le torturase o que ordenara que le torturasen. A él o a nadie.

Kate Doyle, parte del equipo del NSA en Washington, opina que “este artículo es una pieza de relaciones públicas. Creo que la intención ha sido humanizar cuidadosamente a Zerón, limpiar su nombre”. Doyle, experta en el caso Ayotzinapa, añade: “Si Zerón y su abogada tienen evidencia del tipo que sea, que pueda probar su inocencia en el montaje de la investigación del caso Ayotzinapa, debería estar dispuesto a comparecer ante un juez en México y responder a las acusaciones que penden en su contra”.

Doyle dice además: “No veo que esta entrevista ilumine nada nuevo sobre el caso Ayotzinapa. Y para ser sincera, el silencio sobre las familias de los 43 que impera en toda la nota, su sufrimiento, que continúa hasta ahora, en contraste con el semblante tranquilo y feliz que Zerón muestra en la entrevista, su vida en Israel, su buena salud, sus aventuras empresariales, sus placeres vitales… Es difícil de leer. Quizá por eso no se ha atrevido a hablar con un medio mexicano y prefirió hacerlo con una revista israelí que claramente no conoce México ni el caso”.

Los silencios son a veces escandalosos. Los entrevistadores no le preguntan por el supuesto montaje que organizó en el río San Juan, donde, según los actuales responsables de la investigación, el viejo aparato sembró huesos de uno de los 43, para apuntalar su teoría del caso. No profundizan en el tema de la tortura con casos concretos, más allá de El Chereje, uno de los detenidos entonces, que Zerón se llevó en helicóptero a Iguala, lugar del ataque contra los normalistas, situación que evitó registrar en el expediente. En cambio, el texto en rico en anécdotas. Desde hoy, México sabe que el exfuncionario fue el primero en importar al país prendas de Lacoste.

Encinas y el ataúd

La entrevista se divide en cuatro grandes apartados. La nota abre con detalles de la reunión que Zerón mantuvo en Tel Aviv en febrero del año pasado con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de México, y encargado de la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa, uno de los varios grupos que participan de las pesquisas. La reunión, cuyo contenido se conoce parcialmente desde hace meses, introduce las primeras declaraciones de Zerón y abre la puerta al resto de temas. Sin entrar a detalle, la entrevista muestra que Zerón contrató a un grupo de personas para que grabasen de manera oculta el encuentro.

La junta ocurrió en un restaurante griego. Las autoridades mexicanas, dice la nota, no informaron a las israelíes sobre la reunión, que fue “coordinada en secreto” entre ambos hombres. Esta decisión de no comunicarla, junto al contenido de la grabación de la conversación, han supuesto “el último clavo” en el ataúd de la petición de extradición, según “altos cargos oficiales” israelíes sin identificar citados en el artículo. Las dificultades para traer de vuelta a Zerón son conocidas, incluso desde el mismo origen.

La FGR ha tardado meses en cuestiones muy simples, como traducciones de documentos, que han retrasado el proceso. El viaje a Israel, el año pasado, del primer responsable de las pesquisas durante la actual administración, Omar Gómez Trejo, pareció allanar el camino, sobre todo en lo que se refiere a la acusación por desaparición forzada. En México, la Fiscalía puede acusar de ese delito a quien, con sus actuaciones u omisiones, impida el hallazgo de una persona desaparecida, caso de Zerón. Pero la salida de Gómez Trejo del caso y, al parecer, la reunion de Zerón con Encinas, han vuelto a complicarlo.

No es Zerón, sino los periodistas, quienes resumen el contenido del audio del encuentro. Encinas, que desconocía estar siendo grabado en secreto, “habló y habló” durante las tres horas de reunión y dijo “completamente lo contrario de lo que se esperaba que dijese”, según los autores de la nota. “Te lo digo con toda sinceridad: No quiero meterte en la cárcel”, dice Encinas en la grabación, según los autores.

