Los gobernadores como fabricantes de pobres

Si queremos ver el tema con realismo, las reformas estructurales han arrojado a la pobreza a 2 millones de personas, desde que arrancaron en 2012 hasta 2014, de acuerdo con datos del más reciente estudio del Coneval. Falta actualizar las cifras a 2016 y probablemente, con los agravantes de la inflación y la devaluación, han hecho pobres a 2 millones más. Bonito promedio: un millón de nuevos pobres cada año. Los estragos los sufren más algunos sectores. De acuerdo con la ENOE, en el segundo semestre de 2016 seis de cada 10 jóvenes trabajaban en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social. Y también los ancianos: si reciben ingresos provenientes únicamente del Programa de Adultos Mayores (708.46 pesos mensuales) no podrán cubrir el costo de una canasta básica alimentaria (2 mil 684.65 pesos en las zonas urbanas y mil 734.56 en la rural). La condición de los aborígenes es para soltar el llanto: siete de cada 10 son muy pobres. Uno de los problemas de las reformas estructurales es que no atendieron aspectos como la honorabilidad de los funcionarios. Los gobiernos de los estados en conjunto se endeudaron con más de medio billón de pesos, con despilfarro y corrupción al calce. Los gobernadores dominan los Congresos locales y éstos son los que autorizan los presupuestos, conforme a sus deseos y necesidades. Y los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Hacienda por establecer algún control se han quedado cortos, porque enfrenta los límites de la soberanía de los estados. El peor delito del cual podría acusarse a los gobernadores que están presos, y otros que se están sumando a la lista de perseguidos, debería ser ese: el empobrecimiento de tantas familias. Sin embargo, no es un delito que esté especificamente incluido en los códigos penales.

LA JORNADA / Dinero / Enrique Galván Ochoa