Outsourcing 2017… Control fiscal… Alcanza a otros servicios…

En mi muy particular punto  de  vista, sustento que  con las  reformas legales fiscales en materia de la Ley  del Impuesto Sobre la Renta;  y, de la Ley  del Impuesto al Valor  Agregado, ISR e IVA, en adelante, vigentes a partir  del  1º  de enero  de  2017, no sólo se acota en extremo  a  la subcontratación laboral conocida comúnmente como outsourcing, sino que también se coloca en grave riesgo, por la desnaturalización jurídica que  desde algún tiempo ya es tendencia natural y normal en actos  de  fiscalización, que al amparo  de las disposiciones legales reformadas, las  autoridades  fiscales pretendan realizar de la contratación de actos, actividades y servicios, de todos los contribuyentes, amparados  mediante  contratos de  prestación de  servicios  de índole civil; o, de actos  de comercio amparados  en el Código  de Comercio vigente, por  la definición abierta del concepto “subcontratación”, que  se contiene regulada en el artículo 15-A de la Ley Federal  del Trabajo.

Siendo claro, que  los directamente afectados  por estas reformas legales, lo  son, tanto los prestadores del servicio del outsourcing, como  los prestatarios  del mismo  servicio (contratistas y contratantes, establece  de manera textual la reforma  legal).

Cuyas principales obligaciones para los prestatarios o contratantes de estos  servicios  son las  siguientes: “DEDUCCIÓN DE LA NÓMINA, ARTÍCULO 27 FRACCIÓN V, DE LA LEY  DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: a) obtención  de CFDI´S  que amparen los  salarios pagados  a  los  trabajadores subcontratados; y, b) obtención de acuse  de recibo  y declaración de entero de  retenciones  del ISR, y pago  de cuota obrero-patronales al IMSS.”; y, “ACREDITAMIENTO  DEL IVA, ARTÍCULO 5º  FRACCIÓN II, DE LA LEY  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado,  deberá obtenerse   copia simple  de la declaración correspondiente y  del acuse  de  recibo  del pago del impuesto; así, como  de la información  reportada al SAT,  sobre el pago de  dicho impuesto.”
Siendo las principales obligaciones para los prestadores de estos  servicios las  siguientes: “EN MATERIA  DEL ISR, ARTÍCULO 27 FRACCIÓN V, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY  DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: a) entregar a  los clientes CFDI´S  que amparen los  salarios pagados  a  los  trabajadores subcontratados; y, b) entregar a los clientes acuse  de recibo  y declaración de entero de  retenciones  del ISR, y pago  de cuota obrero-patronales al IMSS.”; y, “EN MATERIA DEL IVA, ARTÍCULO 5º  FRACCIÓN II, DE LA LEY  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: a) Entregar los clientes, copia simple de la declaración con el respectivo comprobante de pago, e información reportada al SAT; y, b) informar al SAT, respecto de sus operaciones de subcontratación de personal, el monto del IVA trasladado, así como del pago efectuado por este concepto.”
Sobre  este particular,  resulta  del todo entendible, que al  condicionar la  reforma legal fiscal para  el  presente ejercicio de  2017,  el cumplimiento  de los requisitos que  han quedado mencionados para la deducción del pago  del servicio consistente en la  “SUBCONTRATACIÓN LABORAL  EN TÉRMINOS  DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”,  en materia  del ISR; y, el acreditamiento del IVA, pagado por  el mismo servicio  de subcontratación laboral; requisitos que  de  no cumplirse,  darán como resultado en la esfera  de  derechos  del contratante, la  no deducibilidad correspondiente de este señalado servicio, en materia de ISR; y, el no acreditamiento del IVA, pagado  por el mismo servicio, incrementando estos impuestos en su perjuicio, se busca por parte del gobierno  federal, el cumplimiento del pago  de impuestos, del contratista de la  subcontratación laboral, debidamente acreditada ante su contratante,  incluyendo el pago de  cuotas obrero patronales  de sus  trabajadores ante el IMSS, para  lo cual, quien presione para el pago  de impuestos  del contratista  de la subcontratación laboral, será el contratante, ya que en caso contrario,  quien será el castigado para el pago  del ISR y  del IVA, correspondiente, será  el propio contratante.

Aspecto  tributario en mención, sumamente novedoso,  al amparo del cual, “SE OBLIGA JURÍDICAMENTE A QUE SE VIGILE EN EL PAGO DE IMPUESTOS”, entre  contribuyentes, esto es, entre “contratantes y contratistas  del servicio  de  subcontratación laboral en términos  de la Ley  Federal  del Trabajo.”

