REFORMA
José Díaz Briseño
Washington DC, Estados Unidos(07 mayo 2023). El Presidente Joe Biden pondrá fin el próximo 11 de mayo a la política de expulsión de migrantes iniciada con la pandemia del Covid-19 que coloca a Estados Unidos ante el reto de cómo lidiar con los flujos de migración irregular a través de su frontera con México más altos de la historia.
Iniciada en marzo de 2020, la política conocida como Título 42 fue inicialmente justificada como una medida de salubridad que suma 2.7 millones de expulsiones hacia territorio mexicano, pero que coincidió con dislocaciones en diversos países de las Américas que generaron aún más migración irregular.
“La inestabilidad económica y política en todo el mundo está alimentando los niveles más altos de migración desde la Segunda Guerra Mundial, incluido en el Hemisferio Occidental”, dijo el Departamento de Seguridad Interna de EU en febrero al informar de sus preparativos para poner fin al Título 42.
Sin que exista un factor único para explicar la migración desde diversos países del continente, la Administración Biden despliega a contrarreloj un conjunto de políticas, incluyendo en un lugar tan lejano como la selva de Colombia, para hacer más manejables los flujos de migrantes llegando a la frontera.
Alimentado por migrantes que huyen de la sequía en Guatemala, la violencia en regiones de México y la crisis en Venezuela, el flujo migratorio llegando a la frontera sur de EU se espera que crezca; las autoridades pronostican que los arrestos de migrantes pasarán de un promedio de 7 mil 800 diarios a más de 10 mil.
“Lo que estamos viendo en términos de flujos hacia la frontera entre EU y México es realmente un reflejo de los patrones globales que se han estado construyendo durante años”, comenta a Grupo REFORMA, Ariel Ruiz, analista de política migratoria en el Migration Policy Institute (MPI, en inglés) de Washington.
“Además, la pandemia ha tenido este efecto perdurable en países de América Latina”, agrega Ruiz.
La señal más evidente de este inédito movimiento migratorio compuesto principalmente de países de América Latina es la cifra de 2.2 millones de arrestos hechos por la Patrulla Fronteriza de EU durante el Año Fiscal 2022, y que superó el récord previo de 1.6 millones de arrestos durante el Año Fiscal 2000.
Los saldos del Título 42 y el Título 8
Basándose en el Título 42 de la Ley de Servicios de Salud de 1944, la Administración del ex-Presidente Donald Trump inició en marzo de 2020 una inédita política de expulsión de migrantes a territorio mexicano que abarcaba a ciudadanos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Negociada con el Gobierno mexicano, la política del Título 42 rápidamente se convirtió en la principal herramienta para contener la migración cancelando el derecho a solicitar asilo, pero en si misma provocó intentos repetidos de cruce al no incluir ninguna consecuencia legal adicional para los migrantes.
En resumen, la política del Título 42 abarcó 2.7 millones de expulsiones a México, de las cuales 1.7 millones involucraron a ciudadanos mexicanos y otro 1 millón involucró a ciudadanos principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras y sólo en meses recientes a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Ante el esperado incremento en cruces, la Administración Biden ha advertido que la remoción expedita de migrantes en la frontera, pero ahora bajo el Título 8 de sus leyes migratorias que contempla “deportaciones” con prohibición de entrada de hasta 5 años a EU y con potenciales castigos criminales para los migrantes.
“Bajo las autoridades del Título 8, los extranjeros que no tengan una solicitud de asilo viable o incapaces de establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados a sus países de origen”, advirtió el Departamento de Seguridad Interna en su plan más reciente publicado apenas el 26 de abril.
En apoyo a la política de remociones expeditas bajo el Título 8 a partir del 11 de mayo, la Administración Biden anunció esta semana haber logrado que México continúe recibiendo en su territorio devoluciones de ciudadanos de ciertos países que el Gobierno de EU no pueda regresar directamente a sus países.
Condenada por grupos de derechos humanos y potencialmente sujeta a litigio, la Administración Biden se apresta también a publicar en los próximos días una nueva regla migratoria que negaría la posibilidad de solicitar asilo en EU a aquellos migrantes que hayan cruzado previamente por el territorio de otros países.
Funcionarios estadounidenses han asegurado que estas duras regulaciones se compensan con medidas como la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala para agilizar solicitudes de entrada para migrantes que califiquen por asilo, empleo o razones familiares en EU, Canadá y España.
Al mismo tiempo, la Administración Bibden ha asegurado que continuará un programa iniciado en enero que permite la entrada a EU a un total de 30 mil migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití de forma mensual que puedan demostrar tener un patrocinador en EU con suficientes recursos para alojarlos.
