Carece Oaxaca de estrategia y política criminal; la construiremos, afirma Fiscal General

 

Alberto Ortiz

Es preciso en Oaxaca proceder a la construcción de estrategias de persecución de delitos que deriven de la política estatal contra la criminalidad y que orienten y otorguen racionalidad a la actividad de la Fiscalía General del Estado (FGE), considera Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la FGE.

Indica  que  es la principal obligación y responsabilidad del ministerio público como ente institucional que tiene encomendada la realización de objetivos públicos y estas estrategias y políticas, no se ha construido en Oaxaca en décadas.

Dice que  ha sido una omisión de gran trascendencia, ya que el Ministerio Público no puede entenderse sino como una institución que ejecuta políticas de persecución penal guiadas bajo cierta interpretación del ordenamiento jurídico y criterios que garanticen unidad de actuación en toda la institución.

Precisamente, el objetivo de las normas constitucionales y legales que establecen las funciones de la FGE es atribuirle la responsabilidad de planear y ejecutar la política criminal del Estado misma que establecerá sus objetivos y condicionará y definirá sus estrategias de persecución, expone.

Subraya que la política criminal debe basarse en el principio de intervención mínima de los órganos de la justicia penal y realizarse, precisamente, a través de mecanismos de racionalización que le permitan controlar la carga de trabajo y seleccionar o priorizar los delitos o casos a investigar, lo que tendrá que reflejarse en mayor eficiencia y calidad de sus actividades y en la descarga del trabajo del sistema de justicia. Incluidos ineludiblemente, entre los principios guías de esta política estarán, como lo hemos señalado antes, los intereses de la víctima y el fin de composición de conflictos sociales que tiene el proceso acusatorio.

A la construcción de esta política de persecución  de delitos estamos llamados los oaxaqueños en los próximos años, subraya.

La función de investigación de delitos y ejercicio de la acción penal es de las más importantes para cualquier sociedad. En ella se conjugan las expectativas que tienen las personas y la comunidad en la seguridad, la legalidad, la búsqueda de la verdad y la justicia, añade.

La sociedad espera que, cuandoella misma o uno de sus integrantes resulten afectados por la comisión de un hecho delictivo, el estado reaccione sancionando a los responsables o buscando soluciones adecuadas al conflicto generado cumpliendo con las reglas del debido proceso y protegiendo integralmente a las víctimas, explica.

Estas altas expectativas sociales en el sistema de procuración de justicia se acrecentaron en el país y en Oaxaca, con la introducción del proceso penal acusatorio ya que éste coloca al Ministerio Público ante nuevas reglas procesales, un contexto institucional más complejo y el ejercicio de diferentes funciones y facultades, relata.

El Ministerio Público surgido de la reforma penal tiene atribuciones diversas a las tradicionales y adicionales a la investigación y persecución penalya que ahora puede tomar decisiones regladas de forma discrecional y promover, por vías distintas al proceso penal, la solución pacífica de conflictos, apunta.

Vasconcelos Méndez expone 10
Ejes  sobre los que hay que trabajar en Oaxaca para hacer eficiente nuestro sistema deinvestigación de delitos.

1.- ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

Si bien Oaxaca fue de las primeras entidades federativas en introducir el sistema de justicia penal acusatorio (el próximo mes de septiembre se cumplirán 10 años de su introducción en el estado) esto no quiere decir que tengamos establecido por completo el modelo o que no haya que profundizar varios aspectos de la reforma. Ha resultado claro durante estos años que cambiar la justicia penal no es cambiar unas normas por otras. De lo que se trata es que no solo se modifiquen las normas sino el funcionamiento del sistema penal y esto está relacionado, en el ámbito de la procuración de justicia en Oaxaca, con una diversidad de cuestiones en las que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos: la introducción de un adecuado modelo de gestión de casos; la operación efectiva de unidades o servicios de apoyo; el diseño estratégico de unidades de investigación; la conformación de órganos que apoyen en la integración de las carpetas de investigación y elaboración de las teorías del caso; la capacitación a los agentes en conocimientos teóricos pero también en destrezas, habilidades y técnicas de litigación; la instalación de infraestructura tecnológica que incluya sistemas de información estadística que facilite los procesos de trabajo y asegure lainterconexión con todas las instituciones del sistema de justicia; el control de las actividades que se desarrollen y la supervisión del desempeño; la asignación de recursos necesarios estratégicamentedirigidos a la implementación del sistema, entre otros temas importantes.

2.- CONSTRUIR Y FORTALECER LAAUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

La autonomía de la FGE es un elemento imprescindible para la realización de sus funciones. No se puede desarrollar el trabajo de la Fiscalía si no hay una clara idea de lo que es un órgano constitucional autónomo y como se concreta este status en el funcionamiento de la institución.