No  obstante,  al regular el artículo 15-A, de la Ley Federal del Trabajo vigente,   que: “El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”,  el amplio significado de los  vocablos “obras” y “servicios”, con las  reformas legales fiscales en materia de ISR e IVA, vigentes a partir  del  1º  de enero  de  2017, a que  se hacen cita  en la presente colaboración, no sólo se acota en extremo  a  la subcontratación laboral conocida  como outsourcing, sino que también se coloca en grave riesgo, por la desnaturalización jurídica que  desde algún tiempo ya es tendencia natural y normal en actos  de  fiscalización, que al amparo  de las disposiciones legales reformadas, las  autoridades  fiscales pretendan realizar de la contratación de actos, actividades y servicios, de todos los contribuyentes, amparados mediante  contratos de  prestación de  servicios  de índole civil; o, de actos  de comercio amparados  en el Código  de Comercio vigente.

Generándose, en perjuicio  de  todos  los contribuyentes en nuestro país, inseguridad jurídica  en la contratación de actos, actividades y servicios de índole civil; o, amparados  en el Código  de Comercio vigente, en función de lo comentando en el párrafo anterior.

Siendo cierto, que al amparo del  servicio de  subcontratación laboral, comúnmente conocido como outsourcing,  por parte  de algunos prestadores  de  este servicio, se  ha incurrido en el no pago del ISR y  del IVA  que  les  corresponde, e  incluso, en el no pago  de las  cuotas obrero patronales al IMSS, de  sus  trabajadores, dentro  de las cuales  se engloban a las cuotas  del INFONAVIT; empero, también siendo del todo cierto,  que las medidas legales correspondientes, deben de enfocarse  de manera directa al  combate  de las  conductas asumidas por este tipo de prestadores  de  servicios, más no,  en la  creación de disposiciones legales fiscales, como las que  se comentan en la presente  colaboración, que  generen dilema, inseguridad y falta  de  certeza jurídica en la totalidad de contribuyentes, que contraten actos, actividades y  servicios  bajo la legislación civil y mercantil.

Siendo por ende, en  sustento  de  un servidor,  que para el presente año  de  2017, el cumplimiento del pago del ISR e IVA, generados  de actos, actividades, y  servicios, ya sean estos  de carácter  civil o mercantil, puede  sujetarse  al tamiz de manera indiscriminada que puedan efectuar las  autoridades fiscales, de la figura de la subcontratación laboral en términos  de lo regulado por la Ley  Federal del Trabajo en su artículo 15-A, por  el amplio  significado de los  vocablos “obras” y “servicios”.

También siendo evidente, que para el presente ejercicio fiscal de 2017, en el pago del ISR e IVA, no sólo estaremos  ante la vigilancia  del Servicio  de Administración Tributaria, mediante el uso  de medios electrónicos, que  de manera eficiente identifican a los contribuyentes incumplidos  mediante el cruce  de información,  sino “VIGILÁNDONOS ENTRE PROPIOS CONTRIBUYENTES”, en términos  de las reformas fiscales que en materia de estos  impuestos tenemos en vigor desde  el primero de enero  de  2017,  mismas a que  se hacen cita en  la presente  colaboración, y que  se  repite,  no  sólo colocan en dilema, inseguridad y falta de  certeza jurídica, solamente a los contratantes del servicio de  subcontratación laboral en términos  de la Ley Federal del Trabajo; sino que también, por lo que ya ha quedado expuesto, a todos  los  contratantes  de actos, actividades y  servicios, bajo la legislación civil o mercantil.

Ante  tal situación,  en mi carácter  de abogado tributario, con la finalidad de buscar certeza y  seguridad jurídica constitucional, considero que resulta procedente, para  los contribuyentes que así  lo consideren (PRESTADORES; Y, PRESTATARIOS), la promoción del juicio  de amparo indirecto en contra  de la vigencia de las  disposiciones legales fiscales reformadas a que  se han hecho cita, vigentes a partir  del 1º  de enero de  2017, con el beneficio inmediato mediante la obtención de la suspensión provisional y posteriormente  definitiva de  las  disposiciones legales  reformadas, durante la tramitación del juicio, con posibilidades objetivas del logro  del dictado  de sentencias  definitivas  de amparo favorables, por  ser  manifiesto, que las reformas  legales precisadas, violentan derechos humanos (derechos  fundamentales), ampliamente   reconocidos en nuestra Constitución Política  vigente.

Teniéndose como plazo fatal para la promoción del juicio de amparo indirecto a que  se hace cita, hasta el 10 de febrero de 2017.

Subrayando que al día  de hoy, el siempre cuestionado servicio del outsourcign, está más  regulado que  nunca, y todo, producto de  excesos del  pasado. Por  tanto, si  de parte  de cierta empresa,  se pretende contratar  este  servicio, que no es ilegal, sino ya estrictamente regulado e incluso vigilado, hay que saber con quién, conociendo la infraestructura del prestador, y su cumplimiento  de las disposiciones legales, para no tener problemáticas directas  en posterior, “AGUAS”.

FRANCISCO  FERRER SANTOS
ABOGADO  TRIBUTARIO
SOCIO  DE  GRUPO FERVEL
f.ferrer@fervel.com.mx