Andrés Manuel López Obrador sabe que no tiene garantizada la continuidad de su proyecto en 2024 si permanecen las condiciones que lo llevaron a él a la Presidencia en 2018, y esto no es un invento ni leyenda negra, sus actos lo demuestran.
Los dos intentos reformistas –hasta ahora fallidos- por controlar y disminuir al Instituto Nacional Electoral evidencian el gran temor presidencial de perder el poder en dos años, y la reciente “selección” de los nuevos integrantes del Consejo General de este mismo organismo lo confirman: el presidente no puede ocultar lo evidente, que la mayoría de los nuevos consejeros han obrado y colaborado, ya, en favor de las pretensiones obradoristas.
Lo que está en duda es hasta dónde podrá llegar la intentona reaccionaria que –es totalmente previsible- impulsarán desde adentro las y los consejeros electorales alineados con López Obrador no sólo por lo que autoricen en el pleno del INE, no, sino por lo que puedan desatar ante la sociedad civil que se ha aglutinado en torno a la llamada “marea rosa”, así como los contrapesos y frenos que les puedan seguir poniendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una cosa es tener el control del Consejo del INE y otra muy diferente intentar despegarse del marco constitucional y republicano que nos empezaba a regir, al menos, en materia electoral, sin que reaccione la ciudadanía o actúe la Corte.
Ahora saltó a la palestra la conversación sostenida por Adán Augusto López con los senadores de Morena, que les dijo lo que piensa el presidente: “Lo más conveniente no haya nombramientos de tres nuevos consejeros del INAI, que exista un impasse, que están en un mundo ideal” , no hay urgencia de informar la transparencias de los actos de gobierno. Se confirma su renuencia que le incomoda desde que fue Jefe del gobierno de la Ciudad de México, que en el aeropuerto el 25 de marzo de 2006, lo increpó la entonces Consejera de Transparencia de la CdMex, que había dejado su gobierno en la absoluta oscuridad al negarse a rendir cuentas. A lo que reviró que sí lo había hecho, lo que ella replicó: “Déjese de frases de discurso, deje de mentir, la falta de transparencia y la corrupción serán sus sellos distintivos”. Soltó su brazo que le sostenía Andrés Manuel y se retiró la Consejera y relatora de ese encuentro.
En su actual administración existen datos ocultos, a saber: Sedena reservó por cinco años información del aeropuerto de Santa Lucía ante “bombardeo legal”, Pemex pone en reserva por cinco años información de magnos proyectos, El gobierno ordenó a reserva por cinco años los contratos para las vacunas COVID-19, Reserva datos sobre rifa-venta del avión presidencial, SFP reserva información sobre venta de acero del NAIM, Fonatur reserva por cinco años estudios clave sobre el Tren Mata, reservan por cinco años informes del caso Ovidio, a manera de guisa, son de los tantos actos opacos.
Para el presidente López Obrador prácticamente los gobiernos anteriores se dedicaron a formar un “Estado de Chueco”, muy al contrario, dice, al que él encabeza ya que, reafirma, que ahora todo se hace en pos de un auténtico “Estado de Derecho”. Sin embargo, especialmente en días recientes se ha esforzado bastante en demostrarnos que el principio jurídico de las cosas, pasando por la misma Constitución, no son algo que le perturbe y que bien puede ser minimizado y hasta exterminado si implica obstáculo a sus pretensiones hegemónicas. Su secretario de Gobernación y eventual ungido para sucederlo, Adán Augusto López. ya tiene una ruta frecuente establecida para “cabildear” principalmente en la Suprema Corte, el Senado y la Cámara de Diputados. Así, descaradamente, transmite las instrucciones presidenciales a dirigentes de las mayorías legislativas y a los integrantes del máximo órgano judicial que, obvio, en algunos casos le son afines o incondicionales al mandatario. El tema es que dichas órdenes acatadas servilmente no siempre están ajustadas a la ley y no es raro que las intenciones lleguen a golpear directamente a estructuras que, como el INE, ha costado mucho formar y consolidar. Una de estas cuestiones, quizá la más grave, es de plano dar pasos a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, al que se está tratando de paralizar (así de tajante lo expresó el propio Adán Augusto), simplemente al no nombrarse a tres de sus consejeros, razón por la que se deja sin operatividad al organismo.
Hay que recordar que de alguna forma el INAI sirvió a causas opositoras durante los recientes gobiernos panistas y priistas, al abrirles sus respectivas cajas de pandora con varios hechos de evidente corrupción. Pero, naturalmente, ya desde el gobierno las cosas se ven diferentes. La transparencia es lo que menos le interesa o le conviene al poder público, ahora en manos del morenismo. De manera que mejor hay que irle bajando posibilidades ya que, señala el presidente, al fin y al cabo “no sirven para nada”. De pronto reaparecen los principios constitucionales que dieron origen al INAI y la importancia de que la ciudadanía cuente con una herramienta eficaz para evidenciar las anomalías del gobierno en turno. El “Estado de Derecho”, aquí no aparece cuando un presidente trata de eliminar ese “estorbo” para su administración de la 4T.
Una nueva intentona de desaparecer organismos es la que sugirió el consejero ¿espiritual? de López Obrador, Alejandro Solalinde tras los hechos de Ciudad Juárez en que murieron cuarenta migrantes: solución básica, hay que eliminar al Instituto Nacional de Migración. Para paliar el impacto que el incendio ocasionó incluso en esferas internacionales, pues hay que seguir la práctica ya conocida de la “justicia del chivo expiatorio” y ya por lo menos se mandó a las mazmorras a tres supuestamente involucrados. Este castigo “ejemplar” no le ha llegado todavía al titular del instituto, Francisco Garduño, y, por tanto, principal responsable, específicamente en función de las políticas implementadas para el trato de los migrantes, las contrataciones “outsourcing” en materia de elementos de seguridad, etcétera.
Y como otro ejemplo está el de la inminente desaparición de la agencia de noticias del estado que desde 1968 conocimos como Notimex. Esta agencia no se instituyó como vocero del gobierno propiamente ya que sus contenidos fueron eminentemente informativos, con corresponsalías en el extranjero, etcétera. Vamos, siempre aspiró a ser como otras agencias noticiosas estatales de gran fama, como la France Press, la británica Reuters o la alemana Deutsche Welle (DW). Lástima, una raya más en lo que parece será el nuevo “Estado de Chueco”. Ergo, esa es la mística de la 4T la opacidad, que es ¿Mundo ideal o mudo real?
Jugadas de la Vida
En México el argumento del presidente López Obrador para desaparecer a Notimex no tiene razón de existir, que basta con sus informes en las mañaneras para que el pueblo sabio esté informado
Twitter: @ldojuanmanuel