Encinas aseguró también a Zerón, según el relato, que sabría defenderse en México en el caso Ayotzinapa y que él también era consciente de su inocencia en otro de los casos por los que fue interrogado: la presunta recepción de millones de dólares por empresas de inteligencia israelíes. “No te estoy culpando ni haciéndote responsable de nada. Habla, no soy un policía”, le dijo antes de pedirle que le ayude a “descifrar” el caso a cambio de “seguridad” en el proceso legal en México.

El Chapo y los adornos

Los otros apartados de la entrevista tienen que ver con El Chapo, la vida personal de Zerón y el caso Ayotzinapa. Sobre su vida, Zerón cuenta que, llegado a Israel, se le fueron agotando los ahorros -cuyo origen no se cuestiona- y ahora regenta un pequeño restaurante de comida mexicana para trabajadores en Tel Aviv. “Como buen mexicano en busca de las mejores tortillas”, dice, conoció un día un puesto de comida mexicana en el mercado de Carmel. Un día, el dueño le dijo que se disponía a cerrarlo en dos semanas. Zerón le propuso juntarse para abrir un nuevo sitio, en el que él se ocuparía de la parte empresarial y el exdueño del puesto, de la culinaria. Zerón además es asesor gastronómico de un restaurante en la ciudad.

Zerón también habla de por qué eligió Israel para esconderse -él no usa este verbo- sobre otros posibles destinos: Israel y México no tienen tratado de extradición. El exfuncionario argumenta que, desde que lo visitó por vez primera en 2008, pensó que “sería agradable ser allí un turista”. Rechaza que su estadía allí esté relacionada con la ausencia de convenio de extradición entre los dos países, con el argumento de que cuando huyó de México no había una investigación abierta en su contra. También niega que tenga que ver con sus lazos con empresarios de la ciberseguridad israelí. En el artículo se señala que mantiene “relaciones cálidas” con algunos de ellos, que le han ayudado a construirse un círculo social en su nuevo país de residencia.

La parte que los autores dedican a El Chapo es interesante también. Primero, porque Zerón señala posibles nexos de capo con integrantes del Ejército. Y luego, porque sirve de marco conceptual para presentar a Zerón como “estrella de rock” dentro del sistema legal mexicano. Este apartado gira en torno a las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2014 y 2016, fuga de por medio. Los reporteros dejan que Zerón narre una historia en la que él se convierte en protagonista. A partir de lo que cuenta, concluyen que el exfuncionario “se convirtió en un rockstar del sistema de justicia mexicano tras la captura” del capo sinaloense.

Una afirmación tan sorprendente como la anterior resulta cuanto menos cuestionable. En 2014, antes del caso Ayotzinapa, Zerón aún gozaba de crédito y manejaba con mano de hierro la AIC. Pero de ahí a pensar que él dirigió los esfuerzos para atrapar a El Chapo hay un buen trecho. Alejandro Hope, experto en seguridad y exfuncionario de los servicios de inteligencia mexicanos, explica que la agencia de seguridad líder en este asunto fue la Armada. “La relación con las agencias de Estados Unidos no la llevaba Zerón, sino Ortega Siu”, explica, en referencia al jefe militar encargado de la Unidad de Inteligencia Naval. “El papel de Zerón en las capturas de El Chapo es mucho menor de lo que él presume. Yo creo que se adorna”, zanja.

Igual de preocupantes resultan algunas afirmaciones o narraciones del texto sobre el sistema político mexicano y el caso Ayotzinapa. Así, por ejemplo, los autores señalan que Enrique Peña Nieto, presidente entre 2012 y 2018, gran valedor de Zerón, perdió la presidencia en 2018, “en gran parte por el asesinato de los estudiantes” de Ayotzinapa. Aquí el problema es doble. Primero, porque enunciar el “asesinato” de los muchachos solapa la teoría del entrevistado, la de que los 43 estudiantes desaparecidos murieron en un basurero cerca del lugar del ataque, en 2014. Hoy, los investigadores rechazan esa teoría. Y segundo, porque en México los presidentes no se reeligen.