Ya tenemos garantizada la autonomía de la FGE en la Constitución y en la Ley. Hay dos mecanismos que son los principales para asegurar el ejercicio autónomo de sus funciones: su ubicación orgánica y el procedimiento de nombramiento del Fiscal General. Pero ello no basta. La autonomía de una institución hay que hacerla efectiva en su funcionamiento. En esta virtud, propongo varios temas que la FGE debe trabajar para lograr y evidenciar su funcionamiento autónomo: la gestión administrativa y financiera de la institución; los métodos disciplinarios; la forma en que se efectúan los nombramientos, promociones y remociones de sus funcionarios; y, la facultad reglamentaria.

Pero aún más, la autonomía, dentro de un modelo acusatorio con las características del adoptado en México, está en relación también con cuestionestales como la forma en que están regulados los criterios de selección de casos para fomentar una persecución de los delitos igualitaria, despolitizada y despersonalizada; los controles internos y externos sobre las decisiones o resoluciones; las relaciones entre los agentes y sus superiores; las políticas impulsadas; la participación dentro de los procesos de víctimas o coadyuvantes; la organización institucional; el diseño del régimen de la acción penal; la transparencia en la realización de sus atribuciones; entre otras.

La autonomía de la FGE hay que concretarla en la regulación de las funciones y en las garantías que se establecen para su legal ejercicio. Solo así construiremos una Fiscalía que de forma a su status de órgano constitucional autónomo.

3.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN

Es necesario trabajar en hacer eficiente la investigación de delitos, principal labor de la FGE. La complejidad en la investigación de algunos delitos exige tratamiento especializado, un régimen de persecución penal diferente al ordinario, y por tanto, una organización distinta a la que requieren otros actos criminales.

Por ello, tenemos que reforzar la vía de la especialización en la investigación de delitos. Sin negar que en esto ha habido avances importantes (se ha trabajado en ello por lo menos en los últimos 20 años), es necesario tener claro que no basta con señalar en la Ley la creación de estas unidades y proceder a su estructuración orgánica, es preciso ahondar en su adecuada conformación e integración y proceder a asegurar en las unidades de investigación por lo menos los siguientes elementos para poder decir que realmente estánespecializadas: la selección adecuada de los perfiles de las personas que van a trabajar en dichas unidades; el reforzamiento de su capacitación especializada; la  existencia de protocolos que guíen dicha actuación; la dotación de recursos humanos y materiales y herramientas o instrumentos adecuados para la realización del trabajo; el fomento de actividades de coordinación o comunicación constante y fluida entre los agentes que conocen de las mismas materias; y, entre otros elementos, la supervisión permanente y estrecha de la forma en que realizan su función.

La creación de unidades especializadas en investigación de delitos es la concreción en la institución encargada de la persecución penal de las preocupaciones que sobre la criminalidad tienen la sociedad. De este argumento derivan su importancia. En Oaxaca hay que seguir avanzando en la especialización de las unidades que persiguen homicidios, secuestros, delitos sexuales, delitos cometidos por servidores públicos y reforzar la especialización de los agentes que conocen de casos en los que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes; mujeres; migrantes; indígenas; y personas con discapacidad.

4.- FOMENTO A LA UTILIZACIÓN DE FACULTADES DISCRECIONALES Y SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO.

El nuevo sistema penal introdujo diversos mecanismos procesales diversos al juicio para resolver los conflictos penales. Con ello se definió que su objetivo o finalidad es dar respuestas adecuadas a los diferentes conflictos sociales que subyacen a la comisión de delitos.

Las instituciones de procuración de justicia tienen que adecuarse a esta finalidad del sistema penal. Por ello es preciso fortalecer las capacidades de la institución en la utilización de estos mecanismos procesales, tanto los que implican la utilización de facultades discrecionales como los que implican salidas alternativas al proceso penal.

Lo anterior no debe realizarse solo creando unidades administrativas sino haciendo lo necesario para que esas facultades y salidas realmente se utilicen en los casos en que procedan y se empleen adecuadamente.

5.- COORDINACIÓN ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS POLICÍAS.

La adecuada coordinación entre el MP y las policías es necesaria para la eficiente investigación de delitos. Sólo con un Ministerio Público que efectivamente tenga y ejerza la dirección de la investigación y cuide que esta se realice de acuerdo con las normas procedimentales y sustantivas, y con una policía que asuma con responsabilidad su función de búsqueda de indicios y datos de prueba, y asegurando que las actividades de ambas instituciones se efectúen coordinadamente ya que las dos buscan la sanción de los delitos, se alcanzarán los fines del proceso penal y se avanzará en el abatimiento de la impunidad.

