EL UNIVERSAL
Ciudad de México.— El atentado contra el periodista Édgar Leyva Mendoza, ocurrido en 2021, en el que murieron su hermana y su tía, puso al descubierto una red criminal liderada por autoridades agrarias y notarios públicos dedicada al despojo de propiedades en al menos tres municipios del estado de Oaxaca, y que está vinculada al asesinato de al menos otras 34 personas.
Entre los homicidios está el de una candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y el de un director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de acuerdo con las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGEO), a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Tras el atentado en el que sus familiares fueron asesinadas, el 3 de febrero de 2021 el periodista permanece oculto por temor a que lo maten.
Su caso, de acuerdo con la investigación, se encuentra vinculado a los despojos.
Agresiones documentadas
En 2016, Leyva Mendoza comenzó a documentar varios casos de despojo ocurridos en Ocotlán de Morelos, en la región de los Valles Centrales, después de entrevistar a ocho comuneros y pequeños propietarios que afirmaron ser víctimas del robo de sus tierras, lotes y parcelas.
Dos años después, su hermana Rosa Isela Leyva y su tía Bernarda Ramírez decidieron vender sus lotes por miedo a ser víctimas del despojo que vivían vecinos y comuneros; fue entonces cuando aparecieron “nuevos dueños” de sus tierras, quienes llegaron con amenazas y agresiones documentadas en varias denuncias ante la fiscalía.
La investigación revela una mecánica sistemática para el despojo de tierras en Ocotlán de Morelos a manos de una organización criminal, con la participación de un notario público, cuyas acciones se extendieron por lo menos a los municipios de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Ejutla de Crespo.
Las carpetas también señalan que 22 personas víctimas de despojo fueron asesinadas por este grupo encabezado por Gabino D. L., excomisariado de bienes comunales, y que hubo 12 ejecuciones más como parte de “un proceso de limpia de personas” que tenían información clave de los delitos realizados.
La mecánica de los despojos
De acuerdo con la indagatoria, el proceso de despojo era el siguiente: cuando un pequeño propietario acudía ante el notario público 112, Efraín Máximo Meraz Concha —a quien se señala directamente en las carpetas de investigación— para solicitar sus servicios para la venta o subdivisión de su terreno, el fedatario prometía revisar el estatus de la propiedad. Después los citaba y les decía que no podía hacer nada porque el título de propiedad tenía problemas, pese a estar inscrito ante las autoridades agrarias federales y contar con documentos expedidos por la autoridad municipal, entre otros.
En esa misma reunión o en una tercera, el notario citaba también a su oficina a Gabino D. L., quien confrontaba a los pequeños propietarios y afirmaba ser el dueño de los predios, para lo cual exhibía un acta de posesión del Comisariado de Bienes Comunales de Ocotlán.
De acuerdo con las carpetas de investigación, muchas de estas actas de posesión fueron emitidas por Josué Boanerges Contreras, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales, asesor del Comisariado y excandidato a presidente municipal de Ocotlán en 2016.
Las actas, además, eran irregulares y sin validez, porque deben tener el reconocimiento de la asamblea de comuneros, la firma de los tres integrantes del Comisariado y de los del Consejo de Vigilancia.
En 2019, Josué Boanerges fue acusado por el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria 38 de despojarlos de un predio, propiedad del comité desde 1975 y valuado en más de 20 millones de pesos, así como de otros dos predios.
El notario Meraz Concha, de acuerdo con la investigación, aprovechaba sus funciones de fedatario público para obtener información de las propiedades, avisar a Gabino D. L. y sacar un acta de posesión de los terrenos para luego confrontar a las víctimas de despojo en la mismas oficinas de la notaría, ubicada en la calle 16 de Septiembre número 103, en Ocotlán de Morelos.
Después seguían las amenazas a los propietarios con el fin de frenar cualquier intento de denuncia, hasta llegar al asesinato de algunas personas.
Un rastro de denuncias y sangre
Pese a las amenazas, agresiones y asesinatos, desde 2002 algunas personas presentaron su denuncia ante la fiscalía estatal.