Los errores continúan y dan lugar a equívocos peligrosos. Así, por ejemplo, cuando aborda el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, confunde personas y cargos. El texto señala que “de acuerdo a investigadores, el sistema Pegasus -un software que sirve para adueñarse de teléfonos ajenos y que la AIC y otras dependencias contrataron en la época de Peña Nieto-, además de algunas notas de prensa, sugerían que el gobernador de la región y su esposa estuvieron implicados en el secuestro” de los 43.

Los autores escriben esto último para relatar los primeros días de Zerón en el caso. Leído así, parecen referirse al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que hasta ahora no había sido señalado en el caso. Lo lógico, sin embargo, es que se refieran al alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en prisión desde 2014, acusados de vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que estuvo en el centro del ataque, junto a policías de varios municipios, con la participación, activa u omisa, de todas las corporaciones de seguridad, tanto estatales como federales. Los autores de la nota debieron confundir alcalde con gobernador. Es posible, sin embargo, que se trate de Aguirre, y que Zerón lo tuviera momitoreado con Pegasus.

REFORMA

Rolando Herrera

Cd. de México (13 abril 2023).- Funcionarios de México y Estados Unidos sostienen este jueves una reunión de alto nivel para definir estrategias en el combate al fentanilo y al tráfico ilegal de armas de fuego.

La delegación mexicana, encabezada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se reunió esta mañana con su contraparte estadounidense en un salón de la Casa Blanca.

“Convencidos que el trabajo coordinado da mejores resultados, iniciamos reunión bilateral para combatir el tráfico de drogas sintéticas y armas de fuego. Abordaremos temas de seguridad, salud pública, prevención y colaboración.

#México y #EEUU estamos unidos por la paz”, informó.

Además de esta primera reunión, está previsto que los funcionarios mexicanos tengan un almuerzo de trabajo en el Departamento de Justicia y, posteriormente, la delegación de Canadá se sumará a la reunión trilateral de seguridad.

La delegación mexicana expondrá un informe de resultados en materia antidrogas, incluidos decomisos de fentanilo y otras drogas químicas.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del sexenio -del 1 de diciembre de 2018 al 6 de marzo de 2023- las fuerzas federales han asegurado 6 mil 115 kilogramos de fentanilo, cifra mil 49 por ciento mayor a la registrada entre el 27 de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2018.

En el mismo periodo de esta Administración, se han decomisado 180.9 toneladas de metanfetaminas, lo que significó un incremento de 92 por ciento en comparación con el mismo periodo inmediato anterior, que acumuló 94.1 toneladas.

La delegación mexicana está conformada por el Canciller Marcelo Ebrard; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz; los Secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente; así como el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez; y el Embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, entre otros.

Del lado estadounidense, en las diferentes actividades, se contempla la participación del Fiscal Merrick Garland; el Secretario de Marina, Carlos del Toro; la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall; el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Rahul Gupta, y el Embajador Ken Salazar, entre otros.

En la víspera de la reunión bilateral de seguridad con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de una nueva Comisión para coordinar las acciones contra el tráfico de drogas sintéticas, armas de fuego y municiones.

En el documento, el Mandatario federal reconoce que el uso de fentanilo con fines no médicos, como adulterante de la heroína y de otras drogas, así como para falsificar fármacos opioides, implica un alto riesgo de sobredosis y muerte por depresión respiratoria.

Por otra parte, un día antes de esta reunión, la Administración del Presidente Joe Biden rebatió los dichos del Presidente López Obrador sobre que en México no existe producción ilegal de fentanilo.

El director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, en inglés), Rahul Gupta, aseguró que la fabricación de dicho opioide sintético ocurre en territorio mexicano e incluso, que situaciones de abuso en el consumo de fentanilo no sólo existen en EU pues podrían ocurrir también en territorio mexicano.

“Sabemos que los precursores de China están llegando a México. Sabemos que el fentanilo se está produciendo en México. Sabemos que hay tráfico a través de la frontera (con México) y que también tenemos rutas aéreas y marítimas hacia Estados Unidos”, insistió Gupta en una rueda de prensa virtual.

Ofrece Ebrard reducir fentanilo

Durante la reunión bilateral, Marcelo Ebrard indicó que el objetivo de la delegación mexicana es identificar qué acciones adicionales pueden realizar los dos países para reducir el tráfico del opioide sintético y de las armas de fuego.

“El enfoque de la delegación mexicana, la instrucción que tenemos, es identificar cuáles son las acciones adicionales que podemos tomar para que el Entendimiento Bicentenario tenga mejores resultados en dos indicadores: reducción de fentanilo y muertes por fentanilo y reducción de violencia en México por armas de fuego”, señaló.

Ebrard resaltó ante Sherwood-Randall, quien es la encargada de la lucha contra el fentanilo de la Casa Blanca, que a la reunión asistió todo el Gabinete de Seguridad mexicana.

“Como podrás ver, está todo el Gabinete de Seguridad, te agradecemos porque hoy nos vimos una hora más y queremos agradecer muy especialmente al doctor Alejandro Gertz, Fiscal General de la República, que esté aquí presente”, indicó.

Con información de Antonio Baranda

REFORMA

Oscar Uscanga

Cd. de México (13 abril 2023).- La balacera en una cafetería de Tulum, donde falleció el empresario regiomontano David González Cuéllar, también cobró la vida de Luis Eduardo Lozano, un cliente de 25 años de edad que hacía fila para comprar un café.

El pasado lunes, Lozano estaba ya frente a la caja de un Starbucks para pagar su pedido, justo cuando un sujeto desató una balacera y uno de los disparos le impactó en la espalda.

La Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) que encabeza el marino Rubén Oyarvide, señaló a Lozano como integrante de la banda criminal.

“Los policías, derivado de un señalamiento ciudadano, y al observar que se retiraba, iniciaron una persecución hasta llegar a un hospital privado donde fue detenido”, reportó la SSP.

A Luis Eduardo Lozano le imputaron el delito de homicidio, cuando al momento del incidente estaba de espaldas, iba desarmado y no tenía vínculo con el grupo agresor.

Custodiado, falleció por la gravedad de las heridas en un hospital de Playa del Carmen.

Su esposa aseguró a REFORMA que la acusación contra Luis Lozano era falsa, pues él trabajaba en la empresa “Mandaditos Tulum”, dedicada a la entrega de comidas y bebidas en la ciudad turística.

En Facebook, la señora pidió justicia.

“Busco justicia ante la pérdida de mi ser querido, quien era una persona trabajadora y honrada y al estar trabajando, se encontró ante la lamentable situación que acabó con su vida; él solo era un cliente más de este establecimiento”, escribió.

EL PAÍS

BEATRIZ GUILLÉN

México – 12 ABR 2023 – Después de un proceso legal de casi dos décadas, el caso de Daniel García y Reyes Alpízar ha llegado a su fin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comunicado este martes su resolución sobre la denuncia que hicieron los dos hombres, que pasaron 17 años en la cárcel sin tener una sentencia. El alto tribunal internacional ha condenado a México en un fallo histórico en el que, además, ordena al país eliminar la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa. “La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, se lee en la sentencia.

Daniel García y Reyes Alpízar fueron detenidos en 2002 acusados del homicidio de la regidora panista María de los Ángeles Tamés. En un proceso judicial plagado de irregularidades, los dos hombres fueron detenidos sin orden de un juez, arraigados sin un abogado, torturados, amenazados y obligados a firmar documentos. Ambos han mantenido siempre firme su inocencia. Salieron en 2019 de la cárcel, con un brazalete electrónico. Pero hace solo dos semanas, de forma arbitraria, Daniel García volvió a ser detenido y trasladado a un penal del Estado de México. Ahora, la Corte Interamericana ordena que se cierre cualquier proceso penal contra ellos.

