A un siglo de la Constitución de 1917

5 de febrero de 2017

Douglas North definió: “las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, o más formalmente los constreñimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma a la interacción humana” (North, 1990:3). México hace un siglo definió las reglas del juego de un país que aspiraba a proyecto de nación más igual, más justo, más competitivo, más desarrollado donde ningún monopolio de poder pudiera apropiarse del destino de este país. A cien años quizá algunas de mis principales preguntas son: ¿Esta Constitución ha cumplido con sus objetivos? ¿Sus 136 artículos y sus 699 modificaciones desde entonces han logrado un país libre, próspero, igualitario, en progreso como lo soñaron los padres de nuestros abuelos? 

Una constitución funciona independientemente de sus dimensiones y contenidos. Es decir una Constitución tan extensa y reciente como la de la India (1950) con 448 artículos o tan corta y antigua como la de Estados Unidos (1789) con apenas 7 artículos o incluso un país sin Constitución como Inglaterra en su funcionamiento muestran que el número de artículos o su longevidad no han sido determinantes para su desarrollo económico y político. Lo determinante en la historia de estos países ha sido su aplicación. Podemos tener una constitución con más de 700 artículos equivalentes al número de reformas e incluso podemos tener una nueva Constitución pero sino  vale y se hace valer de nada cuenta. Las instituciones en aras de la legitimidad han sido sacrificadas o peor aún al día de hoy, las leyes en México se negocian para premiar a los leales, negociar con los adversarios, o bien eliminar a los enemigos.    

Ciertamente la aplicación del Estado de Derecho requiere de reglas claras, sanciones ejecutables y de una cultura de la legalidad que lo sustente. Desafortunadamente, México carece de una cultura de la legalidad 95% de los mexicanos considera que algo, poco o nada se respetan las leyes en nuestro país según el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía” elaborado por el INE (2016). Este estudio muestra que la democracia mexicana se ha cimentado sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, de diversos los rastros de autoritarismo todavía vigentes entre la población y de varias condiciones socioeconómicas adversas a lo largo del país.

Una segunda variable es que los ciudadanos siguen confundiendo los conceptos de autoridad y autoritarismo, en parte por la memoria de varias décadas en las cuales la autoridad se ejercía de manera discrecional y en parte por el abuso de poder derivado en autoritarismo. Sin embargo, es preciso reiterar que “autoridad” es un concepto basado en la legalidad, aunque la connotación en México sea negativa. Hoy, la ley se sigue aplicando de manera discrecional, aunque el discurso ha cambiado y se hace en nombre de la justicia y de los más necesitados. Es preocupante observar que la mayoría de la población no logra todavía diferenciar un gobierno democrático de uno autoritario, en parte por el fracaso de las transiciones y en parte porque no ve diferencia de resultados o ignora las virtudes democráticas. 71% prefiere un gobierno autoritario o le da igual tener cualquier tipo de gobierno de acuerdo al estudio del INE citado. 

Una tercera variable corresponde a las condiciones socioeconómicas adversas. La sociedad mexicana se caracteriza por asimetrías sociales y una amplia brecha de desigualdad económica que estimula a diversos grupos vulnerables a violentar las leyes bajo la justificación de la justicia social y la compensación de los que más tienen a los que menos tienen, si es necesario de manera ilegal. Los ejemplos más claros en los que se ha visto superado el Estado de derecho han sido desde solapar los bloqueos a las vías federales de comunicación hasta posponer proyectos de inversión y desarrollo colectivos con tal de no perder sus futuros y potenciales votantes en un concepto dañino que se ha denominado “clientelismo”.

Finalmente, hay una disonancia entre legalidad y legitimidad debido a que la legalidad proviene de la autoridad y de las leyes, mientras que la legitimidad proviene del uso eficaz y justo de esa autoridad, en el marco de las leyes. Hoy en México, sin embargo, hay una tendencia muy riesgosa para que en aras del discurso de “lo políticamente correcto”, se sacrifique la legalidad en aras de la legitimidad. Esta disyuntiva se convierte en un dilema para las democracias contemporáneas menos desarrolladas con elevados niveles de marginación y pobreza.

Conclusiones/ Reflexiones

La fuerza fundamental de una Constitución no proviene de la flexibilidad de sus leyes, sino del consenso que sean capaces de generar entre los ciudadanos sujetos a su dominio. El gobierno de la ley supone la existencia de una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo un verdadero ciudadano.
Las sociedades con larga tradición democrática han aprendido el respeto a la legalidad en su propia experiencia histórica, pero aun así han tenido que consolidar este aprendizaje por conducto de sus instituciones familiares, educativas, privadas, entre otras.
La democracia mexicana se ha cimentado sobre una débil cultura de legalidad entre la ciudadanía. Este precario sentido de la legalidad se explica por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por los rastros de autoritarismo vigentes entre la población y por las condiciones socioeconómicas adversas del país. Asimismo en aras de ganar elecciones y supuesta estabilidad política se cree que la ley es “negociable”, sin embargo no se ha considerado que tal afirmación socava más el débil y frágil estado de derecho, se incentivan actos ilegales al amparo de la justicia social, se desincentiva las inversiones y se genera incertidumbre económica y política.
Finalmente, hacer valer el Estado de Derecho implica asimilar que la ley no es negociable bajo ninguna circunstancia y su aplicación inapelable. Mucho menos que la legalidad es intercambiable en aras de la legitimidad del gobierno. El reto consiste en fundamentar la democracia con estricto apego a la ley sin recatos políticos y sin diferencia en  la aplicación de la ley, sólo así se podrá consolidar la democracia en México. En última instancia, la consolidación de la democracia mexicana se dará cuando legitimidad y legalidad vayan de la mano y sean uno y lo mismo.

* Politólogo del CIDE y Maestro en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en Nueva York.