6.- FORTALECIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

Los amplios catálogos que actualmente existen en el ordenamiento jurídico nacional y local sobre los derechos de las victimas reflejan la importancia que estos tienen en el actual sistema de justicia penal. Ello provoca, también, que todas las instituciones que intervienen en el sistema de justicia, y por supuesto, el ministerio público, tengan que variar su forma de concebirlas y brindarles atención para satisfacer sus intereses y garantizar sus derechos.
La exigencia concreta es atender en todas las consecuencias de los hechos victimizantes a las víctimas de delitos. En esto cumple una función muy importante la FGE. Pero no hay que desconocer que el modelo que se está estableciendo en México exige la creación de una institucionalidad especializada en atención a víctimas separada del Ministerio Público. Esa institucionalidad se denomina Comisiones de Víctimas que incluye, por supuesto, la Asesoría Jurídica de Víctimas como principal órgano operador. Desde esta perspectiva la función del MP no deja de ser atender a las víctimas pero si compartir algunos aspectos de la atención a la que tienen derecho a estas Comisiones para poder concentrarse en la función de investigación de delitos.

7.- CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA.

La FGE necesita profesionales altamente calificados para cumplir con las delicadas funciones que tienen encomendadas más aún en el contexto de las exigencias que impone el nuevo modelo procesal. Por ello, es preciso ahondar en el desarrollo y consolidación del servicio profesional de carrera dentro de la FGE para garantizar a la sociedad oaxaqueña que los 2 mil servidores públicos que laboran en sus áreas sustantivas esténadecuadamente preparados.

Los parámetros para su desarrollo deben ser losméritos, los conocimientos, la acreditación permanente de conocimientos, la igualdad de oportunidades y la experiencia. Junto con estos parámetros, y como otra vía para la implementación de un auténtico servicio civil de carrera dentro de nuestro ministerio público (además de los señalados en el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la FGE publicado en el POGE el 21 de noviembre de 2015) es necesario transparentar todos los procesos que formen parte de ella a través de la publicidad o divulgación de convocatorias, antecedentes de los candidatos, concursos, calificaciones, evaluaciones, resultados, etc. Un sistema objetivo y público permitirá mantener a la sociedad informada sobre la manera en que se designa a los funcionarios, su preparación y la forma en que desempeñan sus labores.

8.- LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

El nuevo sistema de justicia penal requiere una adecuada organización de las instituciones de procuración de justicia por las nuevas atribuciones que le confiere al MP y la renovada forma de actuación que impulsa. La organización de la FGE debe estar racionalizada en torno al desempeño satisfactorio de sus funciones, dirigida a hacer eficiente el sistema y a generar un contexto de mayor confianza entre la población. La desorganización y falta de eficiencia genera desconfianza ciudadana y perdida de legitimidad de la institución. En gran medida de una buena organización depende el éxito de las tareas que la institución tiene encomendadas.

9.- COMBATIR LA FALTA DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA Y  PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA INSTITUCIÓN

Un sistema de justicia penal exige dar cuenta a la comunidad de la forma en que las instituciones realizan sus funciones y desarrollan sus actividades. Como en todo lo relacionado con el estado, también en la FGE el principio debe ser que todo es público y la regla la rendición de cuentas. Es con la publicidad y transparencia, haciendo que la sociedad tenga información sobre el funcionamiento de la institución y evalúe su trabajo, como se puede cambiar la imagen de la institución.

Para hacer esto posible, me parece que en la FGE debemos institucionalizar e implementar las siguientes acciones: rendir informes periódicos a la ciudadanía; dar cuenta al Congreso del Estado sobre las actividades que se realizan pero sobre todo de la forma en que se utilizan los criterios para ejecutar la política criminal estatal; hacer público el número de causas ingresadas y la forma en que fueron resueltas; establecer grupos asesores que emitan opiniones o evalúen resultados; propiciar la participación, en la fiscalización de las actividades de investigación, de barras o colegios de abogados; alentar y promover iniciativas directamente preparadas y ejecutadas por miembros de la comunidad.

Es muy importante, además, hacer que la población conozca, entre otros temas: el perfil, forma de designación y actuación administrativa de los funcionarios que integran la organización; la gestión de los recursos económicos asignados a la institución; la manera en que cada uno de los sujetos que participan en las investigaciones ejerce sus funciones; la forma de argumentar las resoluciones; los programas de capacitación y actualización impartidos a los servidores públicos; y, los criterios o políticas que guíen la actuación de los agentes.

Todos estos son instrumentos que nos pueden llevar a construir una FGE que goce de la confianza de los oaxaqueños. 

10.- CONTRIBUCIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

La actividad del MP no puede estar desligada de los objetivos de la seguridad pública, la prevención del delito y la reinserción social del delincuente. La FGE tiene responsabilidades relacionadas con la Seguridad Pública distintas de sus funciones procesales. Así exige considerarlo la propia noción de seguridad pública incorporada en el artículo 20 de la Constitución de la República. Esto implica que la FGE asuma que debe realizar actividades de prevención de la criminalidad y enfrentar el problema delictivo.

1 Comentarios

  1. Esteban Ortiz Rodea mayo 13, 2017 at 12:06

    Excelente perfil, ojala lo dejen trabajar.

Deja un comentario

Tu correo no será publicado.


*