Esta sentencia pone contra las cuerdas a la Constitución mexicana. En su artículo 19, la Carta Magna recoge la figura de la prisión preventiva oficiosa, una medida que envía de forma automática a la cárcel a los acusados en una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial, sin que lo decida un juez. Es un encarcelamiento por adelantado. En México se aplica para un catálogo de 16 crímenes que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un férreo defensor de esta figura, y en 2019 incluso amplió el catálogo para que se aplicara prisión preventiva oficiosa también en tres delitos fiscales. Sin embargo, tras una larga discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a final del año pasado sacarlos de la lista.

Ahora, la resolución de la Corte Interamericana vuelve a recordar los fallos de esta figura. “El Tribunal indicó que el artículo 19 de la Constitución era contrario a la Convención Americana. La Corte advirtió que esa norma no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad”, señala la sentencia, “además, limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento”. Con base en esto, “en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”.

Las sentencias del tribunal internacional son vinculantes, por lo que el Gobierno de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben encontrar la manera jurídica de cumplir con el mandato. La desaparición de la prisión preventiva oficiosa afectaría a miles de personas que están en prisión sin una condena. A día de hoy no se sabe cuántas exactamente, puesto que el Ejecutivo no da datos desglosados de cuántos presos están bajo esta figura. Sin embargo, no sería una liberación inmediata, sino que los abogados pueden solicitar al juez de cada imputado que revise su situación, ahora bajo la sombra de la sentencia interamericana.

La Constitución pone como máximo dos años en prisión preventiva oficiosa, la realidad es que la saturación de los tribunales y los eternos procesos judiciales mantienen atrapadas a las personas durante años en la cárcel sin condena. Hasta ahora, Daniel García y Reyes Alpízar tienen el registro más largo de alguien en prisión preventiva oficiosa: 17 años y medio. La Corte Interamericana encuentra responsable también a México de todo ese tiempo privados de libertad. “El tribunal afirma que la demora en la investigación y el proceso por más 20 años no se puede explicar por la complejidad del proceso ni por la conducta de las presuntas víctimas, sino por una actividad dilatoria atribuible al Estado”, apunta la sentencia.

Descargas eléctricas y quemaduras

El documento es un recorrido, a lo largo de dos décadas, por todos los vicios del sistema de justicia mexicano. A Daniel García lo detuvieron sin orden judicial el 25 de febrero de 2002, pasó confinado 47 días antes de que lo pusieran ante un juez. A Reyes Alpízar lo arrestaron el 25 de octubre, estuvo bajo arraigo 34 días. Durante tres de ellos, Alpízar, un artesano del Estado de México, fue brutalmente torturado. En una entrevista con EL PAÍS, contó que al menos 20 policías participaron en las lesiones: “Todos los agentes querían darme algún golpe: patadas en las costillas, ahogamientos, descargas eléctricas, quemaduras y asfixia con bolsas de plástico. “Lo de los bolsazos es lo más canijo”, señalaba, “la desesperación cuando se te pega la bolsa a la cara es muy cabrona, tratas de morderla, el cuerpo se rebela, y ellos te empiezan a pegar, te pisan los pies. Oyes las risas a lo lejos. Estás aquí y estás muy lejos”. En varios momentos, Alpízar cayó inconsciente y tuvieron que llevarlo al hospital a causa de las heridas, de las que todavía guarda secuelas.

