El regreso de Javier Duarte a México: un reto para la impunidad

CIUDAD DE MÉXICO — Javier Duarte, el exgobernador mexicano al que se le adjudica un desvío colosal de fondos públicos, regresará esta lunes a México para enfrentar un juicio por cargos de corrupción después de su extradición desde Guatemala, donde estuvo prófugo por varios meses.

El proceso contra el exmandatario del estado de Veracruz ha generado muchas expectativas en el país. Se trata de una figura emblemática de la corrupción en México, pues la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de fondos públicos, estima que de 2010 a 2015 el gobierno de Duarte habría desviado más de 45.000 millones de pesos (unos 3000 millones de dólares) mediante empresas fantasma. Es la cifra más alta de desfalco para cualquier entidad pública mexicana —estatal o federal— desde que la ASF lleva un registro.

Además, el caso de Duarte será uno de los de más alto nivel llevados con el nuevo sistema de justicia acusatorio en México, que entró en vigor formalmente en junio del año pasado con cambios como audiencias orales en vez de expedientes escritos y requisitos más rigurosos para la recopilación de pruebas y el peritaje.

 

“Va a ser una de las pruebas de fuego del nuevo sistema para que, en el caso de que se compruebe la responsabilidad, se haga adecuadamente y sea sancionada de la manera correspondiente”, dijo Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”.

Sin embargo, Duarte es solo uno de los trece gobernadores mexicanos que están siendo investigados por diversos cargos de corrupción por la Procuraduría General de la República (PGR). Apenas el 3 de julio pasado se abrió una carpeta de investigación contra el actual mandatario del estado de Nayarit, Roberto Sandoval.

Pero esos trece casos no bastan para explicar los números generales de desvíos y afectaciones a las cuentas públicas. La ASF ha presentado unas 740 denuncias durante los últimos tres años ante la procuraduría y solo 30 de ellas han sido resueltas; es decir: el 4 por ciento. “Hay un rezago importante”, dijo el director de la auditoría, Juan Manuel Portales, al presentar las cifras ante la Cámara de Diputados de México a finales de mayo.

Y es un rezago evidente más allá de los casos de corrupción. A nivel general, las cifras de impunidad que arroja México son impresionantes.

“De cada cinco homicidios dolosos, solo uno es procesado”, dijo Federico Reyes Heroles, expresidente y fundador del consejo rector del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien actualmente es director del consejo de Impunidad Cero, un grupo de la sociedad civil que recopila y analiza datos de temas relacionados a la justicia en el país. “El número de homicidios en los últimos años ha oscilado entre 12.000 y 22.000 al año, pero el número de sentencias que se pronuncia al respecto no ha cambiado en la última década y media”.

Para Reyes Heroles, este es un tema que tiene hastiados a los mexicanos: “Sabemos y nos damos cuenta” de lo que sucede en materia de corrupción e impunidad, señala, “y vemos que no pasa nada”.

 

La situación responde, en parte, a un funcionamiento del sistema judicial que Reyes Heroles califica como “la carencia brutal de la aplicación de la ley”, tanto por el presupuesto que se le asigna —el monto de este año para todo el Poder Judicial en Veracruz, por ejemplo, equivale al 3,7 por ciento del monto para la cartera de Educación— como por la capacitación que han recibido los jueces, defensores y procuradores, así como por la falta de personal. “México necesita diez jueces más de los que tenemos hoy”, aseguró el politólogo.

La falta de recursos humanos es algo que busca solucionar el nuevo sistema penal, aunque la misma PGR ha indicado que el personal especializado todavía no cuenta con suficiente capacitación para la recopilación de pruebas. Políticos a nivel local y federal señalan que estas falencias han permitido dejar libre a posibles criminales, y que el cambio en el sistema acusatorio es responsable de un aumento de la violencia. (Un análisis estadístico sugiere que los datos no respaldan tal aseveración).

“Es un cambio de algo que lleva aplicándose más de 500 años, porque teníamos el sistema inquisitivo desde la conquista, y poco a poco es como vamos a ir generando el conocimiento de los operadores. Sí falta capacitación en algunos policías, servidores, defensores y jueces”, dijo el el experto en derecho penal Morales Brand, “pero considero que existen las herramientas adecuadas para lograr una aplicación adecuada del sistema”.

A las complicaciones con el nuevo sistema penal se suman retrasos en la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Cuando fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto hace un año, el mandatario dijo que con él se erradicarían “los abusos de quienes no cumplen con la ley” y lo calificó como “un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”. Pero desde entonces ha enfrentado frenos y trabas en varios frentes.

El fiscal anticorrupción, que por primera vez sería independiente del poder ejecutivo —la PGR es parte de la Secretaría de Gobernación— no ha sido nombrado e incluso se reveló que dos de los candidatos, ahora descalificados, se copiaron en una de las pruebas. Tampoco se han creado todos los organismos locales que deberían de existir a nivel local para complementar al sistema. El Comité de Participación Ciudadana, un órgano inédito en México que permitiría que la sociedad civil promueva políticas anticorrupción y vigilaría el funcionamiento del sistema, ha sido blanco de ataques; algunos políticos y comunicadores, por ejemplo, acusaron falsamente que sus integrantes fueron nombrados al cargo por amiguismo.

Es una señal de que los políticos a cargo de temas como el nombramiento del fiscal “no pueden ponerse de acuerdo, o de que lo están haciendo, pero específicamente para frenarlo”, opinó Reyes Heroles.

Sin embargo, el hecho de que exista el SNA ya es visto como algo positivo, sobre todo si desde ahora provoca tales reacciones en ciertos sectores públicos. “La buena noticia es que no hay vuelta atrás”, dijo recientemente Max Kaiser, el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. “Somos más los que queremos hacer que esto funcione que las pocas personas que quieren hacer que falle”.

Y se toma como un hecho que las acciones anticorrupción seguirán siendo demandadas por los mexicanos, en particular de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

“Esto ya no es asunto de voluntad política”, dijo Reyes Heroles, pues con un caso como el de Duarte o de otros funcionarios públicos acusados de desfalcos e ilegalidades similares, las diferentes ramas del gobierno —y los próximos integrantes de este— ya no tienen tanto margen de maniobra para quedarse sentados de manos: “Ahora hay un actor que es la opinión pública, que no se va a doblegar. Quien llegue a la presidencia, del color que sea, va a tener que seguir atendiéndola”.

Reyes Heroles añadió que, cuando la oficina de Transparencia México apenas fue instalada, en 1999, en algunos sondeos un tercio de la población mexicana llegó a opinar que la corrupción no era tan mala, pero que esa sociedad ha cambiado y ya no existe. “Es otro México y me da confianza de que ya nadie para esto”, señaló.

The New York Times

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