Los preparativos en la frontera
A pesar de las nuevas regulaciones y las aperturas para la migración legal, el Gobierno de EU considera que el fin del Título 42 colocará a su frontera con México en una fuerte presión ante la gran cantidad de migrantes que esperan ya en México una oportunidad para cruzar irregularmente o para solicitar asilo.
Citando estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Administración Biden aseguró que actualmente hay un universo de 660 mil personas en México que pudieran intentar entrar a territorio estadounidense, incluyendo 287 mil desplazados mexicanos.
“Muchas de estas personas podrían intentar ingresar a los Estados Unidos en el corto plazo”, dice Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, en inglés).
Según las cifras de la ACNUR, más de 104 mil ciudadanos de Haití y 97 mil ciudadanos de Venezuela están actualmente presentes en México bajo diversas figuras jurídicas, y el Gobierno estadounidense considera que forman parte del universo de personas que pudiera intentar ingresar a EU a partir del 11 de mayo.
Ante esta situación, la Administración Biden trabaja a marchas forzadas para reforzar sus capacidades tanto de detención como de procesamiento de asilo en la frontera con México; sin embargo, la mayor parte de los expertos esperan semanas de confusión con la implementación de procesos migratorios regulares.
Según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Interna, EU tiene ya desplegados más de 24 mil agentes y oficiales en la frontera con México, lo que significa un incremento en 600 desde febrero, además de la llegada de 1,500 militares para apoyar en funciones administrativas y de transporte.
De la misma manera, la Administración Biden trabaja a contrarreloj para aumentar sus espacios de detención provisional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y que según la más reciente actualización tienen la capacidad para albergar un total de 17 mil personas en la línea fronteriza.
Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses lanzaron recientemente “CBP One”, una aplicación electrónica disponible en teléfonos inteligentes que busca poner a disposición mil citas de solicitud de asilo diarias en la frontera con México y evitar las aglomeraciones en las garitas estadounidenses.
En los últimos meses y en anticipación al fin de las expulsiones bajo el Título 42, la Administración Biden también trasladó a 500 funcionarios especializados a la frontera con México para realizar entrevistas de “miedo creíble”, el paso necesario para dictaminar si una persona califica para iniciar un proceso de asilo.
Dada la decisión de la Administración Biden de no detener por largo tiempo a familias, expertos consideran que este representará el principal reto ante la presión que las ciudades del lado estadounidense enfrentarían si una gran cantidad de ellas arriban para intentar buscar asilo en la frontera.
El rol central de México
Aún con la decisión de la Administración Biden de avanzar a partir del 11 de mayo en remociones expeditas de migrantes que no califiquen para asilo bajo el Título 8, México juega un papel clave en el esquema estadounidense para hacer frente al fin de las expulsiones de ciertos migrantes bajo el Título 42.
Ante la alta posibilidad de que algunos Gobiernos de América Latina opten por no recibir deportaciones rápidas de sus migrantes desde EU, la decisión del Gobierno del Presidente López Obrador de seguir aceptando devoluciones de migrantes en las ciudades mexicanas es considerada como invaluable.
“México juega un papel muy central”, comenta a Grupo REFORMA, Cristóbal Ramón, un experto independiente en política migratoria global y quien más recientemente laboró como analista en el Bipartisan Policy Center (BPC, en inglés), un centro de pensamiento en Washington.
En los años recientes, diversas decisiones del Gobierno mexicano como la decisión de imponer visas a los ciudadanos venezolanos en enero de 2022 y la decisión de aceptar la devolución también de venezolanos expulsados bajo el Título 42 en octubre de 2022 provocó bajas notables en la migración a la frontera.
“El anuncio hecho recientemente por parte de México de estar dispuesto a seguir recibiendo devoluciones de migrantes es algo enorme”, añade Ramón sobre las remociones expeditas de ciertas nacionalidades a territorio mexicano que se esperan se incrementen bajo la figura de “deportación” usando el Título 8.
En cierto sentido, la decisión de México de seguir aceptando la devolución de migrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, así como presumiblemente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, le ofrece a la Administración Biden una válvula de escape de emergencia en la actual crisis.
Sin embargo, un alto nivel de devoluciones a México aunado a la inminente llegada de la nueva regla estadounidense limitando el acceso al asilo a migrantes que hayan transitado por otros países podría, según los expertos, colocar a las ciudades mexicanas de la frontera con pocos recursos para lidiar con ellos.
“No veo una situación en la que México pueda mantener el status quo y tratar a los migrantes de una manera humana y digna en la frontera”, comenta el especialista Ramón. “México va a necesitar ayuda, en particular de organizaciones internacionales y eso implicaría establecer instalaciones para atenderlos”.