Una de ellas, contra Gabino D. L., está contenida en la averiguación previa 334/OM/2002 por el delito de despojo; otra está en la 338/OM/2003, por despojo; en la 14/OM/2004, por el delito de fraude; en la 303/OM/2006, por daños y lo que se configure; en la 69/DGSP/2007, por abuso de autoridad, amenazas y despojo; en la 511/OM/2010, por el delito que se configure; en la 46/DGSP/2012, por falsificación de documentos en general y uso de documentos falsos.
En 2007 se emitió la ejecución de una orden de aprehensión contra Gabino D. L., la 65/2007 /31/, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, por abuso de autoridad y daños; tres años antes otra orden de aprehensión, la 66/2004, fue emitida por el delito de fraude genérico.
Ninguna de las acusaciones contra Gabino D. L. e implicados, ni las órdenes de aprehensión, prosperaron o avanzaron.
Entre esas denuncias está la del periodista Édgar Leyva y su familia, víctimas de despojo en 2018, cuya investigación sólo prosperó hasta que hubo víctimas mortales.
Las amenazas siguieron, al igual que la presentación de denuncias por despojo, amenazas y daños: una en 2018, dos en 2020 y dos más en 2021.
El crimen
El 3 de febrero de 2021, Édgar Leyva y sus familiares fueron citados por la Agencia Estatal de Investigaciones a una diligencia de inspección ocular en los terrenos, pero no se llevó a cabo por la oposición de Gabino D. L., según consta en la carpeta de investigación. Aun así, decidieron ir al terreno. De acuerdo con el periodista, una vez en el sitio llegaron dos hombres en un vehículo y preguntaron por él, fue entonces cuando su tía y su hermana se acercaron al vehículo y fueron baleadas. Bernarda Ramírez recibió nueve balazos y Rosa Isela Leyva, 19.
Finalmente, Gabino D. L. fue arrestado por la Fiscalía General de Oaxaca por el delito de despojo, contenido en la carpeta 3973/Ocotlán/2018, en la causa penal 1161/2021, y por los delitos de homicidio y feminicidio, en la causa penal 155/2021 que se desprende de la carpeta de investigación 37628/FVCE/CORDI- Ocotlán/2020, misma que se inició por amenazas y daños, pero que cambió a homicidio y feminicidio de la hermana y tía de Édgar Leyva.
De acuerdo con las investigaciones, Gabino D. L. está relacionado con el asesinato de al menos otras 22 personas víctimas de despojo y la ejecución de otras 12 que tenían información o eran testigos clave para la persecución de estos delitos.
Una de ellas fue la exdiputada Ivonne Gallegos Carreño, quien aspiraba a ser candidata del Partido Acción Nacional (PAN) por la presidencia de Ocotlán de Morelos y declaró que solicitaría la presencia de la Guardia Nacional en este municipio para investigar los despojos e impedir que continuaran afectando a la gente.
Otro asesinato, según las indagatorias, fue el del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Omar Sabino Chepetla, en San Antonio de la Cal, quien estaba a cargo de las indagatorias sobre este grupo criminal.
La investigación de la FGEO establece que Gabino D. L. cuenta con carpetas de investigación en su contra por homicidio, despojo, amenazas, daños, abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos.
Derivado de sus antecedentes delictivos, la reincidencia del delito de despojo y los vínculos con diversos abogados penalistas, “se determina que Gabino D. L. representa un alto riesgo para la comisión del delito de despojo en la zona de Ocotlán”.
La fiscalía también tiene pruebas de que esta persona se benefició con 8 millones de pesos, al autorizar 25 hectáreas para la construcción del libramiento en la carretera a Puerto Escondido; dichos terrenos fueron robados a pobladores de Ocotlán por medio de amenazas y el homicidio de mujeres comuneras.
A proceso
Gabino D. L. se encuentra actualmente en prisión por los delitos de homicidio, feminicidio y despojo de las familiares de Édgar Leyva. No obstante, la juez Luz María Soto Jiménez decidió no vincularlo a proceso por feminicidio y homicidio.
Después, la juez fue removida del caso tras comprobarse que mantenía relaciones personales con el abogado de Gabino D. L. y que sostuvo una reunión con él un día antes de la audiencia.
Con el cambio de juez, se logró vincular a proceso a Gabino D. L. por el delito de despojo, que se desprende de la denuncia presentada por la familia del periodista oaxaqueño. A la fecha, es el único detenido por los despojos.