Tras sus testimonios en el juicio, que tuvo lugar el año pasado, los dictámenes de la ONU y la Comisión, y la respuesta de México, la Corte Interamericana concluye: las detenciones fueron ilegales (”no se ajustaron a ninguna de las hipótesis permitidas en las normas internas para aprehender a una persona”); no fueron informados de por qué eran arrestados; no fueron llevados ante un juez hasta más de un mes después, puesto que se los mantuvo bajo arraigo, una figura que incide la Corte es inconvencional; fueron torturados y obligados a inculparse (”la Corte notó que las declaraciones de Daniel García y Reyes Alpízar, obtenidas en condiciones de coacción y tortura, fueron utilizadas en distintos actos procesales del proceso penal llevado a cabo en su contra”); no tuvieron abogados hasta avanzado el proceso, y pasaron 17 años encerrados sin haber recibido una condena.

Ante todas esas irregularidades, la Corte obliga a México a cerrar el procedimiento penal, a eliminar los antecedentes, a investigar las torturas que sufrieron, a dejar sin efecto el arraigo y adecuar el orden jurídico sobre la prisión preventiva oficiosa, a ofrecer tratamiento médico y psicológico a Daniel y Reyes, y a indemnizarlos a cada uno con 100.000 dólares.

EL UNIVERSAL

Luis Carlos Rodríguez

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño continuará en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite.

“En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, dijo en rueda de prensa después de una reunión con senadores de Morena y sus aliados.

Incluso, reveló que mantiene comunicación con Francisco Garduño quien le reporta el estado que guardan las estaciones migratorias en particular la de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el pasado 27 de marzo, 40 migrantes perdieron la vida como consecuencia de un incendio en las instalaciones.

“Yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido Francisco Garduño, hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación de Ciudad Juárez como lo hace todas las mañanas”.

“Todos los funcionarios públicos, incluidos los de la FGR, están obligados a la secretaria” por lo que pidió esperar las investigaciones.

A pregunta expresa sobre si el caso sólo debe quedar hasta el nivel del titular del INM o debe ir a funcionarios de más nivel, indicó que el monopolio de la investigación lo tiene la FGR, por lo que dijo que esperará a que hagan su trabajo determine responsabilidades “y en todo caso si hay responsabilidades que ejerzan sus atribuciones”.

Durante la reunión de los legisladores con el funcionario federal, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán con carteles en mano exigió a Adán Augusto López “dar la cara” y responder a la soberanía parlamentaria por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

“Venimos a decirle al Secretario de Gobernación ¡Da la cara! Exigimos una comparecencia pública, exigimos una comparecencia en donde las mujeres y los hombres de este país puedan saber qué está pasando”

El titular de Gobernación, respondió que con “mucho gusto” comparecerá ante el pleno de la Cámara Alta si así lo decide la mayoría parlamentaria, además extendió una invitación a la legisladora de Acción Nacional.

EL PAÍS

ZEDRYK RAZIEL

México – 12 ABR 2023 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en contra del proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia que propone invalidar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El mandatario ha defendido en su conferencia diaria la reforma legislativa de septiembre de 2022 —impulsada por su partido, Morena— con la que la Guardia Nacional, que había sido creada como una corporación policiaca de naturaleza civil, quedó bajo el control operativo y administrativo del Ejército, una modificación duramente criticada por partidos de la oposición y por colectivos de familiares de víctimas de la llamada guerra contra el narco. López Obrador ha negado este miércoles que el traspaso de la GN signifique una militarización de la seguridad pública y ha defendido que su pertenencia al Ejército garantiza que sea una corporación disciplinada y honesta.

“Si declaran inconstitucional la ley en la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal”, ha acusado el presidente en su conferencia mañanera. “La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para auténticamente defender, proteger, a los ciudadanos, es que dependa de la Secretaría de la Defensa, porque esto significa profesionalismo, disciplina, honestidad, rectitud”, ha añadido.

El martes se dio a conocer un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que señala que la Constitución prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz. La propuesta de acción de inconstitucionalidad, que podría ser votada por el pleno del Supremo la próxima semana, indica que, conforme la Carta Magna, la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y la participación de las Fuerzas Armadas en esa materia debe ser excepcional y regulada, no permanente. Para el ministro, esos preceptos constitucionales son violados por la reforma oficialista que transfirió al Ejército el mando de la Guardia Nacional.

