SSPO durante el gobierno de Gabino Cué contrajo millonario contrato con empresa investigada en varias entidades del país

Juan Carlos Zavala

Durante tres años consecutivos, el Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) contrajo contratos millonarios con la empresa Seguritech Privada S. A. de C. V. para la instalación del equipo de videovigilancia de la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4). Las adjudicaciones, sin embargo, se realizaron sin licitación pública a una empresa investigada en varias entidades del país por incumplimiento y cuestionable calidad de las cámaras de vigilancia.

Del 2010 al 2012, el monto del contrato con Seguritech Privada con el gobierno del estado ascendió a 98 millones 27 mil 112.02 pesos para el “Proyecto integral de Servicios de Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas”.

Diarios de circulación nacional como El Financiero, afirman que la empresa propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz, ha recibido de al menos 20 estados de la república recursos por miles de millones de pesos a pesar de tener quejas e incumplimientos. De acuerdo con su sitio web, tiene presencia en 22 estados y cuenta con oficinas en Acapulco, Culiacán, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Saltillo, Silao y Toluca.
En el caso de Oaxaca, los contratos se realizaron con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el primero registro, según documentos en poder Noticias, con el gobierno del estado fue en el 2010 con un monto de un millón 171 mil 655.10 pesos para equipo de vigilancia.

El segundo se realizó en el año 2011 por un monto de cinco millones 900 mil pesos para las para las acciones “Cámaras”, “Infraestructura”, “Servidores y Estación de Monitoreo” del proyecto “Videovigilancia”.

La Auditoría Superior de la Federación aseguró que este contrato se adjudicó de manera directa al proveedor Seguritech Privada, S.A. de C.V.; sin embargo, no contó con el expediente de la adjudicación directa por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado.
En el resultado de la auditoría a los recursos del FASP de ese año, pidió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

“Por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no contaron con el expediente de adjudicación por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, que no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado”.

Pese a ello, al año siguiente – 2012 – el gobierno del estado volvió a contratar a la empresa pero ahora con un monto mucho mayor: 90 millones 955 mil 456.92 para el Proyecto Integral de Servicios de Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas, es decir, para la instalación de cámaras de vigilancia del C4.

Este último contrato también se realizó bajo adjudicación directa como se marca en el acuerdo CABS/DMANVSO-017/2012. Según medios nacionales, la empresa fue investigada por el incumplimiento, calidad y eficiencia del equipo que instaló; algunas de las cámaras de vigilancia fueron colocadas en la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca.