Feminicidio

Nada detiene la violencia contra las mujeres. La cadena de asesinatos continúa. Las palabras se las lleva el viento.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, llamó el pasado 25 de enero al Secretario de Seguridad Pública (José Raymundo Tuñón Jáuregui), al Fiscal general (Héctor Joaquín Carrillo Ruiz) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (entonces Alfredo Lagunas y ahora Raúl Bolaños Cacho) a “generar una agenda puntual para acabar con los feminicidios en Oaxaca”.

Luego añadió: “Es un hecho inadmisible, el argumento no es la cultura, mi gobierno de manera permanente estará trabajando para que esto (el feminicidio) desaparezca en Oaxaca y queremos esta agenda afirmativa para que ya no suceda…

Sus palabras retumbaron en el palacio de gobierno donde se realizó el acto. La pregunta es ¿Hicieron la tarea sus subalternos? ¿Tendrá Alejandro Murat la decisión de no permitir feminicidios en Oaxaca? ¿Podrá con ello? ¿Solapará a sus subalternos que no han podido con el paquete y claro lo hacen quedar cada vez que una mujer es asesinada en Oaxaca? Y cuya cifra en tres meses de gobierno se acerca a las 40 mujeres en esa situación.

Aunado a ello, Alejandro Murat heredó el peso de una administración que dejó al garete a las mujeres, tanto que durante los seis años de gobierno de Gabino Cué se acumularon cerca de 600 asesinatos de mujeres (que conste que no digo feminicidios, porque al final pasó lo mismo, les arrebataron la vida a mujeres por el hecho de ser mujeres).

Y es que tal parece que a los actores de la procuración e impartición de justicia de ayer, uno de ellos en la actual administración como es el caso del Fiscal general, poco o nada les importaba lo que sucedía con las mujeres. Detenidos sin sentencia y prófugos de la justicia, que según las familias de las víctimas, han gozado de impunidad que otorga la corrupción abismal, de las omisiones perversas y de la inacción comprada o de compadrazgos, gracias, entre otras cosas, al gravísimo tráfico de influencias, uno de los mayores azotes de este país.

Esta semana se cumplieron cuatro años del asesinato de Dafne Denisse Carreño Bengoechea, después de ella, muchas otras mujeres han sido asesinadas en Oaxaca, mujeres de todas las edades, en crímenes cada día más crueles, en distintos lugares…

Resultado de la falta de interés de investigar científicamente cada caso, de la misoginia institucional y el consecuente valemadrismo burocrático de la im-procuración de justicia que dan carta blanca al machismo y que se traduce en impunidad total y no en cero tolerancia a la violencia de género contra las mujeres como alegremente declaran a diestra y siniestra gobernantes y los amigos de los gobernantes.

El caso de Dafne fue uno de esos pocos crímenes donde el presunto feminicida fue detenido, cuando pretendía huir porque se hirió levemente el cuello con el mismo cuchillo con el que le asestó siete puñaladas a su ex novia.

Desde entonces, nada ha sucedido. La familia de Dafne sostiene que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la inacción de la “justicia” estatal que no ha dictado a Alejandro Enrique Rivera López la sentencia correspondiente.

La razón, de acuerdo con la madre de Dafne, ZoylaBengochea Espitia, es el tráfico de influencias ejercida por algunos familiares de Alejandro Enrique, una de ellas ex secretaria de Transporte en Oaxaca en tiempos de José Murat, Aurora Acevedo López y del empresario hotelero Mariano Rosales. O sea ahora veremos de qué cuero salen más correas.

Si en el caso de Dafne han pasado cuatro años, en el caso de Viridiana Monserrat García Robles son cinco años de espera. El presunto homicida Edgar Martínez Carmona tampoco ha sido sentenciado.

En 2012 también murió en un hospital la contadora Alma Delia Salazar Baltazar Cruz, su (tendríamos que decir amado) esposo Marciano Venegas Robles la golpeo con un tubo. Trató de huir, pero fue detenido. Este caso tampoco ha sido resuelto.

El asesino de Ivón Jiménez Camacho, de nombre Kevin Gonzalo Rojo Martínez, está prófugo, como en el caso de Dafne, existe a decir de su familia complicidad con las autoridades que han protegido al victimario, otra vez tráfico de influencias.

En febrero pasado la joven Jennifer Antonio Carrillo, fue rociada por su pareja Edgardo Romero Álvarez con gasolina en Matias Romero. Poco después de un mes perdió la batalla murió en un hospital de Veracruz. Pese a la denuncia oportuna de la madre de la víctima y a la existencia de denuncias previas de violencia familiar, Edgardo no ha sido detenido, sigue prófugo.

Estos casos del pasado estuvieron en manos de funcionarios y funcionarias del pasado sexenio que lograron acomodarse tanto en el gabinete estatal como en los gobiernos municipales. ¿Será esto parte de la cadena de compliciddes?

Estos son apenas unos cuantos ejemplos de los muchos casos que deberían tener muy preocupadas a las autoridades que a raíz de un encuentro del gobernador Alejandro Murat con las madres de las víctimas han sido recibidas por la secretaria de la Mujer, Miriam Liborio Hernández; por el Fiscal general Héctor Carillo y por personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado…pero solo eso. En realidad, lo que quieren las familias de las victimas es justicia.

Si el funcionariado se pusiera en los zapatos de estas familias y cumplieran con el mandato que asumieron cuando tomaron protesta de sus cargos, por los cuales reciben muy buenos sueldos que paga buena parte del pueblo, hoy tendríamos menos asesinatos de mujeres y las mujeres podríamos gozar plenamente de ese derecho intangible aún de “vivir libres de violencia”, de todas las violencias.