El presidente volvió a insistir este miércoles en que la PF “se echó a perder por completo” y “se corrompió”, y que la única manera de garantizar su funcionamiento recto es que sea un apéndice castrense. “Eso lo deben tomar en cuenta los ministros para tomar una decisión, y ojalá analicen bien el caso, profundicen, que hagan una revisión de cómo se han comportado las corporaciones policiacas en los últimos tiempos”, ha dicho. “Ojalá y los ministros piensen en la seguridad de la gente, que piensen en la importancia que tiene que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, como la Fuerzas Armadas y el Ejército. Estamos hablando de aprovechar las escuelas de la Secretaría de la Defensa, la formación, instalaciones, disciplina, todo el legado que tiene esta Secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación”.

López Obrador ha rechazado la acusación de que su reforma sobre la Guardia Nacional sea un refuerzo de la militarización de la seguridad, un fenómeno que se ha dado en México desde el sexenio de Felipe Calderón, que declaró la guerra contra el narco, y a lo largo del de Enrique Peña Nieto, que la continuó sin cambios. López Obrador, que en su momento fue crítico de esa política, ha dicho ahora que en otros países, como en España, Francia e Italia, las Guardias Nacionales están bajo control del Ejército. También ha sostenido que, a diferencia de América Latina, que tiene un largo historial de golpes de Estado militares, en México el Ejército está conformado por soldados humildes. “Es un Ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite, no tiene nada que ver con las cúpulas militares de otros ejércitos en otros países. Aquí los militares de más alto rango, los generales de división, no pertenecen a la oligarquía, no son potentados, la mayoría son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares, de profesionales, gente de bien, por eso sostengo que el soldado es pueblo uniformado”, ha dicho.

En toda su historia, el Ejército mexicano ha estado envuelto en escándalos de violaciones a los derechos humanos, desde la matanza de Tlatelolco en 1968, la Guerra sucia y la masacre de Acteal hasta la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de Tlatlaya. López Obrador ha afirmado este miércoles que el responsable de esas tragedias es el presidente de la República en turno. “Desde luego ha habido errores y actos represivos que han manchado al Ejército mexicano, como lo fue en el 68, pero no se debe de olvidar que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, ellos han llevado a cabo esas acciones reprobables por órdenes del presidente”, ha dicho. Sin embargo, el rosario de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército no ha cesado en el obradorismo. Uno de los asuntos más recientes envolvió a elementos de la Guardia Nacional, acusados de asesinar a cinco jóvenes desarmados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

REFORMA

Claudia Guerrero

Cd. de México (11 abril 2023).- Con 74 años de edad cumplidos, Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, es originario de Acámbaro, Guanajuato.

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno federal, ha colaborado en la Administración pública desde 1972.

En su paso por las oficinas gubernamentales participó en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal.

Trabajó en la Secretaría de Gobernación entre 1972 y 1977, con el priista Mario Moya Palencia, durante el sexenio de Luis Echeverría.

Entre 1977 y 1982, laboró en la Secretaría del Trabajo, en el Gobierno de José López Portillo.

Desempeñó cargos en Pemex entre 1983 y 1987 y también en la Procuraduría General de la República (PGR), de 1987 a 1998.

Según la biografía publicada por el Gobierno, entre 1997 y 2006, desempeñó cargos en el Gobierno capitalino, en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco, así como en la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Trasporte y Vialidad. También fue diputado suplente por el PRD, de 2009 a 2012.

Garduño fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, para el cierre del penal de Lecumberri y traslado de internos a los actuales reclusorios de la Ciudad de México y a la colonia Penal Islas Marías.

Estudió la carrera de licenciatura en optometría en el IPN, la licenciatura en Derecho en la UAM, con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas.

Es Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Este martes, la Fiscalía General de la República informó que procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes.