OAXACA. Como parte de la jornada de capacitación que el Poder Judicial del Estado imparte a juezas y jueces en materia civil, familiar y mixta, se abordaron los temas Desaparición forzada a cargo de la defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Luz María Hernández Ramírez y Órdenes de protección, por la abogada Elizabeth Benítez Cristóbal, experta en protección y defensa de los derechos humanos con especial énfasis en derechos de las mujeres y niñas.
Ante los retos y modificaciones que implica el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que se impulsa la oralidad, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, el cual entrará en vigor en el año 2027, las especialistas destacaron la importancia de sumar esfuerzos en estos temas sensibles para la sociedad.
Sobre las órdenes de protección, la directora del área de documentación y litigio estratégico de casos de la organización civil feminista Lilas A.C, puntualizó que son un derecho de todas las mujeres y niñas como mecanismos urgentes de protección que se aplican en función del interés superior de la mujer en situación de violencia, o bien, en riesgo de sufrir violencia y establece un conjunto de acciones de prevención y protección por parte de las autoridades.
Benítez Cristóbal señaló que la violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad; en este sentido, el Estado es el principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas, sino que trascienden en diferentes ámbitos.
Por su parte, la defensora adjunta de la DDHPO, dio a conocer que la desaparición forzada de personas se ha convertido en un problema mundial donde se viola toda una gama de derechos humanos. En este sentido, resaltó que juezas y jueces deben garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima, así como el otorgar las medidas necesarias para la protección a los familiares.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros. Los poderes judiciales del país tendrán hasta el 2027 para adoptar las modificaciones necesarias que permitan la entrada en vigor de esta legislación.