Jorge E. Franco Jiménez.
El cinco de febrero tuvo lugar una singular remembranza, en la ciudad de Querétaro, con motivo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, símbolo de la culminación de un movimiento revolucionario que reivindicó, en ese documento, los derechos de los mexicanos en lo individual y social siendo la primera en ocuparse del derecho al trabajo y el asunto agrario en los artículos 27 123 reestructurándose, con base en esos postulados, el sistema de un estado de derecho democrático republicano y representativo.
Hoy es palpable la transformación institucional de la República cuya conformación ha sido en respuesta a exigencias propias de los cambios globales en aspectos sobre todo económicos, políticos y jurídicos que provocaron la innovación de las políticas públicas vinculadas a un tratado de libre comercio, impulsando la adaptación del orden jurídico nacional como elemento esencial de la vida institucional del país.
No obstante, persisten rezagos sociales que se han acentuado a partir del inicio del periodo del gobierno de la transformación y la pandemia, sin que se avizore un mejoramiento en los servicios de seguridad pública, el sistema de salud, la educación y en lo político se pretende regresar al pasado hegemónico, a lo cual se agrega el tema económico, con una inflación alta y costo incrementado en los productos básicos.
Rodea todo este panorama la crisis institucional en que estamos inmersos provocada por la supresión o reforma de los organismos autónomos para hacerlos dependientes del poder ejecutivo en donde resalta la dependencia del poder legislativo al ejecutivo y el acoso que sufre la Suprema Corte, sus magistrados y jueces federales, acción que se manifiesta en los estados para encasillar el futuro de la reglamentación y administración de justicia y la restricción de las libertades de las mexicanas y mexicanos.
Contradictoriamente el sistema republicano atraviesa por periodo de enfrentamiento no de cooperación institucional, entre el Titular del Poder Ejecutivo Federal y la Suprema Corte y una parte minoritaria de los grupos parlamentarios en el Congreso que fractura la unidad de los mexicanos y el régimen del ciudadano de votar y ser votado, desmantela el equilibrio institucional del ejercicio del poder colocando en situación de riesgo las libertades de mexicanas y mexicanos, máxime cuando ha entregado al ejercito el manejo del presupuesto y la labor de perseguir delincuentes.
Este trance no es una especulación, se patentizó en la ceremonia llevada a cabo en Querétaro con la colocación y trato a las representaciones de los poderes legislativo y judicial, esencia de la República Democrática Nacional, descollando que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández permaneció sentada cuando arribó el Presidente López Obrador, como corresponde a la titular de uno de sus poderes de la Unión, en igualdad Constitucional a la del Poder Ejecutivo.
Esa actitud plenamente republicana fue motivo de elogio frente a una débil crítica negativa. El discurso fue claro y enmarcado en las facultades que le corresponde ejercer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo como cabeza del Poder Judicial Federal, sino como garante de los Derechos Humanos y de la regularidad Constitucional de las mexicanas y mexicanos que, con motivo de la política oficial de debilitar el sistema electoral para controlar la nomina de votantes y orientar resultados, son un objetivo de la cuarta transformación.
En su discurso la Ministra Presidenta resaltó su preocupación ante las injusticias como elemento que incentiva la inconformidad, la irritación y la violencia que requiere ser enfrentadas con convicciones de lucha política, de fortalecimiento institucional.
Agregó, “Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos, el Poder Judicial -guiado por la Constitución— no sólo resuelve las controversias, no sólo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social.”
Respecto a la independencia de los jueces y magistrados, la Ministra Presidenta apegada al mandato constitucional ratificó la defensa de la independencia judicial de los jueces y de los poderes judiciales, pues son el pilar de la democracia que debe ser preservada y fortalecida como garantía de una adecuada impartición de justicia y de las libertades de las y los mexicanos.
De acuerdo con este deber, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, está comprometido con la defensa del derecho a la estabilidad y ratificación en el cargo de sus magistradas, magistrados, juezas y jueces, para evitar que se erosionen estos principios. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene el reto de ejercer sus facultades Constitucionales para fortalecer la garantía de imparcialidad, en beneficio de los Oaxaqueños.
En paralelo no olvidemos que, en cuanto al INE, las Oaxaqueñas y los Oaxaqueños tenemos el deber de defender nuestra garantía de libertad de votar y ser votado, para que no se convierta en una herramienta de cooptación de nuestra libertad de elegir o ser electo. La Constitución y la Ley son el baluarte de la defensa de nuestras libertades.
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